Los consejos y la cooperación económica en los primeros años de la Argentina peronista, 1946-1948
Leandro Sowter
Rev. Esc. Hist. vol.14 no.1 Salta jun. 2015
Resumen:
Este artículo analiza la vinculación institucional de empresarios y trabajadores con el Estado durante los años de oro del primer peronismo. A partir de la reconstrucción de los consejos económicos se describe la estrategia sociopolítica de la intervención económica estatal peronista y los intentos por legitimarla. La investigación muestra que estos consejos cumplieron un rol pragmático que para el gobierno pasaba por mantener un determinado equilibrio entre empresarios y trabajadores, consustanciado en una relación precios-salarios, pero que ello se vio dificultado por la carencia de una central empresaria representativa.
La crisis económica mundial de la década de 1930 forzó una reorientación y profundización de la intervención económica estatal (IEE);1 pero si bien en su origen el Estado interventor tuvo una fuerte participación de la elite empresaria, a finales de la década, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, se suscitaron fuertes conflictos entre el Estado y el poder económico en torno al carácter y profundidad que debía adquirir dicha IEE. Ello puso en debate el sistema institucional que canaliza las demandas societales de manera legal y legítima. A partir de la posguerra quedó planteado el problema de la participación de los actores socioeconómicos en los organismos estatales que definen la política económica.2
Distintos autores han estudiado hasta qué punto los conflictos entre actores estatales y socioeconómicos durante el peronismo impusieron limitaciones y restricciones al capitalismo argentino en general y a la política económica en particular.3 Sin embargo, todavía es mucho lo que falta avanzar al respecto. Este trabajo aborda un aspecto poco estudiado: la institucionalización de la cooperación económica entre empresarios y trabajadores en los organismos estatales durante los años de oro del gobierno peronista. El estudio de la cooperación económica implica analizar la vinculación institucional que los actores socioeconómicos tienen en los organismos estatales que intervienen en la IEE. En la mayoría de las experiencias históricas, esta cooperación se dio a través de consejos económicos o comisiones.
En general, los trabajos que abordaron en mayor o menor medida esta cuestión sostienen que los consejos y comisiones peronistas fueron un fracaso. Se argumenta que estos organismos no lograron canalizar efectivamente la participación empresaria en las políticas estatales y que ello fue producto, entre otras cosas, de la centralización en la toma de decisiones en el gobierno, de su aislamiento o bien por la impaciencia, ambición y celo de Perón respecto de su autoridad. Como consecuencia, no se constituyeron mecanismos estables y orgánicos de participación empresaria.4
Por otra parte, hay autores que han destacado el rol que jugó la participación de distintos actores en las políticas peronistas. Así, se ha rescatado el rol de articulación de los consejos en tanto generadores de consensos previos para la formulación de políticas y la habilidad del gobierno para incorporar de forma selectiva demandas de la sociedad civil en el proceso de planificación.5
Considerando estos aportes, este artículo se propone estudiar los organismos para la cooperación económica durante los años de bonanza del primer peronismo, 1946-1948, período en el que adquirieron una dinámica particular. Aun considerando que estos organismos tuvieron un pobre desempeño durante el período todavía resta explicar los factores que intervinieron en su accionar. Su análisis resulta relevante porque permite analizar los avatares de la cooperación económica, además de ser una ventana privilegiada para observar tanto las interacciones entre los actores como la estrategia sociopolítica de la IEE peronista. Respecto de ésta última, se aborda una cuestión en general no abordada y que remite a los intentos oficiales por construir legitimidad de la IEE.
Se analiza en profundidad el discurso, en particular el discurso público, y se revisan diversas fuentes primarias y secundarias a fin de reconstruir el accionar de estos organismos entre 1946 y 1948.6 En la primera parte, se muestra el lugar que éstos ocuparon en el proyecto peronista y se identifican los parámetros oficiales de la cooperación económica. En la segunda, se analiza la dinámica de la cooperación y la experiencia del Consejo Económico y Social. En la tercera, se analiza una de las reuniones de este Consejo, de las cuales se dispone su transcripción, fuente que permite analizar por primera vez los debates en su seno. En las conclusiones se hace un balance de la experiencia de la cooperación económica y se argumenta que, si bien dicha cooperación no fue lo que originalmente se había proyectado, de todas formas cumplió un papel, sirviendo, aunque en distinta medida, a necesidades políticas y económicas del gobierno y de los empresarios.
Consejos económicos, emergencia del peronismo y proyecto peronista
La historia de los consejos económicos muestra que su desarrollo estuvo vinculado al menos a tres factores: procesos de cambio estructural, sistematización y densificación de la IEE y conflictos, potenciales o no, entre capitalistas y obreros. Algunas de las principales experiencias mundiales son: Francia, con la creación de un Consejo Económico del Trabajo en 1920 y un Consejo Económico Nacional en 1925; Alemania, con su primer ensayo de Consejo Económico y Social en 1919 y el Consejo Económico Provisional del Reich en 1920, disuelto en 1933; Italia que creó el Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo en 1947; y Brasil que diseñó en 1946 un Consejo Nacional de Economía.
En Argentina, la institucionalización de la cooperación económica se origina en los intereses conservadores por una IEE que asegurara la reproducción del modelo económico. El primer proyecto fue del diputado Carlos Saavedra Lamas en 1910 y su propuesta de un "Consejo Nacional de Agricultura, Industria y Comercio". A lo largo de la década de 1930 las transformaciones en el modelo de acumulación, el crecimiento del aparato estatal y la mayor sistematicidad que adquirió la intervención estatal generaron conflictos con la elite económica, lo cual puso en primer plano el problema de la legitimidad de la IEE. En 1938 el diputado radical, Carlos M. Noel, propuso un Consejo Económico Nacional que preveía una profunda intervención estatal en el área laboral, industrial, agropecuaria y comercial.7 No obstante, ninguna iniciativa tuvo el apoyo suficiente para ser convertida en ley.
Hacia 1942 hubo una agria disputa en torno a un proyecto de ley del gobierno conservador de Castillo que aumentaba los gravámenes al capital. La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial Argentina (UIA) coordinaron acciones a través de un "Comité de Defensa Económica" con el objetivo de rechazar las modificaciones impositivas y exigir la creación de un consejo económico donde pudieran "participar" de las políticas que los afectaban.8
Luego del golpe de junio de 1943, el gobierno militar, necesitado de apoyos, buscó atenuar los conflictos con el poder económico y dio lugar a unas de sus demandas más recurrentes: la participación en los organismos estatales, en los que se involucraron ampliamente.9 La necesidad de implementar una política económica efectiva (que resolviese "los problemas nacionales") y minimizar el conflicto sociopolítico con (y entre) los actores socioeconómicos, en el contexto de una coyuntura que se prefiguraba como crucial a ojos de los contemporáneos, hizo que la construcción de legitimidad de la IEE asumiese un carácter sustantivo. Esta sería, a partir del emergente peronismo, una de las principales funciones de los consejos y comisiones asesoras, que fueron una práctica rutinaria en el proceso de creación de organismos estatales desde el gobierno militar.10
A pesar de las coincidencias iniciales con el gobierno militar,11 la orientación de la intervención estatal y el conflicto sociopolítico en torno a la aplicación de la legislación social impulsada por Perón, terminaron impactando negativamente sobre la legitimidad de la IEE para los empresarios. El período 1943-46 pone de relieve las particularidades que tuvo la institucionalización de la cooperación económica habida cuenta de la forma que asumió la autonomía estatal en el contexto de una fuerte polarización sociopolítica.12
La experiencia del Consejo Nacional de Posguerra (CNP) resulta reveladora, pues, además de ser el primer intento orgánico de planificación en el país, funcionó como un foro de alto nivel en donde empresarios y trabajadores cooperarían para definir el rumbo en la posguerra. Presidido por Perón, el CNP concebía una planificación que buscaba incorporar la "colaboración" de empresarios y trabajadores a través de sendas subcomisiones. El "Ordenamiento Económico-Social" del CNP, que sentó las bases del futuro Primer Plan Quinquenal 1947-1952, se publicó en enero de 1945 y es una muestra del consenso que se logró construir en torno a una idea de industrialización liviana, pleno empleo y una política social activa.
