La Revolución de Octubre en Guatemala (1944-1954)

Por  María del Rosario Valenzuela Sotomayor 

Del libro  ¿Por qué las armas? Desde los mayas hasta la insurgencia en Guatemala

Editorial: Ocean Sur
Lugar de publicación: México D.F.
Año de publicación: 2009
Páginas: 287-300



Necesitamos la memoria histórica colectiva de la mano
 de las esperanzas compartidas, cuando se desea

hacer de la Revolución un camino desde el pasado, 

tomar el presente y caminar al porvenir.
Rosario Valenzuela

La Junta Revolucionaria de Gobierno estuvo integrada por los líderes del Movimiento del 20 de Octubre: Jacobo Arbenz, quien sería ministro de Defensa bajo la presidencia de Arévalo, Francisco Javier Arana, quien ocuparía el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas y por el empresario progresista Jorge Toriello (hermano de Guillermo), que dirigió el país entre el 20 de octubre de 1944 y el 15 de marzo de 1945. Este gabinete fue conformando un proyecto de reformas político-administrativas importantes y significativas para intentar cambiar, sanear y desarrollar el país.
La retrógrada Asamblea Nacional fue disuelta, fueron abolidas leyes dictatoriales y antipopulares; la odiada policía secreta del régimen de Ubico fue depurada y reemplazada por la Guardia Civil. Los altos mandos del Ejército fueron revocados. Se convocó a una Constituyente y se eligieron nuevos diputados al Congreso y a la Asamblea Constitucional.
Jorge García Granados, lúcido intelectual que volvió a Guatemala a la caída de Ubico, impulsó al lado de Toriello el movimiento del 20 de octubre de 1944 y fue el autor del principal proyecto de la Constitución que entró en vigor en 1945. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y más tarde embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, cuya Asamblea General presidió en esos años.
De carácter democrático, revolucionario y nacionalista, la nueva constitución aprobada el 13 de marzo de 1945 estaba inspirada en la Constitución mexicana y en la Constitución de la España republicana.
En ella se concedía el sufragio universal y se garantizaban las libertades básicas de expresión, reunión y asociación. Se reconocía la propiedad privada en función social. Se instituyó la formal igualdad y el bienestar social. Se establecía el cogobierno universitario (autonomía universitaria) con participación del estudiantado. La discriminación racial se convertiría en delito. El presidente no podía ser reelegido en segundo mandato y se preveían medidas para limitar el poder presidencial.
La Junta Revolucionaria examinó el problema de la tenencia de la tierra, factor medular en la estructura de la sociedad guatemalteca. De ahí que la nueva Constitución previera la promulgación de una reforma agraria que beneficiara a la gran mayoría de la población campesina para romper la estructura colonial imperante.
También se proponía frenar el crecimiento del latifundio y autorizaba la expropiación de tierras en beneficio del interés público. Establecía además que el Estado estaba obligado a fomentar las actividades agropecuarias procurando que los beneficios resultantes fueran para los productores.
Apenas mes y medio de la caída de Ubico ya había en el país diez partidos políticos y nueve candidatos presidenciales. Los principales partidos fueron: Partido Liberal Radical (PRL, ubiquista), el Frente Popular Liber­tador (FPL) y el Partido de Renovación Nacional (PRN). Estos dos últimos se unieron para llevar como candidato presidencial a Juan José Arévalo.
La Junta Revolucionaria convocó a elecciones generales para el mes de diciembre de 1944. El resultado electoral fue el triunfo indiscutible de Juan José Arévalo Bermejo con el 85% de los votos.
Gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951)
Para 1945 Guatemala apenas había cambiado en los 124 años de independencia. En 1943 tenía una población de 2 368 662 habitantes, según el informe del Banco de Guatemala de 1953.
El primer censo agropecuario realizado en Guatemala en 1950 reflejó la deplorable situación de la estructura agraria del país.
7 573 familias, que representaban el 2% de la población controlaban el 72,22% de la tierra inscrita como fincas (2 686 870 hectáreas), en tanto que 308 073 familias (88% de la población rural) cultivaban el 14, 33% de la tierra (533 131 hectáreas fraccionadas en minifundios); otras 33 041 familias (10% de la población rural) cultivaban el 13,56% de la tierra distribuida en fincas medianas (500 831 hectáreas).
