27 de septiembre de 1975. Últimos fusilamientos de Franco

Por Paco Azanza Telletxiki
publicado el 26 de septiembre de 2015
El 27 de septiembre de 1975 no fue un día cualquiera. En la mañana del citado día Franco consumó sus últimos fusilamientos; las balas asesinas acabaron con la vida de cinco militantes antifranquistas. Cuando cuarenta años después y de diferentes maneras el sangriento dictador sigue vivo en la “democracia española”, bien vale la pena recordar aquel fatídico día.

Francisco Franco intervino en público por última vez el 1 de octubre de 1975, durante el aniversario de su proclamación como Jefe del Estado. Y largó su retórica fascista desde el balcón principal del Palacio Real, sito en la madrileña Plaza de Oriente. Siempre se dijo que aquel acto se celebró ante un millón de seguidores, pero lo cierto es que en aquella plaza difícilmente pudieron caber más de cien mil personas. No podía faltar a su lado el Juan Carlos de Borbón. Entonces príncipe y desde seis años atrás heredero de Franco a título de rey, ultimaba su siniestro aprendizaje. Solo cuatro días antes habían sido fusiladas las cinco últimas victimas del franquismo con Franco: Juan Paredes Manot —Txiki—, Ángel Otaegi, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso; los dos primeros militantes de Euskadi ta Askatasuna —ETA— y los otros tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota —FRAP.
Los cinco revolucionarios fueron condenados a muerte tras juicios farsas. El 20 de noviembre de 1973, ETA hizo volar literalmente a Luís Carrero Blanco, y, de regreso a tierra, el Presidente del gobierno franquista ya era cadáver. Entre aquel año y el verano de 1975, la actividad de la organización vasca golpeó con bastante intensidad a las Fuerzas de Orden Público —FOP—. Por su parte, el FRAP, que existía desde mediados de los años sesenta, aunque su actividad armada la inició en el verano de 1975, combatía a la dictadura con atentados contra policías y guardias civiles.
A Franco le urgía, pues, poner freno al movimiento armado contra el fascismo que él representaba. Así que, el 22 de agosto de 1975, el Consejo de Ministros presidido por el sangriento dictador aprobó el Decreto Ley Antiterrorista. La ley fue aprobada única y exclusivamente para aplicársela a los militantes de ETA y del FRAP. Aquella Ley Antiterrorista contemplaba la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos contra civiles en menos de veinticuatro horas. También permitía prorrogar el plazo de detención en dependencias policiales, pasando de tres a cinco días —obsérvese cómo en la actual “democracia española” la ley en ese aspecto no difiere gran cosa—, y con autorización judicial hasta diecinueve.
Al amparo de la citada ley, entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre se celebraron cuatro juicios sumarísimos. El fin de los mismo no era otro que el de condenar a muerte a los supuestos responsables de varios atentados producidos contra las FOP. Concretamente, se juzgaron la muerte del Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974; la del policía muerto en el transcurso del atraco a una sucursal bancaria en Barcelona, el 30 de julio de 1975 —estas dos acciones fueron atribuidas a ETA—; la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en el madrileño barrio de Carabanchel, el 16 de agosto de 1975, y el atentado contra el policía Lucio Rodríguez, igualmente en Madrid, el 14 de julio del mismo año —la autoría de éstos dos últimos atentados se le atribuyó al FRAP.
Se debe recordar que las únicas pruebas presentadas por la acusación, para condenar a los militantes revolucionarios, fueron las declaraciones que aquellos mismos habían hecho ante la policía y la Guardia Civil bajo salvajes torturas.
En un principio fueron once los condenados a la pena capital, pero el Consejo de Ministros del 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a seis de los condenados por la de 30 años de cárcel. Ese mismo día, a las ocho de la tarde, León Herrera y Esteban, ministro de Información y Turismo por aquel entonces, anunció que sería al amanecer del día siguiente, el 27 de septiembre de 1975, cuando se ejecutarían las cinco penas de muerte.
Masivas movilizaciones se sucedieron en todo el Estado español para protestar por las injustas condenas y exigir su abolición. También en Europa el rechazo de las mismas fue muy importante. En Lisboa asaltaron la embajada española; en Estocolmo se celebraron numerosas concentraciones con Olof Palme, primer ministro sueco, a la cabeza; en Oslo, al frente de las manifestaciones se puso el presidente noruego, Uro Kekonen… Incluso el papa Pablo VI solicitó clemencia para los condenados.