Pero la polarización sociopolítica del período 1945-46, de la cual el peronismo era consecuencia y causa, atentó contra la política de la cooperación económica. Y no es esto lo que sorprende, sino que, por el contrario, hubiera sido paradójico que en ese clima se hubiesen mantenido activos los espacios que buscaban consensuar la IEE. Hacia septiembre de 1945 la UIA renunció a todos los espacios de participación dentro del Estado.13 Luego de las jornadas de octubre de 1945 quedó claro que el empresariado estaba mayormente en el campo antiperonista y el movimiento sindical quedó definitivamente identificado con el peronismo.
En mayo de 1946, luego de que el sector más antiperonista ganara las elecciones internas de la UIA, el gobierno decretó su intervención aduciendo la falta de "democratización", pues la central "no había hecho conscripción de socios... a fin de que pudiesen participar en la tarea directiva todos los industriales del país".14 Este desenlace pone de relieve la forma en que los parámetros del emergente peronismo determinaron la organización de los intereses corporativos.
Sin dudas, el proyecto peronista otorgaba al Estado un papel central.15 Algunos autores sostienen que el gobierno aplicó de forma autoritaria las políticas públicas y/o que excluyó todo tipo de participación en las mismas.16 Sin embargo, existieron mecanismos y organismos específicos que, ya desde la experiencia del CNP, buscaron tanto canalizar la participación de los actores socioeconómicos como recabar sus demandas y posiciones, las cuales fueron incorporadas, aunque en distinta medida y de forma selectiva.17
Concretamente, la IEE peronista operó desde sus orígenes bajo un determinado modus operandi, el cual expresó un modelo de construcción del consenso que configuró una forma de intervención y planificación económica singular y heterodoxa. Dicho modelo consistía en la cooperación Estado-empresarios-trabajadores y constaba de dos grandes componentes. Primero, el gobierno habilitaba la participación de los actores socioeconómicos en la formulación de las políticas a través de mecanismos como consultas directas, encuestas, informes, llamados a formular propuestas y recepción de correspondencia. Segundo, una vez definidos los objetivos, el gobierno exigía la colaboración de los actores socioeconómicos, lo cual implicaba que empresarios y trabajadores debían coadyuvar con los orientaciones trazadas, subordinándose e incorporando como propios los objetivos gubernamentales.18
Ambos componentes, la participación y la colaboración, estuvieron siempre presentes en el proceso de la IEE peronista, y adquirieron diferente peso según la distinta combinación de necesidades políticas y económicas a lo largo del gobierno. En función de este modelo de consenso, se institucionalizó la cooperación económica, la cual cumplió una doble función: práctica (formular soluciones efectivas) y de legitimación (generar aquiescencia en torno a las políticas). La centralidad de dicha cooperación queda demostrada en el lugar destacado que la misma ocupó en la arquitectura estatal peronista.19
La "Comunidad Organizada" peronista buscaba institucionalizar una determinada relación entre Estado, trabajadores y empresarios con el objetivo de lograr la expansión económica y el progreso social. Como se sabe, el gobierno pudo contar con una central trabajadora monolítica, representativa y altamente permeable a los requerimientos estatales, aunque no pudo contener su avance en la lucha económica.20 En el caso de la participación empresaria, su representación resultó particularmente problemática habida cuenta de la forma que asumió la autonomía estatal en el contexto de una fuerte polarización sociopolítica.
El gobierno determinó los parámetros a los que debía amoldarse una central empresaria para ser legítima y plenamente reconocida, algo que ocurrió recién en 1952. Primero, debería ser representativa, a nivel nacional y sectorial, y "democrática". Es decir, debía ser la expresión del empresariado de todo el país, y de todo el capital, la gran y pequeña burguesía de la industria, el comercio y las actividades agropecuarias. Segundo, debía ayudar a (re)socializar los empresarios en un sentido "nacional", haciéndolos parte del consenso peronista. Tercero, serviría para efectivizar las negociaciones tripartitas, Estado-empresarios-trabajadores. Por último, debía servir para legitimar la IEE y el modelo económico peronista frente al empresariado, a la vez que canalizar su colaboración para la efectividad de la política económica. Pero los fuertes conflictos entre empresarios y trabajadores y la dependencia política del gobierno respecto de estos últimos, entre otros factores, terminaron posponiendo el interés y el compromiso oficial por apoyar una central equivalente a la del movimiento obrero21.
La dinámica de la cooperación económica en la "Nueva Argentina"
Una vez ganadas las elecciones, el gobierno apuntó a dos grandes objetivos, la consolidación política y la expansión económica, que fueron articulados en una estrategia que apuntaba a la maximización de la producción y que proponía como instrumento principal la "colaboración" del capital y del trabajo con el Estado. Así, se aseguraría la confluencia entre la "justicia social" y la "independencia económica", núcleos duros del proyecto peronista.
Con estos horizontes, la política económica procuró una mejor distribución de los ingresos y una centralización nacional de las decisiones económicas, para lo cual se implementó una serie de reformas institucionales en el área económica, como la nacionalización del Banco Central y la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Esta orientación de la política económica no sólo permitió un fuerte aumento de los salarios reales y de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, sino que, a través del crédito, los empresarios industriales se beneficiaron ampliamente.22 Eran los años de oro del primer peronismo.
La experiencia del año 1945 había dejado una sociedad fuertemente polarizada, por lo que, una vez asumido el poder, el gobierno buscó morigerar los conflictos y hacer realidad la política de la cooperación, la cual tuvo lugar en distintos niveles. Por un lado, los empresarios tuvieron una participación directa en el gobierno. Luego de intervenida la UIA lograron influir de distintas formas en las políticas y participaron en distintos niveles. Por un lado, ocuparon puestos de primer nivel en el gobierno, donde gozaron de un poder privilegiado en la definición de la política económica.23 Por otro, procuraron crear una nueva central empresaria: la Asociación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (AAPIC) en julio de 1946, aunque no fue sino hasta 1952 que el gobierno reconoció el monopolio de la representación del capital a la Confederación General Económica, bajo el liderazgo de los empresarios del interior encabezados por José Ber Gelbard.24
Por su parte, los sindicalistas ocuparon diversos puestos: en el Congreso Nacional, en las embajadas como agregados obreros y en ministerios clave: José María Freire (sindicato del vidrio) en Trabajo y Previsión, Ángel Borlenghi (empleados de comercio) en Interior, Ramón Cereijo (asesor de diversos sindicatos) en Hacienda y Atilio Bramuglia (abogado de la Unión Ferroviaria) en Relaciones Exteriores.
