Carlos Ponce de León Un obispo que sabía que iba a morir

Una historia muy argentina

 Por Osvaldo Bayer 
para Pagina 12 
Publicado el 28 de marzo de 1998

No es que uno sea suspicaz pero, ¿por qué los obispos de izquierda mueren en accidentes automovilísticos? En Perú, entre 1982 y 1986, murieron cuatro obispos en misteriosas colisiones; aquí, uno de los contados obispos que enfrentó con todo coraje la dictadura de Videla, monseñor Angelelli, perdió su vida durante la dictadura militar en un extraño choque en la ruta; al obispo de San Nicolás, verdadero paladín en defensa de la gente perseguida durante ese tiempo, Ponce de León, también le tocó la misma suerte; a monseñor Devoto, obispo de Goya, defensor de los campesinos, le pasó lo mismo. Al obispo de Santa Fe, monseñor Zazpe, un camión lo chocó de atrás cuando estaba en su automóvil, y salvó milagrosamente su vida. ¿Qué ocurre? ¿Acaso nuestro buen Dios juega al choque de autitos a pila desde el cielo? Obispos y de izquierda. Una mezcla detonante para establecidos y globalizados. Pero dejando de lado el triste e irónico humor negro no podemos omitir la pregunta y presentar la queja: van a ser ventiún años, que un verdadero pastor de pobres tuvo un accidente extraño que lo eliminó justo en un momento clave: era testigo fundamental de la brutal represión sufrida por los obreros del acero.

Monseñor Carlos Horacio Ponce de León era una figura clásica de esa nueva Iglesia que había abierto las ventanas del catolicismo para que entraran las enseñanzas de Jesús como un aire fresco. Ventana abierta por el buen viejo Juan XXIII. Ponce de León supo lo que era la pobreza desde niño: era hijo de un taxista de la pampa bonaerense. Se ordenó sacerdote a los 24 años y poco después pasó a ser cura de barrio. El cura José Karaman, de Salto, señala que Ponce de León era "pastor de vecindades: conocía el pelaje de sus ovejas; sus problemas, sus necesidades, sus carencias, sus inquietudes". Por supuesto, un sacerdote así era de los que necesitaba Juan XXIII. Y ya en 1962 lo designó obispo auxiliar de Salta. Estuvo en el Concilio Vaticano II y volvió entusiasmado: hablaba de hacer un país más justo, un país de hermanos.

En Salta, ante la mentalidad conservadora de la Iglesia de allá tuvo muchos choques ya que él dedicó su trabajo a los chicos de la calle. Endulzó con el tiempo el rostro de los salteñitos pobres que aprendieron a sonreír ante ese hombre bonachón que no les pegaba ni les ordenaba penitencias como los demás sino que les hablaba pausado y con calidez.

En una entrevista realizada por la investigadora Etel Capdevila, el cura Karaman describe así a Ponce de León: "Varios curas jóvenes lo fuimos a visitar cuando lo nombraron obispo de San Nicolás. Llegamos a la parroquia donde se hospedaba. Después de breve espera, apareció. En el descanso de la escalera vimos a un hombre más bien robusto, tirando a petisón, en mangas de camisa y en chancletas. Bajó los escalones a los saltos y, cuando nosotros extendíamos la mano para besar su anillo pastoral, no nos dio tiempo. Nos estrechó uno a uno en un fuerte abrazo. Quedamos mudos. ¡A la mierda con el protocolo con todas sus excelencias! Nos invitó a subir a su cuarto donde reinaba un despelote episcopal. Libros por un lado, cartas, cajones, ropa y, como mudo testigo de ese encuentro, un calzoncillo a rayas sobre la cama. Ese gesto lo pintó de cuerpo entero, y de alma también".

El mismo cura Karaman recuerda el primer encuentro con el obispo Ponce de León al llegar a San Nicolás, en 1966: "Nos dijo: `Muchachos, acá hay que poner el Concilio en marcha y hacer las reformas correspondientes. Que no sean sólo las reformas litúrgicas sino una presencia de la Iglesia en la transformación de la sociedad. ¿Puedo contar con los curas y las monjas?' Fue así como él entregó la conducción a los curas jóvenes, cosa que a los curas viejos les revolvió las tripas. Eso trajo consecuencias, sobre todo a nivel del compromiso social. La diócesis de San Nicolás comenzó a acoger a sacerdotes que tenían enfrentamientos con los obispos conservadores".

A partir de ese momento, la Iglesia en la Argentina tuvo tres clases de obispos: los que se tomaron en serio el Concilio Vaticano II y quisieron ayudar a lograr justicia en la tierra; los que se envolvieron en incienso y mirra y que ante el terrorismo de Estado rezaron y miraron al costado; y finalmente los que colaboraron desembozadamente con los criminales de uniforme. Hay un documento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ya de 1972 (¡qué premonitorio!), dirigido a la Asamblea Episcopal que les dice a los obispos: "El pueblo oprimido se dirige a nosotros, sus pastores, para interpelarnos: `Cuando fuimos hambreados, ¿dónde estuvieron? Cuando sufrimos en barrios hambreados, ¿qué hicieron? Cuando fuimos proscriptos, ¿cómo reaccionaron? Cuando fuimos torturados, ¿qué dijeron, y en qué tono lo dijeron? Cuando fuimos masacrados en las cárceles, ¿qué actitud tomaron? Cuando se nos pretendía engañar cambiando algo para que todo siguiera igual, ¿qué posición asumieron?' ".