Solo el monopolio bananero United Fruit Company poseía el 6,38% del total de tierras cultivables (229 050 hectáreas), casi el doble de lo que cultivaba 
el 47,33% de agricultores que poseía el 3,46% de las tierras.

De acuerdo con el primer censo industrial realizado en 1946 solo había 776 centros fabriles con cinco o más trabajadores. El total de obreros industriales era solo de 23 914.
El gobierno de Arévalo comenzó a distribuir entre los campesinos pobres la tierra que se encontraba en calidad de «fincas nacionales», la que constituía alrededor de la tercera parte del total de la propiedad cultivada del país.
Siguiendo esta orientación en agosto de 1948 fundó el Instituto Nacional de Fomento a la Producción, cuya función era distribuir créditos, experiencia y enseres a los pequeños agricultores. Se registraron oficialmente todas las tierras, con lo cual se legalizaron así los títulos «oscuros» que habían tenido los campesinos durante años y que nunca habían sido reconocidos como verdaderas garantías de posesión, ni por los gobiernos ni por los terratenientes.
Como complemento de su política agraria, en 1949 dictó la Ley de Arrendamientos Forzosos mediante la cual los terratenientes estaban obligados a alquilar a los campesinos las tierras ociosas de sus latifundios.
Una de las más importantes y trascendentales medidas de la llamada «Revolución de Octubre» fue la supresión en 1945 del Reglamento de Jornalero y de la Ley de la Vagancia, con lo que se devolvía al indígena su antes negada condición de ser humano. El gobierno de Arévalo planteaba que los indígenas eran guatemaltecos y ciudadanos. Los salarios de los jornaleros agrícolas aumentaron y se les permitió crear organizaciones campesinas que velaran por sus intereses.
En el plano económico el gobierno de Arévalo inició un programa de promoción de inversiones orientado en lo fundamental a la diversificación de la economía. El sistema bancario se reorganizó, y se creó en 1946 el Banco Nacional de Guatemala.
En lo político, se caracterizó por la existencia de un sistema multipartidista sin precedentes en el país y por la concesión del derecho al voto a amplios sectores de la sociedad.
La promulgación en 1947 del Código de Trabajo, basado en las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), posibilitó el avance económico-social de los trabajadores, los que por primera vez podían organizarse en asociaciones y sindicatos que representaran sus intereses.
Entre otras cosas el Código establecía el derecho a huelga y a sindicalización, la semana laboral de 48 horas, el descanso retribuido, la firma de contratos entre patronos y obreros, la fijación de salarios mínimos y la creación de tribunales de trabajo; establecía niveles básicos de salud y seguridad en el trabajo.
En 1946 quedó establecido el seguro social. Para instrumentar esta política se creó en enero de 1948 el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). Estas medidas beneficiaron principalmente a los sectores urbanos en tanto los trabajadores rurales apenas recibieron sus beneficios.
En lo cultural y educacional inició la construcción de una red de escuelas públicas y planificó la alfabetización de adultos. (El analfabetismo entre la población maya alcanzaba el 95%.) En 1945 fundó la Facultad de Humanidades, el Instituto de Antropología y el Instituto Indigenista, y en 1950 promulgó la Ley Nacional de Educación acorde a los principios universales sustentados por la Unesco.
Como parte de su política internacional Guatemala participó en la discusión y aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, donde el canciller Guillermo Toriello (15 de marzo a diciembre de 1945) defendió los principios de autodeterminación de los pueblos y la no intervención, en la lucha contra el colonialismo, por el respeto a los derechos humanos y por la adhesión a la causa de la paz mundial.
En nombre de la democracia representativa que defendía, rompió relaciones diplomáticas con la España de Francisco Franco, a la vez que rompía relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial dominicano de Rafael Leónidas Trujillo. En el ámbito regional firmó el Tratado de Río y formó parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Declaró caduco el Tratado de Límites de 1839 entre Gran Bretaña y Guatemala mediante el cual Guatemala cedió el territorio de Belice.
