Poder de decisión
Roberto Follari (*)
APAS
La presidenta argentina decidió expropiar acciones de la multinacional Repsol -de origen español- en la petrolera YPF, y recuperó así la soberanía estatal sobre más de la mitad de la empresa. Así se garantiza el poder del Estado sobre las decisiones que hacen al estratégico recurso energético en cuanto a su exploración, extracción y procesos de distribución nacional y de exportación.
Pronto se advirtió el apoyo ampliamente mayoritario del pueblo argentino a la medida, tanto como la empecinada oposición del conglomerado mediático hegemónico. Este último quedó tan descolocado, que su estrategia consistió en pasar todo el tiempo en Argentina la televisión española, intentando que el punto de vista de los empresarios hispánicos fuera tomado como propio por la población argentina, planteando un contrasentido difícil de concebir.
La gritería del gran empresariado español -respaldado por el gobierno retrógrado del Partido Popular (PP) y un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) convertido en la representación de los grandes propietarios hispánicos-, no alcanza a tapar los escándalos de la anacrónica realeza ibérica, ni las políticas de ajuste permanente en que se ha establecido el actual gobierno peninsular con casi 50 por ciento de jóvenes desocupados.
Por otro lado, las promesas de grandes actos de revancha en el plano económico chocan con que España no cuenta con qué hacerlos, y que el resto de los gobiernos europeos tienen que proteger al mismo tiempo los privilegios de las multinacionales como Repsol y los intereses presentes en sus intercambios y acuerdos comerciales con Argentina y el resto de Latinoamérica, por lo cual sus rechazos tienen limitados alcances e intensidades.
Las oposiciones políticas argentinas, en algunos casos por convicción y en otros por oportunismo, mayoritariamente han decidido apoyar la trascendental medida. Un recurso tan decisivo para el desarrollo como es el petróleo pasará a ser controlado por la Nación, y casi todos prefieren sumarse a la ola de apoyo poblacional a la medida. Sin embargo, a los opositores no les faltan los "peros". Que por qué la medida no se tomó antes, por qué no se controló más a la empresa, o por qué no se define más la política energética global a seguir...
Hay en las oposiciones la situación del enano que se sube a los hombros del gigante. Es obvio que ninguna de las oposiciones en Argentina pudo haber tomado una medida como ésta; muchos porque no están convencidos, algunos -casos de Fernando “Pino” Solanas o de Hermes Binner- porque carecen por completo del poder para imponer una medida de este tipo, como les ocurriría incluso con alguna de mucho menor peso socioeconómico que ellos debieran sostener por sí mismos.
Por eso, las pretensiones opositoras de hacer correcciones al proyecto legislativo oficial son -no totalmente, pero sí en lo mayoritario- no otra cosa que pretextos para tratar de lograr algún protagonismo respecto de una decisión con cuyo origen no han tenido que ver. Buscan conseguir algún calor cerca del fuego abierto por la medida de la presidenta.
Sobre las críticas parciales al proyecto -al que muchos opositores declaran que aprobarán en general, pero discutirán en el articulado singular-, muchas son insustanciales. "Por qué no se tomó esta medida antes" -como si se pudiera tomar esta medida a la vez que se estatizan los dineros apropiados por las privadas Administradoras Federales de Jubilaciones y pensiones (AFJP), o con la enorme puja que significó la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)-; "por qué no se controló mejor la empresa" -como si los mecanismos para controlar desde el Estado a empresas privadas permitieran fuerte intervención sobre las mismas-; "es dinero para la caja oficial" -pretensión de identificar una medida estratégica para el Estado como medida inmediatista de gobierno; si lo fuera, mucho más fácil sería endeudarse como lo han hecho algunas oposiciones cuando fueron gobierno-.
En fin, la valentía para tomar una medida que conlleva reacciones como ésta, el actual gobierno argentino la ha mostrado sobradamente. Desde tiempos de Néstor Kirchner, cuando se abrió la ardua negociación sobre deuda externa que permitió ahorrar miles de millones de dólares al fisco, al posterior otorgamiento por Cristina Fernández de la Asignación por Hijo, el impulso a la Ley de Matrimonio Igualitario o la estatización de Aerolíneas Argentinas -más las ya referidas LSCA y reestatización de los fondos jubilatorios gestionados privadamente-.
El actual gobierno argentino es -por amplia diferencia- el más vituperado y atacado por décadas en ese país. Con clara razón: es el que ha modificado definidamente el statu quo. De tal modo, la airada reacción es proporcional a la acción realizada; los gobiernos que nada mueven, no llevan a que los poderes establecidos se les opongan.
Cabe decir "ladran, Sancho", entonces. Señal que cabalgamos, que en la Argentina no estamos quietos siguiendo las habituales recetas a través de las cuales los poderes económicos suelen subordinar al poder político, al punto de gobernar ellos a través de terceros. Aquí, en cambio, hay democracia en serio, en la medida en que por una vez el poder político delegado por el voto popular es el que subordina a esos poderes de hecho que nadie votó, pero que tantas veces se imponen.
(*) El autor el Dr. En Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, y en posgrados de diversas universidades argentinas y latinoamericanas.