La Ítalo, Martinez de Hoz y un desaparecido desde 1977: ¿Quién mató a Juan Carlos Casariego del Bel?
Por Jorge Devincenzi
Funcionario de nivel medio en el ministerio de Economía, abogado, con C.I. 01884643, de origen español y 54 años de edad, Juan Carlos Casariego del Bel fue nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras en el ámbito del ministerio de Economía durante 1976. Desapareció el 15 de junio de 1977.
Otro funcionario del área, Miguel Tobías Padilla, fue asesinado. Y un tercero, Aurelio Cid, fue secuestrado y luego estuvo un año preso a disposición del PEN.
Estos casos se suman al ya conocido de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, dueños de la empresa exportadora Sadeco, quienes fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 y liberados el 6 de abril de 1977.
Por el hecho fue imputado José Alfredo Martínez de Hoz en 1983, ya que se constató que mientras los empresarios estuvieron detenidos fueron trasladados en cuatro oportunidades a oficinas del ministerio de Economía donde se los presionó mediante violencia para que firmaran unos contratos de compraventa de algodón en Hong Kong sin los cuales se dificultaban las negociaciones del ex ministro para obtener créditos en esa plaza.
En sede judicial se constató que los decretos de detención y libertad habían sido elaborados y firmados con posterioridad a los hechos para dar apariencia de legalidad al secuestro.
Martínez de Hoz fue indultado en 1990 por Carlos Menem sin que hubiera sentencia firme,
El doctor Carlos Alberto Elías Alvarado era director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía mientras se negociaba el asunto Ítalo. Bajo juramento de decir la verdad, declaró ante la comisión que investigó en 1985 ese negociado:
– PREGUNTA: ¿Qué le pasó al doctor Casariego del Bel?
– RESPUESTA: Nunca se supo.
– P.: ¿Usted que sabe?
– R.: Yo no se nada, nunca supimos nada… El día que lo secuestraron conversé con él y me dijo que se iba para su casa, y yo me fui a la mía; eran las nueve de la noche. Una hora y media después me habló la mujer para ver si sabía algo. Le contesté que yo lo había visto en el ministerio y que él me había dicho que iba para su casa. A la una de la madrugada me volvió a hablar la mujer nuevamente porque no había llegado. A la mañana siguiente la llamaron indicándole que fuera a un bar entre Libertad y Juncal y que buscara un mensaje escrito en un recorte de diario que estaba en el depósito del inodoro del baño. El aviso decía: “Alicia, estoy bien y haz lo que te digan”. Nunca más se supo nada de él. Pidieron rescate por 50 mil dólares. Nosotros juntamos entre los compañeros del ministerio cerca de 40 mil. La policía le aconsejó a la señora que regateara el precio. La cuestión es que un día la llamaron y le preguntaron cuánto tenía; ella les dijo tener 35 mil dólares. Entonces, ellos dijeron: “Está bien, aceptamos los 35 mil dólares, le vamos a entregar a su esposo”. Ella les dijo: “Quiero una prueba de que mi marido está vivo”. A partir de ese momento no se comunicaron nunca más con la señora.
– P.: ¿Conoce la versión de que la señora fue a hablar con el doctor Klein (N. de R.: secretario de Programación Económica) porque le indicaron que él sabía algo del asunto?
– R.: Me enteré porque me lo contaron algunos amigos.
– P.: ¿Usted era socio del estudio del doctor Casariego?
– R.: Era socio… No tenía actividad política.
– P.: ¿Cuál puede haber sido el motivo del secuestro? ¿Era hombre de fortuna?
– R.: No, tanto es así que ni siquiera el departamento era suyo. Era un individuo muy pacífico… Me ocupé de ver a los tres representantes de las fuerzas armadas en el ministerio para que hicieran alguna averiguación. Y los tres me dijeron que no habían tenido ninguna información positiva de sus servicios de inteligencia. Uno de ellos me dijo: “Vea, Alvarado: por lo menos así me lo dijeron a mí”, o sea que si hubieran sabido algo, tampoco lo habrían dicho.
– P.: ¿Cuál era la función específica del doctor Casariego? ¿El registro de inversiones extranjeras estaba a su cargo?
– R.: El doctor Cid, que era subsecretario en esa época, me pidió un abogado para normalizar la sección de Inversiones Extranjeras porque parecía ser que se había creado un caos. Le presté al doctor Casariego pidiéndole que no me lo retuviera por mucho tiempo… Se había transformado en Subsecretaría la Dirección de Inversiones Extranjeras que luego estuvo a cargo del licenciado Dumas. Cid era subsecretario de Klein.