Posteriormente, en 1949 se dictó el Decreto 649-Ley del Petróleo, que obstaculizó la entrada al país de empresas petroleras norteamericanas y se creó el Instituto Nacional del Petróleo encargado de hacer cumplir la ley. En su libro La revolución guatemalteca, Luis Cardoza y Aragón explica:
De conformidad con el artículo 95 de la Constitución de la República, solamente el Estado, los guatemaltecos y las compañías guatemaltecas, cuyo capital sea predominantemente nacional, pueden explotar los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados.1
En su discurso de traspaso de poderes, el presidente saliente Juan José Arévalo expresó:
Todavía creo […] que la República de Guatemala puede gobernarse a sí misma, sin someterse a fuerzas externas […] Es un país en el que la cul­tura, la política y la economía se encontraban en manos de 300 familias, herederas de los privilegios de la época colonial. Sentí, con la consecuente indignación, la presión de esa fuerza anónima que gobierna, sin leyes ni moral, las relaciones internacionales y las relaciones entre los hombres.2
Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954)
Las elecciones generales del 13 de noviembre de 1950, convirtieron a Jacobo Arbenz Guzmán en el segundo presidente democráticamente electo en la historia de Guatemala, con cerca del 63% de votos.
Al asumir la Presidencia el 15 de marzo de 1951, declaró su propósito de transformar la economía de un capitalismo dependiente a un capitalismo nacional e independiente y continuar la obra social y política iniciada en 1944.
Su política económica pretendía diversificar la economía que, para 1952, se mantenía básicamente agrícola, monoproductora, monoexportadora y dependiente, expuesta a las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial.
Por ello se propuso impulsar la industrialización mediante la sustitución de importaciones, el estímulo a la propiedad privada que tuviera características nacionalistas y la regulación de la inversión extranjera.
Se emprendió la construcción de muelles y vías de comunicación entre diferentes zonas de interés económico y se puso en ejecución un plan de electrificación. Las obras que más importancia tenían para el país eran la Ruta al Atlántico, el puerto de Santo Tomás y la hidroeléctrica de Jurún-Marinalá. Estas tres grandes obras tendrían como propósito neutralizar el poder de los monopolios estadounidenses.
La cosecha cafetalera 1953-1954 fue la segunda más grande en la historia de Guatemala. El gobierno subsidió determinados cultivos básicos como forma de estimular la producción agraria.
El presidente Arbenz consideró establecer un impuesto mínimo sobre los ingresos,el primero que se implantaría en la historia de la Guatemala republicana.
En un estudio de las Naciones Unidas sobre la economía latinoamericana en 1952, se destacaba el crecimiento en Guatemala del sector de bienes y servicios paralelo al crecimiento del ingreso. Hubo un aumento del consumo per cápita mayor que en ningún otro año.
La Confederación Nacional Campesina de Guatemala se había fortalecido contando para 1954 con 1 500 sindicatos y entre 150 000 y 190 000 afiliados. Se tomaron algunas medidas encaminadas a aliviar el grave problema de la vivienda en las zonas urbanas.
En lo concerniente a la educación y la cultura se crearon instituciones tales como la Universidad Popular, las escuelas nocturnas obreras, la Escuela de Artes Plásticas, las Misiones Culturales, institutos de investigaciones sociales, museos y bibliotecas, así como se impulsó una campaña de alfabetización para las áreas rurales.
Reforma Agraria e Intervención Norteamericana
La medida más importante adoptada por el gobierno de Arbenz fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, que aunque no puede considerarse de contenido radical, significó un intento serio de romper la estructura agraria que predominaba en el país desde la época de la colonia. Así, el 17 de junio de 1952 el Congreso Nacional de la República aprobó la Ley y quedó instituido el Decreto Presidencial No. 900.
La Ley solo afectaba a las tierras ociosas y a las fincas nacionales mayores de 100 hectáreas (223 acres), que serían expropiadas con compensación de bonos del Estado. Estas fincas fueron entregadas en lotes de veinte hectáreas a los campesinos, los que recibirían la tierra en propiedad y/o en usufructo de por vida. Pagarían 3 ó 5% de su producción anual. En 1952 se expropiaron 107 fincas nacionales y se repartió el 16,3% de las tierras ociosas de propiedad privada. Con ello se buscaba modernizar la agricultura, diversificarla y desarrollar la producción, así como aumentar la capacidad de compra.

