Argentina. Campanazos

Horacio Verbitsky
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Ante la fragmentación opositora y la voluntad del kirchnerismo de incidir en la sucesión, avanzan las gestiones para presentar alternativas. Una es la candidatura del juez Ricardo Lorenzetti, quien ha tomado la inseguridad y el narcotráfico como plataforma de lanzamiento. Otra, un acuerdo para que Scioli sea candidato a presidente y Alfonsín a gobernador bonaerense. También Cobos quiere militares en tareas policiales. Narcos, policías y políticos en Santa Fe, del estrépito al silencio.

Las dificultades de la fragmentada oposición ante el proceso electoral del año próximo y la voluntad del actual gobierno de incidir en la selección del candidato a sucederlo han estimulado la búsqueda de alternativas que, de concretarse, alterarían en forma drástica el actual panorama. Una incluye entre los candidatos al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien es visto con simpatía por las mayores cámaras patronales y por la revigorizada Iglesia Católica. La otra recrearía los pactos entre el justicialismo y el radicalismo, esta vez con un explícito acuerdo electoral, mediante las candidaturas de Daniel Scioli a la presidencia y Ricardo Alfonsín a la gobernación bonaerense. Las ostensibles dificultades de ambas combinaciones no desalientan a sus impulsores, insatisfechos con el cuadro de situación restante, con la implosión de UNEN, la disputa entre Maurizio Macrì y Sergio Massa por el apoyo de un radicalismo cada día más cómodo con su carácter de federación de partidos provinciales, y la reticencia del kirchnerismo a considerar que Scioli pueda representarlo en las urnas.
El grupo secreto
La eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos fue mencionada por primera vez en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En aquel momento, igual que ahora, se había instalado un consenso político-mediático sobre el presunto agotamiento del actual ciclo político y el riesgo de que su desplome tuviera consecuencias económicas y sistémicas catastróficas. La entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Según su confidente, la diputada macrista Gabriela Michetti, ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008, luego del voto de Cobos en el Senado contrario al gobierno que integraba. Además de dirigentes políticos tanto radicales como justicialistas, participaban varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. Dos años después, su candidatura fue lanzada en forma pública por su colega en la Corte, Carlos Fayt, durante un almuerzo en el Club del Progreso. Entonces sí, Lorenzetti sostuvo que no tenía tal propósito y que la difusión recibida procuraba afectar su imagen de imparcialidad. Agregó que el silencio que mantuvo cuando se difundió el cable de Wikileaks obedecía a que no se había enterado en aquel momento. Luego del fallo que rechazó los pedidos de inconstitucionalidad de la ley audiovisual, hace ahora un año, el diario Clarín descubrió que Lorenzetti, a quien había cortejado durante cuatro años, aspiraba a la presidencia. En 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Caracas para confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, había premiado a Lorenzetti por su defensa de los principios de la libertad de prensa contenidos en la declaración de Chapultepec. En 2009, la SIP realizó su asamblea anual en la Argentina, y Lorenzetti la inauguró junto con Cobos. Desde fines del año pasado, Lorenzetti actúa en forma abierta como un líder político. El Centro de Información Judicial (CIJ) se ha convertido en su plataforma de lanzamiento. Una de las tareas centrales de ese portal de comunicación y propaganda es difundir cada una de las actividades del presidente de la Corte, del que se han publicado hasta cinco títulos, fotografías y videos en un mismo día, ya sea que dicte conferencias, reciba distinciones, presida encuentros o suspire. En sintonía con el Episcopado Católico, el nuevo eje de su discurso ha pasado a ser el narcotráfico y la inseguridad, aunque para ello deba contradecir los pronunciamientos del tribunal que preside, y el reclamo de determinadas políticas públicas a los demás poderes del Estado, algo que no forma parte de sus deberes constitucionales ni de los usos y costumbres del cargo. Si en los años precedentes mantuvo sus contactos políticos en reserva, la semana pasada hizo trascender en el amistoso portal de Daniel Hadad un encuentro con una docena de banqueros y titulares de empresas y cámaras patronales, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre quienes escucharon su monserga, centrada en la inseguridad, el consumo de estupefacientes, su comercio ilegal y el lavado de los beneficios que produce, estuvieron representados la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos