La diplomacia norteamericana, el proceso de industrializacion y el nacionalismo peronista

Fundamentando e impulsando su estrategia negociadora, Messersmith (embajador de EEUU en Argentina) enfatizo ante sus jefes las oportunidades que podía brindar el Primer Plan Quinquenal y la industrialización argentina para los proveedores e inversores norteamericanos, permitiendo desplazar definitivamente la influencia británica y europea. En octubre de 1946, ya informaba al Departamento de Estado que el plan se llevaría adelante y que seria del interés de Estados Unidos participar como proveedor.

"La tesis del embajador- comentaba otro funcionario-[...] es que la Argentina esta `hambrienta´de bienes; hay una intensa competencia de otros para satisfacer a ese mercado; este gobierno debería `de un modo discreto´ver que se hagan todos los esfuerzos para entrar a ese mercado rápidamente con vienes norteamericanos.[...] Ciertamente el embajador sugiere-concluía-un trato preferencial para la Argentina.

En polémica con aquellos que, como Braden veían exclusivamente el interés en la compra de armas detrás de la voluntad argentina de normalizar las relaciones, Messersmith enfatizaba: "la Argentina necesita muchos materiales aparte de los militares. Sabe que los Estados Unidos es la mejor y más deseable fuente de aquellos".

El embajador mantuvo largas conversaciones con el presidente Perón intentando orientar sus propósitos industrialistas de un modo compatible con los intereses norteamericanos, tratando de limitar su "estatismo" y apartarlo del nacionalismo económico. Reconocía la gravitación de los principales partidarios de una mayor autarquía encarnados en la figura de Miguel Miranda y apelaba al "pragmatismo" presidencial para moderar las posiciones del primer mandatario en aras del "multilateralismo" y de una política económica más "libre-empresista".

Messersmith, como muchos funcionarios norteamericanos, se oponia a las tendencias "estatistas", que sólo podrían generar industrias "ineficientes" y poco "sólidas". Partían, sin embargo, de la convicción de que un cierto desarrollo industrial y la diversificación productiva en América latina fortalecerían  la influencia económica norteamericana, impulsando las exportaciones y la inversión de sus capitales.

Durante su gestión como embajador defendió la posibilidad de orientar al gobierno argentino en ese sentido. Pero para que pudiera ser llevado a "encuadrarse[mejor] con la política económicas liberales por las que abogamos"  se necesitaba una atmósfera de colaboración amistosa en vez de una discriminación".

Tenia en cuenta, de todos modos, que el rumbo "estatizante" tendiente a la nacionalización en rubros claves reflejaba una tendencia mundial extendida,  incluso a gobiernos "moderados". Un argumento que también utilizaba el mismo Perón en defensa de su política económica, señalando frente a sus críticos el ejemplo del gobierno laborista británico y de su programa de nacionalizaciones. El presidente, en ciertas oportunidades, alegaba también, para justificar sus políticas, que se trataba a veces de medidas tomadas por funcionarios nacionalistas extremos o por autoridades provinciales, como en el caso de compañías eléctricas, frente a los cuales el gobierno nacional actuaba como moderador.

Por su parte, el embajador apoyaba el interés mostrado en esa etapa inicial por los exportadores norteamericanos y, como hemos visto,  por empresas de su país que buscaban lograr convenios con el Estado argentino para la construcción  de una planta (Bettlehem Steel), de una fundición de cobre (Allis Chalmers), de un ensamblado de automóviles y camiones (Kaiser) o de la explotación petrolera (Standard Oil). Incluso, llegó a Buenos Aires, una misión norteamericana, no gubernamental, integrada por dos ex militares (el general Lord y el almirante Flannigan), con el propósito de brindar asesoramiento técnico para el desarrollo del Plan Quinquenal y obtener órdenes de compra de bienes de la industria norteamericana.

Como hemos señalado, el gobierno argentino buscaba, a su vez, que la recomposición de relaciones diplomáticas se acelerara en función de poder cumplir  las metas del Plan Quinquenal, dada la aguda necesidad de maquinas y equipos para la industria. La Argentina mostró disposición a incrementar sus compras  en Estados Unidos a través de la emisión de letras de crédito en Nueva York, para garantizar pagos de exportadores norteamericanos. De un modo u otro las importaciones desde el país del norte experimentaron un crecimiento geométrico en los dos años siguientes, con sustancial porcentaje de equipos y bienes de capital en su composición.