Pero los príncipes de la Iglesia adoptarían la posición contraria: basta ese monseñor Pio Laghi, nuncio apostólico, bendiciendo en Tucumán las tropas de Bussi, en plena represión.

¡Qué solo se quedó monseñor Angelelli en los llanos de La Rioja! ¡Qué solo se quedó monseñor Ponce de León en esa San Nicolás donde todos los días aparecía el cadáver de un delegado obrero atravesado por las balas del plan Martínez de Hoz!

En las exequias del mártir Angelelli, el obispo Ponce de León ya sabía su suerte: "Yo soy el próximo", dijo. Y fue el próximo. Un "accidente de tránsito" con las mismas características. Y qué casualidad, Ponce de León llevaba ese día consigo la documentación que había reunido sobre los obreros desaparecidos de Somisa y de Acindar, documentación que involucraba al general Suárez Mason, al coronel Camblor y al teniente coronel Saint Amant, jefe del regimiento de Junín. Este último odiaba al obispo y le había negado la entrada a su cuartel diciéndole: "A mi cuartel no entran comunistas". Hombre de principios, como Bussi.

El auto de Ponce de León será chocado justo en el lugar donde se encontraba él, por una camioneta Ford. Se dirá después que falleció de "politraumatismo grave con traumatismo encéfalo-craneano". La policía no permitirá al médico personal del obispo entrar a ver el cuerpo. Siempre se sospechó que le habían destrozado la nuca a golpes; igual procedimiento que con el obispo Angelelli. El joven que acompañaba a Ponce de León en el auto, Víctor Martínez, que salió ileso del accidente, es detenido por orden del teniente coronel Saint Amant por "subversivo", torturado ferozmente y encarcelado. El auto no fue entregado ni dejado ver por la policía. La Iglesia nombra al obispo Laguna para hacerse cargo del Obispado. Jamás Laguna se interesó por la documentación robada ni por hacer una investigación sobre la muerte de Ponce de León. En esa época desaparecerán los archivos del obispo muerto. Muerto Ponce de León y toda su interpretación social y pastoral de la justicia y dignidad en el mundo, dicen que apareció la Virgen en un campito, y toda la población va a pedirle milagros. Ya nadie lucha por el prójimo, sino que espera la salvación rezando y tocando a la Virgen. La síntesis la ha hecho el investigador rosarino Carlos del Frade: "San Nicolás pasó de una pastoral comprometida, al milagro de exportación de la llamada Virgen del Campito. Somisa pasó a integrar el patrimonio del poderoso grupo Techint. Más de 8 mil despidos. El Vaticano promete investigar los milagros de la Virgen del Campito, pero jamás emitió una sola línea respecto de la muerte de monseñor Ponce de León".

Somos todos cristianos. Somos todos argentinos. Agradezcamos a Dios su infinita sabiduría. Obediencia Debida y Punto Final. Amén.

 Fuente
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El obispo rojo de San Nicolas
Por Miguel Bonasso
para Pagina 12
Publicado el 24 de marzo de 2000

Ni el Vaticano ni la jerarquía católica suelen evocar al fallecido obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a pesar de que su muerte (en tiempos de la dictadura y en un sospechoso accidente automovilístico) se parece demasiado a la del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli. Monseñor Ponce de León condujo la diócesis de San Nicolás entre 1966 y 1977, cuando la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) le imprimía aún un fuerte sesgo industrial a la ciudad.

 El obispo creó la escuela diocesana de Servicio Social y envió sacerdotes a las villas de emergencia, lo que le valió ser llamado "el obispo rojo" por los militares y las patronales de la zona. 

El encono aumentó después del golpe, cuando el prelado comenzó a recibir a familiares de víctimas de la represión. El día que se "accidentó" en la rotonda de Ramallo, Ponce de León llevaba a Buenos Aires una serie de carpetas con información sobre obreros de Somisa y Acindar desaparecidos. 

La información desapareció y la policía impidió que la prensa tomara fotografías del vehículo en el que el obispo encontró la muerte. 

El canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, que también se desempeñaba como capellán de la cárcel local, no reclamó la documentación que llevaba el obispo e involucraba al comandante del Primer Cuerpo, general Carlos Suárez Mason, al coronel Camblor del regimiento de Junín y al teniente coronel Saint Aman, a cargo del regimiento de San Nicolás.