A su vez, estaba la propia institucionalización de la cooperación económica, la cual no solamente se dio a través de organismos específicos como el Consejo Económico y Social, sino que también incluyó la participación sistemática de empresarios y trabajadores los directorios de instituciones medulares a la arquitectura estatal en el área económica, como el Banco Central y el de Crédito Industrial, entre otros.
El derrotero de esta cooperación económica ha sido muy poco estudiado y es muy poco lo que se sabe acerca de qué sucedió en estos espacios. De la misma forma, es muy poco lo que se conoce acerca de la estrategia sociopolítica que presidió la IEE durante el peronismo. Dicha estrategia puede sintetizarse bajo el concepto de "equilibrio", término que no casualmente se repite a lo largo de todo el discurso oficial. La idea era que la etapa de la "revolución", que el discurso situaba entre 1943 y 1946, ya había tenido lugar. Una vez dirimida la disputa electoral, se imponía la necesidad de "producir, producir y producir", para lo cual ambos actores, empresarios y trabajadores, debían estabilizar sus posiciones y adecuar su comportamiento a los parámetros de un equilibrio que era custodiado por el Estado.25 En términos económicos, este pacto social se sostenía sobre la base de salarios altos a cambio de protección y apoyo a la industria nacional.
En relación a los obreros, el gobierno procuró soldar su apoyo político al tiempo que afianzar su participación en el plano económico. No es cierto que el gobierno promoviera o apañara una mayor expansión del poder obrero a expensas de los empresarios,26 sino que, por el contrario, a partir de 1946 procuró conjurar la conflictividad laboral al tiempo que mantener el balance que se había logrado hasta esemomento. Las herramientas que se utilizaron fueron varias, y fueron desde la persuasión a la intervención de sindicatos y comisiones internas, pasando por el no reconocimiento del derecho a huelga.
Los organismos para la cooperación económica se ocuparon principalmente de llevar a cabo esta estrategia del "equilibrio". En este sentido, la mencionada reforma institucional en el área económica fue acompañada por un relanzamiento de dichos organismos. Asumido el gobierno, la función consultiva que en parte había llevado a cabo el CNP fue cumplida por el Consejo Económico y Social (CES), creado por decreto el 1 de julio como organismo específicamente consultivo en una de las reparticiones más poderosas: la Secretaría de Asuntos Técnicos, a cargo de José Figuerola.27
La preeminencia de la burocracia peronista fue clara y dominó la dinámica del organismo, cuya función era "informar y pronunciarse en cuantos asuntos someta a su consideración" el Secretario Técnico, que presidía el organismo. Los temas versaban sobre la "planificación, coordinación y forma de ejecución" de aspectos de la política económica que eran previamente determinados por las autoridades. En tanto que el decreto de creación establecía la facultad del gobierno de ampliar la cantidad de representantes, el CES quedó finalmente conformado con representantes de los más variados rubros, sin quedar claro el criterio.28 Si bien el Presidente de la Nación designaba a los representantes y los convocaba dos veces por año a una reunión ampliada, en la práctica el CES funcionó con un núcleo directivo más reducido que se reunía mensualmente y que estaba conformado por el propio presidente del Consejo, dos representantes de organismos oficiales, dos empleadores y dos obreros.29
En los primeros años de gobierno, la IEE peronista generó y tuvo que desenvolverse en un contexto de fuertes conflictos, tanto con los actores rurales como con los industriales y trabajadores.30 Perón mismo atribuía, al menos en parte, la existencia de estos conflictos a la carencia de un organismo que canalizara las demandas de los actores socioeconómicos. En el acto de constitución del CES, el 20 de marzo de 1947, sostuvo: "En estos últimos días, con las objeciones que se han presentado en el campo, hemos sentido la falta de este Consejo [...]. Si hubiera existido, el gobierno hubiera recibido a tiempo las sugestiones y hubiera llegado a soluciones. [...] Quiero que pensemos que la obligación de este Consejo es captar, resolver y llevar soluciones."31
La cita muestra lo que el gobierno esperaba de estos organismos. Primero, debía servir para legitimar la política económica; segundo, para relevar las distintas demandas a fin de generar un diagnóstico más certero respecto de los problemas a resolver y, tercero, para que los actores socioeconómicos elevasen propuestas para atender dichos problemas. En suma, la institucionalización de la cooperación económica cumpliría funciones de legitimación, diagnóstico y canalización de demandas.
Ahora bien, aunque la cooperación económica era central al proyecto peronista, la dinámica real que cumplieron organismos como el CES estuvo dominada por la estrategia sociopolítica más general que se ensayó en función de necesidades y realidades políticas y económicas. A su vez, la vorágine del "hacer", del "realizar", probablemente contribuyó a demorar la puesta en marcha del CES, cuya constitución formal tuvo lugar ocho meses después de creado. La planificación y la política económica estaban en manos de la burocracia peronista, tal como queda demostrado, por ejemplo, en el armado del Primer Plan Quinquenal, el cual no contó con la participación empresaria.32 Las prioridades oficiales eran afectadas tanto por las condiciones internacionales en la segunda posguerra como por los requerimientos del modelo sustitutivo industrial y los objetivos de consolidación del peronismo en tanto movimiento político nuevo.33
En la segunda posguerra la inflación había irrumpido con fuerza y aunque el fenómeno era mundial, en la Argentina tuvo sus peculiaridades. La escasez de productos de primera necesidad fue de la mano con el agio y la especulación, amén de que la estructura productiva operó con dificultades habida cuenta de la imposibilidad de proveerse de insumos y maquinarias del exterior. En el conflictivo año 1945 la inflación llegó al 20%, aumento casi inédito en aquel entonces.
Luego de asumir el 4 de junio, el gobierno tuvo como una de sus primeras prioridades atacar la inflación. Dos días después, se anunció la "Campaña de los 60 días", que quedó a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio y que contó con el involucramiento personal de Perón. A tal fin se aplicaron una serie de mecanismos heterodoxos nacidos durante la guerra, como precios y ganancias máximas, control del comercio externo e interno, limitaciones a la exportación, ley de represión a los monopolios y el despliegue de inspectores para combatir el agio y la especulación.
Es en este contexto que se explica la función que debía tener el CES para el gobierno: ayudar a concretar el "equilibrio" socioeconómico de precios y salarios que se consideraba adecuado a fin de lograr un aumento real de los salarios sin poner en riesgo la reproducción del capital. En efecto, en la Argentina peronista, la relación entre precios y salarios pasó a ser una cuestión sociopolítica crucial y un objetivo central de la política económica. Acorde a estos lineamientos, el rol principal del CES fue el de lograr que los actores socioeconómicos alineasen su comportamiento con esta estrategia sociopolítica y económica. En la Comisión Permanente del CES, reunida a puertas cerradas el 5 de mayo de 1947, Perón marcó los lineamientos:
"No queremos modificar lo que no es modificable, como ser los aumentos por causas naturales, como escasez de materias primas y otras justificadas, sino que queremos combatir las causas artificiales de la carestía, o sea, las maniobras especulativas. [...] Lo esencial, ahora, consiste en procurar el abaratamiento de cuantos artículos necesita el pueblo y dar a conocer la obra que realizamos para disminuir la inflación. [...] Trataremos de aplicar las sanciones solamente cuando estemos seguros de que no nos equivocamos. [...] La representación de los variados intereses que se conjugan en el seno del Consejo permitirá que el gobierno pueda pulsar en todo momento el efecto de las medidas que adopte y recibir las sugestiones que le puedan llegar de todos los medios realmente interesados en la solución de los graves problemas que afectan a la economía nacional."34
Si bien en el debate público el gobierno denunciaba el origen político de la inflación, en el CES, a puertas cerradas con empresarios y trabajadores, se reconocía que habían causas que estaban "justificadas" y que precisamente la cooperación ayudaría a identificar, legitimando las sanciones "cuando correspondiesen". Por otro lado, al contrario de lo que generalmente se supone, la operatoria del CES sí habilitó la introducción de modificaciones a las políticas, por ejemplo en cuanto a la fijación de precios y sanciones.
