Salvador Lozada
Por Alejandro Olmos Gaona
para InfoSur
El Dr. Salvador María Lozada nació en
Buenos Aires en 1932. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de
Córdoba en 1954, donde se doctoró en derecho y ciencias sociales en 1965.
Realizó su carrera académica en la Universidad de Buenos
Aires, donde alcanzó el grado de Profesor Titular Ordinario, del que fue
despojado por la dictadura militar en mayo de 1976, quizás todavía se recordaba
en ese tiempo como se había enfrentado a las multinacionales que durante la
dictadura, iban a beneficiarse de una política económica, que dañó la
estructura productiva del país.
Fue Juez nacional de comercio en la justicia nacional de la
Capital federal entre 1963 y 1974.
Fundó en 1981 en Belgrado, antigua Yugoeslavia, de la
Asociación Internacional de Derecho Constitucional siendo en la actualidad es
presidente honorario de esa asociación
En la Argentina es presidente honorario del Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), cuyo primer presidente fue el
Profesor Arturo E. Sampay.
Es autor de numerosos trabajos donde ha demostrado sus
enormes conocimientos jurídicos y de libros que sería fundamental conocer,
donde trató de ir a lo sustancial del derecho, dejando formalidades y
ritualismos inconducentes. Tanto en sus obras, como en sus fallos como Juez, y
quizá en el más célebre de todos: la declaración de quiebra del Frigorífico
Swift, Salvador fue más allá de convencionalismos doctrinarios, dejó de lado la
habitualidad de resoluciones de rutina, se apartó de concepciones que
siempre favorecían al poder económico, para llegar a la médula de una
operatoria que solo favorecía el enriquecimiento ilícito de una empresa
extranjera.
Podemos señalar entre sus libros: La Constitución
Nacional Anotada (1962),
Las Fuerzas Armadas en la Política Hispanoamericana (1970),
Instituciones de Derecho Público (edic. 1970 y 1973),
Empresas Multinacionales (1973),
Dependencia y Empresas Multinacionales (1974),
Inseguridad y Desnacionalización: La doctrina de la
seguridad nacional (1980),
Los Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina
(1974-1999: De López Rega a Alfonsín y Menem) (2000),
La Deuda Externa y el Desguace del Estado Nacional (2002).
Nada de lo que tiene que ver con el pensamiento nacional le
ha sido ajeno, y sus preocupaciones no fueron solo jurídicas, sino todo aquello
relacionado con los bienes públicos, con las cuestiones económicas y con todo
aquello que hace al interés del país y de su pueblo.
Salvador ha penetrado como nadie, con rigurosidad, solvencia
y con un estilo claro y contundente en los grandes problemas nacionales: Los derechos humanos, la deuda externa, la dependencia económica
de la Nación, las transnacionalizaciones de las empresas han sido temas donde
ha dejado la impronta de sus sólidos conocimientos y su versación sobre el
derecho público, y aún sobre el derecho internacional.
Quizá uno de los aspectos fundamentales de su concepción
jurídica, fue su DOCTRINA DE LOS CONJUNTOS ECONÓMICOS, que puso en claro por
primera vez, como actuaban las empresas extranjeras, controlando empresas
supuestamente nacionales, pero controladas y manejadas desde el exterior.
Esa doctrina surgió a raíz de una causa tramitada en su
Juzgado, donde se había presentado la convocatoria del frigorífico Swift.
Los orígenes de esa convocatoria hay que buscarlos, cuando
en 1968 la firma inglesa Deltec Internacional y el King Ranch, de origen
estadounidense, se asociaron y formando Deltec Panamericana.
Deltec Internacional era desde hacía años, el único
comprador y distribuidor de la carne argentina, a través de sus frigoríficos
(en manos de testaferros) Swift, La Blanca, Armour, y La Negra
Los puertos de embarque eran siete, Bahía Blanca, Buenos
Aires, La Plata, Montevideo, Paranaguá, Santos y Río Grande. En pocas palabras,
el King Ranch criaba y Deltec procesaba.
Salvador María Lozada, puso todo sobre la mesa, cuando en
1970 le decretó la quiebra al frigorífico Swift, por una evasión fiscal de
25.000.000 de dólares.
En ese entonces algún funcionario de la década infame como
Ernesto Malaccorto era director del Banco Central, cuando el General Ongania
estaba en el gobierno y se investigaba la evasión de divisas del frigorífico
Swift. Los pedidos que por entonces se le enviaban al Banco Central,
solicitando informes para dilucidar la verdad acerca de la evasión se demoraban
más de la cuenta. Además el Ministro de Economía era Adalbert Krieger Vasena,
quien en 1969, Vasena dejaría su puesto ocupando la Gerencia Regional
para el Area de Latinoamérica- de Deltec Internacional.
Tan enorme era el poder de Deltec que en el juicio por
quiebra que llevo adelante el Doctor Lozada, se pudo comprobar que, en los
balances de 1966, la empresa había tenido una ganancia de 2.800 millones de
dólares por la venta de carnes en el mercado internacional. Para entonces la
balanza comercial argentina había dado un superávit de 1.593 millones de
dólares en comercio exterior; es decir que el de esta empresa casi duplicaba al
de nuestro país.