Sin embargo, de nada sirvieron las movilizaciones; el corazón del dictador no podía ablandarse. A Juan Paredes Manot “Txiki”, preso en la prisión Modelo de Barcelona, lo fusilaron junto al cementerio de Collserolla, en las afueras de la ciudad. Nacido en Extremadura y crecido en la gipuzkoana localidad de Zarautz, tan sólo contaba con 21 años. Ángel Otaegi, de 33 años y natural de Nuarbe, Gipuzkoa, fue fusilado a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos. Los tres militantes del FRAP fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, Madrid. José Luís Sánchez Bravo contaba con 22 años y murió a las nueve y media; Ramón García Sanz, con 27, a las nueve y diez, y José Humberto Baena Alonso, de 24, a las diez y cinco.
Francisco Franco murió cincuenta y cuatro días después, pero previamente ya había dejado todo atado y bien atado, Así lo anunció públicamente en 1969: “Cuando, por ley natural, mi Capitanía llegue a faltar, que inexorablemente tiene que faltar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro”.
A día de hoy, el Jefe del Estado ya no es Juan Carlos de Borbón, el sucesor formado e impuesto por el mismo Franco. Ahora, con el único mérito de ser su hijo y sin que la ciudadanía tampoco lo haya elegido, es Felipe VI. No le defraudó al sanguinario dictador en todos estos años su obediente alumno. El ahora rey emérito, ya dejó bien claras sus intenciones desde el principio: “No consiento que se hable mal de Franco en mi presencia”. Y la clase política más influyente de éste país siempre le facilitó su trabajo.
No cabe la menor duda, cuarenta años después de sus últimos fusilamientos, Franco sigue vivo. Satisfecho de su alumno y de su obra, ahora reside en la “democracia española”.


Texto de la carta de despedida de José Humberto Baena Alonso a sus padres
Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana.
Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue.
Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente.
Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros que sois viejos y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. No por mí. Pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo, al menos yo así os lo pido.
¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte!
¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo! Pero no os preocupéis, cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mary, o a Manolo haceros a la idea de que yo continúo en ellos.
Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro.
Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido.
Haced todo lo posible para llevarme a Vigo.
Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella.
Nada más. Un abrazo muy fuerte, el último.
Adiós papá, adiós mamá.
40º aniversario del último coletazo sanguinario de la dictadura franquista
En 1975 se cumplían 39 años de la sublevación de parte del ejército contra la II República y 36 años del fin de la guerra civil. Pero con el fin de esta guerra no acabó la represión. La represión se extendió a lo largo de los 36 “años de paz”. De hecho la dictadura de Franco terminó tal y cómo había empezado, con ejecuciones.
El clima político-social
El clima político y social en el país era muy tenso. Se producían múltiples huelgas y manifestaciones, pese a estar prohibidas. Empezaban los partidos a salir a la calle y se constituyó la Junta Democrática de España (JDE), donde había partidos como el PCE, el PSP y el PTE, personalidades independientes y sindicatos como CC.OO. que buscaban la ruptura con el sistema implantado. El Sindicato Vertical del régimen estaba plagado de sindicalistas de las ilegales CC.OO.
De hecho, después de que hubieran aumentado en los cinco últimos años las huelgas por motivos laborales, desde la JDE se consideró que era el momento de pasar a la acción política en la calle. Se convocaron tres días de huelga política en la provincia de Madrid, el 2, 3 y 4 de junio, pidiendo la ruptura política y social. Fue un éxito, más de 200.000 trabajadores madrileños secundaron la huelga.
Desde el gobierno y los medios se silenció la movilización en lo que pudieron, pero  en la prensa y emisoras de radio extranjeras se informó en las noticias. Incluso en las emisoras que emitían programas nocturnos en onda corta en español, como BBC y France-Inter.
Evidentemente este hecho causó gran preocupación en el régimen, que buscaba los medios para sobrevivir. Se empezó a rumorear sobre una ley contra el terrorismo y que se consideraría también como actos de terrorismo las huelgas (paros laborales lo llamaban).
La lucha armada en el tardo-franquismo.
Por otra parte se estaban produciendo atentados con resultados de muertes. Pero ni se daban en mayor cantidad ni eran distintos en gravedad respecto a los años anteriores. Existían dos organizaciones que practicaban la lucha armada contra el franquismo: ETA y FRAP.
