Islandia
Alfredo Zaiat
En estos días de renacer mediático de economistas del establishment, acostumbrados a confundir sus propios deseos con la realidad, es un ejercicio higiénico conocer que existe otro mundo económico al de la catástrofe que convocan. La economía europea transita un sendero de recesión, elevada desocupación y crisis social de proporciones por insistir con políticas ortodoxas de austeridad y subordinación al poder financiero. Ese resultado devastador es muy parecido al que la Argentina padeció con el acompañamiento fervoroso de los mismos economistas y analistas que hoy brindan cátedra sobre qué se debería hacer en materia cambiaria, monetaria y productiva. Un aspecto saliente es que siguen proponiendo la idéntica receta ortodoxa con cuidado maquillaje para no provocar rechazos. En un escenario de presiones en la plaza del dólar, y de indicadores de desaceleración de la actividad económica, comenzaron a reiterar el vademécum del ajuste. Un hecho asombroso es leer en grandes medios la opinión de economistas que se consideran de izquierda repitiendo lo mismo que los conservadores cuando hablan del dólar. Aquí como en Europa se demostró que existen otras formas de abordar las tensiones que son inherentes a la economía, puesto que es una fantasía el equilibrio general del dogma neoclásico. Islandia es un caso que permite exorcizar esos fantasmas y reafirmar que eludir el camino de la ortodoxia, tarea que es complicada porque va a contramano de discursos dominantes y de un sentido común sometido a esas ideas, brinda resultados positivos, cuidadosamente ocultados en el debate público.
Islandia es una isla de 330 mil habitantes con un PBI –antes de la crisis– de 13 mil millones de dólares. Es una economía muy pequeña. Tenía un Estado de Bienestar de los más avanzados de Europa. No se sumó al euro, manteniendo la soberanía monetaria con la corona islandesa. En octubre de 2008 estalló la crisis con parecida configuración, orígenes y dimensiones que en el resto de países de la Eurozona y Estados Unidos: neoliberalismo y desregulación financiera. Fernando Krakowiak explicó en Cash, el suplemento de economía de este diario, en un artículo publicado el 17 de abril del año pasado, que Islandia crecía rápido por el desarrollo de la industria pesquera, hasta que en 2003 se privatiza su sistema bancario y se flexibilizan las regulaciones para estimular el desarrollo financiero. Ese incentivo se potenció con una política monetaria de metas de inflación, que se venía aplicando desde marzo de 2001, y que llevó a un paulatino incremento de la tasa de interés para tratar de contener los precios minoristas. Fue un cóctel explosivo que derivó rápidamente en una bicicleta financiera liderada por los tres grandes bancos privados del sistema: Landsbanki, Kaupbing y Glitnir. Esas entidades armaron una inmensa burbuja, ayudadas por el frenesí especulativo de potencias europeas: tomaban fondos de corto plazo a tasas bajas en mercados financieros de otros países europeos, para luego prestarlos a tasas altas y a largo plazo en Islandia para financiar consumo. Ese flujo de recursos luego se amplió al rubro inmobiliario, generando un boom económico que se presentó como el milagro islandés, lo que atrajo la atención de inversores. Esos bancos ofrecían tasas de interés atractivas, convocando a ahorristas extranjeros, especialmente holandeses y británicos.
Ese desborde especulativo terminó estallando cuando se precipitó la crisis en Estados Unidos y en Europa, en 2008. Comenzó la corrida de ahorristas y los bancos no podían atender esa demanda, puesto que habían estructurado un sistema con depósitos de corto plazo y créditos de largo. Los bancos se habían sobredimensionado de tal manera que sus activos eran varias veces el Producto de Islandia. Ese despropósito implicó que las pérdidas de los bancos ascendieran a 100 mil millones de dólares, cuando el PBI era de 13 mil millones. El gobierno islandés nacionalizó los tres grandes bancos privados para evitar su quiebra. Reintegró el dinero a los islandeses, pero no hizo lo mismo con los ahorristas extranjeros. Gran Bretaña reaccionó y le congeló a Islandia los fondos que tenía depositados en su país, pero eso no alcanzó a cubrir la deuda. Junto a Holanda asumieron el compromiso de devolver ese dinero a sus ahorristas, para luego reclamar ese dinero a Islandia.
El gobierno islandés aprobó una ley que preveía la devolución de ese dinero a Gran Bretaña y Holanda, pero por presión de la población ese giro no se concretó. Hubo dos referendos que rechazaron la opción de pagar y socializar esa deuda. Esa respuesta social fue adquiriendo intensidad a medida que se conocían los fraudes y el enriquecimiento de banqueros y políticos durante esos años de fiesta financiera.
La secuencia de esta crisis comenzó en septiembre de 2008, cuando se nacionalizaron los principales bancos del país; y como consecuencia de ello comenzó el hostigamiento de algunos países, su moneda (la corona islandesa) se desplomó, la Bolsa suspendió toda actividad y el país cayó en bancarrota. En 2009, las protestas sociales lograron la convocatoria a elecciones anticipadas, provocando además la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Aunque continuaba la pésima situación económica, mediante una ley se propuso la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3500 millones de euros (un tercio del PBI), monto que sería abonado por las familias islandesas durante 15 años con una tasa de interés del 5,5 por ciento anual. En 2010, el pueblo islandés salió a la calle para pedir un plebiscito por esa ley, y el resultado fue un arrasador 93 por ciento de los votos para la opción del no pago de la deuda. Mientras, el gobierno nombró una comisión de investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades políticas de la crisis. Comenzaron las detenciones de decenas de banqueros y altos ejecutivos y consejeros de las entidades financieras. Interpol dictó una orden de detención, y algunos banqueros implicados abandonaron el país. En ese contexto de crisis se eligió una Asamblea para redactar una nueva Constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis.
Islandia ha atravesado una situación difícil y aún no se ha recuperado totalmente, pero ya no padece ataques a su deuda pública, ni a su moneda, ni a su sector público. Hoy, su economía se va recomponiendo lentamente al crecer un 3 por ciento en 2011 con un desempleo del 7 por ciento, y la perspectiva de aumento del Producto para 2012 es del 2,7 por ciento en una zona económica dominada por la recesión. Pese a esa gestión de la crisis, la mayoría de los islandeses todavía padece los costos de esa debacle, porque se han recortado derechos de su Estado del Bienestar, que era uno de los más avanzados del mundo. Islandia ha conseguido recortar su déficit público (del 13 por ciento en 2008 al 8 por ciento en 2010) y todo ello a costa de medidas nada gratas para la población: han subido considerablemente los impuestos a las personas físicas, los salarios han disminuido un promedio del 12 por ciento y han bajado los gastos sociales.
Más allá de las medidas económicas concretas, Islandia es un caso que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera que no sea la socialización de los quebrantos de los bancos o la implementación de la receta ortodoxa que proponen los economistas del establishment. Por esos motivos no se habla de Islandia.
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