Paralelamente el embajador Messersmith hizo llegar a las autoridades argentinas señalamientos críticos sobre lo que la "opinión pública norteamericana" consideraba como medidas "totalitarias"  que atentaban contra la libre empresa: era el caso de la operatoria del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), que canalizaba las compras argentinas y las exportaciones de cereales, desplazando y subordinando a empresas exportadoras e importadoras internacionales. en una primera etapa, el IAPI contribuía a transferir ingresos, a través del sistema bancario nacionalizado, del sector agropecuario al industrial: pagaba a los primeros precios menores que los internacionales, que estaban altos, y la diferencia la dirigía a apoyar la industria.  

También perturbaba a Washington la expansión de las nacionalizaciones que afectaban a la propiedad extranjera, o a la dureza negociadora de Miranda en las tratativas anglo-argentinas. Fue además activa  la participación del embajador en promover las frustradas negociaciones petroleras con la Standard Oil, ya mencionadas. En este período, el gobierno argentino procuró mostrar una actitud negociadora y evitar el desarrollo de conflictos políticos con Estados Unidos en torno a la expropiación de empresas norteamericanas. El caso testigo lo constituyó, el 3 de septiembre de 1946, la compra de la Unión Telefónica, filial de la ITT.  Fue negociada con Mr. Arnold y el coronel Sosthenes Behn, sus principales ejecutivos, de fluidos vínculos, a través de Figuerolla, con el gobierno y el mismo Perón. Pese a que constituyó para sectores del establishment en Washington una señal de la orientación "estatista" de la Argentina respecto de la propiedad extranjera, el monto pagado de U$S 95 millones, fue criticado como excesivo por la oposición argentina y los sectores nacionalistas pero ponderado como conveniente por los diplomáticos estadounidenses y por los empresarios que además recibieron un convenio de servicio técnico a la empresa estadounidense por diez años.

En el conflicto con los frigoríficos, el embajador Messersmith intervino activamente. A fines de 1946, los frigoríficos (norteamericanos y británicos) reclamaban por los bajos precios que percibían, fijados por el IAPI, tanto para la carne de exportación como para el mercado interno. Debido a las huelgas obreras del sector, en reclamos de mayores salarios, se debió otorgar aumentos  convalidados por el gobierno. A esto se sumaban demandas en pro de su nacionalización dentro del peronismo y de la oposición. El embajador abogó a favor de los intereses empresarios y Perón le aseguró que no habría expropiación. Los frigoríficos constituían un nudo clave de la "conexión anglo-argentina", en la cual tenia también gran peso el capital norteamericano. Pero el mercado británico de carnes seguía siendo decisivo. El gobierno peronista se vería condicionado en su política económica a lo largo de la década por la gravitación de esos intereses: las exportaciones de carne fueron posteriormente liberadas del control del IAPI, y los frigoríficos compensados con reiterados subsidios por sucesivos aumentos de los "costos laborales".

Mas allá de las modalidades tácticas de ambas partes en las conversaciones sobre la perspectiva de las relaciones económicas argentino-norteamericanas,  Messersmith buscaba apoyarse en los aspectos del pensamiento peronista que  podían favorecer sus objetivos. Perón solía distinguir entre un capital extranjero parasitario que asociaba a la estructura agroexportadora tradicional del país, y un capital extranjero productivo, que podía contribuir, mediante la regulación y orientación del Estado, a la ampliación del aparato industrial local, concebido como eje vector del desenvolvimiento económico nacional. A través de su seudónimo, Descartes, con el que escribía en el diario Democracia, Perón afirmaba: "El aporte de capitales resulta un factor beneficioso para las naciones infra evolucionadas,  a condición de que[...] sean de buena fe. Porque así como la penetración humana de grupos inadaptables o minorías invasoras son un peligro y una rémora para los países, la incorporación de capitales de especulación, explotación o colonización es un peligro y constituye un azote para la economía de los países en formación".

Esta distinción conceptual se articulaba con las características del proyecto económico implementado por el peronismo. éste se fundamentaba en la extensión de la industrialización sustitutiva en general, sobre la base de la proteccion del Estado y de la expansión del mercado interno a travéz de una pronunciada redistribuición del ingreso a favor de los asalariados y del sector indistrial.  Esa politica buscaba lograr la protección y el desarrollo de la industria exixtente hasta convertirla en el núcleo hegemonico de la economía, con un rol protagónico del capital nacional y del Estado, compatibilizándolo con las conquistas obtenidas por los asalariados y el conjunto de reformas sociales implementadas por el gobierno.