Según Víctor Oscar Martínez, un muchacho que acompañaba a Ponce de León en el momento del accidente, el obispo había anunciado su propia muerte. Cuando se enteró del otro accidente automovilístico que le costó la vida a su "hermano en Cristo", el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, sentenció: "Yo voy a ser el próximo". Pocos días después del segundo "accidente", Víctor Martínez, que en esa época cumplía la conscripción en la Prefectura, fue arrestado, interrogado y torturado hasta el desmayo por orden del teniente coronel Saint Aman, que le preguntaba insistentemente a cuántos "extremistas" había refugiado "el obispo rojo".
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Asesinato de Ponce de León: El silencio del arzobispo
Carlos del Frade

Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario, sabía de las detenciones y de la represión ilegal efectuada a partir del 20 de marzo de 1975 y no hizo nada para aliviar la situación de los perseguidos.

El auto de Ponce de León después del choque y la camioneta que conducía Martínez.
Se negó a respaldar al entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y lo dejó solo en su aventura de pedir una entrevista a Alberto Rocamora, Ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Dos años después, Ponce de León era asesinado en la ruta a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando se disponía a llevar los papeles de la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo esto se desprende de las investigaciones que se están llevando a cabo en el juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo, con la participación del fiscal subrogante, Juan Murray. En estas causas comienzan a verificarse los trabajos conjuntos de los comandos del primer y segundo cuerpo de ejército y las demás fuerzas de seguridad de Buenos Aires y Santa Fe, como también los intereses privados beneficiados con la sangre derramada. 
La complicidad 
'Es necesaria la reivindicación del obispo Ponce de León', empieza diciendo Raúl Vacs, sobreviviente de las mazmorras del terrorismo de estado en San Nicolás, histórico dirigente del Partido Comunista y hoy militante por los derechos de los jubilados. 

Su testimonio habla de la labor del obispo asesinado el 11 de julio de 1977, en cercanías de Ramallo, cuando Villa Constitución sufrió la invasión de cuatro mil integrantes de la policía federal, patotas del sindicalismo de derecha, grupos de la policía santafesina y personal de los Comandos del Ejército, tanto de Buenos Aires, como de Santa Fe. 

-Me contacté con él a partir de aquella primera experiencia fascista en la Argentina que fueron los hechos de Villa Constitución. Yo estaba, en esos días de la invasión de la ciudad vecina a San Nicolás, en España. 

Pero mi hijo estaba en la casa de un amigo, de Raúl Horton que era fotógrafo. 

Ese día, el 20 de marzo de 1975, tuvieron que cobijarse debajo de una mesa por el ruido infernal de balas, los estruendos sobre los techos de zinc, las puertas violentadas. Fue una noche de terror. 

El hijo de mi amigo, obrero y delegado de Acindar, pudo escapar de esa represión junto a Segovia, el único integrante de la comisión directiva del sindicato que siguió en libertad.

Raúl Horton hijo, entonces, comenzó a promover una comité de lucha por los presos de Villa Constitución. 

Hablé con él en Rosario. 

Y me pidió que hiciéramos todo lo posible para hablar con Alberto Rocamora, el entonces ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. La idea era que Rocamora ofreciera garantías para hacer una entrevista con ellos y que, de paso, cuidara la vida de los activistas. 

Nosotros hicimos un comité de ayuda en San Nicolás y en eso debo reconocer el notable papel que tuvo el intendente radical de entonces, Atilio Parodi. Las reuniones se hacían, justamente, en el local de la UCR. 

Entonces decidí entrevistarme con monseñor Carlos Ponce de León. 

Cuando lo fui a ver tuve que eludir la presencia de monseñor Mancusso que era el prototipo de la iglesia reaccionaria, todo lo contrario de Ponce. 

Al fin pude llegar hasta él y le expliqué el problema. 

-¿Cuándo tendría que viajar para entrevistarme con Rocamora? - me preguntó el obispo. 

-Ayer -le dije-. 

-No, ni ayer, ni hoy. Mañana. Porque primero tengo que entrevistarme con el obispo de Rosario porque Villa Constitución pertenece a la diócesis de Rosario. Yo se que se va a oponer. Pero necesito no pasar por encima de él. Como se que me va a decir que no, mañana viajo a verlo a Rocamora. Y lo hizo. 

No tuvo ni la entrevista ni las garantías', contó Raúl Vacs.

Bolatti, en tanto, tenía como secretario al sacerdote Héctor García, el mismo que tiempo después exigiría regalos a los familiares de los desaparecidos que buscaban información sobre el destino de sus seres queridos. 

Treinta años después, el arzobispado rosarino todavía no ha hecho ninguna autocrítica sobre su complicidad con el terrorismo de estado e incluso ha promovido a Eugenio Zitelli, capellán de la policía rosarina, al rango del monseñor, aprobado desde el Vaticano. 

Ahora hay que sumarle, después de la declaración de Vacs, su desprecio por la suerte de un verdadero obispo cristiano como Carlos Ponce de León.

'Es necesario hacer que se conozca toda la pastoral de Ponce de León, especialmente en San Nicolás. Aquí los que piensan que fue asesinado, muchos creen que lo mataron por perejil. Y Ponce de León no era ningún perejil', agregó Vacs. 