Alrededor de 100 000 familias recibieron cerca de 600 000 hectáreas de tierra por las que el gobierno pagó 8 345 545 dólares en obligaciones. Al valorar el significado de la promulgación de esta Ley, el propio presidente Arbenz expresaría:
No exagero cuando afirmo que el punto pragmático más importante de mi gobierno y del movimiento revolucionario de Octubre, es el relacionado con un cambio profundo en la atrasada producción agrícola en Guatemala, por medio de una reforma agraria que pone fin a los latifundios […] entregando la tierra a miles de campesinos, elevando su poder de compra y creando un enormemercado interno favorable al desarrollo de la industria nacional.3
En 1952 se creó el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el 7 de julio de 1953 el Congreso aprobó la creación del Banco Nacional Agrario (BNA), cuya función era atender las necesidades financieras de la reforma agraria. Para junio de 1954 entre estos dos organismos crediticios se había aprobado la cantidad de 11 881 432 quetzales en préstamos a los 53 829 campesinos beneficiados con la reforma agraria que lo habían solicitado.
Para junio de 1954 se habían expropiado más de 560 000 hectáreas, que representaban cerca de la mitad de la superficie total que se preveía afectara la ley y que constituían la cuarta parte de toda la tierra cultivable del país.
En el año 1953 se expropiaron las primeras tierras al monopolio estadou­nidense UFCO en Tiquisate —zona del Pacífico— y en febrero de 1954 se le confiscaron más tierras ociosas en la zona bananera del Atlántico.
De las 221 764 hectáreas que poseía la UFCO (119 380 en la Costa Pacífica y 102 384 en la Atlántica) solo cultivaba el 15%. Por ese motivo le fueron expropiadas 164 695 hectáreas de tierras ociosas que representaban el 14% de todas las tierras privadas expropiadas en el país. Para indemnizarlas, el gobierno las valoró en 1 185 115 dólares, sin embargo la Compañía, con el apoyo del Departamento de Estado, reclamó cerca de 16 000 000 de dólares en indemnización.
En un contexto de intolerancia política —el macartismo— en enero de 1953 asumió la presidencia de los Estados Unidos Dwight Einsenhower, integró su gabinete con John Foster Dulles (Secretario de Estado); Allen Dulles (Director de la CIA); Walter Bedell Smith (Subdirector); John Moors Cabot (Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos); y Henry Cabot Lodge (Embajador ante la ONU), todos con intereses en la UFCO.
El 20 de abril de 1954, el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregó al gobierno de Guatemala una queja formal por la supuesta poca compensación recibida por la UFCO.
A partir de ese momento, la UFCO acentuó su trabajo silencioso con la administración y el Congreso estadounidenses acusando del peligro «comunista» que Jacobo Arbenz representaba para la «libertad» y la «democracia».
Las presiones, amenazas y campañas estadounidenses en contra del gobierno se intensificaron y el enfrentamiento cobró tal magnitud que en marzo de 1954 el propio Arbenz, en una intervención ante el Congreso de la nación afirmaría:
A consecuencia de la reforma agraria y el desarrollo económico y social del país encaramos una amenaza creciente de intervención extranjera […] poniendo en peligro la estabilidad de nuestra vida constitucional y la integridad de nuestra independencia nacional […] en tanto no nos sometamos a la United Fruit y a algunos otros, afectados por la reforma agraria […] continuaran intentando recuperar las tierras.4
Altos personeros del gobierno de los Estados Unidos afirmaron públicamente que Guatemala ponía en peligro su seguridad nacional. En el fondo de la confrontación, estaba la aplicación de la Ley de Reforma Agraria que afectaba los intereses de una poderosa trasnacional y —lo más importante— el ejemplo que ello significaba para los demás países del continente.
