Argentina: Monopolio denunció penalmente a periodistas y después retrocedió

Emilio Marín
La Arena

“¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?”


La vieja estocada de Néstor Kirchner sirve para entender las actitudes políticas del monopolio. Denunció a periodistas y funcionarios, y luego retrocedió, al menos respecto a los primeros. Está nervioso y pierde la compostura. Y tuvo dos fracasos notables.
 
 El grupo dominante en los medios tuvo dos traspiés en la órbita judicial, pero también en las comunicaciones y la política. Ese resultado devino de dos jugadas en simultáneo realizadas por los abogados de Clarín: una ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta “denegación de justicia” y otra ante la justicia penal contra periodistas y funcionarios por supuestas “coacción agravada” e “incitación a la violencia” donde el monopolio sería víctima. Ambos asuntos están íntimamente vinculados, pues el holding fue al alto tribunal, con un “per saltum” de hecho, como comentó esta columna el domingo 25, quejándose en forma indebida por lo que juzga amenazas a sus intereses corporativos por la ley democrática de medios. Y el ataque a los periodistas reconoce esa raíz común, pues se trata de comunicadores que adhieren a la referida ley, la 26.522, y formulado votos para que entre plenamente en aplicación, una vez que se superen las trabas del monopolio.
 
 Todo depende del cristal con que se mire. Joaquín Morales Solá, por ejemplo, en “tribuna de doctrina” ganadera y bursátil, entendió que el fallo de la CSJN fue una victoria de Clarín. Escribió: “la Corte abrió ayer un período de 15 días mucho más dinámico y justo que el que ya parecía inevitable. Es un avance importante para la modernidad de la justicia argentina en general. En particular, esa nueva jurisprudencia podría caer también sobre las muchas causas colaterales abiertas sobre la ley de medios. No hubo una, sino dos noticias que ayer le arrebataron al cristinismo una fiesta demasiado prematura”.
 
 El hombre de los dos amores (columnista en “La Nación” y con programa en TN) no quiere entender que el alto tribunal no acogió el punto de vista de “denegación de justicia” alegado por su patronal. Y en una resolución de cinco puntos ordenó al juez Horacio Alfonso que falle cuanto antes sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la ley, cuestionada por Héctor Magnetto. Se urgió así un fallo definitivo para no dar más tiempo a las cautelares en este importante asunto. ¿Y quién es el que apeló a esa clase de recursos más de la cuenta, más de tres años?
 
 Por otro lado la Corte pidió a la Cámara Civil y Comercial que sortee a los magistrados de ese fuero que deben resolver sobre la prórroga de la “cautelar” solicitada por la empresa. Si el juez Alfonso resuelve la cuestión de fondo, habrá apelaciones casi con seguridad y eso llegará a la mencionada Cámara. Y si esa resolución se demora, el 7 de diciembre o antes, ese ámbito superior tendrá que fallar sobre la cautelar. En este punto la Corte Suprema ya se expidió el 22 de mayo pasado: el 7-D vence ese privilegio del “peso pesado” de las comunicaciones.
 
 ¿Dónde está entonces la supuesta victoria del monopolio de la que se jacta Morales Solá? La confusión de sus expresiones de deseos con los hechos judiciales y políticos lo dejó totalmente en offside. Festeja un gol inexistente, como el pobre Keko Villalva en el partido de River con Argentinos Juniors.
 
 Y la derrota más contundente y difícil de ocultar para el columnista que supo ser amigo del general Domingo Bussi, fue en la denuncia penal de Clarín contra periodistas críticos de sus manejos monopólicos. Fue una metida de pata monumental, criticada por casi todo el espectro mediático, político, cultural, de derechos humanos y hasta por dependientes de Magnetto. Si esa jugada del monopolio hubiera tenido un milímetro de razonabilidad o al menos para tratar de demostrarla, esos empleados suyos la habrían defendido. Hasta ellos declararon que les parecía una denuncia errónea que ponía en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa. A confesión de parte.
 
 Marchas y contramarchas
 
 Los dueños del diario de mayor tirada, controlantes de la mayor fábrica de papel para diarios “Papel Prensa” y 240 licencias de TV por Cable, 4 de TV abierta, 9 radios AM y 1 FM, denunció a los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca, Roberto Caballero y Javier Vicente.
 
 El “delito” de este último, poco conocido relator de “Fútbol para Todos”, fue decir que la cadena ilegal se terminaba el 7 de diciembre. Caballero, director de Tiempo Argentino y con programa en Radio Nacional, ha escrito mucho en contra del monopolio, lo mismo que los otros comunicadores del panel de 678 en por la Televisión Pública, entre otros trabajos.
 
 Pero eso no daba lugar a la denuncia que presentaron los letrados Hugo Wortman Jofré, José María Sáenz Valiente y Alejandro Pérez Chada, por el delito de “incitación a la violencia colectiva. (art. 212 del Código Penal) y el de “coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis de ese Código.
 
 Que quede claro, porque las ulteriores contramarchas de los denunciantes puede inducir a cierta confusión: esos periodistas fueron denunciados penalmente, en la causa 12383/2012, que recayó en el Juzgado Federal 9 del juez Luis Rodríguez. Si esos abogados hubieran tenido inteligencia política deberían haber centrado su embestida solo contra funcionarios y políticos oficialistas, como el ministro de Justicia Julio Alak, el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el presidente de Afsca Martín Sabbatella, el diputado Edgardo Depetri y el legislador porteño Juan Cabandié.
 