-Era un hombre muy preocupado por lo que acontecía en el país. 

En una carta que envió en la cuaresma de pascua, dirigida a sacerdotes, laicos y fieles de la diócesis tiene párrafos notables: 

'Esta carta de cuaresma pretende ser un reconocimiento de los pecados de nuestra iglesia diocesana y de esta sociedad, siempre hay que empezar por casa...' 

'Es innegable el clima de tensión en el plano internacional y nacional, la falta de justicia hace difícil la paz, si quieres la paz trabaja por la justicia...En el orden nacional existe gran incertidumbre por el futuro político y económico. La acentuada influencia de las fuerzas armadas, la continua acción represiva, la funesta evasión impositiva, los quebrantos financieros con consecuencias definitorias como el cierre de fuentes de trabajo; un sindicalismo politizado en no pocos casos que debería responder más ampliamente a las necesidades de la clase trabajadora y que llega hasta traicionar los mismos intereses de los obreros. Conflictos planteados en la iglesia nacional que llevan al enfrentamiento de obispos entre si y con frecuencia obispos y sacerdotes con autoridades. Situaciones eclesiásticas que se definen más a nivel jurídico que en lo humano y pastoral'.

'Para muchos aparece una imagen de iglesia comprometida con el poder a través de discursos y hechos. Nuestra comunidad diocesana padece de diversos males que sostenerlos y callarlos sería hacerse cómplice de los mismos'. 

Y este párrafo lo quiero subrayar con la carta firmada por el propio obispo y otras personalidades sociales que pidieron por mi libertad. Yo que era el secretario general del Partido Comunista de San Nicolás, era defendido y atendido por un obispo de la iglesia católica. Me siento orgulloso de haber recibido semejante ayuda. 

Esa carta decía que 'evitar injusticias es también colaborar con el orden y el silencio de los deben y pueden opinar como los suscriptos están encaminados en ese sentido. De allí nuestro pedido de reparación', decía ese texto.

Y volviendo a la carta diocesana de la cuaresma, terminaba diciendo: 'Nos sentimos desbordados pero no derrotados. Ni somos pesimistas. Sabemos que estamos en la lucha con la esperanza que nos da Cristo y que nos transmite su alegría pascual'. 

Este era el obispo Ponce de León. El mismo que hacía reuniones con los familiares de los detenidos desparecidos en plena catedral de San Nicolás. Y cuando estábamos en la cárcel nos hacía llegar sus especiales saludos a través de Mancusso que lo hacía a regañadientes, como mordiéndose la bronca. Esos especiales saludos eran para dos personas, uno era Ricardini, un muchacho peronista, afiliado al Peronismo Auténtico y que durante mucho tiempo ofició de monaguillo, y otro era el secretario del Partido Comunista, quien le habla. Un auténtico cristiano que hay que reivindicar', terminó diciendo Raúl Vacs, sobreviviente y militante por los derechos de los jubilados. 
Las causas en San Nicolás
Juan Murray es el fiscal subrogante del juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo. Es quien está produciendo la prueba necesaria sobre los hechos que comenzaron a configurar el terrorismo de estado desde la invasión a Villa Constitución, en marzo de 1975 hasta 1983. 

En diálogo con este cronista apuntó que desde agosto de 2004 requirieron 'la reapertura de todas las causas relativas a la represión ilegal instaurada en nuestro país entre 1975 y 1983 en todo el área que configuraba la vieja jurisdicción del juzgado de San Nicolás, que estaba comprendida por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Campana, Capitán Sarmiento, Zárate, Pergamino, Rojas y Colón', sostuvo. 

Agregó que ya existen pruebas testimoniales que se incorporan en los diversos legajos aportadas por familiares de las víctimas que se presentaron como querellantes particulares. 

A manera de ejemplo relató que en la causa Di Pasqua, la causa madre, se presentó Alba Lancilloto, que es secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. También están los testimonios de Claudio Novoa y Gastón Gonzálvez, en una matanza ocurrida en 1976 en calle Juan B. Justo, en San Nicolás; y las hermanas de Osvaldo Cambiasso, requiriendo la reapertura de la causa. Allí estuvo imputado Luis Abelardo Patti. 

Apuntó que 'tiene una gran importancia la causa del obispo Ponce de León. Una causa especial que condensa todo lo que sucedió en ese período en esa jurisdicción, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Vamos reconstruyendo la relación entre todos los poderes económicos de la zona con la represión ilegal. Simples ciudadanos, laicos y religiosos están aportando testimonios muy importantes sobre la pastoral de Ponce de León. Se trataba de una personalidad notable. En San Nicolás hay una imagen de Ponce de León que pertenecía a una casta privilegiada o que tenía cierto espíritu conservador. Sin embargo, lo que vamos reconstruyendo, indica todo lo contrario. Una persona absolutamente crítica a las situaciones de injusticia, de acumulación de poder y dinero y creemos que en todo eso está la causa de la muerte de Ponce de León', afirmó. 