– P.: ¿Usted sabe lo que le pasó al doctor Cid?
– R.: Estuvo preso, y antes había sido secuestrado.
– P.: Estuvo un año preso. ¿Sabe por qué?
– R.: No. Pero había dejado de ser subsecretario. Porque el doctor Cid se fue de la Dirección y lo sucedió Miguel Padilla, al que luego mataron.
También declaró el ingeniero Federico Dumas, subsecretario de Inversiones Extranjeras y superior de Casariego del Bel. Dumas era asesor del grupo inversionista ADELA en el que había estado involucrado Adalbert Krieger Vasena, a quién se le atribuyó el vaciamiento del frigorífico Swift. El grupo Motor Columbus no habría sido ajeno a ADELA.
– P.: ¿Recuerda quién ocupaba la Dirección antes de convertirse en Subsecretaría?
– R.: Cuando asumí había un señor llamado Casariego de Bel, director del departamento jurídico e interinamente a cargo.
– P.: ¿Es la misma persona que fue secuestrada?
– R.: Sí.
– P.: ¿Eso ocurrió durante su gestión?
– R.: Sí.
– P.; ¿Se nombró a un sucesor?
– R.: No, el cargo quedó vacante.
– P.: ¿Cuáles eran las funciones de la subsecretaría?
– R.: Es la autoridad de aplicación de la ley de inversiones extranjeras para determinar el capital repatriable de las inversiones y la tramitación de nuevas inversiones.
– P.: ¿Con quién estaba más directamente relacionado en su función?
– R. Mi superior jerárquico inmediato era el secretario de Programación Económica, doctor Klein, pero yo estaba vinculado con el ministro.
– P. ¿Tenía relación directa con el ministro?
– R. Así es.
– P. ¿Conocía al doctor Padilla?
– R.: Lo conocí en el ministerio.
– P.: Él era su subordinado. ¿Cuál era su función?
– R.: No conozco en detalle cuáles eran las responsabilidades que el tenía.
– P.: ¿Usted analizó el capital repatriable en el caso Ítalo?
– R.: Sí… La ley establece que el inversor extranjero puede repatriar anualmente el 12 por ciento del capital invertido sin pagar impuestos. Sobre ese porcentaje, sí los pagaba.
– P.: ¿Qué sucedió en el caso Ítalo?
– R.: Recuerdo que hubo dificultades en ese y en otros casos, porque no había documentación probatoria de las inversiones. Yo delegaba tareas. Recuerdo que el funcionario al que le delegaba la tarea venía y me decía: “tenemos problemas para determinar esto, trate de determinarlo usted”, y yo lo hacía.
– P.: En el caso Ítalo se exceptuó del pago de impuestos la repatriación de capitales. ¿Fue una operación excepcional?
– R.: Sí.
– P.: ¿La Ítalo era una empresa extranjera?
– R.: … Se interpretaba y se presumía.
– P.: ¿Partía de la presunción de que era extranjera?
– R.: Que recuerde, sí.
– P.: Pero no le consta.
– R.: No miré los papeles porque la tarea la hacía la dirección de inversiones extranjeras. Yo establecía las pautas generales. No podía dedicarme a los mil quinientos casos que había.
– P.: ¿Usted tomó alguna resolución fijando que la Ítalo era extranjera?
– R.: No recuerdo.
– P.: ¿No recuerda si la ley dice que para el caso de que fuera extranjera debe mediar una resolución del ministerio? ¿Recuerda si la Ítalo presentó pruebas?
– R.: No me acuerdo.
Aunque no se conocen más detalles sobre el secuestro y muerte del doctor Casariego del Bel, la trascripción de las declaraciones de Alvarado y Dumas, socio y superior del desaparecido, junto con la muerte violenta del doctor Padilla y el secuestro y posterior pase a disposición del PEN de Aurelio Cid, más las pruebas acumuladas en el caso Gutheim, permiten inferir que Casariego del Bel no fue secuestrado por delincuentes comunes: que Dumas calculó las inversiones de la Ítalo a ojo de buen cubero, trasgrediendo la normativa; que Martínez de Hoz no era ajeno a los hechos, y que la oscura negociación del caso Ítalo sólo podía hacerse, tal como se hizo, al margen de la ley.