 Al meter a todos en la misma bolsa, con altas penas de cárcel que eventualmente podrían corresponderles a los denunciados en caso que prosperara la denuncia, Wortman Jofré y asociados generaron un escándalo político mucho más allá de los límites tribunalicios.
 
 Es que los organismos de derechos humanos, gremios pluralistas y gente de la cultura se pronunciaron inmediatamente en solidaridad con los imputados. Muchos comunicadores hicieron lo propio, desde el momento en que trascendieron los hechos, incluso algunos con ADN magnettista, como Ernesto Tenembaum, Nelson Castro y Samuel Gelblung. El prestigioso CELS, presidido por Horacio Verbitsky, tomó con su equipo de abogados la defensa de los periodistas amenazados, lo que supuso una garantía de condición democrática y eficacia en esta causa. Aunque se trata de entidades que comparten casi cien por ciento la defensa de las posiciones monopólicas de Clarín, también tomaron distancias la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Sociedad Interamericana de Prensa. El comunicado de la SIP, firmado por Claudio Paolillo, sostuvo: “el Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del Gobierno. Pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”. El papelón salpica a la propia SIP, pues en su última asamblea en San Pablo resolvió enviar una misión a Argentina, el 7 de diciembre, pedida por Clarín y en protección de sus intereses. Ahora debió deslindarse de su socio argentino.
 
 Las ojotas y la cobardía
 
 Frente a la reacción tan masiva y representativa, nacional e internacionalmente, los abogados Wortman Jofré y Pérez Chada, tuvieron que retroceder, planteando que “no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”. Un comunicado de ambos precisó que, a diferencia del planteo inicial, “no se busca imputar a periodista alguno, éstos sólo serán testigos”.
 
 Como la bola de nieve siguió cayendo sobre sus cabezas, cada vez más grande, otro de los letrados, Sáenz Valiente, anticipó que irían al juzgado de Rodríguez a hacer una tercera presentación: esta vez los periodistas no serían siquiera citados como testigos.
 
 En la versión on-line de Clarín de ayer se podía leer un nuevo comunicado de la empresa, corroborando esos retrocesos: “Por eso ayer (por anteayer) aclaramos que los periodistas fueron mencionados sólo como potenciales testigos. Y hoy (por ayer), además, desistimos de proponerlos incluso como testigos, para que nadie pueda malinterpretar ese hecho o sentirse intimidado”.
 
 Como es costumbre en el monopolio, nunca pide disculpas ni hace una autocrítica sincera. Todas serían “malinterpretaciones” o sentimientos equivocados de “intimidación” de la otra parte. Lo cierto y concreto es que la denuncia penal existió. Parafraseando al monopolio: “no es sensación de inseguridad, es inseguridad” lo que han vivido esos periodistas. Y seguirán viviéndola salvo que antes del 5 de diciembre los denunciantes rectifiquen tan ominoso proceso, que pretende intimidar a aquellas personas y, por elevación, al resto de los que tienen una opinión crítica sobre los apropiadores de “Papel Prensa”. Fue muy importante la reacción oportuna y democrática de tantas entidades en defensa de los colegas denunciados en forma tan grave como injusta. Es de desear que, con la defensa del CELS, y en función de estos pasos atrás dados por Clarín, el juez cierre ya el expediente.
 
 Esa defensa, por supuesto, no debe ser entendida en forma corporativa de “todo” el periodismo, en general, como es la postura de Morales Solá. En esta profesión u oficio también hay elementos y medios que violan las leyes, por ejemplo la de servicios de comunicación audiovisuales. Y si la transgreden, por ejemplo no adecuándose antes del 7 de diciembre, no debería haber con ellos ningún tipo de solidaridad ni comprensión. Eso sí serían delitos...
 
 También cabe aclarar algo obvio. El aval a Barone y Russo no entraña una identificación absoluta con cada una de sus intervenciones en 678 que, al menos para este cronista, a veces dejan que desear, por lo hiper oficialistas y superficiales.
 
 Volviendo al grupo. Su situación es complicada, legal y políticamente. “¿Estás nervioso, Clarín?”, le preguntó Néstor Kirchner años atrás. La respuesta es sí, está muy nervioso y se vio obligado a retroceder. Lo hizo torpemente, como si lo estuviera haciendo en ojotas, una técnica dificultosa, sobre todo cuando hay riesgo y se necesita velocidad. Por último, hay que dejar constancia de que lo de Clarín fue de una cobardía extrema. Es que enfiló su denuncia penal contra periodistas relativamente menos conocidos. Si hubiera coherencia en su CEO, Magnetto, tendría que haber querellado a Verbitsky, Víctor Hugo Morales, Tristán Bauer, Osvaldo Bayer, Mario Wainfeld, Carta Abierta, Página/12 y otros medios.
 
 Habría sido meterse con personalidades de mayor calado. Optó por acusar a otros comunicadores, también importantes, a los que juzgó más vulnerables. También en esto le fallaron los cálculos: en la Argentina de hoy hay una mayor conciencia política y se defiende a todas las voces democráticas. Clarín sigue sin entenderlo.