"Deseo que una comisión asesora de precios revise los actuales, proponga las modificaciones que estime pertinentes, así como los artículos y materiales que deban incluirse en la regulación de los precios o excluirse de ella. Las normas a que deba sujetarse el control de precios y la imposición de las sanciones pertinentes serán consideradas por este organismo consultivo a fin de que puedan contar con la opinión de todos los sectores interesados."35
A pesar de ello, los conflictos entre los actores socioeconómicos ponían constantemente a prueba la política del "equilibrio". Si bien el gobierno buscaba a toda costa legitimarla y sostenerla, y aunque dejó en claro que no se no aceptarían "las actividades violentas o de rebeldía" y que la remuneración del trabajo tan solo debía "ser suficiente para cubrir el nivel de vida" y "alcanzar un estándar decoroso"; los trabajadores no se atuvieron al libreto oficial.36 Más bien procuraron ampliar los beneficios conseguidos por la legislación social peronista, lo cual afectó las relaciones laborales y atizó la disputa de poder al interior de las plantas fabriles.37
Los empresarios consideraban que los trabajadores abusaban de la legislación social y criticaban el accionar de las comisiones internas, cuya existencia no había sido reglamentada por el Estado y que consideraban ilegales. Apelando a los objetivos fijados en la "batalla contra los precios", denunciaban que "la falta de disciplina" y el "ausentismo", fundados en un entendimiento laxo de las leyes sociales peronistas, atentaban contra la producción.38
Hacia julio de 1947 se creó el Consejo Económico Nacional (CEN), organismo de control y coordinación que centralizó y definió la política económica.39 El decreto de reglamentación determinó que el presidente del CEN lo era a su vez de la Comisión Permanente del CES. A su vez, se preveía la creación de "comisiones honorarias consultivas" a fin de que estuviera representada "la opinión de entidades públicas y privadas." Sin embargo, en el acto de inauguración Perón aclaró que el CEN no podía quedar "ligado a ninguna actividad" y que debía actuar "sin contactos ni interferencias de ninguna naturaleza."40 A esta altura quedaba claro que existía una tensión,mayor o menor, entre la política de la cooperación y la forma que asumió la autonomía estatal durante el peronismo.
Y ello se observa claramente en el discurso oficial, que exigía la cooperación de los actores socioeconómicos al tiempo que buscaba "someter" las fuerzas económicas al poder político del Estado. La idea de que los actores tenían la "experiencia", y que por ello debían participar en las políticas, representaba una continuidad respecto de la década de 1930. Lo nuevo era que ahora se esperaba que "el conocimiento de los problemas concretos" sirviese a la estrategia sociopolítica del gobierno. En el acto de creación del Consejo Superior de Política Económica de la Provincia de Buenos Aires, organismo para la cooperación económica, el gobernador Domingo Mercante, sostuvo que esperaba de empresarios y trabajadores una "colaboración eficaz, despojada de intereses de grupo, a través de los conocimientos de los problemas concretos, de su experiencia y de su compenetración." Pero a su vez afirmó: "El pueblo argentino [...] no será dueño de su destino hasta tanto no logre someter a su decisión política las fuerzas organizadas del poder económico."41
La política de la "colaboración" estuvo sujeta a tensiones contradictorias. Por un lado, a fin de lograr que la participación de los actores redundase en una mayor efectividad de las políticas, el gobierno tenía incentivos para avanzar en la cooperación económica. Por otro lado, la forma que asumió la autonomía estatal en el contexto de los conflictos sociopolíticos entre los actores socioeconómicos, sumado a la concepción técnico-maximalista de la IEE peronista, posponía el interés oficial por dinamizar organismos como el CES. No obstante, como veremos, la necesidad de apuntalar la cooperación económica se volverá apremiante en la medida en que la crisis económica exija una mayor efectividad de la participación empresaria a fin de lograr el "equilibrio".
Trabajadores y empresarios: ¿disciplinamiento y "colaboración"?
En los primeros años de gobierno el fuerte crecimiento de la economía junto a un leve descenso de la inflación, que potenció el incremento de los salarios reales, generaron un contexto en el que el gobierno podía jactarse de que el equilibrio se estaba logrando.42 Pero hacia mediados de 1948 se vislumbraron los primeros nubarrones en la economía de posguerra. La inflación local comenzó a sobrepasar la mundial mientras que la balanza comercial y las reservas caían en picada.43 Estos problemas ponían de manifiesto las características de la estructura industrial divisa-dependiente de la industrialización sustitutiva, lo cual agravaba la dependencia de Estados Unidos, proveedor por excelencia de bienes de capital y quien marcaba la dinámica del comercio internacional del bloque occidental.44
En este contexto, el gobierno esperaba que el CES promoviese un compromiso más disciplinado de los actores en la "batalla" contra los precios. No obstante, estos espacios también habilitaron la expresión de intereses (empresarios) que no siempre coincidían con los lineamientos gubernamentales o con los parámetros de legitimidad que se pretendía para la IEE. El análisis de la estrategia sociopolítica revela que la preocupación oficial por el rumbo de la economía fue tan temprano como junio de 1948.
Respecto del movimiento obrero, el propósito central del gobierno era comprometerlo con el aumento de la producción, entendida como clave para atacar la inflación. Una muestra de esta estrategia, que se replicó en distintas oportunidades, tuvo lugar el 16 de junio, cuando Perón convocó a una delegación de dirigentes gremiales para "dialogar" acerca de la situación económica. Esta reunión representa un claro ejemplo de cómo el gobierno buscó construir la legitimidad de la IEE –y del modelo económico que proponía– así como la "colaboración" de estos actores. Sin embargo, ello no tuvo lugar en el marco del CES, sino a través de un diálogo directo con los sindicalistas.
En una primera parte del encuentro, Perón encuadró políticamente la situación económica. Al igual que con la reunión plenaria del CES que tendría lugar la semana siguiente, partió trazando las dos patas básicas del proyecto peronista: la "economía social" y la "independencia económica", que corrían el "riesgo" de ser volteados por los "enemigos". Frente a estos supuestos ataques, Perón buscó comprometer al movimiento obrero con la defensa del gobierno. La clave de la estrategia pasaba por recanalizar el potencial de protesta de la clase obrera hacia la defensa de la versión justicialista del modelo industrial sustitutivo.
En la segunda parte de la reunión, Perón explicó "la verdadera situación económica" del país y negó las acusaciones de los "enemigos" respecto de la crisis de finanzas, la "escasez de dólares" y la disminución peligrosa de las reservas. Si bien frente a los obreros, Perón se comprometía a disciplinar a los empresarios a fin de que estos organizasen sus industrias y aumentasen la producción, por momentos, frente a los obreros, asumía la posición empresaria. La estrategia del "equilibrio" era clara.
