El hundimiento de la economía española
Daniel Albarracín, Nacho Álvarez,
Manuel Garí y Bibiana Medialdea *
Viento Sur
La altanera incompetencia de Rajoy
La batería de medidas anunciadas el día 11 de julio por Rajoy en medio de los
indignos aplausos de su bancada constituye un ataque contra la mayoría social
y supone una declaración de guerra contra la población asalariada. De entre
ellas destaca, por el grado de desprecio que representa hacia las personas más
débiles, la referente a los recortes de la prestación de desempleo. Por ello no es
extraño que hayan suscitado inmediatamente reacciones contrarias por parte
de las organizaciones sindicales y sociales.
Que las medidas adoptadas son duras agresiones antisociales ni el presidente
del gobierno se atreve a desmentirlo. Que todo el ajuste presupuestario se ha
venido realizando hasta la fecha sobre el recorte del gasto y no se ha abordado
la cuestión central del aumento de los ingresos fiscales –en caída libre desde
hace años–, hoy es acerbo común. Y, sin embargo, Rajoy ha presentado estas
medidas en sede parlamentaria –siguiendo el dictado impuesto por el BCE, la
Comisión europea y el FMI- como necesarias e ineludibles, como la “única”
solución posible. Es más, les atribuyó, como en su día hizo con la
contrarreforma laboral, una carga de eficacia económica que nos asegurará la
recuperación. El trilero intenta, una vez más, engañarnos con sus pases de
mano y su supuesto sentido común y, encima, lo hace de forma terriblemente
contraproducente para el futuro inmediato de la economía. Y en esto radica su
talón de Aquiles.
Mientras tanto, el PSOE con Rubalcaba a la cabeza interviene sin capacidad de
incidir en el debate político, atrapado por su pasado inmediato (¡mayo 2010!),
su concepción social liberal de la economía y la UE (que le impide disponer de
una alternativa diferenciable) y su papel (que nadie le otorga ni agradece) de
partido que hace política de estado en momentos que hay que hacer política de
mayoría social frente a la barbarie.
Creando depresión y otras penas
En 1966 el filósofo, lingüista y sicólogo Maurice Godelier cuestionó la razón
capitalista desde el título mismo de una de sus obras Racionalidad e
irracionalidad de la economía. Pareciera que actualmente Bruselas, Berlín y
Madrid se debaten de nuevo entre ambos términos de la dicotomía, tal y como
corresponde a la naturaleza contradictoria del capitalismo. Por un lado, los
principales gobiernos europeos y las instituciones de la UE actúan como
representantes de los intereses del capital financiero, garantizando que las
deudas contraídas sean cobradas por los acreedores. Para ello, el Memorando
que impone al estado español el “rescate” de la UE obliga –con el objetivo de
recapitalizar la banca española y que ésta pague a sus acreedores extranjeros–
a liberar los recursos necesarios mediante recortes en los gastos sociales,
ajustes salariales, aumentos impositivos, etc.
Por otro lado, no obstante, las medidas que vienen aprobando Montoro, De
Guindos y Rajoy, incluidos los nuevos ajustes, son una buena muestra de la
irracionalidad e incompetencia de estos servidores de los mercados, dado que
las efectúan en nombre de un supuesto saneamiento económico necesario para
salir de la crisis y, sin embargo, no hacen sino reforzar la situación actual de
depresión. El trío no parece saber muy bien ni qué hacer ni qué consecuencias
tienen sus decisiones, aunque éstas han situado a la economía española en el
centro de un cenagal de arenas movedizas.
La chulesca imposición de Montoro –aprisa y corriendo– a las Comunidades
Autónomas de un objetivo de déficit aún más severo que el “aprobado” hace
dos meses, producirá nuevos recortes sociales en servicios públicos básicos
como sanidad, enseñanza y dependencia, pero también supone un duro golpe
económico para diversos sectores que conocerán más recesión y más paro. La
eliminación de la paga extra de Navidad para decenas de miles de empleados
de la función pública supone la enésima agresión salarial al colectivo y tendrá,
también, efectos sobre los gastos y la demanda de los mismos con
consecuencias similares a lo expuesto. Las privatizaciones de los restos de las
joyas de la corona como RENFE, sólo traerán reducciones de plantilla, peores
servicios públicos y mayores ganancias privadas. En todos estos casos el
“ahorro” o el “ingreso” van a ser menores que las pérdidas económicas que van
a generar para el conjunto de la sociedad.
En medio del marasmo aprovechan además para anunciar la disminución del
importe de las cuotas a la seguridad social (un nuevo regalo para los patronos a
costa de nuestro salario y nuestras coberturas), así como un impuesto sobre la
energía con finalidad recaudadora. Este nuevo impuesto, lejos de resolver la
estafa del déficit tarifario, se traducirá en aumentos de precios finales para los
pequeños consumidores, sin que logre tampoco reducir la demanda global
energética efectiva ni redunde en cambios hacia las energías renovables que
verán peligrar su futuro.
La novedad en esta situación no son las anunciadas e imprescindibles
movilizaciones populares. Lo novedoso es que, por primera vez desde la
constitución del gobierno del PP, la orientación de éste ha provocado críticas
muy severas desde diversos sectores empresariales en torno al efecto
pernicioso de la disminución de la masa salarial de los empleados de la función
pública y muy especialmente ante la subida del IVA que regirá a partir del 1 de
septiembre. Buena parte de los empresarios y de sus analistas temen que el
incremento impositivo deprima aún más la demanda. Tal es el caso del sector
turístico, para el que Exceltur estima que cada punto de incremento del IVA que
se traslade directamente al precio provocará una reducción de ingresos de
1.005 millones de € al año, lo que puede implicar una merma de millares de
empleos. Rosell, el patrón de patronos de la CEOE, sigue mostrando su
comprensión y apoyo hacia las medidas del PP, pero la unidad monolítica que
mantuvieron ante la reforma laboral se ha resquebrajado.