argentinos, la Unión Industrial y las Cámaras de Comercio y la Construcción. En la adopción de estos temas como leitmotiv de todas sus apariciones públicas coincide con Scioli y con el diputado Sergio Massa. Sus chances de alcanzar un lugar en alguna fórmula presidencial dependen de la inhabilidad que hasta ahora han mostrado las fuerzas opositoras para tejer acuerdos con viabilidad electoral. Luego de la disputa abierta por Elisa Carrió acerca de una gran coalición que incluya a Maurizio Macrì, en las últimas semanas las coincidencias nacionales han comenzado a contradecir los entendimientos provinciales. Por momentos, UNEN parece una batalla de todos contra todos. Mientras Gerardo Morales se mostraba en Jujuy con Sergio Massa para anunciar un posible acuerdo, Julio Cobos le recriminó que de ese modo debilitara a la alianza que el radicalismo constituyó con el Partido Socialista, Libres del Sur, Elisa Carrió, Fernando Ezequiel Solanas Pacheco, Margarita Stolbizer y Luis Juez. El radical cordobés Oscar Aguad postula un entendimiento con Maurizio Macrì, opción a la que ahora también se sumó Juez, principal denunciante de los presuntos negocios ilícitos del intendente de la capital de Córdoba, el también radical Ramón Mestre. A un año de la fulgurante victoria de Massa en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el anhelado efecto dominó, con todas las fichas justicialistas inclinándose a lo largo y lo ancho del país no se produjo, de modo que el ex intendente de Nordelta carece de bases en el territorio para su proyecto presidencial. Ni siquiera tiene una carta ganadora en su propia provincia, algo que difícilmente pueda compensar con acuerdos de cúpula en distritos pequeños como Jujuy. Para colmo, el negociado pase de Martín Insaurralde provocó una crisis interna con otros aspirantes a la candidatura del Frente Renovador, y puede terminar con la creación de un partido provincial hacia el que el ex intendente de Lomas de Zamora arrastre a algunos intendentes hoy renovadores. Vuelve a ponerse a prueba el viejo axioma de que salir del justicialismo es quedar a la intemperie.
A pesar de todo
La fantasía de un denominado Tercer Movimiento Histórico, que sume voluntades de los dos partidos más antiguos y arraigados del país reaparece en forma esporádica, ya sea como proyecto de hegemonía o como respuesta defensiva ante cuadros complejos. Se manifestó durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, tuvo un primer atisbo electoral cuando Juan D. Perón contempló invitar a Ricardo Balbín a que lo acompañara como vicepresidente, y se renovó como aspiración en la presidencia democrática de Raúl Alfonsín, pero sin alcanzar resultados. Fue clave en el Pacto de Olivos de 1993, que abrió la puerta a la reforma constitucional que permitió una tercera candidatura presidencial de Carlos Menem, a cambio de ampliar la representación radical en el Senado, y volvió a manifestarse en 2001, cuando Alfonsín y el senador Eduardo Duhalde dejaron sin sustentación al gobierno de Fernando de la Rúa y forzaron su renuncia. Pero en ninguno de esos casos la entente justicialista-radical llegó a plasmarse en una propuesta electoral conjunta, como la que ahora están explorando el gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli y el hijo de Alfonsín. El radicalismo protagonizó intentos fallidos en 2007, cuando eligió como candidato presidencial a Roberto Lavagna acompañado por Gerardo Morales, y en 2011, con el propio Ricardo Alfonsín como postulante a la presidencia y el Peornista Opositor Francisco De Narváez en la boleta para la gobernación bonaerense. El fracaso de ambos experimentos (en 2007 Lavagna rozó el 17 por ciento de los votos y cuatro años después Alfonsín apenas pasó del 11 por ciento) no ha obrado como disuasivo, por distintas razones. Los radicales no tienen una alternativa mejor, ya que la provincia de Buenos Aires que alguna vez fue su bastión hoy es su talón de Aquiles. Los seguidores de DOS entienden que la falla no estuvo en el acuerdo suprapartidario sino en la ausencia de candidatos presidenciales atractivos. Scioli cree que su abrazo con Alfonsín marcaría en forma indeleble el contraste con el kirchnerismo y podría concitar la adhesión del resto del justicialismo, aunque cuesta imaginar una cesión voluntaria de la provincia de Buenos Aires al hoy contraído rival histórico. El marketing del acuerdo haría hincapié en la solución para una Argentina crispada, que necesita de todos por encima de las banderías partidarias y cuenta con el beneplácito del Grupo Techint, un instigador constante de este tipo de esquemas, con un programa económico al paladar de la transnacional italiana basado en un pacto de contención salarial, que la alta inflación facilita porque basta con ralentar las actualizaciones.