"En lo que respecta a la reducción de precios, yo ya he de reunir a los patrones para conversar con ellos, pero antes he querido hablar con ustedes pues los trabajadores pueden hacer mucho en esto. Yo he dicho que había que producir, producir y producir, pero en esto no hemos progresado gran cosa. [...] El rendimiento hora por obrero no va adelante. Haciendo un índice 100 para 1939, está hoy en 106 habiendo casi duplicado el número de empleados y de obreros en la industria. [...] Debemos decirles a nuestros muchachos que deben aumentar la producción. Si se rinde más por obrero-hora, yo puedo solucionar el problema, pues después voy a exigir el aumento de salarios y sueldos. Mientras eso no se solucione, es más difícil exigirlos. Lo mismo ocurre con el ausentismo. [...] Nosotros tenemos que hacer una campaña contra estas cosas [...]. Sobre lo que no puedo actuar yo es sobre la falta de producción, porque eso está en manos de los sindicatos o de los industriales. En este último sentido, yo me limito a pedirles a ustedes que ayuden para que los compañeros falten lo menos posible y para que produzcan. En cuanto a los patrones, les voy a hacer producir aunque no quieran."45
Una semana después, el 24 de junio de 1948, tuvo lugar una sesión plenaria del CES, de la que se dispone la transcripción taquigráfica de las deliberaciones. Esta fuente es de singular importancia tanto por ser uno de los pocos testimonios que quedan de las prácticas de este organismo, como por mostrar la manera en que los empresarios experimentaban la política económica, la forma en que se daban las interacciones con el gobierno y los parámetros de legitimidad de la IEE peronista.46
El diario La Nación, que publicó la noticia en su tapa el día 26, no mencionó que se trataba de una reunión del Consejo, pero marcaba que el encuentro "era esperado" en las esferas comerciales, industriales y bursátiles. Entre las ochenta personas presentes, estuvieron el Presidente de la Nación y funcionarios de primer nivel: Miguel Miranda (CEN-CES), José Figuerola (Asuntos Técnicos), Juan Atilio Bramuglia (Exterior), Juan Pistarini (Obras Públicas). Los empresarios estuvieron representados fundamentalmente por el comercio, e incluía al interior: el Consejo Central de Comercio e Industria, en persona de su presidente, Horacio Martínez, y su vicepresidente, Arnaldo Massone.47 Los trabajadores tuvieron muy poca intervención, limitándose a algunas acotaciones.
A lo largo de las tres horas que duró la reunión, los empresarios aprovecharon el CES para plantear lo que consideraban el problema de fondo: que la producción disminuía a causa de la falta de disciplina de los trabajadores y que ello era lo que causaba la inflación. A su vez, abogaron para que el Estado dejara mayores porciones de la economía en manos de los privados. Esta posición adelanta lo que sería la postura empresaria a partir desde 1950 y hasta el Congreso Nacional la Productividad y Bienestar Social de 1955.
El informe que los empresarios presentaron en el CES atribuía el problema de la inflación al "desequilibrio entre la producción y la demanda". Se subrayaba que la producción había caído "no menos del cuarenta por ciento" y entre las principales causas se denunciaba el factor obrero: "ausentismo", "trabajo a desgano", "anarquía", "indisciplina" y "multiplicación de feriados, paros por solidaridad, etc.". Además, señalaban que los precios oficiales al agro "desalentaban" a los productores. La situación que describían dibujaba un cuadro general de "imprevisibilidad", "desmoralización" y "desconfianza", las cuales inhibían la inversión.
La otra cuestión que marcaron apuntaba más específicamente a la política económica peronista y se vinculaba con el "problema" de la demanda, a la que consideraban "artificialmente" inflada. Entre las causas, mencionaban: el aumento "incesante" e "indiscriminado" del circulante y del gasto público; la expansión de la obra pública y el aumento de salarios. En este cuadro, sostenían que el congelamiento de precios era inocuo. Mención a parte mereció el problema del interior, cuyos empresarios demandaban que las retribuciones fueran fijadas "de acuerdo al costo real de cada zona o región y las posibilidades de cada actividad económica."
En función de este diagnóstico, los empresarios sugirieron una serie de políticas, que no eran otra cosa más que una crítica velada a la IEE peronista: 1) que los obreros y empleados retomaran los anteriores niveles de producción; 2) "crear un clima adecuado" para una mayor "seguridad y confianza" de los productores; 3) reducir los gastos y obras públicas; 4) puesta en marcha del Instituto de las Remuneraciones para que las retribuciones sean fijadas de acuerdo a las posibilidades de cada región y actividad económica; 5) ajuste de la política monetaria, equilibrio en la balanza de pagos y, en una crítica al IAPI y a las regulaciones de precios, se pedía la liberalización del comercio exterior e interior. Finalmente, se proponía "crear las condiciones para que el país pueda percibir los beneficios del Plan Marshall."48
Por su parte, Perón reiteraba que estaba abierto a la "colaboración", y que no se tomaban medidas "sin consultar previamente". Sin embargo, desestimó la mayoría de los argumentos patronales.49 Afirmó que ningún diagnóstico era válido si no contaba con estadísticas y que solo su gobierno, que era el primero en hacer estadísticas, era el único en condiciones de determinar los problemas "reales". Seguidamente marcó los límites de lo debatible: la "economía social" y la "independencia económica", ya que "cualquier medida que fuese en contra de esas dos premisas es inaceptable para nosotros."50
Luego de legitimar el modelo económico y la IEE como garantía frente a la amenaza de la revolución social, pasó a refutar el diagnóstico empresario. Con una postura distinta a la que sostenía frente a sindicalistas, criticó: "me dicen que los obreros trabajan menos, pero no creo que sea tanto como se dice porque tengo estadísticas que corroboran lo contrario. El ausentismo obrero sobre el total de las industrias es de un 17,4 por ciento". Además, dijo que tenía datos estadísticos de todos los países del mundo, que "comparados con los nuestros me permiten afirmar que estamos en ‘jauja’".51 Tampoco consideró que "el problema del dólar" fuese real, sino que era simplemente "una cuestión de intercambio comercial" con Estados Unidos.
Perón intervenía en el discurso público construyendo un esquema interpretativo en donde los problemas denunciados por los empresarios eran desestimables frente a la gran transformación operada: "esos problemas subsidiarios para mí no tienen ningún valor frente al desarrollo alcanzado por la economía argentina." Y a su vez, planteaba la verdadera preocupación para el gobierno, la del equilibrio precios-salarios: "el único problema real" era la inflación, "los otros son más bien de carácter psicológico". En este punto, el gobierno coincidió con las propuestas empresarias para combatir la inflación "normal", lo cual era un adelanto de las políticas ortodoxas que se adoptarían en breve.52 En relación a la inflación "especulativa", reprendió a los patrones y advirtió que no se la toleraría puesto que "no se sujeta a ninguna ley que no sea la de la represión violenta."53
Una vez a solas con los empresarios, Perón se refirió al "problema" de divisas y el Plan Marshall, marcando que "los norteamericanos no pueden dejar de comprarnos; primero, porque no están en condiciones de realizar por sí solos el Plan Marshall, y segundo, porque si no nos compran ellos, venderemos a Rusia, cosa que a ellos no les conviene."54 En relación a la preocupación empresaria respecto de por qué el IAPI, no vendía y acumulaba existencias,55 Miranda, presidente del CES, aclaró que era un problema de divisas: "No se nos paga con dólares, por eso no vendemos. [...] Hay a quien vender, pero no a quién cobrar."
