Últimos secretos de los fusilamientos de 1956

Por María Seoane
para Clarín
Publicado el 4 de junio de 2006

El 9 de junio de ese año, militares y civiles se sublevaron contra el gobierno del general Aramburu. La represión fue cruenta: la mayoría de los insurrectos fueron asesinados ilegalmente. Aquí se revelan testimonios exclusivos y cómo se adulteraron los registros oficiales para legalizar el fusilamiento de Valle.

Podría llamarse "la evidencia" este libro titulado "Detenidos especiales, 1956" de la Penitenciaría Nacional— bajo la órbita del Ministerio de Justicia, en el archivo del Servicio Penitenciario Federal— que está hoy guardado en el Museo Penitenciario, en el barrio de San Telmo. Contiene una prueba que ratifica, medio siglo después, que la represión estatal al levantamiento revolucionario de militares y civiles peronistas comandados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco y el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno entre el 9 y el 12 de junio de 1956 fue ilegal y se buscó la impunidad de los delitos al borrar u ocultar registros. 

Este libro es, sin duda, una huella más de lo que se supo ya entonces a través de la investigación del periodista y escritor Rodolfo Walsh, publicada en artículos desde enero a marzo de 1957, y que luego constituyó su célebre libro "Operación Masacre". Pero ratifica que los procedimientos usados por la Revolución Libertadora, comandada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, que derrocó al gobierno constitucional de Juan Perón en setiembre de 1955, fueron un anticipo, aún excepcional pero premonitorio, de los métodos represivos clandestinos que amplificaría hasta la tragedia el estado terrorista nacido en marzo de 1976.

Los hechos
Corría noviembre de 1955. Perón había comenzado su exilio que se prolongaría 17 años. El cadáver de Evita había sido secuestrado de la sede de la CGT donde reposaba, embalsamado. Por ley no se podía nombrar a Evita ni a Perón ni al peronismo, entre otras prohibiciones. Había sido anulada la Constitución de 1949, que daba rango constitucional a los derechos económico-sociales y había miles de presos políticos. Muchos militares peronistas fueron encerrados en el vapor-prisión Washington, anclado a varios kilómetros aguas adentro del Puerto de Buenos Aires. Allí estaban castigados y aislados los generales Valle y Tanco, entre otros oficiales. Allí comenzaron a conspirar para diseñar un movimiento que exigía el cese de la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los miles de presos políticos. Esa fue la génesis del movimiento que comenzaron a gestar con fuerza en el verano de 1956. Los jefes indiscutidos del movimiento eran los generales Valle y Tanco y oficiales como los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínez, Ricardo Ibazeta y el capitán Jorge Costales, entre otros. 

El historiador Norberto Galasso contará que tanto Aramburu como Rojas, su vicepresidente, tenían información de la conspiración: que decidieron no abortarla para "dar un escarmiento". Tal es así que en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el decreto 10.362 que decretaba la Ley Marcial, y preparados los decretos 10.363/56, que establecía la pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados. Los decretos estaban preparados porque eran correlativos y fueron publicados así en el Boletín Oficial con posterioridad. 

Valle y Tanco, que estaban ya en la clandestinidad, deciden lanzar antes de que fuera tarde la asonada. La señal la daría la lectura de la proclama revolucionaria, a las 23 del 9 de junio. A esa hora comenzaba la tradicional noche de boxeo sabatina en el Luna Park, lo que hizo que la instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción debía ser escuchar la pelea de Lausen. El equipo de Valle para esa tarea estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, fue secundado por el capitán Costales y se sumaron varios civiles. Eran las diez de la noche. La radio debía instalarse en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. A las 22.30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama sólo pudo ser escuchada en La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux. 

Otros lugares de la rebelión— ver infografía Rebelión y represión ilegal— fueron: Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, bajo la dirección del sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, comprometida por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, responsabilidad de Cogorno y el grupo de civiles, entre otros, que debía operar en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron los Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe— Rosario y Rafaela—, Río Negro—Viedma—, para citar algunos. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso para lograr apoyo, inútilmente, y debe luego huir y esconderse. Mientras el general Valle se oculta en la calle Corrientes, en la Capital, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y había fracasado. 

Todos los levantamientos ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 0.32 del 10 de junio la Ley Marcial, un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la ley marcial a los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. 

Los fusilamientos estaban decididos por el gobierno de Aramburu. En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4, se asesina a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Súarez le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren. Uno de los sobrevivientes,, Juan Carlos Livraga, será el "fusilado que vive" que permitirá a Walsh reconstruir la historia. En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu— que había regresado ya a Buenos Aires el 10 al mediodía—sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno, entonces, firman el decreto 10.364 que detalla la lista de once militares que deben ser fusilados. Este es el único documento que queda oficialmente inscrito en la historia. No existen registros de esos juicios sumarios. No existe hoy registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte de esos argentinos. 