La Federación de Entidades Gallegas en Argentina ha solicitado ser considerada parte querellante en la desaparición de Casariego del Bel y otros once ciudadanos gallegos, dentro de la causa que investiga el juez Rafecas por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
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Muertes y disputas en la estatización de la CIAE
Revista Zoom
publicado el 31 de julio de 2006
La dictadura de Videla pagó en 1978 394,5 millones de dólares (en su equivalente en francos suizos) a los accionistas de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE). No bien se acordó el precio final, el Banco Central, encabezado entonces por Adolfo Diz (un Chicago boy del riñón de Martínez de Hoz), emitió bonos en francos suizos que serían adquiridos precisamente por la Unión de Bancos Suizos (de la que era representante el futuro ministro Roberto Alemann), entidad que, oh casualidad, era accionista de la Ítalo.
Esa deuda, como otras, fue investigada por Alejandro Olmos, en aquel expediente histórico donde el juez Ballestero declaró la ilegalidad de todo lo actuado.
La comisión de diputados que en 1985 estudió el caso concluyó que Martínez de Hoz participó activamente con varios de sus subordinados (Klein y Soldati, los más notorios) en el trámite de negociación con la Ítalo, aunque había pertenecido a su directorio y a pesar del difuso decreto 274 de excusación firmado apresuradamente por Videla tres días después de que se formara la comisión negociadora con miembros elegidos por el propio ministro.
También se constataron oscuras relaciones del estudio del ex ministro con el desaparecido financista David Graiver, quien administraba el dinero de Montoneros.
La Ítalo había pagado el rescate de Francisco Soldati, secuestrado por esa organización armada, y nunca se supo si el dinero pasó a pérdidas de la empresa, si fue incorporado al costo tarifario (es decir, pagado por los usuarios) o si fue incluido en el precio de la estatización.
El subsecretario de Energía, Bernardo Bronstein, había valuado los bienes de la empresa eléctrica 100 millones de U$S por debajo de lo que luego se terminaría pagando. Luego de este traspié, varios testigos directos e indirectos relataron las alternativas de una tumultuosa reunión entre Bronstein, su superior Guillermo Zubarán, y Alberto Kurlat, director de la CIAE, a resultas de la cual, y por orden del general Villarreal que reportaba directamente a Videla, el subsecretario terminaría realizando un nuevo informe con los valores exigidos por los accionistas, los que efectivamente se pagaron.
Un testigo reveló que, enterado del diferendo, vino “una orden severa desde Presidencia alertando para no interferir” y una protesta de De Pablo Pardo, el hombre de Martínez de Hoz y Alemann con cargo de embajador en Ginebra, que trasmitía las exigencias de Motor Columbus.
Interrogado en 1985, Bronstein declaró que actuó “con sujeción a las normas de ese entonces”: a) No comprar la empresa; b) Si esa gestión fracasaba, recién pasar a la operación compra, repitiendo textualmente la conclusión de la comisión asesora militar designada por el gobierno, lo que no era técnicamente cierto.
Cuando se le preguntó al abogado Caride (un mayor auditor del Ejército nombrado por Videla miembro de la Suprema Corte y luego “negociador único”) si había “dos informes Bronstein”, declaró que el ex funcionario en realidad había hecho una “interpretación de su propio informe original”, en la que aparecen milagrosamente 100 millones de dólares adicionales.
A continuación, Bronstein mandó el informe primitivo al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, de conocida relación con la Armada, para su publicación.
Varios de los personajes que intervinieron en el núcleo de la negociación murieron violentamente.
El secretario de Energía Guillermo Zubarán, tras un extraño accidente automovilístico en el sur.
El subsecretario de Coordinación del ministerio de Economía, Miguel Tobías Padilla, recibió un tiro en la cabeza a través de la ventanilla de su automóvil en abril de 1978.
Interrogado sobre el tema, el doctor Oscar Alvarado Uriburu, que fuera secretario privado del ministro de Economía Martínez de Hoz durante la intervención militar a la provincia de Salta en 1956, y luego se desempeñaría como presidente del Mercado de Valores de Buenos Aires, declaró:
– P.: Se le atribuyó al desaparecido doctor Padilla ser asesor de la Ítalo y llevar una carpeta paralela. Resulta que del ministerio de Economía desaparecieron todos los antecedentes de la empresa…
– Alvarado Uriburu: Lo entiendo perfectamente. Su explicación es válida. Si pudiera aportar elementos, lo haría con gusto.
– P.: ¿Recuerda si el doctor Padilla llevaba alguna documentación?
– A. Uriburu: Recuerdo que el doctor Padilla se dedicaba al tema de sueldos y salarios, y tenía un proyecto de ley de obras sociales.
– P.: ¿Padilla podría haber sido la persona que asesoró al Poder Ejecutivo respecto del costo del traslado de los trabajadores de la Ítalo al Estado?
– A. Uriburu: Es posible.
Un año antes, el 11 de febrero de 1977, había desaparecido el sindicalista Oscar Smith, que formaba parte de la comisión gremial encargada de negociar esos temas con el gobierno.