A contramano
A lo largo del año, dirigentes de distintos partidos plantearon la intervención militar en la represión del narcotráfico, aunque para ello hubiera que revisar las leyes de defensa nacional, seguridad interior e Inteligencia, que lo prohíben. Coincidieron en este punto Macrì, Scioli, Massa, José Pampuro y Carlos Menem. Desde el gobierno nacional los refutó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y se opusieron en público los FAUNistas Ricardo Alfonsín y Hermes Binner, aunque en privado manifestó su acuerdo Ernesto Sanz. Ahora se suma a la misma corriente Julio Cobos. Su principal asesor en la materia es el coronel mendocino Carlos Pissolito, retirado hace dos años luego de una larga experiencia en las misiones de paz de Naciones Unidas. Fue director del Centro de Capacitación para esas misiones de Campo de Mayo y agregado militar en Estados Unidos. Dirige dos asociaciones civiles, Cascos Azules y Santa Romana, y acaba de publicar el libro Las Fuerzas Armadas en otras operaciones diferentes a la guerra, en el que reflexiona sobre su experiencia en Haití, Irak, Kuwait y Chipre y postula la intervención castrense en seguridad interior. Allí afirma que la legislación vigente es incoherente, porque permite emplear a fuerzas militares en cuestiones de seguridad pero les prohíbe “tanto prepararse como equiparse para enfrenar estas situaciones, a la par que se las inhibe de hacer la inteligencia interna necesaria”. Según Pissolito cuando se asignan al componente militar tareas policiales “es conveniente que se lo eduque, instruya y equipe en tareas policiales básicas; tales como el control del orden público y la detención temporaria de personas”, entre las que menciona “narcos, terroristas, etc”. Esta efervescencia crece al mismo tiempo que el país que más avanzó en el sendero que estos políticos proponen para la Argentina, vive un amargo desengaño por sus catastróficas consecuencias. El ex presidente de México, Vicente Fox, quien gobernó entre 2000 y 2006, acaba de cuestionar a quien lo sucedió, Vicente Calderón: “Fue un error sacar al Ejército, fue una violación flagrante de los derechos humanos. El Ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó. Ni se acabó con los carteles ni con la drogas –afirmó–. ¿De qué sirvió esa guerra? Se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato.” Encomió, en cambio, al actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien decidió crear una Gendarmería que a partir del año próximo debía sustituir en esa tarea al Ejército. Pero el nuevo cuerpo, que Peña Nieto estimó en 40.000 hombres durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, hasta el momento sólo tiene 5000, por lo que militares y marinos siguen cometiendo masacres de civiles, mientras el Senado trata un proyecto de ley por el cual esos abusos ya no serán tratados por la justicia militar sino por la ordinaria. Fox planteó que el único camino viable es la legalización de las drogas y vaticinó que muy pronto eso ocurrirá en el Distrito Federal.

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La Guerra de las Galaxias


Horacio Verbitsky
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La coalición radical-socialista que gobierna Santa Fe denunció una supuesta operación destituyente, a raíz de las publicaciones de este diario acerca de las relaciones entre el crimen organizado, la policía, la justicia y las autoridades provinciales. El propio gobernador Antonio Bonfatti dijo que defendería “hasta el último momento (?) la honestidad y la transparencia de este gobierno”. Su ministro Eduardo Galassi agregó que “el intento de asociar al Partido Socialista con el narcotráfico no es más que otro capítulo con el que se buscan poner en foco una patraña, una calumnia”. Ellos y otros dirigentes de la coalición acusaron a los miembros justicialistas de la Comisión Investigadora de la Legislatura y descalificaron los testimonios prestados ante ese cuerpo por Ana María Frascona y Silvia Patricia Fuster, las madres del presunto narcotraficante Luis Medina y de su amiga sentimental, Justina Pérez Castelli o Justine Fuster. Las dos señoras dijeron en sendas audiencias el 16 de septiembre que el empresario de autos de la noche y de los autos de lujo había aportado a la campaña electoral de Bonfatti cuando accedió a la gobernación. Los funcionarios provinciales descalificaron ambos testimonios porque las mujeres eran justicialistas, igual que los miembros de la Comisión. Es cierto, ya que radicales y socialistas se negaron a integrar la Comisión aduciendo que “es peligroso politizar la lucha contra el narcotráfico”. La