Es así que en ese mismo año, en una reunión de la Comisión 54-12 encargada por el Consejo Nacional de Seguridad de la supervisión de las Operaciones Secretas, se tomó oficialmente la decisión de derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz y se autorizó a la CIA a organizar la operación. Se encontraban presentes Allen Dulles, director de la CIA, el subsecretario de Estado Walter Bedell Smith, el asesor presidencial en guerra psicológica C. D. Jackson; el asesor del secretario de Defensa Charles Wilson y Robert Cutler, asistente especial del presidente para Asuntos de Seguridad Nacional.5
Después de haber recibido la aprobación oficial, el Departamento de Estado y la CIA, se pusieron de acuerdo para garantizar su éxito; fue denominada Operation PB SUCESS (en clave Operación Éxito); designaron a Frank Wisner, subdirector de la CIA para operaciones, en su organización y como segundo estaba Tracy Barnes, como comandante de campo para elaborar el plan de la invasión el coronel Albert Haney, quien era entonces jefe de la oficina de la CIA en Corea del Sur.6
El proyecto estaba concluido, solo faltaba presentarlo al Departamento de Estado y a la Agencia para su aprobación final. El jefe de la CIA Allen Dulles lo consideró «brillante» y dio luz verde para su ejecución.
Según cálculos del coronel Albert Haney, la operación costaría 4 500 000 dólares, aunque posteriormente algunos consideraron que su costo real fue de 20 000 000
El coronel Carlos Castillo Armas fue seleccionado para dirigir la intervención. A criterio del gobierno estadounidense cumplía con los «requisitos indispensables» para esa misión. En primer lugar, era leal a los objetivos de la CIA y de la UFCO, era un furibundo anticomunista, había protagonizado una frustrada rebelión militar en 1950, contaba con el respaldo del obispo de Guatemala Mariano Rossell y Arellano y con el apoyo del dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
Luego de aprobada la propuesta, Castillo Armas fue llevado a Miami, donde J.C. King, jefe de la CIA para el hemisferio occidental, le expuso el plan. Se le prometió financiar la invasión con 3 000 000 de dólares y armas que suministraría la UFCO. A cambio, entregaría a la compañía las tierras que le habían sido expropiadas. Aceptó sin condiciones.
Estados Unidos —en medio de la guerra fría— no vaciló en poner en juego su poderío económico, diplomático, político y militar. Lanzó ataques aéreos contra ciudades indefensas con aviadores norteamericanos, utilizó todo su poder mediático, la guerra psicológica, millones de dólares, armas de todo tipo, comprometió a la Iglesia católica, a las Naciones Unidas, a países vecinos, realizó mediante mercenarios del mal llamado «Ejército de la Liberación», la ocupación territorial de una parte del país y puso en práctica un bloqueo económico a la nación centroamericana, cuyo único delito era tratar de alcanzar un desarrollo económico y social independiente.
Darcy Ribeiro comenta: «[…] el carácter abiertamente reaccionario del golpe militar y el hecho de haber sido planeado y dirigido por la CIA, reiteró ante el mundo la fuerza del veto norteamericano a cualquier gobierno progresista […] y también la inviolabilidad de sus intereses empresariales en el área».7
En sus declaraciones públicas, tanto Eisenhower como John Foster Dulles mantenían la versión de que el derrocamiento de Arbenz había sido ejecutado por «los mismos guatemaltecos». Como lo prueban las palabras textuales de Dulles: «Dirigidos por Castillo Armas los patriotas se alzaron para desafiar el liderazgo comunista y cambiarlo. Así, la situación la están remediando los guatemaltecos mismos».8
Esta situación culminó en junio de 1954 con la intervención armada organizada por los Estados Unidos. El 1ro. de julio de 1954 es proclamado Carlos Castillo Armas presidente de Guatemala. Así relató los hechos El Imparcial dos días después:
Llegó [Castillo Armas] al aeropuerto de La Aurora, donde se habían reunido miles de ciudadanos de la capital, en el avión número 349280 de la fuerza aérea de los Estados Unidos con procedencia de El Salvador. El primero en salir a saludar al público fue el embajador de los Estados Unidos en Guatemala señor John Peurifoy. El nuncio apostólico llegó también con él.9
Un corresponsal de The New York Times escribiría posteriormente que de no haber existido la amenaza al poder de la United Fruit Company en Guatemala no habría habido presión ni intervención estadounidense.