En relación a la participación de policías y militares de la provincia de Santa Fe, Murray destacó que 'no solamente en Cambiasso Pereyra Rossi o en el quíntuple homicidio en San Nicolás, se ha determinado una comunicación fluida y una información proveniente del servicio de informaciones de la policía de la provincia de Santa Fe que se hizo presente en San Nicolás y que intervino en la matanza juntamente con personal de la policía federal, de la bonaerense y directamente coordinada por la jefatura del área militar 132 que estaba a cargo del teniente coronel Saint Aman. Eso se ha determinado y documentado en la causa. Y también por documentos de la época, de 1976. Toda la información y apoyo directo provino de la policía de Santa Fe bajo las órdenes del Segundo Cuerpo de Ejército', remarcó el fiscal subrogante. 

En la causa Cambiasso - Pereyra Rossi se pidió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final para ordenar 'la indagatoria de Patti, Spataro y Diéguez, porque la prueba obtenida en su momento ya eran suficientes para dictarles orden de procesamiento y no de sobreseimiento como se hizo. También en la causa Novoa tenemos datos muy firmes sobre quiénes fueron los asesinos de María del Carmen Granada pero estamos tratando de terminar de hilvanar toda la prueba de la causa', finalizó diciendo el fiscal. 

Detrás de los asesinos materiales que comenzarán a desfilar por los tribunales de San Nicolás, están los intereses de las grandes empresas de la región sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, sus abogados, gerentes de personal y otros civiles que, por ahora, brillan por su ausencia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. 

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 El asesinato del obispo Ponce de León en 1977

Por Horacio Verbitsky
para Pagina 12
Publicado el 02 de abril de 2006

 El 11 de julio de 1977 el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, fue asesinado en la ruta. Como en el caso de Angelelli, se simuló un accidente de tránsito. El regimiento en el que se planificó el crimen fue cedido en comodato a la Iglesia, que lo usó hasta esta semana como casa de reposo y ejercicios espirituales. Su encargado fue el militar que firmaba los inventarios después de los saqueos. El papel del obispo Oscar Justo Laguna y la reapertura de la causa, ahora en la justicia federal.

 Con el mayor sigilo, el miércoles de esta semana fue evacuada la casa diocesana San Ignacio de Loyola, que la Iglesia de San Nicolás mantuvo durante diez años en la unidad castrense en la que se planificó el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León. El cartel que identificaba el local, colocado debajo de la garita de guardia, fue uno de los símbolos más estridentes de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura militar. Ponce de León fue el segundo obispo asesinado por aquél gobierno, el 11 de julio de 1977, un año después que el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. En ambos casos se simularon accidentes de tránsito. En 1996, cuando esa unidad de ingenieros del Ejército fue desactivada, el Obispado de San Nicolás (entonces a cargo de Mario Maulión) recibió en comodato sus instalaciones. Como encargado de esa casa diocesana de retiros quedó el sargento retirado del Ejército Carlos Nilson Suárez, el hombre que firmaba los inventarios de bienes luego de los saqueos en casas de personas detenidas-desaparecidas. Cinco días después del 30º aniversario del golpe de 1976, colchones, muebles y el cartel delator fueron retirados de la ex unidad militar.

Casi al finalizar la dictadura Adolfo Pérez Esquivel y los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne denunciaron el asesinato de Angelelli ante la justicia riojana, que en 1986 lo consideró probado, aunque no identificó a sus autores. El Episcopado sigue sin asumir lo sucedido. En una declaración emitida en 2001 aun sostiene que Angelelli “encontró la muerte” y que “la muerte lo encontró”. El caso de Ponce de León ha sido aún más olvidado y su obra al frente de esa diócesis industrial es tan poco conocida como las circunstancias de su muerte. Sin embargo, desde el año pasado el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo la está investigando.

Hostigamiento

Durante la primera asamblea plenaria del Episcopado posterior al golpe, en mayo de 1976, Ponce de León había informado del hostigamiento y las humillaciones a que era sometido y fue uno de los que más insistió en la necesidad de un pronunciamiento público firme, cosa que el Episcopado rechazó pero el gobierno supo. El asesinato de los palotinos de San Patricio lo golpeó más que a nadie, porque estaba relacionado con varias de las víctimas. El sacerdote Alfie Kelly era su confesor y amigo. El seminarista Salvador Barbeito era íntimo amigo de uno de los sacerdotes de San Nicolás, José Aramburu, con quien había cursado el seminario. Otros palotinos daban clases en el seminario nicoleño. Ponce de León decidió dispersar a los seminaristas de su diócesis porque temía que fueran los siguientes.

