Los Archivos Secretos de España y Argentina.
El rey Juan Carlos desoyó a las víctimas españolas de Videla
Por Danilo Albin
Cartas escritas a mano. Cartas cargadas de miedo y dolor. Cartas desesperadas que salían de Buenos Aires, llegaban a Madrid y volvían otra vez a Argentina sin que el miedo pudiese convertirse en esperanza:varios documentos reservados a los que ha tenido acceso Público revelan que el Rey Juan Carlos hizo caso omiso a las súplicas de los cientos de familiares de españoles que habían sido secuestrados por la dictadura de Videla. Todos ellos siguen, a día de hoy, desaparecidos.
De acuerdo a estos archivos, fueron muchas las familias de origen español que se dirigieron a Juan Carlos I para pedirle que intercediera a favor de sus seres queridos, perdidos en los campos de concentración del régimen militar. Las copias de estas notas fueron guardadas como material reservado en la embajada de España en Argentina, donde aún continúan archivadas. Durante décadas, los familiares de desaparecidos intentaron, sin éxito, acceder a esta información.
"Nos permitimos dirigirnos a Vuestra Majestad por el siguiente problema que nos aqueja. Con fecha 28-10-76, aproximadamente a las 24.00, un grupo de hombres armados vestidos de civil, que dijeron pertenecer a un comando del ejército sin exhibir ningún tipo de identificación, irrumpieron en nuestra vivienda". Así comienza la carta enviada el 3 de noviembre de 1978 por los alaveses Jesús Ortiz de Murúa y su mujer, Araceli Juana Langarica, quienes pedían auxilio para tratar de salvar a su hija Blanca. Llevaban dos años haciendo todo tipo de gestiones infructuosas, hasta que decidieron dirigirse al Rey. No lo hicieron en cualquier momento: en noviembre de 1978, Juan Carlos I y la reina Sofía se desplazarían a Argentina para realizar una visita oficial al régimen de Videla, que ya acumulaba en su espalda miles de desapariciones.
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| Carta de los familiares de Ortíz de Murúa al Rey Juan Carlos |
"Suplicamos que abogue por nosotros para que se nos dé a conocer paradero de nuestra hija"
"El secuestro ha sido corroborado por testigos ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Posteriores averiguaciones que hemos realizado han dado todas un resultado negativo", relataba el desesperado matrimonio. "Dado que las autoridades argentinas mantienen un prolongado silencio sobre centenares de casos como el nuestro referente a los desaparecidos -continuaban-,suplicamos a Vuestra Majestad, que actualmente rige en la patria donde hemos nacido, que abogue por nosotros ante quien corresponda a fin de que se nos dé a conocer el actual paradero de nuestra hija".
Ese mismo día, otra madre de origen español relataba sus sufrimientos a través de una sentida nota. Sobre un folio escrito a mano, María Magdalena Pose suplicaba algún tipo de gestión por parte del Rey para tratar de salvar a sus dos hijas, María Magdalena y Graciela Alicia Beretta, secuestradas el 28 de diciembre de 1976 por un grupo de tareas del ejército. En su nota, aquella mujer le pedía a Juan Carlos I que, aprovechando su viaje a Argentina, intercediera ante las autoridades locales con el objetivo de conseguir alguna novedad sobre sus hijas.
"En nuestra desesperación hemos recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado positivo"
Los Beretta y Ortiz de Murúa no fueron los únicos padres españoles que se hicieron ilusiones con la visita de los reyes. El 10 de noviembre de 1978, Irene Osvald de Bugatti, madre de Roberto Horacio Bugatti -un ingeniero agrónomo que llevaba desaparecido desde el 22 de octubre de 1976-, le hizo llegar una carta al entonces embajador de España en Buenos Aires, Enrique Pérez-Hernández. "En nuestra desesperación hemos recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado positivo", señalaba la mujer. Ante esa dramática situación, Irene imploraba que la pareja real fuese informada sobre esta situación, "para ver si ellos pueden intervenir ante las autoridades argentinas".