En este punto, la discusión puso de relieve fuertes disidencias respecto de la política económica. Los empresarios encontraban equivocada la estrategia del gobierno, pues sostenían que los precios desmesurados que exigía el IAPI en el exterior estaba dejando al país afuera del Plan Marshall. Sin embargo, siguieron con mucha atención las palabras de Perón, Miranda y Bramuglia respecto de la situación externa y de la estrategia oficial. El gobierno aclaraba que a pesar de que funcionarios estadounidenses habían asegurado la participación en el Plan Marshall, había quedado claro que las compras se limitaban a productos de Estados Unidos y al precio que éste fijaba. El Plan, en palabras de Bramuglia, era un "bluff".
"Nosotros tenemos que vender a los países que nos compren. En el Plan Marshall nosotros no tenemos ninguna otra intervención", enfatizó Perón.56 Los empresarios, que se mostraban "muy interesados" por toda la información que les presentaban, esperaban beneficiarse "indirectamente" del Plan y que al menos se activasen las ventas a Europa: "¿por qué no vendemos?", insistía Martínez.
"Nuestros créditos han sido cubiertos y ahora exigimos dólares y no cuentos. Ellos [por Europa] están esperando los dólares del Plan Marshall para comprarnos. No se nos paga con dólares, por eso no vendemos", sintentizó Miranda. La estrategia fue explicitada ante los empresarios: "Esta es una guerra de nervios, pero tendrán que comprarnos. [...] Si son miopes en Norteamérica o en el mundo y no quieren dar a la Argentina lo necesario para producir y pagarle lo que produce, el día que se pierda la cosecha el mundo caerá en manos de Rusia. Entonces que carguen con las consecuencias."57
Los empresarios dudaban de esta estrategia: "Yo me limito a constatar un hecho, y pregunto ¿de ese forcejeo saldrá ganando el país? Hay que admitir la posibilidad de que salga perdiendo [...] en el sentido de que los precios caigan y que tengamos que vender a mal precio", señaló el vicepresidente del Consejo Central, Arnaldo Massone.58
Seguidamente, los empresarios expusieron uno de sus principales objetivos: participar y poder opinar sobre las políticas estatales. Si bien aceptaban que "hay cosas que no pueden modificarse", señalaron que otras cuestiones sí, punto en el que Massone propuso: "me parece conveniente que intervengamos nosotros, que es lo que solicitamos siempre. Que se nos tenga en cuenta y que se nos consulte cuando hay alguna cosa que puede herir intereses respetables". Por ello, reclamaron una mejor representación en el CES y demandaron específicamente la incorporación del empresariado del interior en las negociaciones salariales. Esto fue reconocido por Perón, quien mencionó que estaba previsto crear delegaciones en el interior y ordenó a Figuerola que amplíe el cuerpo plenario para mejorar su representatividad.
Conclusiones
El gobierno peronista basó la intervención económica estatal (IEE) en dos grandes pilares, los cuales configuraron su estrategia sociopolítica: la política del "equilibrio" y la cooperación económica. El primer punto, apuntaba a lograr un balance entre empresarios y trabajadores, entre precios y salarios, considerado fundamental a fin de sostener la viabilidad económica y sociopolítica del modelo industrial distributivo. El segundo punto, buscaba expandir el área de intersección de intereses comunes entre los actores socioeconómicos como plataforma desde la cual legitimar la IEE. Las institucionalizaciones de los organismos para la cooperación económica respondieron a estos objetivos nucleares del proyecto peronista, de allí que constituyeran un eslabón importante en la arquitectura estatal peronista. La centralidad de esta estrategia queda clara con su continuidad hasta la década de 1970, con el "Pacto Social".
Sin embargo, en los primeros años de gobierno la cooperación económica practicada fundamentalmente a través del Consejo Económico y Social (CES) tuvo serias dificultades y fue limitada, no sólo por su deficiente organización interna y por las demoras en su constitución y reglamentación, sino sobre todo porque produjo pobres resultados en términos de planes o políticas concretas. La dinámica de este organismo estuvo determinada por las orientaciones que le imprimió la burocracia peronista, limitando las discusiones al "equilibrio" de precios y salarios. No hubo prácticas tripartitas ni consensuadas entre los actores.
El accionar del CES estuvo marcado tanto por la concepción científico-técnica y objetivista con la que el gobierno consideraba investida la intervención económica estatal (IEE) como por las dificultades en la construcción de una central empresaria representativa del capital y adaptada a los parámetros de legitimidad que definía el gobierno. En un contexto de expansión económica pero con una fuerte politización y polarización de los conflictos socioeconómicos, el gobierno priorizó la consolidación del apoyo trabajador y minimizó, al menos en el discurso público, los problemas planteados por los empresarios, pagando por ello costos relativamente marginales.
Pero todo esto no significa que la cooperación económica no haya sido practicada o que fuese un entero fracaso, sino que cumplió un rol pragmático que, aunque limitado, fue funcional al gobierno, para legitimar su política económica, y a los empresarios, que contaron con un espacio en el cual pudieron elevar sus demandas. El estudio de la cooperación económica muestra que desde 1946 –y no a partir de la crisis económica de 1949 como generalmente se supone– el gobierno intentó lograr un "equilibrio" entre el capital y el trabajo, entre precios y salarios. Por ello, en muchas ocasiones se puede observar a Perón defendiendo ante los empresarios el punto de vista de los trabajadores, y viceversa. En el CES, donde se discutía a puertas cerradas problemas como el de la inflación, el gobierno mostraba un mayor pragmatismo y permeabilidad a la hora de formular las políticas.
Las reuniones, a cuyas versiones taquigráficas pudimos acceder, no sólo sirvieron como caja de resonancia que el gobierno utilizó para intervenir en el discurso público. Estos espacios institucionalizaron el intercambio de información, factor no sopesado por la bibliografía pero fuertemente ponderado por los propios actores. Los empresarios no sólo se interiorizaban de la estrategia y las políticas oficiales en temas sensibles como el problema de divisas, el Plan Marshall y las relaciones comerciales, sino que además participaban en la fijación y actualización de precios y en la definición de las sanciones. El gobierno establecía los parámetros legítimos de comportamiento y se informaba de las posiciones empresarias, con lo que nutría un discurso y una política económica entroncada en necesidades concretas de los actores. A mediados de 1948, cuando se vislumbraron los primeros problemas económicos, el gobierno contó con mecanismos institucionales que canalizaban las principales inquietudes de los actores empresarios, lo cual facilitó y legitimó la reorientación de la política económica (y el discurso) a partir de 1949.
En suma, en los años de oro del peronismo, organismos como el CES, aunque no cumplieron acabadamente con el rol para el que fueron creados, habilitaron la expresión de intereses empresarios y, a falta de una corporación representativa, permitieron al gobierno "medir el pulso" de los capitalistas respecto de las políticas implementadas. Hacia 1950, con el fin de la bonanza de posguerra estos espacios cobrarían mayor impulso, poniendo de relieve tanto el pragmatismo y adaptabilidad como la hibridez y heterodoxia del policymaking peronista. En este sentido, coincidimos con las visiones de autores que, como Eduardo Elena, sostienen que la IEE peronista no operó exclusivamente "de arriba hacia abajo" o "top down", sino que también incorporó elementos de participación que, aunque limitados en este período, cristalizaron institucionalmente y que tanto empresarios como funcionarios valoraron positivamente.
