El gobierno porteño desoyó una denuncia de la Procuración sobre locales de prostitución
Permiso a 41 boliches o burdeles encubiertos
Mariana Carbajal
Pagina/12
Desde hace un año, el organismo que investiga la trata de personas advirtió al gobierno de Mauricio Macri que mantiene la habilitación a locales en donde se ejerce la prostitución, según Prefectura y Gendarmería.
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| Los boliches están habilitados como whiskerías, casas de lunch, cervecerías y otras coberturas. |
El gobierno de Mauricio Macri avala el funcionamiento de burdeles en la Ciudad de Buenos Aires y se niega a cerrarlos, a pesar de que fue advertido de su funcionamiento por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que depende de la Procuración General de la Nación. La Ufase le viene pidiendo desde hace más de un año que revoque la habilitación y clausure alrededor de cuarenta locales que tienen permisos para funcionar como “whiskería”, “boliche bailable”, “cervecería”, “casa de lunch”, “cantina” o “restaurante”, pero que en realidad son “verdaderos prostíbulos”, donde se verificó que había explotación sexual de mujeres, de acuerdo con una pesquisa realizada por el organismo, que derivó luego en una megacausa judicial que tiene en sus manos la jueza federal Romilda Servini de Cubría y que investiga la presunta protección a proxenetas desde 12 comisarías de la Policía Federal (ver aparte). Sin embargo, el gobierno porteño rechazó el planteo: la Agencia Gubernamental de Control alegó en una nota a la Ufase –a la que tuvo acceso Página/12– que inspeccionó los locales involucrados en el requerimiento y no encontró infracciones para cerrarlos, aunque tanto Gendarmería como Prefectura corroboraron que se trata de prostíbulos, según figura en el expediente judicial. Además sostuvo que hasta que no finalice la causa penal, no puede actuar. Desde la Ufase, su titular, el fiscal Marcelo Colombo, le replicó al gobierno porteño, en carta dirigida a Macri y fechada el 26 de abril, que supeditar la clausura al avance de un caso penal “consagraría una abierta renuncia a ejercer autónomamente su poder de policía, control y sanción sobre un régimen cuya administración le compete entera y exclusivamente”, y que los fundamentos que esgrime para no actuar constituyen “una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma administrativa “que prevea la sentencia definitiva como requisito para la aplicación de la sanción administrativa”.
En la investigación sobre el delito de trata de personas en el ámbito porteño que inició hace más de un año y medio, la Ufase detectó que en 41 locales habilitados por la Ciudad se registraba en realidad actividad prostibularia. Con esa información hizo una denuncia ante la Justicia, que recayó en el Juzgado Federal Nº 1. El primer pedido al gobierno porteño para que quite las habilitaciones tramitadas para esos locales fue enviado por Colombo el 16 de junio de 2011. En ese oficio –al que accedió este diario– le solicitó a Macri que evalúe “a través del área que corresponda la posibilidad de revocar la habilitación, decretar la inhabilitación, etc., de los locales investigados en la Investigación Preliminar 124/09, cuya denuncia en copia se adjunta al presente, atento a que los elementos colectados en la pesquisa dan cuenta de que en dichos locales funcionan como comercios lícitos bajo eufemismos como ‘whiskerías, bares, etc.’, cuando en realidad constituyen verdaderos prostíbulos, es decir, emprendimientos que comercian con la prostitución ajena o, lo que es lo mismo, comercios con un claro objeto ilícito”.
Los 41 burdeles fueron identificados con nombre y dirección. Como parte de la pesquisa de la Ufase –que derivó en la causa penal que tiene a cargo Servini de Cubría–, efectivos de Prefectura y Gendarmería comprobaron en diversos procedimientos que en esos lugares había explotación de mujeres que ejercían la prostitución.
En el oficio, que fue recibido por el gobierno porteño el 21 de junio de 2011, Colombo le explicó a Macri que la actividad desarrollada en esos locales no constituye un “exceso de rubro” sino que se trata de actividades esencialmente opuestas a lo previsto en el artículo 17 de la Ley nacional 12.331 –que prohíbe los prostíbulos en la Argentina– y a compromisos internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Prostitución Ajena (artículo 1º) y la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer (artículo 6).