"Deseo aclarar que mi hijo era un funcionario de gobierno que se desempeñaba en su puesto con eficiencia y honestidad, hombre de bien, cristiano, de excelentes condiciones humanas y espirituales y de quien nadie conoce que tuviera ningún tipo de actividad política ni gremial", apuntaba la mujer.
A pesar de su crudeza, estos reclamos no alteraron la agenda de los reyes. Siguiendo el guión previsto, Juan Carlos y Sofía arribaron el 26 de noviembre de 1978 a Buenos Aires, donde fueron declarados "huéspedes de honor". "Para el pueblo y Gobierno argentinos (sic) constituye motivo de íntima satisfacción la presencia de los ilustres visitantes, dado los trascendentales lazos espirituales y de sangre que unen a nuestro país con España. (...) Además, dicha visita permitirá llevar a cabo en el más alto nivel, conversaciones tendientes a intensificar las relaciones económicas, comerciales y culturales, así como la firma de diversos Convenios de especial interés para ambas naciones", destacaba un decreto de la dictadura.
Poco antes de que la Casa Real anunciase el viaje de los monarcas a ese país, el reconocido abogado Emilio Mignone, padre de una joven que había sido raptada por los militares en Buenos Aires, había logrado contactar en Madrid con asesores del rey Juan Carlos, a quien hizo llegar un pedido muy claro: no debía visitar la Argentina de los vuelos de la muerte y las salas de tortura, ya que se convertiría en un gesto muy positivo para el sangriento régimen.
Ese mismo reclamo fue planteado por los partidos de la oposición en el Congreso, donde diputados socialistas y comunistas argumentaron sobre la inconveniencia de esta visita oficial. El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja -tío del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja- resumió la postura oficialista en una frase: "El gobierno español rechaza las posiciones de humanitarismo selectivo y se opone a utilizar el tema de los derechos humanos como arma arrojadiza contra los adversarios políticos", esgrimió.
"Cuento hasta tres y disparo"
Mientras Oreja ofrecía estos argumentos en defensa del Rey, desde Argentina seguían llegando pedidos de auxilio. "El día 12 de mayo de 1977, aproximadamente a la 1.30, un grupo de hombres armados -10 o más- llamaron por altavoz desde la calle, mandando que encendiéramos las luces y saliéramos con las manos en alto. Al hacerlo, nos separaron y registraron la casa; nos interrogaron separadamente a mi esposo, a mis hijos y a mí, y finalmente obligaron a mi hija María a abandonar el domicilio y acompañarlos. Les pedí desesperadamente que me dejaran acompañar a mi hija, lo que no me permitieron. Imploré darle un beso y me amenazaron con un ‘señora, no insista porque cuento hasta tres y disparo'. Desde entonces no he sabido nada de ella", escribió Victorina Toimil, natural de Vigo.
En lugar de reclamar a la dictadura por la vida de María, la Casa Real optó por trasladar el caso al ministerio de Exteriores de Marcelino Oreja y a la Cruz Roja española, tal como figura en la respuesta enviada a Victorina Toimil. La nota, que llevaba la firma del secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, también fue remitida a la embajada española en Buenos Aires, que la archivó como secreta.
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| La Casa Real informa a Cruz Roja del caso María del Carmen Jaramillo - Septiembre 1979 |
De acuerdo a los expedientes consultados por Público, este procedimiento administrativo -con respuestas prácticamente calcadas de Fernández Campo- se repitió en otros casos. Según esos documentos, los Jaramillo fueron una de las familias que recibieron una escueta nota del Palacio de la Zarzuela, en la que su secretario general se limitaba a informar sobre el traslado de su denuncia "a la Asamblea Suprema de la Cruz Roja para que por el departamento u organismo correspondiente, se estudie la solución que, en justicia, proceda". No sirvió de nada: María del Carmen Jaramillo, una maestra de 28 años que fue secuestrada el 8 de enero de 1976 en la provincia de Tucumán, sigue desaparecida. Su nombre, alguna vez, llegó a los despachos de la Casa Real.
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España planeó una "solución final" para Euskadi al estilo de Videla
Por Danilo Albin
para Público.es
Publicado el 3 de noviembre de 2014
Publicado el 3 de noviembre de 2014
Mandos de la Guardia Civil, miembros del Ejército y altos funcionarios del Gobierno de Suárez eran partidarios de los métodos represivos que aplicaban las dictaduras de Argentina y Chile.