Citas y Notas:
1. La intervención económica estatal alude genéricamente a las acciones u omisiones del Estado que tienen por efecto regular y modelar la estructura económica y las fuerzas del capital y el trabajo en un país. Al respecto, ver ver Ana Castellani y Flavia Llanpart, "Debates en torno a la calidad de la intervención estatal", Papeles de Trabajo, año 6, Nº 9, junio (2012), pp. 155-177.
2. Por actores socioeconómicos se entiende a las asociaciones representativas de los empresarios y los trabajadores.
3. Por ejemplo, en cuanto a los empresarios, Claudio Belini, Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial, 1943-1955 (Buenos Aires: Imago Mundi, 2014); James Brennan y Marcelo Rougier, The Politics of Nacional Capitalism. Peronism and the argentine bourgoise, 1946-1976 (Pennsylvania: University Press, 2009) y Aníbal Jáuregui, Brasil-Argentina. Los empresarios industriales, 1920-1955 (Buenos Aires, Imago Mundi, 2004). [ Links ] En cuanto a los sindicatos, Louise Doyon, Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006) y Marcos Schiavi, El poder sindical en la Argentina peronista, 1946-1955 (Buenos Aires: Imago Mundi, 2014).
4. Por ejemplo, Martín Stawski, "De los Consejos al Ministerio. La gestión de la economía y las transformaciones de la trama burocrática estatal bajo el peronismo (1946-1955)" (Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2012); Claudio Belini, Convenciendo al capital, Gary Wynia, La Argentina de posguerra (Buenos Aires: Ed. de Belgrano, 1986) y Aníbal Jáuregui, Brasil-Argentina.
5. Respectivamente, Patricia Berrotarán, Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista (Buenos Aires: Imago Mundi, 2003) y Eduardo Elena, "What the people want: state planning and political participation in peronist argentina, 1946-1955", Journal of Latin American Studies, vol. 37, Nº 1 (2005), pp. 81-108, quien además enfatiza las particularidades de la planificación peronista.
6. Teun Van Dijk, El discurso como interacción social (Madrid: Gedisa, 2000), usa la noción de "discurso público" para referir a un espacio de lucha de poder en donde los actores batallan para determinar el sentido de las palabras y de los hechos sociales.
7. Para la experiencia argentina en la década de 1930, ver Ana V. Persello, "De las juntas y comisiones al Consejo Nacional Económico" (manuscrito presentado en el seminario Saberes de Estado, IDES, Buenos Aires, 2009).
8. Ver el episodio en: Ricardo Sidicaro, "Los conflictos entre el Estado y los sectores socioeconómicos predominantes en la crisis del régimen conservador (1930-1943)", Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José C. Villarruel eds., Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946, (Buenos Aires: Biblos, 1995).
9. Ver Argentina Fabril, año LVI, Nº 891 (1943), p. 3 y Nº 892, p. 18. Aníbal Jáuregui menciona que a mediados de 1944 la UIA tenía representantes en 38 organismos oficiales, "Los industriales ante el surgimiento del peronismo", Cuadernos de Historia Regional, Nº 20-21, Universidad de Luján (2000), p. 208.
10. Patricia Berrotarán, Del Plan a la planificación, p. 41., menciona que en el período 1943-45 se crearon ocho consejos.
11. El gobierno militar había satisfecho viejas demandas de los industriales de la UIA, como la creación de la Secretaría de Industria y Comercio, el Banco de Crédito Industrial (BCI) y la ley de promoción industrial de 1944.
12. Leandro Sowter, "De la participación a la colaboración. La institucionalización de la cooperación empresaria en la emergencia del peronismo, 1943-1946", Papeles de Trabajo, vol. 8, Nº 14 (2014), pp. 116-137.
13. Respecto del CNP, la revista de la entidad denunció que "hasta el presente, la labor de ese Consejo ha sido poco fructífera", Revista Argentina Fabril, Nº 919, (julio 1945), p. 33.
14. Citado por Dardo Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase empresaria (Buenos Aires: Pleamar, 1967), p. 179.
15. Este proyecto puede ser entendido como el conjunto de conceptos, ideas, planes y políticas de la elite estatal peronista. Al respecto véase, Leandro Sowter, "¿Pragmatismo vs. Planificación? El proyecto peronista, las ideas económicas de Perón y la industria", H-Industri@, en prensa. [ Links ]
16. Por ejemplo, Félix Luna, Perón y su tiempo (Buenos Aires: Sudamericana, 1986), Vol. I, pp. 393-398 y Gary Wynia, La Argentina de posguerra, p. 69-123.
17. Patricia Berrotarán, Del Plan a la planificación, pp. 51-56, muestra herramientas, como encuestas empresarias e informes financieros, que el CNP aplicó a fin de construir un diagnóstico consensuado sobre las posibles estrategias económicas.
18. Como podrá observarse, este modus operandi combinaba aspectos del "corporatismo social", construido "desde abajo", con el "corporatismo estatal", "dese arriba", en lo que hace a la representación e incorporación de intereses en el Estado, Philippe Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", The Review of Politics, Vol. 36, Nº 1 (Jan., 1974), pp. 85-131.
19. Consejo Nacional de Posguerra, Consejo Económico y Social, Consejo Económico Nacional, Comisión Nacional de Cooperación Económica, Comisión Nacional de Precios y Salarios, Comisión Económica Consultiva y Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social.
20. Louise Doyon, Perón y los trabajadores, 2006.
21. Recién a partir de 1949, con la crisis económica en ciernes, el gobierno comenzaría a reclamar con mayor insistencia la organización de una central empresaria. Al respecto, ver Marcelo Rougier y Leandro Sowter "La Comunidad Organizada y los empresarios industriales", Raanan Rein y Claudio Panella, comps., En busca de la Comunidad Organizada. Organizaciones políticas y sociales del primer peronismo (Buenos Aires: Eduntref, en prensa).
22. Marcelo Rougier, "La política crediticia del Banco Industrial durante el primer peronismo (1944-1955)", UBA-FCE-CEEED, Doc. de trabajo Nº 5 (2001).
23. Entre los principales, se encuentran: Miguel Miranda, presidente del BCRA, del IAPI y del Consejo Económico Nacional, que ejecutó la política económica; Rolando Lagomarsino, secretario de Industria y Comercio; Ernesto Herbín, presidente del BCIA; Orlando Maroglio, presidente del BCRA y Aquiles Merlini, director del BCIA y director y vicepresidente del BCRA.
24. La AAPIC, que representaba los mismos intereses que la UIA y que con frecuencia criticó aspectos de la IEE peronista, fracasó al no lograr representatividad del conjunto del capital nacional.
25. Nótese que esta conceptualización de la estrategia sociopolítica contradice la idea de que el gobierno peronista atizó el conflicto e incentivó a los obreros en su lucha contra los patrones. Por el contrario, en este trabajo se sostiene que el gobierno, luego de ganadas las elecciones, buscó a toda costa evitar el conflicto, pero que una vez que el mismo se producía intentaba explotarlo a su favor.
26. Al respecto, ver Marcos Schiavi, El poder sindical en la Argentina peronista.
27. Figuerola fue uno de los personajes más poderosos en los primeros años del gobierno peronista. Al respecto, ver Raanan Rein y Claudio Panella, comps., La segunda línea. Liderazgo peronista 1945-1955 (Buenos Aires: Pueblo Heredero-Eduntref, 2014).