En 1956 el gobernador de New York, Averrell Arriman, acusó al secretario de Estado Foster Dulles de rebajar el prestigio internacional de la nación norteamericana, identificando al país con militarismo y colonialismo.
Cualquier duda que pudiera haber acerca del papel de los Estados Unidos en la agresión a Guatemala —sin ninguna connotación ideológica— quedó años más tarde clarificada, por los desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado y del Pentágono, así como por diversas declaraciones de los propios estadounidenses involucrados en la operación.
En 1979 Richard Bisell diría: «Nuestra misión era simplemente deshacernos de Arbenz. Lo logramos».10 Y el periodista David Graham escribiría: «Ahora […] podemos decir públicamente lo que ha sido dicho en privado, que la liberación fue hecha en Washington».11
Ronald Schneider, quien escribiera un libro titulado Communist in Guatemala, considerado la «historia oficial» de la invasión vista desde la óptica de los Estados Unidos,12 años más tarde, en un trabajo denominado «Guatemala: an aborted communist takeover», escribía:
Mientras el resultado inmediato de la intervención de 1954 fue considerado en aquel entonces como un éxito de los Estados Unidos en la guerra fría, es difícil pensar así desde una perspectiva más amplia. De hecho, a la luz de los acontecimientos posteriores sería razonable considerarlo casi como un desastre.13
Podemos afirmar que durante el período de la Revolución de Octubre (1944-1954) fue la primera vez —desde la conquista y colonización— que hubo un intento serio de verdadera transformación, donde muchos sectores sociales alcanzaron la categoría de ser social. Fue también la primera vez que Guatemala vivía en verdadera democracia, donde hubo libertad para pensar, expresarse, hacer y organizarse. En esa época no hubo perseguidos políticos ni torturados ni asesinados.
En el período de diez años la producción y diversificación agrícolas se incrementaron. Se desarrollaron nuevos rubros industriales y el Producto Interno Bruto creció como nunca antes. Los salarios aumentaron un 80% respecto de la época anterior y el desempleo disminuyó considerablemente. La seguridad social, la educación y la salud se desarrollaron.
Amplios sectores de la población, sobre todo rurales, se integraron de alguna manera a la sociedad, principalmente a través de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina Guatemalteca (CNCG), de sindicatos de trabajadores rurales y de los Comités Agrarios.
La estratificación social y la rigidez de las estructuras del Estado eran tan grandes que los modestos cambios que pudo promover la Revolución de Octubre impactaron hondamente a la sociedad. Sus logros marcaron la conciencia de amplios sectores, porque no solo creció la economía, sino que abrió las reales posibilidades de conformar, sin exclusiones, la verdadera nacionalidad guatemalteca. La Revolución de Octubre puso en primer plano el derecho a la soberanía nacional y a la autodeterminación, al intentar mantener una política nacionalista e independiente de los dictados de Washington.
Errores como no haber dado mayor participación y organización a los sectores populares en la defensa del proceso y confiar en la posición «constitucionalista» de los altos mandos del ejército, fueron las causas principales de la caída del gobierno de Arbenz.
Algunos estudiosos del tema aseguran que importantes sectores de la población habrían defendido la revolución con las armas si Arbenz se las hubiera dado, salvando un proyecto político-económico que pudo haber sido la base para construir una sociedad mejor y más justa.
El Ejército guatemalteco podía haber frenado fácilmente la invasión mercenaria, tenía condiciones para hacerlo pues era un cuerpo profesional que contaba con 6 000 hombres bien armados y entrenados; lo que faltó fue la voluntad política, valentía y cohesión para defender al gobierno legítimamente electo. Luis Cardoza y Aragón explica:
El militarismo guatemalteco se fortaleció como nunca. Aumentaron su hegemonía, en sentido opuesto y proporcional a su antidemocratización. […] El ejército siempre fue intocable. En ellos, como casta […] el oportunismo es una deformación profesional […] Con el presidente Arbenz, los intereses de clase dominaron […] y por ese camino podemos explicarnos cuándo, cómo y porqué estos jefes del ejército no fueron siquiera, sencilla y patrióticamente nacionalistas.14
Otro factor primordial de la derrota fue el de mantener una actitud tolerante frente a las actividades francamente subversivas de la oligarquía, de la Iglesia católica, de la gran prensa, de algunos empresarios medios y de ciertos sectores profesionales y estudiantiles.