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Represión policial en Barcelona durante la dictadura franquista.
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El Jockey era uno de los restaurantes más distinguidos de Madrid. El 30 de junio de 1978, la Embajada argentina recurrió a sus servicios para homenajear por todo lo alto a un reconocido militar español: el teniente general Tomás de Liniers, jefe del Estado Mayor del ejército. La cena, que costó 178.800 pesetas, acabó con un brindis por la Argentina de los vuelos de la muerte y la España del rey Juan Carlos I. Un par de semanas después, De Liniers se plantó en Buenos Aires para entregar al dictador Jorge Rafael Videla la Gran Cruz del Mérito Militar. En realidad, su "mérito" no había sido otro que comandar una carnicería humana que para entonces -verano en España e invierno en Argentina- ya registraba miles de muertos y desaparecidos.
En un frío 14 de julio, Liniers se acomodó el uniforme, miró a sus camaradas sudamericanos y trató de explicar su ferviente devoción hacia aquella dictadura. A su entender, Videla y sus hombres llevaban adelante una "lucha contra el extremismo" que gozaba de "legitimidad y justicia". Dicho esto, llegó el turno de las comparaciones. "Argentina y España sufren ataques, los ataques aviesos del materialismo ateo por unos medios y unos procedimientos que nada nos van a nosotros, a los pueblos de nuestra raza, que estamos acostumbrados a luchar siempre cara a cara, hombre a hombre y que, incluso a los vencidos, una vez vencidos, somos capaces de darles la mano", sostuvo, e incluso se animó a vaticinar que la historia reconocería la obra de los militares argentinos "por encima de las críticas actuales".
Su peculiar forma de entender el terrorismo de estado era compartida por otros altos militares españoles, quienes veían en Argentina la posible solución a los problemas que se planteaban en la España de la transición. Así lo revelan determinados archivos -algunos de ellos aún catalogados como reservados- a los que ha tenido acceso Público. Entre esos documentos figura un informe elaborado por el cónsul general de Argentina en Bilbao, Ricardo Corbella, sobre la situación política en el País Vasco. En esta nota, fechada el 16 de octubre de 1978, el funcionario daba a conocer los resultados de sus conversacionescon los jefes de la Guardia Civil, del Ejército y de la Policía Armada.
Según había podido relevar el cónsul, las fuerzas de seguridad lamentaban la "ineficacia técnica de la reciente Ley Antiterrorista puesta en práctica por el Gobierno" y advertían sobre la "sensación en las instituciones de las FOP (Fuerzas de Orden Público) de que los partidos políticos dan apoyo indirecto y/o directo" a ETA. Seguido, advertía sobre la "generalización en los mandos naturales de las FOP de que la solución final del actual proceso español y vasco en particular debería encuadrarse en temperamentos similares a los adoptados en Chile y Argentina, a la vez que prospera la idea que la democracia es la causante de todo el proceso de referencia".
Alumnos y maestros
Otros documentos consultados por este periódico confirman que los militares españoles mantuvieron un estrecho contacto con sus homólogos argentinos en los años previos al nacimiento del Batallón Vasco Español, la Triple A o el GAL, algunos de los principales grupos parapoliciales que emplearon la guerra sucia contra ETA. En mayo de 1978, la Escuela de Guerra Naval encargó a uno de los marinos argentinos que operaban en España, Jorge Osvaldo Troitiño, la organización de una especie de taller didáctico sobre Argentina, de manera que pudiese explicar -y convencer- a sus camaradas sobre las bondades del "régimen político" de Videla y su "desarrollo futuro".
Según figura en los archivos secretos, la Embajada argentina se encargó de suministrar a Troitiño todo tipo de materiales didácticos, entre los que se encontraban "algunas de las películas de cortometraje sobre el país elaboradas para su difusión al exterior" y distintos "folletos sobre el Proceso de Reorganización Nacional", nombre habitualmente utilizado por los golpistas para referirse al gobierno militar. De hecho, los responsables de la Escuela de Guerra Naval española ya disponían de los "ejemplares 2 y 3 de la revista Argentina y los folletos números 2 al 5 del Proceso de Reorganización Nacional", tal como destacaban los diplomáticos en una comunicación enviada a Buenos Aires.