Para lograrlo, el gobierno peronista heredó los instrumentos del intervencionismo de estado conservador de los años ´30 (control de cambios, aranceles, Juntas Reguladoras, tratados bilaterales de comercio), que modifico y utilizó ahora en funcion de los nuevos objetivos nacional-industrialistas de su proyecto. A la vez, se apoyó en medidas adoptadas durante el régimen militar, impulsadas en su mayoría por el propio Perón: reforma en las relaciones laborales, sistema de jubilaciones y de seguridad social, conjelamiento de los arrendamientos rurales.  En marzo de 1946, se produjo la nacionalización del Banco Central y el control estatal de todos los depósitos bancarios, restringiendo las operatorias tradicionales del capital financiero internacional y obteniendo la facultad para orientar decisivamente el crédito y la fijación de tasas de interés favorables, o de subsidio, a la actividad industrial. En esa dirección jugó un papel importante y significativo la nacionalización parcial del comercio exterior a travéz de la gestión del IAPI.

Estos instrumentos fueron ampliados con una politica de nacionalizaciones de los servicios públicos, acompañada por la actividad empresaria del Estado como inversor en emprendimientos básicos-por ejemplo, la expansión de la flota mercante nacional y de YPF, el desarrollo de otros sectores: aerolíneas, carbón, usinas eléctricas, obras de infraestructura, empresas metalúrgicas y de otras ramas-contando también con las companías de propiedad enemiga confiscadas y reunidas en la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE). Por otra parte, con la repatriación de la deuda pública y de los controles financieros y de las divisas, el nuevo gobierno proclamaba la necesidad de evitar la toma de préstamos y el endeudamiento público externo.

En este contexto, la expansión  de las nacionalizaciones afectó la operatoria del antiguo capital extranjero (sobre todo británico) vinculado a la economía agro-exportadora y al capital bancario, sin  cuestionar al invertido en la industria manufacturera. Por el contrario, desde la perspectiva del proyecto industrial esbozado y de los factores económicos en que se sustentaba, el "aporte" del capital extranjero, en tanto fuera regulado y orientado en beneficio de los objetivos del Estado era un elemento de política económica que el gobierno peronista consideró siempre y buscó poner en practica activamente luego de la crisis económica de 1951-52.

Ya hemos visto, también, los limites de la política de nacionalizaciones respecto de los grandes frigoríficos exportadores, en los que predominaba el capital norteamericano. Por otro lado, y constatando como el caso de los demás servicios públicos, un rubro fundamental que permaneció en manos extranjeras fue la electricidad del Gran Buenos Aires, provista por la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), creada a principios de siglo por inversores alemanes y luego devenida sucursal de un holding internacional con sede en Bélgica (Sofina), pero donde se entrelazaban  capitales, norteamericanos y europeos.

De todas formas, pese a los aspectos de la politica económica peronista y de las concepciones de Perón sobre las que el embajador norteamericano procuraba apoyarse para obtener concesiones, el desarrollo del conjunto de la gestión del gobierno  entraba en conflicto con los intereses empresarios norteamericanos y las ideas económicas que Washington defendía y propiciaba para América latina, aunque no en Europa ni en su propio país. Las compañías norteamericanas y el establishment de Estados Unidos seguía criticando el nacionalismo económico del gobierno.

La posicion oficial del Departamento de Estado era la de oponerse a cierto tipo de desarrollo industrial  argentino que juzgaba ineficiente, así como a su nacionalismo  en el manejo del comercio exterior. Dean Acheson elogiaba la gestión de Messesmith en estos terminos: "el Departamento aprecia mucho los esfuerzos que usted esta haciendo para deslentar de modo manifiesto actividades industriales poco sólidas en Argentina. Esperamos que no pierda la oportunidad de reiterar informalmente a las autoridades locales los puntos de vista de este gobierno con respecto a tales emprendimientos. La tendencia nacionalista y sus implicancias en conexión con la politíca comercial de la Argentina son también motivo de gran preocupación [para nuestro gobierno] que defiende vigorosamente la expabsión y liberalización del comercio internacional.

La política implementada, en particular las normas que regulaban el régimen de repatriación de capitales al exterior a partir de 1947, cuando debido a la inconvertibilidad de la libra esterlina se afectó la posición en dólares del país, no promovio la radicación de empresas foráneas. Los límites a la remisión de utilidades desalentaron el arribo de nuevos emprendimientos, por lo que los flujos de inversión del período predominó la reinversión de ganancias obtenidas en el país. Por otra parte, como hemos señalado, en la inmediata posguerra los capitales extranjeros no se dirigían a América latina )a excepción del petroleo de Venezuela) sino a Europa Occidental y Japón.

