El mayor golpe a la Universidad argentina
La noche de los bastones largos: Cómo se destruyó "una cueva de marxistas"
Por Lucas Doldan
para Pagina 12
publicado el 29 de julio de 2020
El 29 de julio de 1966, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía desalojó violentamente distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por autoridades, profesores y alumnos en defensa de la autonomía universitaria. Las incrébles imágenes recorrieron el mundo ese mismo día, pero sus consecuencias perduran hasta hoy.
Durante la aciaga noche del 29 de julio de 1966, después de intervenir todas las universidades del país, la oscurantista dictadura liderada por Juan Carlos Onganía ordenó el desalojo por la fuerza de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires.
Los largos palos de madera con los que las fuerzas policiales reprimieron ferozmente a estudiantes, profesores, autoridades y graduados, hicieron que este triste episodio pasara a las páginas más oscuras de la historia argentina como “La Noche de los Bastones Largos”.
Si la reforma universitaria de 1918 había sido un hito de la Argentina moderna y una de las principales herramientas de movilidad social ascendente, esa noche se consumó el retroceso más importante de la educación pública en lo que transcurría del siglo XX, y se clausuró violentamente una etapa dorada de la universidad argentina que había consolidado la práctica de la ciencia moderna, la aplicación del conocimiento científico a los problemas del desarrollo nacional y la modernización de la cultura.
El plan represivo
El ataque venía gestándose desde el golpe de Estado que el 28 de junio de ese mismo año había derrocado al honesto gobierno del Presidente Arturo Illía: se abolió la Constitución Nacional, que fue reemplazada por el Estatuto de la “Revolución Argentina”, infausto nombre con que los militares golpistas bautizaron a una nueva usurpación de la democracia.
La misma noche del golpe, las autoridades de la UBA habían consensuado una declaración que hacía “un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que se siga defendiendo como hasta ahora la Autonomía Universitaria (…) y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la Democracia”.
En esa línea, cientos de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas firmaron, además, una declaración manifestando su “irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de la Facultad y de la Universidad de Buenos Aires, que las que legítimamente emanan del cumplimiento del Estatuto Universitario, así como de las leyes y de la Constitución Nacional”.
Disueltos rápidamente el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, intervenidas todas las provincias y prohibida la actividad de los partidos políticos, la Universidad permanecía aún como uno de los últimos bastiones de resistencia frente al rápido avance dictatorial sobre las instituciones democráticas.
Sin embargo, Onganía no tardaría en actuar contra lo que consideraba era “una cueva de marxistas". Así, justo a un mes del golpe de Estado, sancionó el decreto-Ley Nº 16.912 que establecía la intervención de las universidades y ponía fin a la autonomía, con el pretendido objetivo de “eliminar las causas de acción subversiva”.
Dicha norma de facto intimaba a los rectores y decanos de las ocho universidades nacionales que existían por entonces a que en un plazo de 48 horas asumieran como interventores de una institución que, por primera vez, se subordinaba directamente al Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, disponía el cese de toda actividad política en las universidades y la clausura de los centros de estudiantes.
Frente a ello, las máximas autoridades de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral decidieron renunciar. En la UBA, nueve decanos decidieron acompañar la dimisión del Rector Hilario Fernández Long y realizaron sendas asambleas en oposición a la intervención.
El decano Rolando García, acompañado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, no sólo resolvió rechazar explícitamente dicha norma, sino que decidió resistir la intervención junto a cientos de estudiantes, profesores y graduados en las instalaciones de la Facultad, por entonces ubicada en Perú 222, en la histórica Manzana de las Luces.
Como represalia, a las diez de la noche del viernes 29 de julio de 1966, tropas de Infantería comandadas por el comisario Alberto Villar, siguiendo instrucciones del jefe de la Policía Federal general Mario Fonseca, gritando consignas antisemitas y anticomunistas, arremetieron contra estudiantes, graduados y profesores con una violencia hasta entonces pocas veces vista.
Al salir por la fuerza al patio central de dicha casa de altos estudios, los estudiantes, autoridades y docentes fueron forzados a formar en doble fila, donde fueron golpeados, vejados, y sometidos incluso a simulacros de fusilamiento. El propio Decano García, al manifestarle al oficial a cargo del operativo que él era la autoridad, recibió como respuesta un brutal golpe con un bastón, cuyas consecuencias se observan crudamente en las fotos de la época.
Si bien también se registraron hechos graves en las Facultades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina y Arquitectura, no era en absoluto casual que el ataque de las fuerzas represivas del régimen tuviera su capítulo más feroz en la facultad de Ciencias Exactas, paradigma de las políticas progresistas que se impulsaron en esos años, y en la figura de su decano, decisivo impulsor de muchas ellas.