La organización ETA estaba más activa que nunca. En 1973 había acabado con la vida del presidente del gobierno Carrero Blanco, y posteriormente se habían desarticulado varios comandos en Madrid. En septiembre de 1974 se había producido, en circunstancias sospechosas, no aclaradas del todo, el atentado contra la cafetería situada en la calle Correo, al lado de la Dirección General de Seguridad, que produjo bastantes víctimas y que fue atribuida a ETA. Y en 1975 se produjeron detenciones de comandos etarras en Madrid.
Existía también el llamado Partido Comunista de España (marxista-leninista) PCE (m-l), una de las múltiples escisiones del PCE. El PCE (m-l) impulsó en 1973 la formación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Este grupo fue acusado de atentar contra miembros de las fuerzas de seguridad del estado.
Cronología de los atentados
1) Garmendía y Otaegi
El 3 de abril de 1974 se había producido la muerte en atentado del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia.
José Antonio Garmendia Artola (Tupa), fue detenido el 28 de agosto de 1974 en Donostia, iba junto a José María Arruabarrena Esnaola Tanke, en el curso de un «enfrentamiento» con la Policía, de resultas del cual ambos activistas cayeron heridos, Garmendia de mayor gravedad. La policía había disparado pese a que los dos habían salido corriendo de su coche sin armas. A Garmendía un policía le intentó rematar con un tiro en la cabeza. Cuando después se le recogió se vio que estaba vivo, fue operado, estuvo varias semanas en coma, quedó disminuido mentalmente y en silla de ruedas. Pese a ello fue interrogado, cuando estaba hospitalizado, y como no podía moverse ni firmar, se le obligó a poner su huella dactilar en una declaración confeccionada. En esa declaración se decía que había estado antes del atentado en casa de Anjel Otaegi Etxeverria, al que preguntó la clase de vehículo que tenía el cabo. Y que después del atentado se refugió en la misma casa.
Otaegi declaró que él no sabía nada del atentado y que recibió a Garmendía las dos veces en su casa porque le conocía. Fue detenido acusado de colaboración con atentado con resultado de muerte.
El 24 de abril de 1975 se decretó por el gobierno el Estado de Excepción en el País Vasco.
2) Jon Paredes Manot, "Txiki"
El 6 de junio de 1975 murió en atentado el policía armado Ovidio Díaz López, en un atraco a la sucursal del Banco Santander de la calle Caspe en Barcelona. El 30 de julio es detenido Jon Paredes Manot, “Txiki”, acusado de ser el autor material de esa muerte. Además se le acusó de otras acciones armadas.
En esas fechas no se había puesto en vigor la ley antiterrorista, por lo que, como máximo según la legislación, a los tres días debía salir del poder policial y ser puesto en libertad o encarcelado. Txiki permanece cinco días en la Comisaría Central de Barcelona, recibiendo torturas durante los interrogatorios. Al quinto día ingresa en prisión en la cárcel Modelo de la capital Condal y el 21 de agosto sus abogados, Marc Palmés y Magda Oranich, logran entrevistarse con él, después de ser levantado el decreto de incomunicación con ellos. En la cárcel, Txiki se declara en huelga de hambre en protesta por las acusaciones a Garmendia y Otaegi.
Atentados atribuidos al FRAP
1) El 14 de julio de ese año murió en atentado el policía armado Lucio Rodríguez, en la madrileña calle Alenza.
Días después fueron detenidos Manuel Blanco Chivite, 30 años, casado y padre de dos niñas, nacido en San Sebastián, periodista. Detenido y torturado en diciembre de 1970 con motivo de las manifestaciones contra el proceso de Burgos; vuelto a detener en agosto de 1973 y en libertad provisional. Pablo Mayoral Rueda, 24 años, madrileño, mecánico. José Humberto Baena Alonso, 24 años, nacido en Vigo (Pontevedra), peón de fundición. Fernando Sierra Marco, 19 años, valenciano, estudiante. Vladimiro Fernández Tovar, 21 años, campesino, detenido y juzgado por el TOP a la edad de 17 años.
2) El 16 de agosto murió en un atentado el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en el barrio madrileño de Carabanchel.