El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le toca al antiperonista capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo. A las 14 horas de ese día, Valle ingresa con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el general Lorio. Después, Valle es enviado a la Penitenciaría Nacional. El actual director del Museo Penitenciario, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recuerda que "el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares" en la vieja cárcel de la Avenida Las Heras. Que Valle fue alojado en el sexto piso. Que el clima en el penal se "cortaba con una gilette" por lo tenso. Que recuerda que la última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle (ver "Que digan nomás..."Pág. 35) Ese 12 de junio, a las 22,20 Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Ni registro de los responsables. 

El 13 de junio, cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Briere. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), general Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Briere logró salvarlos. El saldo de esas setenta y dos horas de junio del 1956 fue trágico y premonitorio: 18 militares y 13 civiles asesinados. (ver Rebelión y represión ilegal. Pág. 35) 

La evidencia final
El 24 de mayo de 2006, el patio del Museo Penitenciario estaba iluminado por el sol del otoño. El alcalde Benegas despliega el libro de "Detenidos especiales". Se asombra ante la pregunta: 

— ¿Alcalde, por qué la entrada de Valle a la Penitenciaría y su fusilamiento el 12 de junio del 56 aparece intercalado en los registros del 57?.

— No sé, me extraña. Pero esto no lo manejamos directamente nosotros.

Lo cierto es que quien manejaba ese registro en 1957 debió anotar apresurada y desprolijamente el nombre de Valle para legalizar que había sido fusilado allí. ¿Por qué? El registro de Valle es el de preso político 4.498. Está asentado debajo del registro 4.497 que corresponde a un tal Amílcar Darío Viola, ingresado al penal el 26 de abril de 1957. Luego, el registro salta al 4.499, de un tal Carlos Vázquez, cuyo ingreso ocurrió el 8 de octubre de 1957. ¿Qué ocurrió en abril de 1957 para que el registro de Valle fuera introducido atropelladamente? Por esa fecha, Walsh ya había logrado que estallara la polémica por los asesinatos en los basurales de José León Suárez. El 24 de abril de 1957, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo en el caso Livraga: pasar todas las actuaciones a la Justicia Militar. Al mismo tiempo que pasaba la responsabilidad estricta de esos fusilamientos a los militares, cerraba el camino en la justicia civil. En abril de 1957, además, Arturo Frondizi hacía un pacto con Perón para ganar en las elecciones que terminarían con la dictadura de Aramburu.

Comenzaba otro tiempo. Por poco tiempo. 

***************
Las pruebas olvidadas

El libro de Detenidos especiales, o presos políticos, corresponde a los archivos de la desaparecida Penitenciaría Nacional. El libro ahora reposa en el Museo Penitenciario que dirige el alcalde mayor retirado Horacio Benegas. Sus páginas contienen los ingresos, la proveniencia, por orden de quién, tiempo de prisión y egreso de los presos políticos del año 1956 y 57. Allí se lee el ingreso del general Juan José Valle bajo el número de preso político 4498. Se asienta que lo trajeron de la División Motorizada del Ejército, por orden del Poder Ejecutivo el 12 de junio de 1956 y que fue fusilado en esta unidad el mismo día. Pero esa fecha está intercalada, alterando la cronología de otros registros que corresponden al año 1957. 

"Que digan nomás: 'El Presidente duerme'"

Valle y Aramburu ingresaron juntos al Colegio Militar de la Nación. Allí se conocieron, eran compañeros de banco hasta que egresaron como subtenientes. Entonces, los unía una fuerte amistad. Compartían juntos con sus familias largos veraneos en Mar del Plata. Años más tarde, con otros generales, participaron en la constitución de una sociedad para la construcción de un edificio en las calles Presidente Perón y General Urquiza, en Mar del Plata. Pero tomaron caminos diferentes: Valle fue un peronista de la primera hora en 1945. Aramburu mantuvo el alineamiento liberal conservador que marcó al Ejército argentino siempre. La esposa de Valle imploró clemencia la noche el 12 de junio de 1956, apelando al viejo amigo. La respuesta fue la consigna: "El Presidente duerme", que después el poeta José Gobello transformará en una poesía que exprese de alguna manera toda la tragedia humana que envolvió a los Valle y que, cuando Aramburu sea asesinado por la guerrilla de Montoneros en 1970, también atravesará a la familia del Presidente que calló a la hora señalada.


Susana Valle: "El cuerpo lo trajo el cura Devoto"

Tenía 18 años cuando lo vio a su padre por última vez en una celda de la Penitenciaría Nacional. Medio siglo después recuerda: "A mi padre lo fusilan a las 22.20 del 12 de junio. Pude despedirme de él. Me vio llorar. Me paró. Y me pidió un pucho. Yo estaba cuando el párroco de la iglesia Santa Elena, en la calle Seguí, donde íbamos, viene a confesarlo. Era Alberto Devoto, que lloraba, pobre. Mi padre le dice a Devoto: 

—No llore padre, si usted me enseñó que en la otra vida se está mejor. ¡No me haga dudar ahora!.

"Después, viene un milico y me da 12 mil pesos. Yo le dije: métase la plata en el culo. Pero mi papá dijo: 'llevala, no se la vamos a dejar a éstos. Dásela a tu mamá.'. El cuerpo de mi padre me lo dan al otro día. Nos lo trae Devoto, que después fue obispo de Goya. Lo velamos en nuestra casa, llena de espías".

