Los olvidados parentescos de la CDU alemana
Por Rafael Poch
para CTXT (España)
ùblicado el 6 de marzo de 2020
Si la extrema derecha se está abriendo paso tan fácilmente en el panorama alemán, es porque siempre estuvo cómodamente instalada en el centro mismo del Estado
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Hans Globke (2ª fila, en el centro) y el ministro del Interior nazi (1ª fila, 3º por la izda) en Bratislava en 1941.
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En febrero los cristianodemócratas alemanes votaron junto con los neonazis y compañeros de viaje de la Alternative für Deutschland (AfD) en la región de Turingia. El episodio ha hecho correr mucha tinta, pero lo principal no se ha dicho. El establishment alemán reaccionó con escándalo. Se habló de la “ruptura de un tabú” y del fin del “cordón sanitario” que, según decían, aislaba a los ultras de los partidos del centro. Pero, en realidad, a lo que hemos asistido no ha sido a un escándalo. De lo que se trata es de un colosal ejercicio de hipocresía y amnesia sobre la propia genealogía.
La extrema derecha alemana ya dispone del mayor grupo parlamentario ultra de Europa (94 diputados en el Bundestag) y de presencia, en ascenso, en todos los 21 parlamentos regionales y de ciudades-Estado, excepto el de Hesse. Si se está abriendo paso con tanto éxito y facilidad en el contexto de la crisis de la UE y de los grandes partidos históricos (CDU y SPD), no es por casualidad ni en virtud de algún indescifrable misterio, sino porque el extremismo de derechas siempre estuvo implantado en el mismo centro del Estado alemán. Y eso desde la posguerra hasta el día de hoy.
Galería de ilustres
Los exnazis tuvieron una implicación central en la construcción de la República Federal Alemana. Su participación en el sistema de partidos de posguerra, y en especial de la CDU, fue fundamental, pero ese parentesco, sin el que la actual derecha alemana es incomprensible, es ignorado por sus protagonistas.
Así, el expresidente de la región de Hesse Roland Koch afirma tranquilamente en un artículo que su partido, la CDU, “fue fundado como bastión contra el fascismo y el comunismo” y la presidenta del partido Annegret Kramp-Karrenbauer (Frau KK) ha dimitido de su puesto mencionando la “poco clara relación de sectores de la CDU con la AfD”. ¿Ignora Frau KK la historia de su partido en su propia región, el Sarre, de la que fue presidenta durante siete años?
La relación histórica de la CDU con la extrema derecha no es “poco clara”. Al contrario, es clarísima: en el primer grupo parlamentario de la CDU del Sarre, constituido en 1955, más de la mitad de los diputados eran antiguos nazis. En 1957 el presidente del grupo parlamentario cristiano-demócrata del Sarre era Erwin Albrecht, un juez carnicero responsable de 31 sentencias de muerte contra judíos de Praga. ¿Ecos de la política alemana de provincias en los lejanos años cincuenta? En absoluto. La implicación de los exnazis en la CDU y en los puestos de mayor responsabilidad de la República Federal de Alemania (RFA) es enorme y alcanza hasta los más altos puestos del Estado:
Kurt Georg Kiesinger fue presidente del gobierno de Baden-Württemberg (1958-1966), canciller federal (1966-1969) y presidente de la CDU (1967-1971). Desde 1933 fue miembro del partido nazi y de las SA. Walter Scheel, del partido liberal FDP, fue presidente de la República (1974-1979), ministro en sucesivos gobiernos y vicecanciller pese a haber sido miembro del partido nazi. Hans Karl Filbinger, exjuez nazi, fue presidente del gobierno de Baden-Württemberg (1966-1978) y vicepresidente de la CDU. El democristiano Karl Carstens, miembro de las SA y del partido nazi, fue presidente del Bundestag (1976-1979) y presidente de la República (1979-1984). El liberal Hans-Dietrich Genscher, de la FDP, el ministro más longevo de la RFA con socialdemócratas y democristianos, presidente de su partido, también fue miembro del partido nazi. Richard Stücklen, cofundador de la CSU bávara, fue ministro de comunicaciones (1957-1969) y presidente de la CDU (1967-1971). Adquirió su carnet del partido nazi en 1933.
Hans Globke, el número dos del canciller Adenauer, secretario de Estado y eminencia gris de la cancillería, el hombre que puso en marcha la nueva policía política de la RFA, el Verfassungsschutz, y organizó el embrión de los futuros servicios secretos, el BND, era un jurista nazi que participó en la redacción de las leyes racistas que determinaban quién era judío, en las que luego se basarían los carniceros del Holocausto. El asunto era tan flagrante que el fiscal general de Hesse Fritz Bauer, un hombre con una trayectoria y personalidad extraordinaria, inició un sumario contra él en 1961, proceso que el propio Adenauer detuvo.
Konrad Adenauer, primer canciller federal, fundador de la CDU y padre de la patria no fue un nazi, pero en 1932 abogaba por una coalición de todas las fuerzas “conservadoras” y de “centro”, categorías en las que englobaba al partido nazi. “En mi opinión nuestra única salvación es un monarca, un Hohenzoller e incluso Hitler”, escribió en 1933 en una carta a Dora Pferdemenges. Pocos como su protegido Globke encarnan la continuidad administrativa de las elites nazis en la RFA: Globke recibió seis condecoraciones nazis entre 1934 y 1942 y otras siete de la RFA entre 1956 y 1963.
Reinhard Gehlen (1902-1979), un exgeneral nazi de la Wehrmacht, fue quien dirigió los servicios secretos alemanes hasta 1968. El responsable del departamento de contraespionaje a la Unión Soviética fue Heinz Felfe, exfuncionario de la Gestapo y ex Obersturmführer de las SS.