La elección de este marino no fue casual: Troitiño estaba plenamente identificado con los crímenes que cometían sus compañeros de armas en territorio argentino. En agosto de 2004 -26 años después de su intervención en un aula de la Escuela de Guerra Naval española-, este veterano miembro de la Armada envió un correo electrónico a Prensa Independiente, un grupo de apoyo a los genocidas argentinos. En su e-mail, el teniente de fragata volvía a reivindicar la "guerra revolucionaria" -otro de los eufemismos empleados por los represores para referirse al terrorismo de estado-, admitía su participación en esos terribles actos y lanzaba alguna que otra velada amenaza contra todos aquellos que se atreviesen a juzgarlo.
Su exposición en la Escuela de Guerra Naval de Madrid apenas era un adelanto de lo que estaba por venir. Entre 1979 y 1983, el Ejército español envió a varios agentes a realizar cursos en la Escuela de Inteligencia de Buenos Aires, dirigida por los represores más sanguinarios de la dictadura. Entre los alumnos españoles figura Joaquín Rodríguez Solano, un coronel de la Guardia Civil que se vio involucrado en la trama de la operación Galaxia, el fallido intento de golpe de estado que planificaron los sectores más ultras del ejército en noviembre de 1978. Tres años después de ese experimento, Rodríguez Solano viajó a Argentina para aprender las tácticas de Inteligencia del régimen de Videla.
Según consta en los archivos, las relaciones entre civiles y uniformados de uno y otro lado del Atlántico no acabarían ahí. Durante los peores años de la dictadura, los generalesJaime Milans del Bosch, Miguel Luengo Tejero y Ramón Cuadra Medina fueron algunos de los invitados a las comidas organizadas por los diplomáticos argentinos en distintos restaurantes de Madrid. Los funcionarios de la embajada también mantuvieron contactos con el Comisario Principal de Policía de Madrid, Gonzalo Gómez Ruiz, y con el general del ejército de Tierra, José Gabeiras Montero.
"Así nos va"
El modelo represivo argentino también despertaba interés en el entorno del presidenteAdolfo Suárez. Así quedó plasmado en un documento secreto redactado por el embajador argentino, Jorge Washington Ferreira, tras reunirse con el ministro de la Presidencia del ejecutivo español, José Pedro Pérez Llorca, considerado como uno de los siete padres de la Constitución. Según este memorándum, el encuentro tuvo lugar el 21 de enero de 1980, duró 45 minutos y giró "sobre la situación argentina y española". "El ministro se mostró interesado por conocer diversos aspectos relacionados con el terrorismo en la Argentina", destacaba Ferreira en su informe.
El embajador de Videla aprovechó el interés de su interlocutor para hacer apología de los crímenes cometidos por la dictadura. "Puntualicé que las FFAA y de Seguridad habían enfrentado una verdadera guerra, la que, felizmente, había concluido con la total derrota del enemigo en el campo militar", subrayó el funcionario. Entonces llegó uno de los momentos más inolvidables de la reunión: en tono didáctico, Ferreira explicó que "había dos métodos para enfrentar el terrorismo: el meramente policial, con represión normal y gradual, y el de guerra total con represión drástica mediante el empleo, incluso, de los medios militares". El embajador remarcó que Argentina había "optado por éste último", a lo que Pérez Llorca apostilló: "Nosotros por el primero, y así nos va".
En otro momento de la charla, el entonces ministro y ahora presidente del Museo del Pradose sinceró sobre la postura del gobierno de UCD ante la situación en Euskadi. "Me dijo que ellos habían hecho la transición en España pero que habían tenido errores, principalmente con el proceso autonómico, toda vez que ahora todas las nacionalidades querían equipararse a la vasca y a la catalana y que ello no era posible. De ahí los esfuerzos del presidente Suárez por desacelerar el curso autonómico en las demás regiones. El problema vasco, agregó, es realmente grave". A lo largo de ese año, los grupos parapoliciales que operaban en Euskadi asesinarían a unas veinte personas.
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