San Nicolás ocupó un lugar central en los proyectos del nacionalismo militar y del industrialismo peronista y fue el origen de un polo de desarrollo económico y urbano que se extendió hacia Villa Constitución y Campana. La evangelización de los núcleos obreros fue una de lasprioridades del Obispado. Los Encuentros del Pueblo de Dios, los campamentos de jóvenes, las peregrinaciones provocaron reacciones hostiles de los sectores tradicionalistas. La izquierda peronista y el marxismo, que en esa zona alcanzó implantación obrera, confrontaban desde comisiones internas y sindicatos, con la línea peronista ortodoxa de la Unión Obrera Metalúrgica, a la que ganaron la conducción de Villa Constitución en elecciones limpias. En marzo de 1975 la presidenta Isabel Perón despachó una caravana de un centenar de vehículos con hombres armados para desmantelar toda organización independiente. Ponce de León viajó a Buenos Aires para tramitar la libertad de los nicoleños detenidos. Los activistas gremiales que no perdieron la libertad o la vida entonces fueron secuestrados y asesinados después del golpe militar, que designó como ministro de Economía al presidente de Acindar, la siderúrgica de Villa Constitución, José Alfredo Martínez de Hoz.

El dueño de casa

El primer informe posterior al golpe que firmó el jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, calificó a Ponce de León como “enemigo acérrimo de monseñor Bonamín” y dijo que dirigía al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que, a su vez, había copado la diócesis. El obispo llegó a Ramallo durante un gran operativo militar frente a la parroquia y se abrió paso entre los soldados. Saint Amant se sorprendió al verlo sentado frente al escritorio de la casa parroquial:

–¿Qué hace usted aquí?

–¿Qué hace usted? Yo soy el dueño de casa.

–¡Qué servicio de informaciones tienen! –se fastidió el militar, que lo trataba como si fuera el jefe de un Ejército enemigo.

El obispo le exigió un inventario de todo lo que requisaron, incluyendo un mimeógrafo. Esos inventarios eran la especialidad del sargento Suárez. Ponce de León había ordenado a sus sacerdotes que no pernoctaran solos en sus parroquias, que trataran de dormir en casas de los fieles, de modo que siempre hubiera alguien que pudiera avisar. Poco antes de la Semana Santa de 1976, Ponce de León visitó a Saint Amant para reclamar la libertad de ocho sacerdotes de distintas parroquias que habían sido detenidos y estaban alojados en los cuarteles de San Nicolás.

–Yo me quedo detenido también hasta que los liberen –dijo el obispo.

–Usted ya está detenido, lo tenemos bien controlado y tiene que venir a informar de cada cosa que haga –respondió el militar.

–Si tengo ocho parroquias sin sacerdote, voy a suspender la celebración de Semana Santa –le comunicó Ponce de León.

Saint Amant liberó a los ocho sacerdotes frente al Obispado y sin ninguna explicación. Ponce de León nunca cumplió con la intimación de presentarse al cuartel.

Inteligencia militar

El informe de Saint Amant sobre Ponce de León afirma que en San Nicolás los grupos más importantes de Montoneros salieron de la “Iglesia” (comillas en el fabuloso original) y con deliberada despreocupación por los matices anuncia que “hablaremos indistintamente de Juventud Peronista, de Montoneros y de Peronismo Auténtico”. No se trataba sólo de hablar.

La indiferenciación se extiende luego también al ERP y “a los hechos guerrilleros de Villa Constitución”, como llamaba a la organización sindical de los trabajadores al margen de la conducción de la UOM. Coincidía con él Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). Poco ducho en el arte de la metáfora y obsesionado con los sacerdotes tercermundistas, Saint Amant informó que “esos pastores son lobos vestidos de ovejas”. Como estaba en juego el “Ser o no ser de laPatria” había que atacar al enemigo en todos los frentes porque “se vale indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del freudismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación de las injusticias, de la UNESCO, de la declaración de los derechos humanos, etc”. Los tres motivos por los que, según el jefe del área, esos sacerdotes no hacían definiciones subversivas públicas y explícitas, equivalen a un reconocimiento de que no practicaban ninguna actividad armada ni simpatizaban con la guerrilla:

a. miedo (hasta hace poco han creído que por ser sacerdotes no les pasaría nada. Ahora tienen miedo).

b. astucia.

c. en parte por a. y por b., en otros casos porque consideran a los guerrilleros tal vez como desubicados porque entienden que el proceso de marxistización (‘socialización’) debe nacer del pueblo y los guerrilleros lo quieren imponer a la fuerza. PERO NUNCA POR CONVICCIONES ANTIMARXISTAS. Esto debe quedar bien claro”.

“Fuerza enemiga”

Saint Amant vaticina que, en alianza con partidos políticos, el resentimiento peronista, los grupos marxistas no destruidos “y los infaltables idiotas útiles, tontos y democráticos que pidan elecciones”, la Iglesia será “la principal fuerza enemiga”. Por ello propuso operar sobre Ponce de León. Según la doctrina católica, escribió, el obispo es sucesor directo de los Apóstoles, la unión con la Iglesia se hace mediante la unión al obispo y fuera de la Iglesia no hay salvación. Los católicos que se cuestionan la actuación del obispo “piensan que ponen en juego su salvación eterna”. Por eso “hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe”. No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión “si no se erradican los males expresados”, decía.

