Fin de las AFJP
Hernan Letcher *
Pagina12/Cash
El 20 de noviembre de 2008 se ponía fin al sistema previsional privado de las AFJP. Aquel sistema había nacido con la reforma laboral de 1994, a partir del discurso neoliberal que, cuestionando la ineficiencia y la insostenibilidad en el tiempo del régimen de reparto, generó el consenso social para tal modificación. Los principales argumentos planteaban que el régimen de capitalización permitiría la reducción del déficit continuo del sistema previsional, el aumento de la cobertura y un incremento del ahorro interno en el país, además de garantizar mayores ingresos para los jubilados y pensionados al momento del retiro. Se sostenía al mismo tiempo que la reforma del sistema, al dinamizar el mercado local de capitales, impulsaría el crecimiento económico, impactando positivamente en las condiciones de vida de la población en su conjunto. El espíritu de este modelo se sustentó en la visión bancomundialista que pretendía resolver el riesgo político derivado de mala administración estatal de los fondos de jubilaciones, y la ineficiencia económica y redistribución perversa de los sistemas de reparto. En esta línea, se tomó como referencia el “exitoso” sistema chileno, adoptando un sistema mixto que reemplazó la solidaridad intergeneracional por la capitalización individual como eje central de funcionamiento. Resulta oportuno repasar los resultados de esas extraordinarias “ventajas” del sistema para comprender cuál fue la verdadera razón de tal reforma.
- Cuestión demográfica. El planteo que aseguraba que el modelo mixto era sostenible financieramente porque no prometía un determinado beneficio de antemano, sino que éste dependía de lo que se había acumulado sin generar déficit ni riesgo a largo plazo, no fue tal. Primero porque por los costos implícitos resultantes, el pasaje al nuevo sistema generó un profundo déficit (en el caso de la Argentina las mismas AFJP terminaron financiando tal déficit, con un costo adicional para el Estado); segundo, porque los fondos de todas formas se encontraban expuestos al devenir económico, y tercero, porque para resolver el problema demográfico el sistema de capitalización sólo tenía la posibilidad de ajustar por beneficio, a diferencia del régimen de reparto, que permite enfrentar esa problemática también modificando los parámetros jubilatorios.
- Incentivos. La presunción de que el sistema evitaría la evasión, fomentaría la formalización y alargaría la vida laboral porque motivaba al trabajador con la promesa de que recibiría una mejor jubilación en el futuro, no sucedió. Por un lado porque este planteo presumía que era el trabajador el que de alguna manera prefería o toleraba la informalidad de su trabajo. Pero sobre todo porque prevalecieron las cuestiones vinculadas con la situación económica en general. Y esas condiciones económicas implicaron menos empleo. De hecho, cayó la cobertura como resultado de la situación del mercado de trabajo y el aumento de requisitos del sistema.
- Mayor eficiencia. No sólo no hubo mayor eficiencia, sino que además los costos administrativos fueron sustancialmente más altos respecto a los gastos que implicaba para el trabajador el sistema de reparto. Tales costos, además, estuvieron vinculados a erogaciones que no significaron mayor seguridad social (por ejemplo, gastos en publicidad). En promedio, giraron en torno al 3,5 y 2,5 por ciento, y representando el 30 por ciento de los aportes.
- Mayor eficiencia por competencia. En la realidad, más opciones significaron más costos. Y esto fue así porque la variable que generó más afiliaciones no fue la rentabilidad ni los menores costos, sino la cantidad de promotores existentes. La posibilidad de elección individual (soberanía del consumidor) tampoco modificó la eficiencia en la administración.
- Aumento de la rentabilidad. La supuesta vinculación entre la capitalización y el crecimiento (reflejado en rentabilidad para el trabajador) no fue tal. En primer lugar porque la capitalización no significó más ahorro, dado que a la acumulación de recursos se le contrapone el desahorro estatal. En segundo, porque las inversiones muchas veces estuvieron vinculadas sólo al negocio financiero
* Maestría Economía Política (Flacso). Secretario General de Segundo Centenario.