Sabra y Chatila, una masacre que aún clama justicia
Elisa Mata
(Marcha)
El día 14 de septiembre de 1982 fue asesinado el líder maronita y mandatario electo libanés Bashir Gemayel, junto a otras cuarenta personas, en la sede central de las Fuerzas Libanesas en Beirut, hecho que fue atribuido a facciones prosirias y propalestinas.
El Ministro de Defensa de Israel de aquel tiempo, Ariel Sharon, destacó dos divisiones del Tsahal a su mando, para proceder a la ocupación de la zona oeste de Beirut con el objeto de preservar la estrategia israelí en el Líbano, violando el acuerdo existente con los Estados Unidos. Al mediodía del 15 de septiembre, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) habían cercado el campamento de refugiados de Sabra y Chatila y controlaban las entradas y salidas de los refugiados palestinos. Las fuerzas israelíes ocuparon también algunos edificios como puestos de observación. El Ministro de Defensa israelí, junto al jefe de Estado Mayor, Rafael Eitan, luego de una extensa reunión con las unidades de la milicia cristianofalangista libanesa acordó que ellos entraran en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila mientras los soldados israelíes controlaban el perímetro de los campamentos de refugiados prestando apoyo logístico. El objetivo era encontrar combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y entregarlos a las fuerzas israelíes.
Poco tiempo después más de un millar de milicianos falangistas fueron convocados por Elie Hobeika sucesor de Gemayel para que se presentaran en el Aeropuerto Internacional de Beirut, ocupado por Israel.
Los falangistas, armados con pistolas, cuchillos y hachas entraron a las 6:00 de la tarde en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, situados en las afueras de Beirut. La misión de localizar posibles guerrilleros en retirada de la OLP y desarmarlos se convirtió en una orgía de sangre que se prolongó hasta el día siguiente, durante la que se masacró a civiles indefensos, la mayoría de ellos ancianos, mujeres y niños.
A modo de ejemplo reproducimos el relato de Wadha Sabeq, que vivía en Bir Hassan, un barrio predominantemente libanés a las afueras de los campamentos. Ella relata que “el día viernes por la mañana, nuestros vecinos nos dijeron que teníamos que presentar nuestras identificaciones impresas en la embajada de Kuwait”, ubicada fuera del acceso al campamento de Sabra, y allí fueron ella y sus ocho hijos que tenían entre 3 y 19 años. Al pasar por Shatila fueron detenidos por los falangistas. “Nos llevaron con otros y separaron a los hombres de las mujeres.” Los milicianos se llevaron a 15 hombres de su familia, incluyendo a sus hijos Mohammad, de 19 años y Alí de 15 años de edad, y a su hermano de 30 años. “Alinearon los hombres contra la pared, y se les dijo a las mujeres que tenían que trasladarse al estadio. Nos ordenaron caminar en una sola fila, y no mirar ni a la izquierda ni a la derecha.” mientras los falangistas controlaban el cumplimiento de sus órdenes. Esa fue la última vez que vio a su familia.
Los israelíes los mandaron a sus casas después de haber estado esperando durante horas en el estadio sin tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Al salir de allí una mujer les gritó que fueran al campamento a reconocer los cuerpos. Sabeq recuerda que los cadáveres estaban esparcidos en las calles y “no se podían ver las caras que estaban cubiertas de sangre y desfiguradas, sólo se podía identificar a la gente por la ropa que llevaba puesta”. No pudo encontrar a sus hijos ni a su familia. “Fuimos a la Media Luna Roja, a los hospitales, todos los días, para preguntar por ellos. Nadie tenía respuestas, nunca encontramos sus cuerpos”, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Los Ministros y funcionarios del gobierno de Israel sabían acerca de la matanza y no hicieron nada para impedirla, sino que apoyaron a las milicias falangistas iluminando con reflectores y bengalas el campamento de refugiados; los soldados israelíes habían repartido previamente las bolsas para los cadáveres.
Mientras la Cruz Roja maneja la cifra de alrededor de 2.400 víctimas, las fuentes cristiano-libanesas, israelíes y árabes afirman que a raíz del “conflicto interno” la cifra de muertos es de “algunos centenares”.
La masacre produjo un gran escándalo internacional, que conmovió además a la opinión pública israelí, produciendo una profunda crisis política. Pocos días después se registró la movilización más importante en la historia de Israel, en la que participaron 400 mil personas que respondieron a la convocatoria del movimiento pacifista Shalom Ahshav y de la oposición israelí. Exigían una investigación independiente que aclarase lo sucedido y definiera responsabilidades.
Menahem Begin, tuvo que acceder al reclamo y tres días después encargó al presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Kahan que formara una comisión investigadora. El informe final de la Comisión Kahan se hizo público en febrero de 1983. Señaló a los cristianos falangistas como autores materiales de las muertes, y critica duramente la indiferencia e imprudencia de algunos ministros y mandos militares, además de calificar de «negligencia grave» la conducta del general Rafael Eitan, jefe del Estado Mayor, y considera que Ariel Sharón «faltó a sus obligaciones», por lo que recomienda su renuncia como ministro de Defensa.
Una gran parte de la comunidad internacional, conmovida por esa y otras masacres producto de la ocupación israelí, siguen insistiendo en acusar a Ariel Sharón de autor o instigador de la matanza, algo que arreció en forma de procesos judiciales en Europa cuando éste volvió a la arena política en 2001, siendo nombrado Primer Ministro de Israel.
La justicia belga admitió a trámite una demanda contra Sharón en 2001 en aplicación de una ley de jurisdicción universal para casos de violaciones de los derechos humanos, usada en 1993 para procesar a los acusados del genocidio de Ruanda.
A pesar de que el Tribunal Supremo belga dictaminó el 12 de febrero de 2003 que Sharón (y otras personas involucradas, como el general israelí Yaron) podrían ser enjuiciados en virtud de esta acusación, esta nación enmendó su ley para que se circunscribiera a casos donde las víctimas fuesen ciudadanos belgas, cediendo ante el cuestionamiento de la jurisdicción belga para este tipo de procesos sobre derechos humanos, que causó a Bélgica problemas diplomáticos. En septiembre de 2003, el más alto tribunal belga archivó la causa contra el entonces primer ministro israelí argumentando que no había base legal para el proceso.