Luego de tomarse alrededor de nueve meses para contestar, el gobierno porteño envió el 19 de marzo de 2012 su respuesta a la Ufase desde la Agencia Gubernamental de Control. En esa nota –firmada por la Dra. Alejandra Helfensten, del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos– se señala que los locales involucrados en el pedido de la Ufase fueron inspeccionados por la Dirección General de Fiscalización y Control, y en esos procedimientos se labraron algunas actas. “La lectura de éstas permite considerar que las faltas plasmadas en las piezas mencionadas carecen de la entidad necesaria para proceder como se solicita.” Es decir, evalúan en la Ufase, claramente los controles fueron deficientes, porque los inspectores no vieron lo que Gendarmería y Prefectura sí: que eran prostíbulos. En ninguno se reparó en lo único y esencialmente importante: si la actividad “real” llevada a cabo en el local era compatible con la actividad habilitada.
Desde la Ufase, el fiscal Colombo insistió con el pedido el 26 de abril último, en otra carta enviada a Macri, con copia al procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, donde replicó que el fundamento que esgrime la Ciudad para fundar su “inacción” es “una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma administrativa “que prevea la sentencia definitiva como requisito de la aplicación de la sanción administrativa” y, además, porque la investigación penal “tiene como fin establecer si los titulares del local” cometieron el delito de trata de mujeres para explotarlas sexualmente o si esas mismas personas eran regentes o administradores de un prostíbulo. “El proceso administrativo, por otro lado, debe buscar saber quién pidió y obtuvo una habilitación para de-sarrollar un quiosco, un boliche bailable o una panadería y luego la convirtió en un prostíbulo. Dos mundos diferentes en los que incluso los sujetos pasibles de sanción podrían no ser las mismas personas”, le explicó Colombo a Macri. Además le detalló que las responsabilidades a establecer en esos dos tipos de proceso –el judicial y el administrativo– son totalmente distintas. “En el derecho administrativo sancionatorio, frente a cualquier ilicitud, la responsabilidad objetiva o por culpa resulta de por sí suficiente para la determinación de la sanción. Para el caso planteado aquí sería suficiente que en sede administrativa se estableciera que A habilitó un lugar que luego devino en prostíbulo, sin resultar de importancia si así lo quiso o eso sucedió por su falta de control, o por negligencia. La objetiva constatación basta para sancionarlo con la revocación del acto administrativo de habilitación. Contrariamente, en sede penal será imprescindible probar que el autor actuó con dolo tanto del delito de trata de personas como del regenteo de un prostíbulo (artículos 145 bis y ter del Código Penal y 17 de la ley 12.331)”, sigue la nota enviada al jefe de Gobierno por el titular de la Ufase.
Entre las constancias probatorias para afirmar que en los lugares públicos enumerados habilitados para otros propósitos en realidad funcionan prostíbulos, la Ufase menciona inspecciones de fuerzas de seguridad federal, publicaciones en la vía pública, comentarios de usuarios en distintos foros de Internet en los que se hace referencia a la actividad allí desarrollada. “Se invitó a la Agencia de Control, para el caso de que lo considerasen necesario, a acudir al expediente judicial en trámite para tomar vista de esas pruebas y de otras agregadas al sumario judicial, y así comprobar el punto por sí mismos”, le detalló Colombo a Macri. Además le explicó que el fundamento de la petición de retiro de habilitaciones y clausuras de los locales identificados “es sencillo y radica en que la actividad prostibularia se encuentra prohibida en nuestro país por normas supranacionales y nacionales”. “Es decir que la actividad ‘real’ constatada en aquellos lugares nocturnos habilitados ‘legalmente’ para otros propósitos –abunda Colombo– es ilegal en dos direcciones: a) porque hace uso de una habilitación legal cuyo objeto real es distinto del cual se otorgó en el permiso; y b) en cuanto ese uso distinto está además prohibido por el ordenamiento jurídico argentino por ser campo propicio a la trata de mujeres”.
Colombo incluso le expresó su preocupación a Macri por el hecho de que los locales denunciados por la Ufase fueron inspeccionados en promedio tres veces cada uno por el gobierno porteño, “y en ninguna de esas oportunidades esos controles habían funcionado como alarma”.
Ni el jefe de Gobierno ni el procurador general de la Ciudad respondieron todavía el segundo pedido de cierre de los prostíbulos.
Una megacausa en la Justicia
Se allanaron cuarenta locales que ya tenían antecedentes y se detectó que agentes de la Policía Federal fraguaban actas. El expediente se encuentra en el juzgado de Romilda Servini de Cubría.
Varios de los involucrados pasaron a disponibilidad cuando asumió la ministra Nilda Garré.
La investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase), que detectó el funcionamiento de prostíbulos en locales habilitados por el gobierno porteño para otros fines, se inició en diciembre de 2009. Las actuaciones comenzaron cuando la Ufase empezó a advertir que muchos de los inmuebles investigados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el delito de trata de personas paralelamente registraban antecedentes de infracción a la ley 12.331 –que prohíbe la existencia de burdeles en la Argentina– en la Justicia penal. Pero la pesquisa derivó luego en la averiguación de irregularidades –y delitos– cometidos por la Policía Federal en la supuesta actividad de control de boliches y prevención de la trata. El expediente se convirtió en una megacausa contra doce comisarías de la Federal, que tiene en sus manos la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y que estaría bastante parada.
La Ufase detectó que agentes de esa fuerza fraguaban actas para encubrir lo que pasaba en los locales nocturnos, incautó documentos en las seccionales, allanó alrededor de 40 locales y detectó casos de trata. Según fuentes de la Ufase, tras la denuncia, en el Ministerio de Seguridad se abrieron sumarios administrativos contra los uniformados involucrados en las maniobras ilícitas y algunos de ellos pasaron a disponibilidad en la primera de las purgas que hizo la ministra Nilda Garré.
El 18 de junio de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, el entonces jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, firmó las órdenes internas 111 y 230, respectivamente. En ellas, se obligaba a todas las comisarías porteñas a llevar carpetas de seguimiento de los “locales nocturnos” que hubiera en su jurisdicción, en los que se presumiera la explotación sexual ajena. La información debía contemplar y verificar, entre otras cosas, la habilitación del lugar, las inspecciones efectuadas, si el rubro para el cual fue habilitado se correspondía con la actividad que se ejercía en realidad, la identificación del dueño y/o responsable y del personal que trabaje allí, notas cursadas al organismo del Gobierno de la Ciudad, verificar si había menores ejerciendo la prostitución, actuaciones judiciales y entrevistas con vecinos para ver cómo repercutía la actividad del local en el barrio. Fue el propio jefe de la Federal quien el 14 de diciembre de 2009 puso en conocimiento de la Ufase, sin que el organismo hubiera efectuado un requerimiento específico, la existencia de esas órdenes internas. A partir de conocerlas, la Ufase solicitó las carpetas en cuestión y pidió que se le informara de los sumarios denunciados en cumplimiento de esas directivas. Al analizar la información enviada, la Ufase detectó actas policiales “de contenido falso por la inserción de datos y firma de personas inexistentes” o por la incorporación de declaraciones “inexistentes” que se adjudicaban a personas determinadas. En ambos casos, denunció la Ufase, “la finalidad perseguida fue la de encubrir, tapar, esconder el funcionamiento de tales locales”. En esos sitios, inspecciones de Gendarmería y Prefectura verificaron luego que había explotación de las prostitución ajena. En la denuncia estaba mencionado, entre otros, el famoso Hippopotamus.
“Los resultados arrojados por esta investigación preliminar nos muestran que esos controles fueron sólo útiles para ocultar la realidad de lo sucedido dentro de esos lugares, para lo cual no se reparó en falsificar documentos y falsear el contenido de documentación que debía dar fe de lo allí consignado. Estos datos revelados generaron, además, un impacto negativo en la prevención del delito en el ámbito metropolitano y su efecto en la seguridad interior”, dice uno de los párrafos de la denuncia de la Ufase.
Ante los fiscales, una mujer que aparecía como testigo de un acta declaró que la firma que constaba allí no era la suya, que nunca había sido testigo y que sólo había ido a la comisaría del barrio una vez para solicitar un certificado de domicilio. Exactamente lo mismo les ocurrió a otras personas que fueron llamadas a declarar en la Ufase. Por eso, la sospecha es que los policías usaban datos de gente que había hecho trámites en las comisarías para incluirlos en las actas, sin que lo supieran. La denuncia que abrió la causa penal que tiene en sus manos Servini de Cubría fue firmada por el titular de la Ufase, Marcelo Colombo, y el secretario del organismo, Marcelo Raffaini. En un primer momento involucró a 90 policías (entre ellos, seis comisarios y quince subcomisarios) de doce comisarías, pertenecientes a seis de las ocho circunscripciones porteñas. “Se deduce que el interés de los funcionarios policiales involucrados debiera ser, principalmente económico. Esta es la explicación más razonable del sinnúmero de ilegalidades llevadas a cabo por los funcionarios policiales” , sintetizó la Ufase. En los locales se secuestraron cientos de documentos que hacen referencia a los “pases”. Estos son como tickets (generalmente en forma de ficha o pulserita) que el cliente compra en el local, para luego entregarlo a una prostituta a cambio de sexo. La mujer lo presenta luego para rendir cuentas y cobrar su parte.