Días después fueron detenidos José Luis Sánchez-Bravo Solía, de veintiún años, estudiante de Física; Manuel Cañaveras de Gracia, de veinte años, estudiante de C. O. U.; Ramón García Sanz, de veintisiete años, soldador, de Barcelona: María Jesús Dasca Penelas, de veinte años, estudiante, Concepción Tristán López, de veintiún años, enfermera, y José Fonfría Díaz, de veintinueve años, licenciado en Biológicas y profesor del Instituto de Colmenar Viejo.
En ambos casos fueron interrogados bajo tortura. Las únicas pruebas que hubo para acusar a los detenidos fueron sus propias declaraciones ante la policía y la Guardia Civil. Todos denunciaron haber sufrido torturas.
El equipo policial encargado de la operación estaba dirigido por el comisario Roberto Conesa, y su lugarteniente era Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Ley antiterrorista
Con la excusa de los actos de terrorismo, pero siendo la verdadera razón la agitación político-social de los trabajadores, el gobierno de Arias Navarro reunido en el Pazo de Meirás bajo la presidencia de Franco, sacó el 26 de agosto el Decreto-Ley Antiterrorista que se publicó en el BOE del 27 de agosto. Se intentó lo que hoy día se conoce como la Doctrina del Shock, o sea adoptar de repente una actitud de fuerza, con castigos tremendos, de forma que esa actitud aterrorice al resto de la población.
Se puede consultar dicha ley pulsando en los siguiente enlaces: BOE pdf y también (más legible) en BOE html.
En el artículo 10, la ley incluye a:
“Los que, públicamente, sea de modo claro o encubierto, defendieren o estimularen aquellas ideologías a que se refiere el artículo cuarto de esta disposición legal; o el empleo de la violencia como instrumento de acción política o social”.
O sea, que a partir de entonces cualquier tipo violencia social, como huelgas o manifestaciones, estaban incluidas y castigadas por esta ley.
Consejos de Guerra
Los atentados tenían fecha de comisión antes de la publicación de la Ley Antiterrorista, pero se aplicó la retroactividad. Cosa que está considerada una irregularidad en Derecho.
La consigna del gobierno es que hubiera al menos una ejecución por cada atentado.
1) Un Consejo de Guerra ordinario se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ánjel Otaegi Etxebarria. Garmendía iba con las facultades disminuidas en silla de ruedas. Los testigos no reconocieron a Garmendía. Contra él se usó la declaración donde le habían obligado a dejar la huella digital de un dedo. Y contra Otaegi la única prueba fue esa declaración. En otras circunstancias a este último se le hubiera condenado a prisión, pero como desde el gobierno estaban dispuestos a indultar a Garmendía por su estado físico, se les condenó a muerte a ambos.
El Consejo de guerra fue presidido por el coronel de Artilleria José Urtubia Ramírez. Juez instructor coronel José Lasanta Martínez.
2) En las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid, se celebró los días 11 y 12 de septiembre un Consejo de Guerra sumarísimo contra "los cinco del FRAP" como decía la prensa.
En los estrados del tribunal se sentaban los componentes del Consejo de guerra: el coronel de infantería Francisco Carbonell Cadenas de Llano, que actuaba como presidente; el vocal ponente, capitán auditor Jesús Cejas Mohedano; los capitanes José Rey Mora, Ángel Urquijo Quiroga y Juan García Saro, que actuaban como vocales, y el teniente coronel Ramón González Arnao Díez que actuaba como fiscal.
A primera hora de la mañana sacaron, uno por uno, a los cinco acusados de sus celdas, donde permanecían incomunicados. El fiscal, el teniente coronel del Ejército franquista, Ramón González Arnao, fiscal militar, pedía la pena de muerte para cinco de ellos, designados como rehenes: Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, José Humberto Baena Alonso, Fernando Sierra Marco y Vladimiro Fernández Tovar.
Fueron condenados a muerte Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Alonso y Vladimiro Fernández Tovar.
Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco fueron condenados, respectivamente, a treinta años y a veinticinco años de reclusión mayor.
3) Igualmente, en dichas dependencias militares de El Goloso, se celebró el día 18 de septiembre otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP por el atentado con resultado de muerte contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Carabanchel, el 16 de agosto.