Era realmente un gigantesco robo lo que se le hacía a la
Argentina. Hasta 1970, la carne que se vendía a Inglaterra era sin precio fijo.
La carne era subastada en Londres entre las 7.000 carnicerías de todo el país
(3.700 era de Deltec) de manera tal que el precio era ajustado a sus intereses.
Los fletes hacia Inglaterra también quedaban en poder de ellos, pues se hacían
en sus propios buques; los seguros se efectuaban a través del Lloyds, es decir
a través de ellos. Y lo más increíble de todo esto, es que hasta del flete
interno en Inglaterra se hacía cargo la Argentina.
Casi el 40% de los créditos verificados correspondía a
empresas del Grupo Deltec, una empresa multinacional que detentaba el control
de Swift. La personalidad jurídica de las distintas empresas del grupo estaba
"penetrada" , al reconocerse que Deltec actuaba como un "grupo
económico" , en el cual "una pluralidad de sociedades jurídicamente
autónomas estaba sujeta a la iniciativa económica y financiera de un solo
controlante". La conclusión del juez Lozada fue que la personalidad
jurídica de las empresas del Grupo Deltec había sido utilizada con abuso y
fraude a los acreedores e intereses de terceros, por lo que rechazó el
concordato y decretó la quiebra de Swift y las demás empresas del Grupo Deltec.
La Corte Suprema validó la quiebra en su sentencia del 4-9-74
Cuando se le entregó a Salvador el Premio General Enrique
Mosconi, en 1972, se puso de manifiesto el indudable coraje cívico del
jurista que, en la quiebra de Swift, había dicho: "No es dudoso, pues, que la unificada estructura Deltec ha situado
a Swift como un sector de la misma voluntariamente debilitado, con grave daño
para la economía argentina, lesión para sus acreedores y zozobra para miles de
familias obreras acosadas por la amenaza de la desocupación"
Esa concepción de Salvador Lozada, que honra no solo a la
justicia sino a la doctrina jurídica argentina, es continuadora de una ejemplar
tradición que hizo decir a un historiador estadounidense, hablando sobre
principios de siglo: "El mundo en conjunto estaba
menos preocupado con la voz auténtica de los poetas latinoamericanos que con el
tono estridente de sus abogados. Los abogados latinoamericanos heredaron la
tradición legalista constitucional elaborada por los teólogos y los juristas de
los siglos XVI y XVII. De diferentes modos estos abogados desafiaron la
preponderancia política y económica de los intereses extranjeros,
particularmente aquellos de Estados Unidos"
También se ocupó de la deuda externa y en un célebre libro
retomó las ideas de Carlos Calvo y Luis María Drago en su más amplia
interpretación: no sólo que un Estado no puede intervenir militarmente para
garantizar el cobro de una deuda, sino que el Estado deudor tiene
la potestad de decidir cómo y cuándo pagará, aun a acreedores extranjeros, por
el sólo hecho de ser soberano y como una condición de tal soberanía
En lo que hace a los derechos humanos estuvo a favor de la
derogación total y absoluta de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y
por ende de la reapertura de las instancias jurisdiccionales; y también
denunció la negligencia, la torpeza o la connivencia de los gobiernos de
sosteniendo: lo que la sociedad ya ha juzgado como un crimen, no puede ser
borrado ni por la impunidad, ni por el indulto.
También se ocupó en su momento de la obligatoriedad de las
pruebas de ADN, para establecer la filiación de personas hijas de
desaparecidos, sosteniendo contra criterios de la Corte en el año 2003 que “Habida cuenta que la familia aparente ha quedado desechada por la
prueba del propio proceso como un engendro delictual y fraudulento, la
expectativa de establecer la verdadera familia adquiere una enorme
significación para esa sociedad, para la cual ella es su “elemento natural y
fundamental”. Los intereses de la sociedad y del Estado, que por imposición
constitucional deben ver en la familia su elemento natural y fundamental, están
pues atacados por la renuencia a la prueba del ADN.
La
decisión de no contribuir a la certidumbre sobre los lazos de parentesco que,
prioritariamente, sus presuntos abuelos aspiran a tener, es una muy clara
lesión a los intereses en expectativa de estos tan próximos terceros, los
probables miembros de esa familia sobre la que imperiosamente hay hoy que
obtener certidumbre. Y también una lesión muy determinada y honda a la
posibilidad de que la sociedad y el Estado cumplan con su deber de protección
sobre esa familia, como precisa la norma ya citada de la Convención americana.
Cuando uno lee a Salvador, cuando nos nutrimos de sus
reflexiones, podemos tener esperanza de recuperar una tradición jurídica que
nos honró como país y que parece casi perdida, ante la manipulación política de
causas, y la utilización del derecho para el beneficio de ciertos grupos y
sectores a los que el poder económico los ha blindado de toda persecución
judicial.
Creemos que este homenaje, es el justo y debido reconocimiento
a un gran ser humano, a un excepcional jurista y a un hombre comprometido desde
siempre con el interés nacional.
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