El Estado empresarial argentino. Invierte en infraestructura, investigación básica y aplicada

Lucía Giambroni

Tiempo Argentino [x]

En nuestro país, la inversión estatal en infraestructura aumentó 57 veces entre 2002 y 2014. Los volúmenes de negocios mundiales están hoy 40% debajo de los niveles de 2008.

Argentina prioriza la inversión estatal como instrumento redistributivo y de ampliación de derechos. El país tiene actualmente uno de los mayores niveles de infraestructura pública per cápita al alcanzar U$S 258 por habitante mientras que Brasil que totaliza U$S 155. La Inversión Pública anual en Infraestructura, según el Presupuesto Nacional, creció desde 255 millones de dólares en 2002 a US$ 14.862 millones durante 2014, es decir aumentó 57 veces. La participación de la inversión en infraestructura pasó de una participación del 0,25 al 3,4% del PBI de 2002 a 2014.

A nivel mundial, y especialmente en el marco de la aun vigente crisis de 2008, distintas entidades internacionales han dado una renovada importancia a la inversión en infraestructura. El impacto de este tipo de inversiones genera un amplio circuito virtuoso con la potencialidad de reactivar la actividad económica. Las obras demandan mano de obra e insumos que impactan sobre las ventas de otras compañías, no sólo proveedoras de bienes intermedios sino de bienes finales a través del consumo que promueven los nuevos salarios.

Existen además transformaciones de mediano y largo plazo. En primer lugar se generan mayores grados de comunicación e integración que posibilitan un incremento del flujo de transacciones en el mercado nacional e internacional. Esto representa un estímulo a la producción, ya que opera sobre las expectativas reales. A su vez implican una disminución de los costos empresarios, al tornar más eficientes los sistemas de provisión de insumos, almacenamiento y distribución. De esta manera se observa un impacto en competitividad reflejada en el precio de venta final que actúa sobre el otro eslabón, los consumidores finales. He aquí otro impacto del mediano plazo: la reducción en los precios de venta de los bienes de consumo que libera una nueva porción del ingreso.

Con esta descripción resulta fácil imaginar por qué los foros internacionales devuelven la centralidad a este instrumento. Sin embargo si tomamos las nociones que aún imperan entre los Organismos multilaterales de crédito; o en foros como el G-20, apreciamos una definición limitada y sesgada en la valorización y el rol que se le da a la inversión en infraestructura. Si bien el argumento es la ampliación del umbral de desarrollo, en el caso de América Latina u otros mercados emergentes, la infraestructura es tratada como un negocio que el Estado debe garantizar a inversores extranjeros para lo cual se requiere legislación laxa en términos de reinversión y transferencia a casas matrices.  En el documento "Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual" (Rozas y Sánchez 2004) vemos claramente esa posición:  "una eficiente provisión de servicios de infraestructura constituye uno de los factores más relevantes de las políticas de desarrollo, ello se verifica especialmente en aquellos países que han orientado su crecimiento hacia el exterior".

En la actualidad, los volúmenes de inversión mundial están un 40% debajo de los niveles de 2008. La última cumbre del G-20 se creó una Iniciativa Global de Infraestructura con la finalidad de fortalecer la inversión pública, pero principalmente para atraer la inversión privada. Es decir, se reconoce la importancia de la infraestructura para la generación de empleo y demanda como dinamizador para las economías estancadas, sin embargo se promueve para tal fin el estímulo sobre la oferta, sobre el capital privado, para encabezar esta inversión. Sin embargo de acuerdo a datos de la FED en el período 1980-2007 se observa una enorme creación de activos financieros, que no implicó un aumento proporcional de los volúmenes de inversión globales, medidos como porcentaje de PBI mundial, de hecho hasta 2007 la inversión real representaba un cuarto de los activos financieros. Esto desecha claramente la idea de que la creación de instrumentos financieros y de ahorro canalizados hacia la oferta estimula la inversión. De hecho, lo que se observa es una "financierización" de la economía global en desmedro del circuito real, situación que describió el Ministro de Economía argentino durante la cumbre.

La fuerte participación en nuestro país del Estado en la inversión se comprueba de modo irrevocable al medir la inversión pública estatal en infraestructura que pasó del 0,25% al 3,4% del PBI de 2002 a 2014.

Es ilustrativo de los tiempos que corren finalizar con una reflexión con respecto al rol del Estado como inversor. La misma es expuesta por Mariana Mazzucato, economista y docente en la Universidad de Sussex, Inglaterra, en su libro El Estado empresarial. Allí expone la dicotomía Capital Público versus Privado, el primero asociado en general al gasto básico de servicios y el segundo a los riesgos y a la innovación. Sin embargo, destaca, las herramientas más novedosas y masivas como internet, GPS, pantallas táctiles y nanotecnología surgieron de la inversión pública. El Estado ha hecho más que su tradicional función de cubrir las fallas del mercado: ha creado mercados y tecnologías. La autora detalla que el Estado "financió no sólo la investigación básica, que es un bien público típico, sino incluso la investigación aplicada. Fue incluso, Dios no lo quiera, un capitalista de riesgo."

Debido a los plazos de recupero que implican las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, es el Estado el que con una perspectiva de largo plazo puede invertir en proyectos de alto riesgo que con el tiempo tendrán una recompensa mayor que los dividendos y la rentabilidad. Un ejemplo exitoso es Arsat y el lanzamiento del primer satélite Geoestacionario nacional.

*Integrante del GEENaP