En San Nicolás estaban organizados los Legionarios de Cristo Rey, a quienes el obispo acusaba de vinculaciones con el arzobispo cismático francés Marcel Lefébvre y había un núcleo integrista de Tradición, Familia y Propiedad. Entre esos laicos que llegaron a denunciar a Ponce de León ante la Nunciatura estaba Héctor Hernández, hermano de un sacerdote. Para manifestar su hostilidad hacia el obispo, Hernández llegó a leer un libro en forma ostensible mientras Ponce de León pronunciaba una homilía. Hernández era colaborador habitual de la revista integrista Mikael, que editaba el Arzobispado de Paraná a cargo del vicario general castrense Adolfo Tortolo y dirigía el sacerdote Alberto Ezcurra Uriburu, fundador de la Guardia Restauradora Nacionalista. Junto con el informe de Saint Amant, el archivo de la Cancillería guarda el esquema manuscrito en el que se inspiró, con las líneas internas, los nombres y las alcahueterías sobre los sacerdotes de San Nicolás. Está escrito con una letra elegante, parecida a la del laico Hernández, quien entonces era abogado de Somisa y hoy es defensor oficial en los Tribunales Federales de San Nicolás.

Según Saint Amant, Ponce de León, “vive atemorizado” y en sus sermones dice que recibe permanentes amenazas. Los colaboradores del obispo dicen que las amenazas las formulaba Saint Amant, quien lo llamaba “obispo rojo”. Cuando Ponce de León intercedió por varias personas desaparecidas, el militar le respondió:

–Sí. Yo los detengo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo.

Las amenazas al obispo llegaban primero por carta y por teléfono, pero luego pasaron a ser personales, con insultos en la calle cuando salía a caminar. Una de esas cartas decía: “Antes fue Angelelli, ahora te toca a vos”. Otra anunciaba: “Preparate porque en julio se te acaba”. En ambas lafirma era el dibujo de un ataúd. Sus colaboradores más próximos sentían que Ponce de León estaba “cercado, tenía los teléfonos controlados”.

El choque

Dos oficiales de policía llegaron al sanatorio de Buenos Aires donde estaba internado el seminarista nicoleño Nicolás Gómez. Querían saber quién era su obispo, si vendría a visitarlo, y cuándo. Gómez y su padre respondieron que Ponce de León les había prometido que vendría la mañana del lunes 11. Tenía también otros motivos para el viaje. Había preparado una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución. Uno de sus sacerdotes afirma que era una carpeta azul con el título “Asesinato de los padres y seminaristas palotinos”. Con esa documentación salió a la ruta, acompañado por el laico Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en la Prefectura de San Nicolás. El obispo era su tutor judicial desde que el muchacho tenía doce años. A las 6.40 de la mañana, cuando aun no había amanecido, el auto Renault 4 del Obispado fue embestido en la ruta 9 por una pick-up. Atendido en primer momento en Ramallo, Ponce de León fue trasladado a la clínica San Nicolás en “coma profundo, con fractura y hundimiento de cráneo” según la instrucción policial.

Pero la presunta fractura no aparecerá luego en el informe del sanatorio donde fue atendido. Su historia clínica, si la hubo, no quedó archivada. Tampoco se citó a declarar ni se solicitó documentación a la clínica de Ramallo a la que Ponce de León fue llevado en primer momento. Sólo su madre pudo verlo. Ni siquiera a su médico personal se le permitió pasar a la sala de terapia intensiva. La documentación que llevaba desapareció. Nunca se practicó un peritaje accidentológico ni de ingeniería mecánica para establecer cómo se produjo la colisión. En ningún lado consta que se haya realizado la autopsia, aunque ni el médico policial ni un forense hicieron un examen externo del cuerpo para determinar causas evidentes de muerte que la hicieran innecesaria. Tampoco hay un certificado médico que establezca los motivos de la defunción. La clínica donde el obispo agonizaba fue rodeada por fuerzas militares y policiales y lo mismo ocurrió con la Catedral luego de su muerte, tal como había sucedido en La Rioja cuando el asesinato de Angelelli. Los militares temían una reacción popular porque nadie creía que se hubiera tratado de un accidente. El expediente judicial contiene irregularidades y omisiones más graves. Contra lo usual, la policía devolvió los vehículos y su contenido sin que se certificara la propiedad de cada uno y no describió el contenido de los dos portafolios que llevaba Ponce de León.

Tres versiones

El conductor de la pick-up F100, modelo 77, Luis Antonio Martínez, declaró que debió frenar en forma brusca para no embestir a un colectivo. Como la ruta estaba mojada, la camioneta patinó y se cruzó a los trompos sobre la otra mano, por donde avanzaba el Renault. Nada se hizo para determinar por qué no quedaron huellas en el pavimento. Ni la policía ni el juez buscaron testigos del choque. Tampoco identificaron al colectivo ni al chofer y sus pasajeros que podrían haber relatado lo sucedido. La escueta instrucción judicial no verificó si las heridas que causaron la muerte del obispo eran compatibles con los daños del vehículo en que viajaba. Nunca se estableció quienes llevaron al obispo moribundo al hospital ni en qué vehículo.

Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante en la pick-up, Carlos Sergio Bottini, viajaban hacia Entre Ríos “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de lasede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni sus negocios fueron objeto de constatación.

Cuando la policía buscó los antecedentes de Luis Antonio Martínez, la empresa en que trabajaba ya no fue mencionada como Agropolo sino como Don Paco. Recién dos meses después el juez Oberdán Andrín, cuñado del ex hombre fuerte del peronismo San Nicolás, José María Díaz Bancalari, escuchó por primera vez a los tripulantes de la pick-up. El 18 de julio de 1978, condenó a Martínez a seis meses de prisión, dejó la pena en suspenso y lo inhabilitó para manejar durante cinco años. La única descripción de lo sucedido en todo el expediente es la del condenado por homicidio culposo. Aun así, en la apelación surgieron dudas sobre su relato. En setiembre de 1978 la Cámara de San Nicolás destacó que el conductor había dado tres versiones distintas de lo sucedido. Los camaristas se limitaron a afirmar que en cualquier caso su responsabilidad era indudable y confirmaron la condena pero no les interesó profundizar en las causas del cambio de versión. Nadie tomó declaraciones sobre las amenazas y persecuciones al obispo, que todos conocían en San Nicolás.

La intervención

Las amenazas a los colaboradores del obispo continuaron después de su muerte. Les exigían que abandonaran el trabajo pastoral en las villas y con los obreros de la zona. Muchos de ellos partieron al exilio. El nuncio Pío Laghi envió como administrador apostólico al obispo Oscar Justo Laguna, cuya llegada fue vivida por el clero como una intervención porque abandonó la línea pastoral de Ponce de León.

Uno de los sacerdotes del presbiterio nicoleño, José Karamán, califica como “nefasta” la gestión de Laguna. “Su misión fue desarmar lo que Ponce había armado”. Afirma que frente a una diócesis dolorida actuó con histeria. “Nos decía que parecíamos las viudas de Ponce y que estaba harto de oír hablar de él. ¿De qué quería que habláramos, de Lola Flores?” También considera que actuó con soberbia, haciendo pesar sus conocimientos teológicos ante sacerdotes de menor formación. Además tuvo miedo de interceder por “unos muchachos que habían sido detenidos”, lo cual provocó un serio incidente en el que un sacerdote amagó con pegarle y otro se interpuso para impedirlo. El retrato se completa con alusiones a la prepotencia que usó en la relación con los presbíteros. “Manejaba información y había averiguado vida y milagros de los curas”. Creía que eran “tipos peligrosos”. Luego de recorrer la diócesis “se sorprendió porque celebrábamos misa normalmente. ¿Qué esperaba, alguna orgía?” Sin embargo, cuando Saint Amant protestó por la continuidad del párroco de la Catedral, Carlos Pérez, quien se había negado a recibir al vicario castrense Tortolo para la confirmación de 200 soldados, porque “su figura es mal vista por el clero diocesano”, Laguna no aceptó removerlo.

La biografía oficial de Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, incluye juicios críticos hacia Ponce de León y Angelelli. “Para actuar en favor de los más necesitados no era inevitable caer en los extremismos” de ambos, que habían “alcanzado niveles de fuerte radicalización teológica y pastoral”, dice. Mientras duró su intervención en el Obispado, Laguna designó para representarlo en la causa penal al abogado Luis Alberto Gritti, quien en ese momento era Delegado en San Nicolás de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. A sus órdenes trabajaba el laico Hernández, pero también el abogado Héctor García Huerta, quien en la misma causa asumió la defensa del conductor procesado, Luis Antonio Martínez. Los tres eran amigos personales. Grittiy Hernández son incluso parientes políticos. Gritti reconoció su firma en el viejo expediente penal pero dijo que nunca supo que su compañero de oficina García Huerta hubiera sido el defensor del hombre que manejaba la camioneta que causó la muerte del Obispo. Lo espera una denuncia por falso testimonio.

Expedientes

Además del expediente provincial por la muerte de Ponce de León hubo una causa federal paralela. En 1984 fue solicitada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Del juzgado federal de San Nicolás la retiró la Policía Federal, pero al CONSUFA nunca llegó. El expediente provincial también se consideraba perdido. Había sido retirado del archivo en 1997 por el juez provincial nicoleño Alberto Moreno y desde entonces se le perdió el rastro. Un día de 2004, el fiscal interino de San Nicolás Juan Patricio Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.

–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).

Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:

–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente reapareció en el archivo. Hombre de otra generación, Murray descubrió en él la abrumadora serie de irregularidades cometidas por la policía y el juez Andrín y requirió el pase de la causa al fuero federal donde ahora por fin, se podrá hacer justicia por el asesinato de Ponce de León.