Pero, no cabe duda de que fue la injerencia directa de los Estados Unidos y de sus monopolios, principalmente de la UFCO, la que determinó la reversión de ese trascendental proceso.
Con el gobierno de Arbenz caían los anhelos de una transformación política, económica y social, nacionalista e independiente. Se puso punto final a los únicos diez años de democracia en el país; este acontecimiento marcó para siempre a la sociedad guatemalteca y la dejó en un silencio que todavía no se ha podido superar.
Terminó la esperanza, los anhelos quebrados de sus mejores hijos, otra vez el pueblo quedó sin luz, sin justicia y se abrieron los caminos del terror, de la violencia, de la ignominia, de la impunidad que todavía no tiene fin.
El historiador norteamericano Samuel Guy Inman había advertido que «Estados Unidos no puede seguir destruyendo impunemente la soberanía de otros pueblos […] sin que se produzca una reacción».15
Aunque el nivel que alcanzó la organización popular en esos diez años no era homogéneo, sí fue lo suficientemente fuerte como para despertar el temor de la oligarquía guatemalteca y del gobierno de los Estados Unidos preocupado por unapotencial radicalización del proceso y las consecuencias que ello implicaría para su hegemonía en el país y en la América Latina.
Los sucesos de 1954 son una amarga lección para todos, pero sobre todo para Latinoamérica, acontecimientos que hay que conocer, estudiar y profundizar, para que sirva, para que enseñe lo que no hay que hacer y sobre todo lo que hay que hacer. Es parte de la memoria histórica del pueblo, así como de los hombres y mujeres que forjaron, ante la ignominia, el movimiento revolucionario, cuyo triunfo todavía no se ha podido alcanzar.
A pesar de su «victoria», la Operación Éxito sumió a la sociedad de Guatemala en una profunda crisis que dura hasta nuestros días, demostró también quiénes eran sus amigos y quiénes son sus verdaderos enemigos y abrió en ese pequeño país centroamericano un nuevo ciclo histórico que aún no ha terminado. En Canción de Gesta, Pablo Neruda canta amargamente este suceso:
Vi en Guatemala florecer la rosa.
Vi defender la tierra de los pobres.
Los norteamericanos incendiarios dejaron caer dólares y bombas.
Estableció la muerte su atavío, 
la United Fruit desenrolló su soga.
Y así fue asesinada Guatemala en pleno vuelo, como una paloma. 

Notas:
1.      Luis Cardoza y Aragón: La Revolución guatemalteca, p. 88.
2.      El Imparcial, 16 de marzo de 1951.
3.      «Discurso de Jacobo Arbenz», 17 de julio de 1952, en Thomas y Marjorie Melville: Guatemala: The politics of land ownership, p. 61.
4.      El Imparcial, 16 de marzo de 1954.
5.      Véase NACLA Guatemala, 1974; Richard Immerman: «Guatemala and the United States, 1954: A cold War Strategy for the Americas»; Fletcher Prouty: The secret team: The CIA and its allies in control of the United States and the World, 
p. 78.

6.      David Wise y Thomas Ross: The Invisible Goverment, pp. 188-189; entrevista con Richard Bisell, Farmington, Connecticut, 11 septiembre de 1979.
7.      Darcy Ribeiro: Las Américas y la civilización, p. 116.
8.      Departamento de Estado: «Intervention of International Communism in the America», Publicación núm. 5556, Washington, 1954.
9.      El Imparcial, 3 de julio de 1954.
10.    Entrevista con Richard Bissell, Farmington, Connecticut, 12 de septiembre de 1979. Tomado de Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer: Fruta amarga, p. 307.
11.    Publicado en New Republic, September 16, 1957.
12.    Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer: ob. cit., p. 247.
13.    Ronald Schneider: «Guatemala: an aborted communist takeover», en Thomas Hammond (comp.): The anatomy of communist takeovers, p. 576.
14.    Luis Cardoza y Aragón: ob. cit., pp. 48-49 y 51.
15.    Samuel Guy Inman: «Imperialistic America», Atlantic Monthly.