Córdoba y Río Negro: Leyes en acción
El gobierno de la provincia de Córdoba avanza con la aplicación de la ley que ordenó el cierre de prostíbulos. Desde la sanción de la normativa que prohibió el funcionamiento de locales donde se comercia sexo, hace dos meses, se cerraron más de 150, entre pubs, whiskerías y cabarets, y fueron detenidas 42 personas que los regenteaban. Hasta ahora Córdoba es la primera provincia que cuenta con una legislación de ese tipo. Pero Río Negro le está siguiendo los pasos: hace dos semanas, su Legislatura dio media sanción a un proyecto similar y está previsto que pase la segunda vuelta y se convierta en ley el 1° de agosto.
De todas formas, los burdeles están prohibidos en el territorio argentino aunque autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad suelen hacer la vista gorda –corrupción mediante, según se desprende de diversas investigaciones judiciales– para que esos sitios permanezcan abiertos y sean destino para la explotación sexual de mujeres captadas mediante engaño por redes de trata. Desde la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase) advierten en la denuncia que hizo su titular, Marcelo Colombo, y el secretario, Marcelo Raffaini, ante el Juzgado Federal N° 1 de la Capital Federal, sobre el vínculo entre los prostíbulos y la trata. Once de las primeras doce sentencias condenatorias dictadas contra tratantes con finalidad de explotación sexual “tuvieron su escenario de ocurrencia en prostíbulos”, indicó la fiscalía especializada que depende de la Procuración General de la Nación. “Iguales porcentajes representativos del riesgo que implica la existencia de prostíbulos para el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual puede extraerse de los procesamientos dictados por ese delito en todo el país”, señaló la Ufase. Esta situación está quedando en evidencia en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en el que hay trece imputados, entre ellos Liliana Medina y sus dos hijos, acusados de liderar una red de prostíbulos y trata en La Rioja. Sin embargo, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se han manifestado en contra del cierre de prostíbulos: argumentan que las empujan a trabajar en departamentos privados o en la calle, donde se sienten más inseguras, y que en los operativos de clausura reciben malos tratos de la policía.
La ley cordobesa establece la prohibición de los locales donde hay explotación sexual y la clausura de los que están abiertos. Para los responsables de los establecimientos prevé la aplicación de una sanción de 60 días de arresto no redimible por multa: se la considera una falta, más allá de que se abran en forma paralela investigaciones judiciales por el delito de trata o proxenetismo. El proyecto que obtuvo media sanción en Río Negro fue impulsado por diputadas Susana Diéguez y Arabela Carreras, del Frente para la Victoria, y aprobado por unanimidad, con la presencia en el recinto del jefe de la Policía provincial, Ariel Gallinger. Es parecido a la iniciativa cordobesa. En la sesión del 13 de julio, Diéguez fundamentó la propuesta y explicó que se está “dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio cultural”. Y agregó “que hagamos visible esta problemática de explotación sexual y de las complicidades políticas y policiales ayuda a las víctimas”.
La norma prevé que si se realizan procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Pero cuando no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, y se les deberá brindar protección y contención, así como a su familia, mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.
El caso de Doly’s
Un caso paradigmático, para la Ufase, fue el boliche Doly’s, que funcionaba en Directorio 2820 y fue uno de los pocos clausurados tras iniciarse la causa penal: “Se ha podido acreditar que allí varias decenas de mujeres (más de treinta) habrían ejercido la prostitución en inmuebles asociados al local -dice el expediente-, las mujeres en situación de prostitución debían dejar el 50 por ciento para el local, tanto de los pases como de las copas. Existen constancias de que Doly’s funciona desde hace veinticinco años con un número similar de mujeres”. La investigación –que derivó en la causa que involucra a uniformados– permitió determinar las ganancias obtenidas por el dueño en cuatro años, entre julio de 2006 y julio de 2010: “Obtuvo beneficios por $10.037.921 (sólo por el 50 por ciento de las utilidades totales, el otro 50 por ciento lo obtuvieron las mujeres en situación de prostitución)”..