28. Patricia Berrotarán, Del Plan a la planificación, p. 90, muestra la lista de los participantes. Los organismos oficiales representados eran Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Trabajo y Previsión, Industria y Comercio, Salud Pública, Banco Central, Nación, Hipotecario, Crédito Industrial y Fabricaciones Militares. Por los empresarios: Clemente José (agricultura), Juan José Reynal (ganadería), Rodríguez Goicoa (minería), Francisco Pratti (industrias manufactureras), César Poledo (construcción y edificación), José Hernández (comercio), Alberto Dodero (transporte), Serafín González (Luz y Fuerza), Clemente Lococo (espectáculos públicos), Carlos Contaretti (industria gastronómica), Jorge Villar (servicios sanitarios). Por los trabajadores, correspondiendo con cada actividad: Antonio Eduardo Correa, Julio César Villada, Manuel Montan, Sabas Ramón Avedano, José Griffo, Carlos Pérez Martínez, Sabino Parrilli, Eduardo Forteza, Norberto Ferrer, Héctor Varela. Profesiones liberales: Dora Vogtherr de Pena y Aurelio Hernández.
29. Nótese que los representantes eran designados directamente por el Poder Ejecutivo, sin aclarar si eran o no propuestos por las entidades respectivas, como en la década anterior.
30. Ver Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos. Estado y poder económico (Buenos Aires: Siglo XXI, 2002), [ Links ] Leandro Sowter, "Conflictos y acuerdos en torno a la legitimidad de la intervención económica estatal peronista: el IAPI y los actores rurales (1946-55)", E.I.A.L., Vol. 4, Nº 2 (2013), pp. 105-129.
31. Juan D. Perón, Obras completas (Buenos Aires: Docencia Editorial, [1947] 1998), pp. 91-92.
32. Al respecto, ver Claudio BELINI, Convenciendo... cit..
33. Este cuadro de situación se componía básicamente por la preponderancia de Estados Unidos en cuanto proveedor de insumos, respuestos y maquinaria que demandaba la industria y las fuertes necesidades de divisas que la industrialización sustitutiva requería.
34. Juan D. Perón, Obras completas ([1946] 1997), pp. 182.
35. Juan D. Perón, Obras completas [1947] 1998, p. 182.
36. Discurso del 26 de junio de 1946 en la inauguración de las sesiones del Congreso de la Nación.
37. Los trabajos de Louise Doyon y Macos Schiavi muestran los detalles de este proceso en el cual los sindicatos promovieron distintas medidas de fuerza con el objetivo no sólo lograr aumentos salariales, sino también para ampliar los beneficios sociales estipulados en los convenios, lograr por parte de la patronal el reconocimiento del sindicato y/o de las comisiones internas que se encargaban de observar el cumplimiento de las disposiciones. De esta manera, no sorprende que entre 1946 y 1948 se concentrara el mayor nivel de conflictos laborales del período peronista, con un total de 309 huelgas, la participación de 1.154.105 obreros y un total de 8.673.741 días perdidos, Louise Doyon, Perón y los trabajadores, p. 252.
38. La posición y el discurso público de los empresarios, aquí sintetizada, puede ser observada a través de las memorias de la AAPIC y, especialmente a través de la revista Metalurgia, en el caso de los metalúrgicos, y a través de la Gaceta Textil, para los textiles.
39. Marcelo Rougier y Martín Stawski "Vientos de cambio. Las reformas administrativas y el Plan Económico de 1949", Perspectivas sobre la industria 2, UBA-FCE-CEEED (2014). [ Links ] El CEN concentró todo el poder de decisión en cuanto a la IEE peronista y fue presidido por Miguel Miranda. Este empresario peronista, que había sido uno de los representantes de la UIA en el CNP, donde conoció a Perón, había renunciado a la conducción del Banco Central, el cual quedó a cargo de un aliado de Miranda, el industrial Orlando Maroglio.
40. Discurso pronunciado al asumir Miranda la presidencia del CEN el 22 de julio de 1947, Juan D. Perón, Obras completas ([1947] 1997),pp. 285-286.
41. Creación del Consejo Superior de Política Económica de la Provincia de Buenos Aires, La Plata: Talleres Gráficos Olivieri y Domínguez (8 de julio 1947), pp. 11-15.
42. La inflación en 1945 fue del 19,9 y en 1946 cayó al 17,6; en 1947 al 13,6 y en 1948 al 13,1%.
43. Entre 1946 y 1948, la balanza comercial cayó de 1686,6 a 673,6 y el superávit comercial pasó de 499,9 a 36,4 medidos en millones de dólares corrientes. A su vez, los pedidos pendientes de importaciones se elevaban los 1500. En 1949 la inflación saltaría al 31%.
44. Fuerte impacto tuvo para el país el Programa para la Reconstrucción Europa. Implementado por Estados Unidos en 1947, el llamado Plan Marshall excluyó a los productos argentinos, lo cual hizo que el país perdiera grandes porciones de los mercados europeos e impactó a la baja en los precios.
45. Subsecretaría de Informaciones, Conversa el General Perón con dirigentes gremiales, (Buenos Aires, 1948), pp. 26-27.
46. La transcripción de esta reunión fue consultada en Juan D. Perón, Obras completas ([1948] 1997), pp. 571-611 aunque no figura como una reunión del CES.
47. El Consejo Central fue creado en 1947 con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Buscaba representar diversos sectores económicos, industriales y financieros cuyas actividades, en palabras de su presidente-fundador, "alcanzan al país entero". Martínez era a su vez presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, cargo que ocupó en los períodos 1929-1951 y 1955-1957. Por su parte, Massone, que se volvería un fuerte crítico del gobierno, era el dueño del Instituto Massone, farmacéutica líder de Sudamérica, y presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), cargo que desempeñó entre 1945 y 1950. De la reunión también participaron José Hernández, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Héctor Mussi, quien sería presidente de la CAC entre 1950-1952. La presencia de este Consejo muestra claramente que el gobierno consideraba poco representativa a la AAPIC, la cual no participó.
48. Juan D. Perón, Obras completas, pp. 575-576.
49. Cuando habla Perón se hace pasar a los periodistas, por ello su discurso pertenece al ámbito del discurso público.
50. Juan D. Perón, Obras completas, p. 578.
51. Juan D. Perón, Obras completas, p. 580.
52. Marcelo Rougier, La economía del peronismo. Una perspectiva histórica, (Buenos Aires: Sudamericana, 2012).
53. Juan D. Perón, Obras completas, pp. 585-587.
54. Juan D. Perón, Obras completas, p. 592.
55. Según un informe del Consejo Económico Nacional de 1949, "a fines de 1948 el IAPI había almacenado aceite de lino equivalente a tres años de la producción interna, avena de dos cosechas, más de un año de producción de grasas y cerca de siete millones de toneladas de trigo y maíz, además de considerables cantidades de otros productos agrícolas", Richard Mallon y Juan Sourrouille, La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino (Buenos Aires: Amorrortu, 1973), p. 22.
56. Juan D. Perón, Obras completas, p. 595.
57. Juan D. Perón, Obras completas, p. 597.
58. Los precios agropecuarios comenzarían a caer a partir de 1949-50 y el Estado argentino debió asumir fuertes pérdidas habida cuenta de las existencias acumuladas. Vale la pena reseñar que en 1950 el Instituto Massone fue intervenido y sus bienes rematados. El propio Massone fue perseguido y finalmente se exilió en Uruguay, Félix Luna, "Historia de un despojo", Todo es Historia, Nº 483 (oct. 2007).