propia Frascona consignó en la declaración su militancia justicialista, cuando reveló que su hijo había sido compañero de juegos de la jueza Alejandra Rodenas, que ahora investiga el asesinato. Ante el incómodo silencio de los legisladores justicialistas, recordó que se veían en la casa de Luis Rubeo, con quien militaban ella y el padre de la jueza [Osvaldo Tito Rodenas, quien en 1975 cedió al Cuerpo de Ejército II el predio de La Calamita donde luego del golpe funcionó un campo clandestino de concentración]. Rubeo, hoy de 78 años, fue varias veces diputado y senador nacional. Su hijo Luis Daniel es el actual presidente de la Legislatura provincial. “Lo que son las cosas de la vida”, comentó sin añadir nada el presidente de la Comisión, el justicialista Héctor Acuña, consciente de las corrosivas implicancias de la información. Las acusaciones del gobierno provincial se centraron precisamente en Acuña, a quien Galassi llamó “saltimbanqui de la política” y atribuyó haber sido “vocero de Apropol, una organización ilegal de ex policías”. Está menos claro por qué Galassi y Bonfatti involucraron en la aducida operación de desprestigio al diario que se limitó a publicar la transcripción de los testimonios de las madres de las víctimas, sin dar fe de su veracidad. Por el contrario, la nota explicó que las transcripciones taquigráficas de la Comisión “son una muestra desoladora de cómo se concibe la política en un marco de extrema degradación, si bien esto no implica dar fe a cada una de las afirmaciones de ambas mujeres”. Según la declaración de la señora Fuster, en la casa en un country de Pilar que su hija compartía con Medina escuchó conversaciones en las que se hablaba de Galaxy y El Peladito. La Legislatura, donde el oficialismo está en minoría, expresó su preocupación por “las desafortunadas manifestaciones” de Bonfatti e integrantes de su gabinete referidas a supuestos “intentos destituyentes”. Lo más llamativo es que las indignadas desmentidas oficiales ni siquiera mencionaron otra parte de la nota publicada aquí hace dos semanas, en la que se transcribían diálogos grabados por orden del juez federal Carlos Vera Barros entre el ex policía de la división Judiciales Germán Almirón, detenido por favorecer la fuga de un sicario, y Arón Treves, El Ojudo, acusado por homicidio y tráfico de drogas. El gobierno ya había dejado trascender parte de las grabaciones telefónicas, en las que ambos detenidos planean atentar contra el juez Juan Carlos Vienna y/o el fiscal Guillermo Camporini, quienes habrían deshonrado algún compromiso. Pero en agosto, el semanario Sin Mordaza publicó otro tramo del mismo diálogo, en el que Almirón y Treves también se refieren al atentado de octubre de 2013 contra la casa de Bonfatti como un pase de facturas por promesas incumplidas a las bandas que aportaron fondos a su campaña electoral. El fastidio de Treves es porque no le concedieron la libertad que le habían prometido a cambio de su actuación como arrepentido, figura que el procedimiento provincial no contempla. Las bandas que mencionan son las del asesinado Luis Medina, la de su presunto ejecutor, Esteban Lindor Alvarado, la de Los Monos y la de El Francés, que en realidad es el polaco Thierry André Polus. En la grabación, registrada poco después de la medianoche del 2 de marzo, Treves dice que el gobernador les sacaba “un millón al Esteban [Alvarado] y un millón al Luis [Medina]. Después un millón a un tal francés, que creo que es el de Baigorria, si no me equivoco. Y sé que Los Gordos [por Los Monos, de la familia Cantero] habían puesto una moneda también. No se si un millón pero habían puesto una moneda. Con todo este quilombo, el tipo los desconoce a todos y se abre”. Las traducciones entre corchetes pertenecen a la revista que publicó el diálogo. En otro diálogo, del 14 de marzo, Almirón dice que alguien a quien sólo menciona como Salvador y frustrado candidato a camarista, hablará con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para que interceda ante el fiscal de Cámara Camporini, de modo que Treves pueda quedar en libertad a la espera del juicio, en el que sería absuelto por tecnicismos sobre la prueba del homicidio.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista (PS), Juan Carlos Zabalza, atribuyó al gobierno nacional el intento de encontrar un vínculo del socialismo con el narcotráfico. Curiosa interpretación: fue el gobierno nacional el que decidió poner estas grabaciones en conocimiento de la provincia, lo cual abortó una importantísima línea de investigación. Queda claro que en la Guerra de las Galaxias la culpa la tiene el mensajero.