El tribunal militar estaba compuesto de la siguiente forma:
Presidente, el coronel de caballería, Ricardo Oñate de Pedro, vocal ponente, el comandante auditor, Carlos Rodríguez Devesa, (que era además abogado de la Chrysler y jefe de personal de esa empresa), vocales: el capitán de caballería José García Guerrero, capitán de artillería Pedro Sánchez Castro y capitán de ingenieros, José Miguel de la Calle, mientras los capitanes Julio Nieto González y Fernando Redondo Díaz actuarían como suplentes. El fiscal era el jurídico militar de la I Región: coronel Agustín Puebla Fernández.
José Fonfrías Díaz fue condenado a veinte años de reclusión y otros cinco procesados fueron condenados a muerte: Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Pénelas, Manuel Cañaveras de Gracia, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas, aunque a tres de ellos se les conmutaría la pena de muerte por reclusión (a ellas por estar ambas embarazadas)
4) El 19 de septiembre tuvo lugar un Consejo de Guerra sumarísimo contra Juan Paredes Manot, Txiki. No fue reconocido por los testigos, pese a que tenía una característica muy clara, era muy bajo, medía 1,52 cm (por ello el alias). Fue condenado a muerte.
Todos los recursos ante los capitanes generales de las correspondientes Regiones Militares fueron inmediatamente rechazados. Por lo tanto el día 20 de septiembre estaban once condenados a muerte:
José Antonio Garmendia Artola
Ángel Otaegi Etxebarria
Manuel Blanco Chivite
José Humberto Baena Alonso
Vladimiro Fernández Tovar
Concepción Tristán López
María Jesús Dasca Pénelas
Manuel Cañaveras de Gracia
Ramón García Sanz
José Luis Sánchez-Bravo Sollas
Juan Paredes Manot
Consejo de ministros del 26 de septiembre
El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre tuvo que decidir sobre los indultos a conceder a los condenados. El prestigioso, y demócrata, ginecólogo Ángel Sopeña dictaminó el embarazo de Concepción Tristán, que era verdadero y certificó el inexistente estado de gestación de María Jesús Dasca.
Esto hizo que ambas fueran indultadas. También se indultó a Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Cañaveras de Gracia y por su estado físico a José Antonio Garmendia Artola.
Presiones en esa noche
A partir de la referencia del Consejo de Ministros empezaron las presiones nacionales e internacionales para parar las ejecuciones.
Franco se vio más aislado del mundo que nunca. Las cinco condenas a muerte provocaron manifestaciones de rechazo por toda Europa: movilizaciones masivas en Italia, el asalto y la quema de la embajada española en Lisboa, grandes concentraciones en Estocolmo encabezadas por el primer ministro Olof Palme, y también en Helsinki, con el presidente Uro Kekonen, al frente. Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda y otros 13 países llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid. El presidente de México, Luis Echevarría, pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU para suspender a España como miembro de la organización. Pablo VI solicitó clemencia, pero Franco tampoco quiso atender la llamada de la máxima autoridad católica. Incluso no quiso escuchar a su hermano mayor Nicolás que le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. De hecho al acostarse dio la orden de que bajo ningún concepto se le despertara hasta el día siguiente.
Los cineastas Yves Montand y Costa Gavras presentaron en un hotel de la madrileña plaza de España un manifiesto contra las condenas, firmado, entre otros, por Jean Paul Sartre, Louis Aragon y André Malraux, y ambos cineastas fueron expulsados de España.
Fusilamientos
A Txiqui lo fusilaron junto al cementerio de Collserola, en las afueras de Barcelona.
“Aunque era pequeñito, le veíamos bien en la distancia, porque le habían situado sobre un montículo”, relata Magda Oranich en el mismo lugar donde se produjo el fusilamiento. Aún hoy se puede ver el árbol junto al que los guardias civiles instalaron el trípode donde lo ataron para ejecutarle. “Sobresalía por encima de la hilera formada por los guardias. Eran voluntarios del Servicio de Información, con barba y melenas. Se habían vestido de uniforme, con el tricornio, y la imagen que ofrecían era grotesca y brutal. Eran seis guardias y llevaban dos balas cada uno. Las empezaron a disparar de una en una, con saña”.
En su tumba está como epitafio una frase escrita por Che Guevara:
"Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad"
Otaegi, fue fusilado sin testigos, a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos.
Los fusilamientos de los miembros del FRAP fueron en el campo de tiro de artillería del ejército de Hoyo de Manzanares. No fueron al alba, como dice la canción, sino que empezaron a las 9:10 y terminaron a las 10:05.
Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fusilados fueron enterrados, la misma mañana de las ejecuciones, en Hoyo de Manzanares. Posteriormente, los restos de Sánchez Bravo serían trasladados a Murcia, y los de Ramón García Sanz, después de varios años, al cementerio civil de Madrid, donde descansan hoy. El fotógrafo Gustavo Catalán Deus aún recuerda con nitidez la tensa escena que se vivió en el cementerio, con los cuerpos de los ejecutados todavía calientes:
“Las tres fosas estaban ya excavadas y apilaron los féretros sobre los montículos de tierra recién vaciada. Como las cajas quedaron inclinadas, empezó a correr la sangre por las esquinas. Había militares, policías, abogados y algún familiar. La tensión era enorme. Allí se habían congregado muchos miembros de la Brigada Político Social, desde el famoso comisario Yagüe a ‘Billy El Niño’. Se habían puesto corbatas de colores chillones para la ocasión”.
En Hoyo de Manzanares, consumaron los fusilamientos tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz y, al cabo de 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo. Después, los guardias civiles dispararon contra Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir a los fusilamientos ningún familiar de los condenados, pese a ser “ejecución pública”, según la ley.
La Guardia Civil impidió la entrada al campo de tiro a periodistas, abogados y familiares. Un coronel del Ejército quiso dejarlos pasar, para que quedara acreditado que sólo disparaban policías y guardias civiles, y no soldados. Pero un teniente coronel de la Guardia Civil, de inferior rango, impuso su mando. El único civil que presenció las ejecuciones fue el párroco de Hoyo de Manzanares, 'D. Alejandro'. Durante estos años, siempre ha rechazado relatar lo que vio, pero, lejos de las cámaras fotográficas, ha accedido a recordar el horror:
“Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó”.
Como consecuencia de lo ocurrido a primera hora de la mañana en Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares, en numerosas empresas de todo el país se hicieron paros simbólicos de protesta. No hay que olvidar que una simple asamblea podía ser considerada como acto de terrorismo.
El sábado día 27 de septiembre de comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida, se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas. En San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la catedral del Buen Pastor cooficiado por el obispo monseñor Setién y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aun así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.
Los tres días de huelga general se convierten en tres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aun así los disturbios son generalizados en las tres provincias vascas y en Navarra.
Manifestación del 1 de octubre en Madrid
Como las protestas fueron ecuménicas, Franco organizó una gran concentración en la plaza de Oriente y logró repetir con voz agonizante (moriría poco más de un mes más tarde) la obsesión de su dictadura:
"Todas las protestas obedecen a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista"
Por lo que sea, se olvidó de los judíos el dictador.
En el balcón del Palacio apareció junto a todas las personalidades del régimen. Entre ellos estaba el entonces príncipe Juan Carlos junto a Franco, como se puede ver en la fotografía adjunta.
Ese mismo día hizo su aparición el GRAPO. Parece que en agosto habían cometido otro atentado, pero se aclaró posteriormente, y cuando salió en la prensa fue el 1 de octubre.
Los atentados fueron contra cuatro miembros de la Policía Armada en Madrid. Las víctimas fueron Joaquín Alonso Bajo, Agustín Gines Navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín.
Al que estaba en la Avenida del Mediterráneo lo asesinaron Enrique/Fernando (según el diario ABC) Cerdán Calixto (alias "Costa", autor del disparo y jefe del comando), Pío Moa Rodríguez (alias "Verdú", el que, supuestamente, le fracturó el cráneo con un martillo, extremo que desmiente él mismo) y un estudiante perteneciente a la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA) y Francisco Brotons Beneyto (más tarde miembro del Comité Central del Partido) que actuó como conductor.
Al que estaba en la calle Marqués Corbera, lo asesinaron Eugenio Jesús Bueno de Pablos (autor de los disparos), José María Sánchez Casas y Juan Carlos Delgado de Codes, alias "Herrera" y jefe del comando; el que fue asesinado en la calle Agustín de Foxà, junto a la Plaza Castilla, lo fue por el comando dirigido por Abelardo Collazo Araújo (alias "Alfonso", autor de los disparos), José Balmón Castell y otro miembro que actuaba como conductor; el que estuviera en la calle Valmojado, fue asesinado por Manuel Gil Araújo (alias "José") y por Fernando Hierro Chomón, autor de los disparos de escopeta de cañón recortado que acabaron con su vida.
Este cuádruple asesinato fue en respuesta a los cinco últimos fusilamientos del régimen.