La violenta represión finalizó con más de 400 detenidos, entre ellos varios investigadores de renombre internacional invitados, como el Dr. Warren Ambrose, profesor del MIT, que en una elocuente carta titulada “Bastones largos, mentes cortas” publicada en el New York Times al día siguiente, describía en detalle la naturaleza brutal y humillante del ataque policial.
Luis Botet, el interventor de la UBA designado por Onganía, asumió con una frase que sintetizaba con particular crudeza el espíritu de la feroz represión: "la autoridad está por encima de la ciencia".
El final de la década de oro de la Universidad argentina
La intervención clausuró violentamente lo que se conoció como la “década de oro” de la universidad argentina, que se había iniciado con la gestión del Rector Risieri Frondizi durante la presidencia de su hermano Arturo.
En ese momento, la UBA disfrutaba de su mayor esplendor académico y reconocimiento internacional. De la mano de uno de los mayores presupuestos universitarios de la historia, y de la autonomía y el cogobierno, la UBA desarrolló proyectos como la editorial Eudeba; impulsó la extensión universitaria con masivas campañas de alfabetización; creó el CONICET y el Instituto de Cálculo, que fue pionero en las ciencias de la computación con la máquina “Clementina”; puso en marcha las carreras de sociología y psicología; fundó la Ciudad Universitaria; entre tantas otras iniciativas.
Se trataba de un proyecto de universidad crítica y reflexiva, donde la investigación era parte esencial de la actividad de los docentes con dedicación exclusiva.
En ese marco, la Facultad de Ciencias Exactas acumulaba el mayor caudal de conocimiento científico del país, y se erigía como el paradigma de la universidad modernizadora y cuna de dos de los tres premios Nobel del país.
Sin embargo, los móviles dictatoriales no se agotaban en el régimen de gobierno de las universidades. Eran tiempos signados por una gran conflictividad política y social, con el peronismo proscrito y el auge de los movimientos tercermundistas, las luchas por la liberación nacional, la revolución cubana y el Mayo francés.
En ese contexto de alta politización, que inevitablemente llegó a las universidades, la dictadura buscaba también silenciar el espíritu crítico y combatir la rebeldía estudiantil.
Un golpe al conocimiento
El ataque de Onganía a la universidad inició la diáspora de docentes e investigadores que condenaría a una generación brillante al exilio.
Durante los meses siguientes al ataque, aproximadamente 1500 de los mejores docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras en las universidades nacionales. Una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, Canadá y Europa.
La universidad argentina era, así, vaciada de sus mejores exponentes y contenidos, iniciándose una emigración de científicos que se prolongaría hasta los albores del nuevo milenio.
La sangría privaría a la cultura del país de figuras como Manuel Sadosky, quién instaló en la UBA la primera computadora que conoció el país; el epistemólogo, físico y meteorólogo Rolando García, que en el exilio desarrolló junto a Jean Piaget la epistemología genética; el historiador y sociólogo Sergio Bagú, pionero de la teoría de la dependencia; la astrónoma Catherine Gattegno; el historiador Tulio Halperín Donghi; el epistemólogo Gregorio Klimosvsky; el geólogo Amílcar Herrera; la física atómica, Mariana Weissmann; entre tantos otros referentes de la ciencia argentina.
Un imprescindible ejercicio de memoria histórica
La “Noche de los Bastones Largos” inauguró una política de persecución, intolerancia y violencia contra el pensamiento crítico que produciría graves daños al desarrollo científico y a las instituciones de educación superior.
Es en este sentido que los episodios del 29 de julio de 1966 pueden verse como el preludio del terrorismo de Estado que se instauraría en Argentina con la dictadura cívico-militar de 1976. Ambas dictaduras identificarían en las universidades un enemigo común: pensamiento crítico, formación con valores democráticos e investigación científica al servicio del desarrollo nacional.
Al cumplirse 54 años de esta negra noche, es imprescindible reafirmar el firme compromiso con los principios de autonomía y cogobierno, pilares fundamentales de nuestras universidades nacionales, junto con la convivencia democrática, el respeto por la diversidad y el espíritu crítico.
Hoy los “bastones” pueden ser más sutiles, pero siguen siempre al acecho en los discursos que cuestionan la universalización de la educación superior, en los ajustes y recortes presupuestarios, en los intentos de desarticulación del sistema científico-tecnológico, en la falta de inversión pública en el nivel medio que condena a miles de jóvenes a la deserción escolar, entre tantas otras políticas que buscan seguir acallando esa fecunda rebeldía que caracteriza a la universidad reformista.
*Una primera versión de esta nota se publicó en el Suplemento Universidad de Página/12 de julio de 2018.
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