En total, más de doscientos de los más altos cargos de la RFA fueron exmiembros del partido nazi, de las SA o de las SS.
La autoamnistía de Dreher
Esa situación refleja la estrategia americana de posguerra de aprovechar a los cuadros nazis para los combates de la Guerra Fría, lo que determinó que en Alemania Occidental, en términos generales, no hubiera desnazificación. Los juicios aliados en Alemania contra los nazis fueron poca cosa y el nuevo Estado alemán los protegió y amnistió. El tribunal interaliado de Nuremberg, que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas, no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados.
Personaje clave en el embrollo jurídico de esta gran amnistía fue el exfiscal nazi de Innsbruck, Eduard Dreher, que hizo carrera en la justicia de la RFA hasta llegar a ser subsecretario de Estado y director del Departamento de Derecho Penal. Dreher fue el redactor de la Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Egowig) del año 1968, una astucia jurídica que modificó los plazos de prescripción de los delitos nazis al calificar como homicidios y no como asesinatos las conductas de los ‘cómplices’. Ese cambio aparentemente anodino significó que los delitos nazis de todos aquellos que aparecían como ‘cómplices’ hubieran prescrito en 1960. Y exceptuando a la minoría de más altos jerarcas, todos eran meros ‘cómplices’ que obedecían órdenes. La ley Dreher impidió así, por ejemplo, abrir causas contra la Oficina Central de Seguridad del Reich y que se sentara en el banquillo de los acusados a los miembros de dicha oficina que organizaron las masacres de Polonia y la Unión Soviética, gente responsable de la muerte de millones de judíos, comunistas, gitanos y sacerdotes. Dreher murió en 1996, fue enterrado con honores militares y su nombre figura hoy en la edición comentada al derecho penal de la RFA más popular de Alemania (48 ediciones): Dreher/Trönde, Strafgesetzbuch. Und Nebengesetze, 1997.
Pensionistas de uno u otro signo
Aquella ausencia de desnazificación de los orígenes de la RFA, que en gran parte fue una renazificación, tiene consecuencias hoy en día. Sin embargo, el asunto no se menciona al abordar el actual avance de la extrema derecha filonazi en Alemania, como apunta la brillante periodista y ensayista germano oriental Daniela Dahn en su último libro Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute.
Los parentescos y continuidades administrativas entre la Alemania nazi y la actual líder (de capa caída) de la UE explican enormidades como el que los veteranos de las SS cobren puntualmente pensiones del Estado alemán, mientras que muchas víctimas del nazismo, entre ellas supervivientes del Holocausto, tienen todavía que batallar para reclamarlas.
Exmiembros letones de las SS, como Karlis Ciceronoks o Janis Mikelsons, reciben cada mes su pensión de 277 euros, además tienen asistencia médica en Alemania y el Estado alemán les pagará el entierro cuando llegue su hora, pese a no haber cotizado nunca en el sistema de pensiones alemán. Los legionarios de las Waffen-SS letonas, de los que unos 1500 continúan recibiendo pensión alemana, tuvieron un gran papel en la eliminación de 70.000 judíos en Letonia (el 94% de la comunidad), de decenas de miles en Minsk, o en Lituania, o Ucrania, entre ellos parientes de Rute Vaskonika, una superviviente del ghetto de Riga que lleva siete años reclamando una pensión a Alemania, como informaba hace unos años el programa de televisión Kontraste.
En Bélgica casi un centenar de antiguos miembros belgas de las SS reciben pensiones alemanas de entre 425 y 1275 euros mensuales, mientras que ciudadanos belgas que durante la guerra fueron deportados a Alemania como trabajadores forzados reciben una indemnización mensual de 50 euros de parte del gobierno alemán. Cuando tres diputados belgas se dirigieron a las autoridades alemanas para “acabar con esta situación inadmisible”, los alemanes se negaron a entregar al gobierno belga la lista de los ex SS belgas pensionistas, explicó el año pasado el diputado Olivier Maingain al servicio de radiodifusión internacional de Alemania Deutsche Welle.
“¿Cómo se explica esta increíble frialdad ante las víctimas y esta ausencia de toda responsabilidad histórica, si no es por un antisemitismo estructural?”, se pregunta Dahn. ¿Cómo se explica esta política de pensiones, si no por una fidelidad administrativa que ha sobrevivido más de 75 años al decreto del führer en la materia, ordenando cubrir a todos los miembros extranjeros de las SS?
El parentesco histórico del establishment alemán con el régimen anterior se pone en evidencia en la supuesta, e infame, equidistancia proclamada ante los “totalitarismos de uno u otro signo”. En el acuerdo de reunificación alemana de agosto de 1990 se dedica al nazismo el término “régimen nazi” (NS-regime) mientras que al de Alemania del Este se le dedica el término “régimen injusto” (SED-Unrechtregime). No es un detalle, sino toda una mentalidad. Lo evidencia el diferente trato que el sistema de indemnizaciones otorga: por un mes en una cárcel de Alemania del Este, 550 marcos de indemnización; por un mes en un campo de concentración nazi, 150 marcos. Aquí es donde hay que situar los aspavientos y las “rupturas de tabú” evocadas a propósito de las elecciones en Turingia.
“Mucho antes de que el extremismo de derechas alcanzara el centro de la sociedad, estaba en el centro del Estado”, afirma Dahn. “El antifascismo nunca fue razón de Estado en la RFA. El principal responsable del fortalecimiento del actual extremismo de derechas en las regiones del Este de Alemania es la clase política del Oeste”.
*Rafael Poch-de-Feliu (Barcelona) fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Autor de varios libros; sobre el fin de la URSS, sobre la Rusia de Putin, sobre China, y un ensayo colectivo sobre la Alemania de la eurocrisis.