Ante todo ello, tenemos que convenir con Ernest Mandel lo que en 1983
planteó en una de sus conferencias universitarias en la hoy torturada y
combativa Atenas: “La sociedad burguesa en su conjunto se caracteriza por una
combinación sui géneris de racionalidad parcial y de irracionalidad global”.
El aumento del IVA como paradigma
Por fin el PP ha decidido aumentar los ingresos fiscales subiendo fuertemente
los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas
salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras. La pieza
clave del aumento de ingresos radica en el incremento del IVA. El resto de
medidas impositivas van a tener menos incidencia inmediata.
Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores
finales y tiene una fuerte carga regresiva, pues tiene escasas modulaciones
para corregir los efectos perversos que provoca. Es un impuesto “fácil” que
pesa sobre la población –con escasos recursos para oponerse– y no sobre los
detentadores de las fuentes de riqueza –ricos también en instrumentos de
presión–.
La subida del tipo general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10%
supone que el 60% de los bienes y servicios reflejados por el PIB se verán
afectados. Además diversos bienes y servicios dejan de tributar con el tipo
reducido y pasan al general. Ello significa que no solo se incrementa para
bienes de lujo o bienes prescindibles, sino también para bienes de primera
necesidad como el vestido, el transporte de viajeros, la vivienda, la electricidad
o el agua, y afectará a bienes y servicios como telefonía, gafas graduadas y
lentillas, pañales, peluquerías o alimentos elaborados, así como a bares,
restaurantes y hoteles.
El tipo más bajo quedará en el 4% y afectará a alimentos frescos –como leche,
huevos, frutas, verduras y legumbres–, libros y periódicos, material escolar,
medicamentos y viviendas de protección oficial. Pero ello no significa que los
precios de, por ejemplo, los alimentos no vayan a subir pues los productores
repercutirán en sus precios los 400 millones de € que deberán pagar por el
incremento de dicho impuesto en sus consumos y adquisición de maquinaria.
Ningún bien, por tanto, se verá exento del encarecimiento. Los precios subirán
de forma generalizada, contribuyendo con ello a la erosión de la capacidad
adquisitiva y a un mayor deterioro de la demanda agregada. La OCU cuantifica
el incremento medio del gasto al año en 415 € por familia, y otras estimaciones
en casi 800 €.
Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo
general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos
con que el IVA –tan regresivo en términos sociales– aumentó en dos años un
23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia
gastará de media 800 € más que en 2010, lo que significa que para una gran
parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA.
En 2010 la recaudación se incrementó en 5.000 millones de euros anuales.
Ahora el gobierno estima que aumentará en 7.500 millones en los doce meses
posteriores a la entrada en vigor del impuesto. Craso error, la situación de
estancamiento hoy es más grave que hace dos años. Es por tanto más que
probable es que la recaudación no aumente, porque el aumento del tipo se verá
contrarrestado por la bajada de actividad. Desde medios gubernamentales se
argumenta que Alemania estableció una subida de tres puntos en el IVA en
2007, del 16% al 19%. Lo que no aclaran es que lo hizo en un momento en
que su economía crecía por encima del 3%. En el caso español, la previsión del 4
gobierno para 2012 es que el PIB caerá un 1,7% y la demanda interna un
4,4%.
En nuestro país, debido al fin de la metástasis inmobiliaria, la permisividad con
el fraude fiscal y la bajada incesante de impuestos sobre las rentas del capital
desde 1996, la presión fiscal sobre el PIB se ha situado en niveles muy por
debajo del área comunitaria, particularmente del área euro. Ello ha sido una de
las principales causas del rápido incremento del déficit público, cuando en 2007
se partía de un superávit. Y, por tanto, es uno de los factores que presionan
sobre el incremento de la deuda pública.
A partir de este momento se va dar la paradoja de que España sea a la vez uno
de los países de la UE con menor presión fiscal y sin embargo tenga uno de los
IVA más altos. O, sea, incrementa la regresividad fiscal. Desde el inicio de la
crisis actual, de los 27 estados miembros de la UE, 17 han subido el IVA. Solo
Hungría y Rumanía aprobaron un incremento superior al anunciado por el
gobierno, pero partían a su vez de tipos menores. En la zona euro, solo Grecia,
Irlanda, Portugal y Finlandia mantendrán un tipo impositivo, el 23%, superior al
español.
Sí, se puede
¿No hay más soluciones que las propuestas por el trío español y la troika
comunitaria? Las hay y en todos los órdenes. Basten unas pistas hacia otro
horizonte. Si hablamos de deudas: ¿Ha de pagar la ciudadanía las deudas de
bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda
la legítima? Si hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio
financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad
productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de
la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si
hablamos de paro y producción: ¿Por qué no repartir el trabajo y el empleo
reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en
energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de
déficit: ¿Por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del
PIB (es decir, un monto de 70.000 millones €, equivalente a lo que el gobierno
quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué
aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la
imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las
SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en
torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda pre-rescate situado
en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además
un impuesto a las grandes fortunas?
Estas y otras muchas preguntas apuntan hacia medidas posibles y razonables,
que harían posible que la crisis no la pagasen las clases trabajadoras y
populares. Para ponerlas en pie se necesita acumular energías sociales y
políticas que acaben con la orientación antisocial que ofrecen quienes
gobiernan en la UE y en Madrid.
* Este artículo es una versión ampliada del aparecido en Público.es