***************

Hector Marcelo Candido: "Me ordenaron fusilar a gente que estimaba"

En 1956, tenía 21 años y vivía en Castelar. Cándido era aspirante de tercer año en la Escuela de Mecánica del Ejército. Le tocó fusilar. Medio siglo después, contó a Clarín: Ese sábado 9 de junio del 56 estuve de franco y volví a mi regimiento a la medianoche porque el domingo entraba de guardia hasta el lunes 11. Yo estaba en la Escuela de Mecánica del Ejército, en la calle Pichincha. Desde Once tuve que ir caminando porque la ciudad estaba toda convulsionada. Y cuando estaba cerca del Regimiento tuve que identificarme para poder llegar. Adentro era un lío. Entramos de guardia y ya habían pasado muchas horas de ese día, cuando viene un aspirante más antiguo y se pone a señalarnos: '¡A ver, vos, vení, y vos, y vos!'. Vamos con él hasta un descampado donde había un ombú. Nos cargan fusiles y nos los dan. Nos hacen formar grupos de tres o cuatro aspirantes, creo que todos éramos aspirantes. Y nos ponen delante de cuatro suboficiales. Ahí recién me doy cuenta que los íbamos a ejecutar. Fue una ejecución simultánea, tres o cuatro de nosotros para cada uno de los suboficiales. A mí me tocó pararme delante de Ernesto Garecca, a quien conocía bien y lo estimaba. Había un general por ahí — tal vez (Ricardo) Arandía— además del oficial de servicio a cargo de los cuatro pelotones. Era una locura. Cuando estábamos a punto de disparar Garecca se abre la camisa, desafiante. Nosotros estábamos rodilla en tierra. Disparamos. Hugo Quiroga salió caminando con todas las balas encima. El oficial le fue a dar el tiro de gracia pero la pistola se le trabó, entonces se acercó el general ése y le prestó su pistola. Garecca tampoco murió enseguida, se movía. Una locura... Cuando me paré largué una maldición: creí que me iban a sancionar, pero no: todos estábamos shockeados".

Esa 11 de junio, Cándido se juró que llevaría flores a los cuatro fusilados. En 1957, egresó de la Escuela. Desde 1959 hasta 1984 revistó en el Regimiento 8 de Tanques en Magdalena. Y ahí, aún, sigue viviendo. 

Enrique Arrozagaray. Especial para Clarín

***************

1956-1976: la misma violencia
Por Norberto Galasso

Los fusilamientos de junio de 1956 ofrecen tantas analogías con la represión desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del genocidio y no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional "de mano dura", en una época de fuertes tensiones sociales. Se trató, en ambos casos, de la instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por los grandes poderes nativos y extranjeros. La coincidencia es aún mayor si se observan los métodos represivos y el grado de crueldad empleado. Porque la conspiración cívico-militar de 1956, encabezada por el general Valle había sido infiltrada y el gobierno supo con antelación dónde y cómo iba a estallar la rebelión. Pudo haberla abortado pero prefirió dejarla avanzar para aplicar un severo "escarmiento". Por esta razón, el general Aramburu— quien había viajado en avión, el 8 de junio a Santa Fe— había dejado firmado el decreto de Ley Marcial, pero su promulgación se demorará para esperar el levantamiento. Cuando se produce, ya están encima las fuerzas represoras y, salvo el coronel Oscar Cogorno, en La Plata que copa el regimiento y recién es apresado el día 10, los rebeldes son detenidos de inmediato. Este "dejar hacer" para luego actuar con celeridad represiva genera una contradicción: los insurrectos ya están detenidos cuando, horas después, se decreta la Ley Marcial que, por tanto, no les es aplicable, dada la irretroactividad de la ley penal. Sin embargo, se los fusila, violando las disposiciones que la misma dictadura ha sancionado, lo cual evidencia que el proyecto no es "restablecer el orden", sino matar. Por otra parte, la Ley Marcial establece que a todo perturbador se le hará juicio sumarísimo para determinar si corresponde aplicarle o no la pena de muerte. Así procede el general Lorio, en Campo de Mayo y constituye un Consejo de Guerra que decide absolver a los sublevados. Pero el ministro Osorio Arana le comunica a Lorio que los fusilamientos han sido decididos por el Poder Ejecutivo. Algo semejante ocurre en la Escuela de Mecánica del Ejército, en Avellaneda y en Palermo. Ante el pedido de hacer cumplir las sentencias de absolución, Aramburu—quien ha regresado a las 13 y 45 del 10 de junio— da la orden de decir la siguiente consigna: "El Presidente duerme". En los basurales, en José León Súarez se repite la orden de fusilar sin juicio o sumario alguno a los civiles detenidos: las víctimas son dos obreros ferroviarios, un obrero portuario, un empleado de comercio y un muchachito de 21 años. La barbarie de las ejecuciones al margen de la ley emparenta esa tragedia del 56 con la matanza que siguió a marzo de 1976.