Epílogo
Cincuenta y cuatro días más tarde moría el dictador. Murió como empezó asesinando por fusilamientos.
Los familiares y abogados de los ajusticiados han intentado repetidamente la revisión o anulación de esos consejos de guerra.
Estrella Alonso Soto, madre de José Humberto Baena, con el permanente apoyo y la tenacidad de su hija Flor, continúa peleando para conseguir la revisión y anulación de aquellos juicios. Intentó primero ante los tribunales ordinarios que se la tenga por parte en la causa que se siguió contra su hijo y le dieran vista de las actuaciones. Recibió una negativa. Recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, que se negó a admitir a trámite su demanda.
Estrella Alonso tiene recurrida esa decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional decidió no admitir a trámite la demanda considerando que “la Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar los actos de poder producidos antes de su entrada en vigor”.
En una resolución dictada por el presidente Manuel Jiménez de Parga y los magistrados Javier Delgado y Roberto García Calvo, se explica que cae fuera de las competencias del Tribunal “contrastar con las normas, valores y principios garantizados por la Constitución actos de poder público, como la dramática ejecución de una condena a muerte, que pertenece a la Historia de España anterior a su entrada en vigor”.
Doris Benegas, abogada de la familia Baena, asegura que ha sufrido un sinfín de trabas en esta demanda: “Para recuperar la copia, incompleta, del Consejo de Guerra tuve que recorrer todos los tribunales imaginables. Los documentos están tirados por cualquier sitio y se han perdido muchos, pero todavía te impiden hacer fotocopias”. En muchos ámbitos parece no haber transcurrido tres décadas desde la muerte del dictador.
Ni los gobiernos de UCD, PP ni siquiera los del PSOE quisieron intentar la revisión de estas y otras condenas, sobre todo de los tribunales militares del franquismo.
Escriben Chato Galante y Manuel Blanco Chivite en "El pasado presente" (en Viento Sur):
En este terreno la formulación más rotunda fue la de María Teresa Fernández de la Vega que, a la hora de explicar la renuncia de la Ley de Memoria Histórica a revisar los procesos políticos de la dictadura, afirmaba que su gobierno se oponía radicalmente: “a una revisión judicial que contradiga los efectos de cosa juzgada de unas sentencias que son irrecurribles”. Lo que supone, al menos en ese aspecto judicial, reconocer sin ambages la legalidad de los procesos políticos del franquismo. Aunque se saldaran con el asesinato de gentes cuyo único delito era pertenecer al mismo partido político que la sra. ministra. Y hacerlo después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe de 2008 sobre España, recomendara a las autoridades adoptar las siguiente medidas: derogar la Ley de Amnistía de 1977; reconocer la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad; investigar los crímenes de la dictadura, reparar los daños causado y exhumar e identificar los restos de las personas desparecidas.
La razón real de esta oposición numantina es obvia, la anulación de los procesos permite, a quien lo considere oportuno, exigir reparaciones por errores flagrantes de la justicia, cometidos por tribunales ilegales en aplicación de unas leyes manifiestamente injustas. Se reconocería así como un derecho, exigible e incondicional, lo que hasta ahora han sido subvenciones o donaciones miserables de distintos gobiernos, cuyo resultado final ha sido una nueva ofensa a quienes sufrieron la represión de un régimen fascista. Es más, en el caso de la gente detenida, torturada y encarcelada, se han permitido poner condiciones previas para recibir cualquier compensación, como su edad o el haber cumplido al menos tres años de condena.Además, la anulación de aquellos procesos abre la puerta a la depuración de responsabilidades de quienes los sustanciaron y dictaron sentencia. Es decir, permite una revisión cuyo objetivo no solo es recuperar la historia, sino fundamentalmente establecer quiénes formaron parte del aparato judicial y represivo de la dictadura, fijar responsabilidades políticas, en función de la gravedad de sus actuaciones, y penales para quienes cometieron crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles.
Uno de los vocales de uno de los tribunales militares que dictó las cinco arbitrarias penas de muerte, el entonces capitán de ingenieros José Miguel de la Calle, es Teniente General – la máxima graduación a la que puede aspirar un militar – y fue nombrado en 2008 por la Ministra de Defensa, Carmen Chacón, como Jefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra, en el circulo de confianza de la ministra.
(Fuente: El Blog Del Viejo Topo / Autor: Manuel García)