Receta hondureña: Prohibido girar a la derecha
David Garcia
APAS
A tres años del Golpe de Estado en Honduras, todo parece estar en sus cauces normales. Sin embargo, desde la destitución de Zelaya el país está bajo el poder de un gobierno ilegítimo. Mientras tanto, las democracias regionales volvieron a sufrir un nuevo revés.
En la Patria Grande, la llegada del nuevo siglo vino acompañado por un huracán político que arrasó con el feroz neoliberalismo que azotó al continente durante largos y penosos años.
Fueron las incansables luchas de los americanos las que propiciaron las condiciones para que, tras el huracán, florecieran una gran variedad de gobiernos nacionales y populares que se encargaron de devolverle la dignidad y la esperanza a sus pueblos.
Claro está que el arribo de estos gobiernos no fue bien recibida por todos. Las oligarquías, las cúpulas eclesiásticas, y el poder económico, no vieron -como nunca lo hicieron a lo largo de la historia- con buenos ojos el arribo del Estado de bienestar.
Si existe un aprendizaje que arrojó el extenso cúmulo de experiencias políticas vividas en la región, ese es que cuando los sectores de derecha se sienten amenazados por algo, y ese “problema” debe ser eliminado.
Así, la primera piedra en el zapato para estos grupos no fue otro que Hugo Chávez. En 2002 un golpe cívico-militar-mediático intentó, sin éxito, derrocar al presidente venezolano.
Pero como el tropiezo no es caída, el fracaso en el intento por derrocar a Chávez no les impidió ir por quien le seguía en la lista de los mandatarios a derribar. En 2008 la derecha sudamericana sumó una nueva frustración en su intento fallido por destituir a Evo Morales.
A pesar de las repetidas fallas, la intentona golpista no se detuvo allí. En 2010 el que sufrió la embestida desestabilizadora fue Rafael Correa, quien no sólo resistió un Golpe de Estado, sino que además sobrevivió a un intento de magnicidio.
Queda claro que los intentos de la derecha no fracasaron por el mero hecho de su ineptitud, sino que mucho se debió al apoyo popular que recibió cada uno de los mandatarios, y al rápido accionar de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Sin embargo, esta ola desestabilizadora y golpista logró su cometido el 28 de junio de 2009, cuando un comando militar hondureño secuestró al presidente Manuel Zelaya y lo llevó “exiliado” a Costa Rica.
Tras el golpe contra Zelaya, Roberto Micheletti, quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente del Congreso, fue quien asumió el gobierno de facto. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia no tardó demasiado en avalar el golpe de Estado.
Al tiempo que las instituciones respaldaron la destitución del presidente hondureño, el pueblo tomó las calles reclamando su restitución. Inmediatamente, Micheletti decretó el toque de queda y comenzó una feroz represión.
El 29 de noviembre de 2009 la dictadura llevó adelante elecciones presidenciales, que no fueron avaladas por la comunidad internacional, y se consagró como ganador a Porfirio Lobo Sosa, quien actualmente gobierna (ilegítimamente) el país.
Si bien poco después de la destitución de Zelaya la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió a Honduras como miembro, la situación del país centroamericano cambió rápidamente.
En mayo de 2011 Lobo Sosa firmó el Acuerdo de Cartagena de Indias, un pacto de “reconciliación nacional”, lo que permitió el reingreso de Honduras a la OEA y el regreso de Zelaya al país.
A tres años del Golpe, la situación en Honduras continúa siendo crítica. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el país hay 856 asesinatos cada 100 mil habitantes.
Desde el 28 de junio de 2009 a la fecha, más de 25 periodistas fueron asesinados, mientras que 74 abogados -principalmente defensores de víctimas de la represión- han perdido la vida en estos tres años.
“La situación en materia de derechos humanos no es que haya empeorado: está en estado calamitoso, se vive en estado de emergencia”, describió Bertha Oliva, Coordinadora Nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
Además, Oliva agregó que “el Estado de Honduras, sus organizaciones políticas, sus representantes y sus agentes se han convertido en una latente amenaza para el pueblo que demanda, que exige. Hay una continuación del golpe, hay una dictadura de Porfirio Lobo Sosa”.
A tres años del derrocamiento de Manuel Zelaya, la derecha latinoamericana volvió a poner en jaque a una de sus democracias. En menos de 36 horas, el Congreso paraguayo, dominado por el Partido Colorado -de derecha- y el Partido Liberal -de centroderecha-, acusó, juzgó y sentenció a Fernando Lugo por “mal desempeño de funciones”.
Federico Franco, del Partido Liberal y vicepresidente de la gestión de Lugo, fue uno de los principales impulsores del juicio político contra su compañero de fórmula y, claro está, quien asumió la presidencia tras la destitución del Mandatario paraguayo.
Los golpistas paraguayos decidieron conmemorar el tercer aniversario de la destitución de Zelaya con un golpe de Estado vernáculo, claro que un poco más “sofisticado”, sin la necesidad de desenfundar un arma.
En el continente se encendió una luz de alarma. Los organismos de articulación de los países de nuestra región –el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)- sesionaron días atrás en la provincia de Mendoza, Argentina, y expulsaron a Paraguay de esos ámbitos hasta tanto se recupere allí la institucionalidad democrática.
Sólo resta esperar que los demás organismos internacionales mantengan una posición férrea contra el gobierno de facto paraguayo, y de esa manera presionar para que Paraguay no se transforme en una nueva Honduras.