Así nos vende la CGT. Los puntos claves del acuerdo en ciernes
Por Juan Strasnoy Peyre
para El Economista (Argentina)
Publicado el 26 de octubre de 2017
La reunión del martes entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y la mesa chica de la CGT, marcó un importante avance en la reforma laboral. El Gobierno, que decidió relegar los cambios en los convenios a las negociaciones por sectores -con el acuerdo con los petroleros de Vaca Muerta como modelo-, consiguió el compromiso de la central para abordar otros tres grandes ejes: el proyecto de blanqueo, que incluirá la exención de aportes patronales para los salarios de hasta $ 10.000, las prácticas formativas y la litigiosidad.
Blanqueo y litigiosidad
Una importante fuente de la cartera aseguró que, como parte del blanqueo, el Gobierno propone eximir a las empresas de los aportes patronales para los trabajadores de bajos salarios, con la mira puesta en impulsar la regularización de trabajadores informales. El subsecretario de Políticas y Estadísticas Laborales, José Anchorena, lo ratificó durante la presentación de los datos de empleo de agosto: “Nosotros queremos que crezca más el trabajo asalariado privado. Por eso, se está pensando en la baja de las contribuciones patronales, que son parte de las causas estructurales de esta situación. Que los salarios bajos, alrededor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (que a mitad de 2018 llegará a $ 10.000), sean eximidos es estimular la formalización de trabajadores de baja calificación”.
En la reunión del lunes también se habló de la posibilidad de condonar las multas por haber tenido empleados informales -que en algunos casos llegan duplicar los montos de la indemnización por despidos- para los empresarios que blanqueen. Desde la cartera laboral, vinculan este ítem al debate respecto de la litigiosidad, que incluye la adhesión de las provincias a la Ley de ART (que reclama el empresariado y avala la CGT, pero aún no encuentra el respaldo de todos los gobernadores) y el proyecto de creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, una mediación entre pacientes y servicios de salud, que reclaman desde la central obrera para apaciguar las demandas contra las obras sociales (pero que también beneficiaría a las prepagas).
Formación profesional
La misma fuente de la cartera laboral explicó a El Eleconomista que las conversaciones apuntan a crear una instancia tripartita integrada por representantes gremiales, empresariales y gubernamentales, que definirá como será el vínculo entre el sistema educativo y el mundo del trabajo y qué ocupaciones se pondrán a disposición para las prácticas formativas (el nombre elegido por los funcionarios para hablar de las pasantías), que se implementarían dentro del marco de los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno asegura que estas políticas potenciarán la formalización y la creación de puestos de trabajo. Desde el sindicalismo menos dialoguista, agrupado en la Corriente Federal y en la CTA, y sectores de izquierda, sostienen que tanto la rebaja de aportes patronales como el sistema de pasantías ya fue aplicado en los ‘90 sin que se le corresponda un aumento en los niveles de empleo.
La conducción cegetista, en tanto, se entusiasma con que la promesa del Ejecutivo de avanzar sólo en reformas consensuadas redunde en dejar intactas sus bases de poder: el modelo sindical, el sistema de obras sociales y las negociaciones paritarias. Siempre con la condición de mantener el diálogo con el Gobierno y contener la conflictividad.