Según el periodista Ricardo Roa (Clarín, 24/3/2006) “la pelea entre Videla y Massera no se manifestó casi en el sindicalismo: la desaparición del lucifuercista Oscar Smith fue la excepción. La disputa interna fue con Martínez de Hoz”.
En cuanto al español Juan Carlos Casariego de Bel, director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, desapareció el 15 de junio de 1977, cuatro meses después de Smith.
En nota anterior dábamos cuenta de las declaraciones de los funcionarios de la dictadura Carlos Alberto Elías Alvarado, también socio del estudio de Casariego de Bel, y Federico Dumas, su superior, que dependía directamente de Guillermo Walter Klein.
Alvarado afirmó:
– 1) Que Casariego estaba a cargo del Registro de Inversiones Extranjeras.
– 2) Que tras su desaparición, la esposa intentó entrevistarse con Klein, pero no fue atendida, aunque el funcionario secuestrado tenía trato directo con el Secretario de Coordinación.
En otra parte del interrogatorio se pregunta a Alvarado Uriburu:
– P.: ¿Recibió el doctor Casariego en algún momento órdenes respecto del registro de inversiones extranjeras?
– Alvarado Uriburu: Yo recibí una consulta acerca de si se podía destruir el registro. Entonces, como se trataba de un instrumento público, hablé con el doctor García Belsunce, que era el jefe del archivo, y le dije que iba a mandar por escrito la consulta.
En cuanto a Dumas, que sufrió durante el interrogatorio un agudo ataque de desmemoria, reconoció que en su área la ley se tomaba bien a la ligera, aceptando o rechazando los montos reales de las inversiones extranjeras de acuerdo a criterios sui generis que él mismo determinaba para cada caso.
Familiares de Casariego de Bel han sostenido en estos días que el abogado desaparecido se negaba a destruir evidencias o firmar disposiciones non sanctas, presión que en cualquier caso había resentido su salud.
Esas directivas sólo podían provenir de sus superiores directos, Dumas y Klein, ya que él no parece haber tenido trato directo con Martínez de Hoz.
El ex ministro también fue interrogado.
– P.: Hubo denuncias en el sentido de que durante el lapso que usted fue ministro, personas encapuchadas interrogaron a distintos funcionarios del Ministerio de Economía.
– Martínez de Hoz.: Nunca me llegó ninguna denuncia al respecto.
P.: Hubo también denuncias en el sentido de que miembros o asesores de su ministerio habrían intervenido en el secuestro y posterior desaparición del directivos del banco de Hurlingham (del grupo Graiver, con el que el ex ministro había estado relacionado).
M. de Hoz.: Fue todo al revés. Quien tomó la decisión de hacer las cosas en el Banco de Hurlingham, en contra de nuestro consejo, fue el general Suárez Mason. Tanto es así que el doctor Abeledo, que era subsecretario del doctor Klein, dejó ese cargo durante un tiempo y se le pidió que fuera síndico del Banco de Hurlingham.
Aurelio Cid, subordinado de Martínez de Hoz, sucesor de Casariego de Bel, ex síndico del Banco de Húrlingham y propuesto por el ministro para integrar la comisión negociadora, fue secuestrado y luego apareció como “detenido a disposición del PEN” durante la liquidación de esa entidad. Estuvo en esa situación alrededor de un año.
Francisco Soldati padre, quien disfrutaba la doble nacionalidad argentina y suiza y había presidido el directorio de la CIAE y formaba parte de la conducción de su controladora, Motor Columbus, también fue víctima de un atentado.
Interrogado Emilio Eduardo Massera en 1985, respondió muy confusamente sobre el episodio:
– P.: ¿Conoce algo sobre el atentado y la muerte de Soldati?
Massera: Ya no era comandante. Incluso lo mataron en la esquina de mi oficina, yo escuché dos tiros. Creo que fue en el 80.
(Soldati murió el 13 de noviembre de 1979 junto con su chofer de apellido Durán. Luego de una ráfaga de ametralladora, el vehículo fue destruido con una granada. Las ejecuciones fueron atribuidas a Montoneros).
– P.: Versiones periodísticas de la época hablan de una acción de combate desarrollada por miembros de su custodia.
– Massera: Ahora recuerdo, no intervinieron, se dijo eso porque había… (confuso).
– P.: Había habido un tiroteo.
– Massera: Sí, de acuerdo, mi custodia estaba… No hay nada, yo tampoco…
Para esa época, que se sepa, el ex almirante todavía no había sufrido ninguna lesión cerebral permanente.