Al curso nacionalizador y al "estatismo" de la política comercial argentina se agragaba la política financiera internacional del país.

En 1946 llegó al país una primera misión del Fondo Monetario Internacional para entrevistarse con Perón, quien encargó a un conjunto de técnicos el estudio de la propuesta de incorporación hecha a la Argentina: la adhesión fue descatada. constrastando con Brasil, que participó de su creación y se incorporó oficialmente el 14 de enero de 1946, la Argentina se mantuvo fuera del FMI y del Banco Mundial durante toda la década peronista, e ingresó recién a los organismos financieros internacionales con la "Revolución Libertadora", siendo la última república en adherirse. Perón declararía sobre el Fondo Monetario en su estilo campero que "se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo.

Ya en 1949, y visto el curso de la evolución monetaria y financiera mundial, desde Washington el consejero financiero de la embajada argentina, Antoni Cafiero, afirmaba desde Washington las razones que motivaron la no incorporación argentina, "es importanre tener en cuenta-decia-, al analizar la posición argentina frente al fondo Monetario Internacional, que ya se admite generalmente que esta institución ha fracasado en los objetivos que primariamente se trazó. [...] La ausencia, cada vez más evidente, de convertibilidad monetaria mundial, la extensión  de los acuerdo bilaterales, el fracaso de los esfuerzos para suavisar estos síntomas,  dicen bien claro que están muy lejos de alcanzarse los objetivos para los que fuera creada la Institución. Si analizamos la organización gemela [el Banco Internacional de recontrucción y Fomento] las conclusiones serán las mismas por cuanto es muy poco lo que esta Institución ha hecho en orden de cumplir sus objetivos y más aún, proyectos de fomento de áreas subdesarrolladas del mundo se han enunciado en los Estados Unidos, de manera tal que de aplicarse o llevarse a cabo tendrían a restringir más aún la acción del Banco. La realidad es que  el mundo de los problemas que han creado los planes de ambas Instituciones  y hoy ya se habla de reformarlas para ponerlas a tono con tales desarrollos. Se trataría entonces de dotar al Fondo de funciones contra-ciclicas que hoy le son prohibitivas y de dotar al Banco de funciones de préstamo concebidas no lólo sobre bases puramente utilitarias, sino con un criterio más liberal y generoso que el que actualmente se emplea [...]. Además Miranda y Perón habían declarado que, tras la repatriación de la deuda pública, el Estado  argentino no tomaría préstamos internacionales.

Simultáneamente, el departamento de Estado operaba orientando y regulando de los intereses privados norteamericanos con el objetivo de que  sus actividades no contradijeran el curso de la política exteror norteamercana hacia la Argentina, que a su vez fue modificando. Por ejemplo, en diciembre de 1946 se opuso a autorizar la construcción por parte de una compañía americana de una refineria de petróleo para el Estado, aunque luego autorizó licencias para la compra de maquinas exigidas por esa refinería.

En general el Departamento de Estado no alentaba proyectos de inversión en gran escala y recién a mediados de 1947, en coincidencia con la normalización de las relaciones diplomáticas, los vínculos económicos retomaron los niveles de la preguerra.

También emergían conflictos interestatales; poe ejemplo,  el generado a raíz de las regulaciones argentinas dirigidas a garantizar, en el transporte naval, una proporción igualitaria de tonelaje de embarques a favor de una arina mercante argentina, que el gobierno peronista buscaba ampliar y consolidar. En este caso, los intereses navieros estadounidenses protestaron. Incluso se plantearon medidas de retalización en relación a esta política, como la negativa a vender barcos a la Argentina. También se congelaron negociaciones para un acuerdo de navegación aérea entre los dos paises. Buenos Aires alegaba que washington pedía "cielos abiertos" pero ponia obstáculos al desarrollo de la marina mercante para conservar su dominio en el tráfico bilateral.

Así, en ese primer año del gobierno peronista, si bien se generaron las condiciones para un gran incremento de las importaciones norteamericanas, los objetivos que en materia económico se había propuesto el embajador Messersmith no se lograron. El programa económico del gobierno se había afirmado en una dirección que contradecía los propósitos de Washington. sin embargo, la táctica de operar a través de negociaciones con el presidente y el "ala moderada" del gobierno tratando de aislar a los "extremistas" y, en última instancia, lograr el relevo de estos, y el abandono de las aristas nacionalistas en la orientación económica vigente, la desarrollaria también el nuevo embajador James Bruce desde junio de 1947, en el contexto conflictivo creado para la Argentina por el decreto de inconvertibilidad de la libra esterlina y la puesta en marcha del plan Marshall.