El Congreso paraguayo acuerda voltear a Lugo
Diego Brom
Siguiendo el cronograma express impuesto por el Parlamento, Lugo deberá presentar su defensa hoy al mediodía, con menos de un día para preparar sus alegatos, y hoy mismo por la tarde el Senado decidiría la suerte del mandatario.
Lugo anunció que no renunciará al mandato popular y que se somete a la Constitución.
El Congreso paraguayo inició ayer un juicio político sumarísimo al presidente Fernando Lugo, quien aseguró que no renunciará al cargo y se someterá al proceso. Siguiendo el cronograma express impuesto por el Congreso, Lugo deberá presentar su defensa hoy al mediodía, con menos de un día para preparar sus alegatos, y hoy mismo por la tarde el Senado votaría para decidir la suerte del mandatario.
La movida del Parlamento paraguayo encendió alarmas en toda la región. Los cancilleres de Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay se trasladarán a la capital paraguaya para respaldar a Lugo. Evo Morales dijo que se estaba gestando un golpe de Estado. El canciller brasileño Antonio Patriota dijo que para la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la situación en Paraguay era inaceptable. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, exigió respeto por el derecho a defensa y debido proceso de Lugo.
Mientras todo esto sucedía, un grupo de simpatizantes del gobierno se manifestaba en la plaza situada frente a la sede del Congreso nacional, en el centro asunceño, exigiendo a los parlamentarios que revieran su postura. Los medios de comunicación informaban que, desde el interior del país, numerosos colectivos transportaban a campesinos hacia la capital para apoyar al presidente.
El proceso de juicio político se inició ayer a la mañana, cuando la Cámara de Diputados lo aprobó con los votos de 76 parlamentarios de los partidos tradicionales, con solo uno en contra, de la diputada oficialista Aída Robles, y tres ausencias.
Por la tarde la acusación fue presentada en el Senado, que se constituyó en tribunal para examinar los argumentos de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios opositores Oscar Tuma, Clemente Barrios, Jorge Avalos Mariño y José López Chávez fueron quienes presentaron las acusaciones contra el presidente “por mal desempeño en sus funciones”, citando su supuesta ineptitud y complacencia por la masacre ocurrida el pasado 15 de junio en Curuguaty, a unos 240 kilómetros de Asunción, donde murieron un total de 17 personas, seis policías y once campesinos, en un enfrentamiento que aún no ha sido dilucidado por las autoridades y que desencadenó la crisis política que vive hoy el país.
Además, los diputados mencionaron la supuesta relación que mantiene el presidente Fernando Lugo con representantes de la Liga Nacional de Carperos, una organización campesina creada en los últimos años y que participó de varias ocupaciones de propiedades en el interior del país, así como la presunta “inutilidad” del mandatario en el combate al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), formación a la que algunos grupos políticos le atribuyen secuestros y atentados contra policías y militares.
De esta forma, el presidente Fernando Lugo, a través de sus abogados defensores, deberá presentar sus alegatos hoy en el Senado, en una sesión que está convocada para el mediodía, y finalmente la Cámara alta deberá votar la destitución o no del mandatario a las 16.30, hora de Paraguay (15.30 hora de Argentina).
De aprobarse el juicio político en el Senado, el presidente Lugo será destituido y, de acuerdo con lo que solicitaron los diputados acusadores, los antecedentes de los supuestos casos de “mal desempeño en sus funciones” serán enviados a la Justicia ordinaria para que sean investigados. El vicepresidente Federico Franco, uno de los principales opositores al gobierno de Lugo, asumiría la Presidencia de la República ante esta situación, de acuerdo con la Constitución Nacional. Ayer incluso ya hubo versiones sobre posibles integrantes de su futuro gabinete.
Luego de la sesión del Senado, un grupo de obispos católicos se reunió con el presidente Lugo en la residencia del mandatario y le pidió que renuncie para evitar que sucedan enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden. Además, le aseguraron que los parlamentarios dejarían de lado la posibilidad de presentar sus acusaciones ante la Justicia ordinaria. Por la tarde, Lugo mantuvo reuniones con representantes del cuerpo diplomático y de la Embajada de Estados Unidos, pero ninguna de las partes brindó declaraciones sobre lo tratado en estos encuentros.
Todo esto sucede a poco más de diez meses de las elecciones nacionales, en las que se elegirá al próximo mandatario, así como a los representantes del Congreso nacional y las gobernaciones departamentales.
El Partido Colorado, que perdió las elecciones de 2008 frente a Lugo, luego de mantenerse durante sesenta años en el poder, pretende volver al Poder Ejecutivo de la república.
El juicio político contra el presidente Lugo cuenta con el apoyo de todos los partidos tradicionales del país, como el Colorado y el Liberal, así como por la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace), liderada por el ex general Lino Oviedo, y por Patria Querida, una agrupación relativamente nueva y dominada por representantes de la clase alta de Asunción. Entre ellos cuentan con amplia mayoría en las Cámaras del Congreso, en las que los partidos aliados al mandatario, como País Solidario y Tekojoja, son absolutamente minoritarios.
El presidente Fernando Lugo perdió su principal apoyo político en el Congreso, el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, luego de que nombró como ministro del Interior a Rubén Candia Amarilla, ex fiscal general del Estado, afiliado al opositor Partido Colorado. Candia llegó a esa Secretaría de Estado luego de la destitución de Carlos Filizzola, uno de los principales allegados al mandatario, quien tuvo que salir de la institución a raíz de la crisis política suscitada por la matanza de Curuguaty.
Los liberales exigieron el miércoles a Lugo que destituya a Candia y nombre en su reemplazo a un representante de ese partido, pero el presidente se mantuvo en su postura, por lo que el partido retiró a sus cuatro ministros del gobierno –de Educación, de Industria, de Agricultura y de Justicia–, quienes renunciaron a sus cargos en la mañana de ayer.
La situación política del titular del Poder Ejecutivo se precipitó luego de que el opositor Partido Colorado aprobara la realización del juicio político el pasado miércoles, después de que el presidente anunciara que no renunciará al cargo y que creará una comisión de “notables” personalidades civiles para investigar la masacre ocurrida en Curuguaty. De hecho, aún no hay resultados oficiales de la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado sobre este hecho, que sucedió en un inmueble propiedad del ex senador colorado Blas N. Riquelme, aunque, de acuerdo con declaraciones de representantes del Poder Ejecutivo, las tierras pertenecen al Estado paraguayo. En ese enfrentamiento se produjo la mayor cantidad de muertes ocurrida en un suceso de este tipo en la historia política paraguaya, sin contar las guerras que mantuvo el país.
“Golpe de la derecha”
Darío Pignotti
Martín Almada, el principal activista de derechos humanos de Paraguay, dijo en diálogo con Página!12 que se trata de “un golpe de la derecha”. “Es una jugada maravillosa de los colorados y el gran golpe de gracia del vicepresidente (Federico) Franco para hacerse con el poder.” Almada, quien contribuyó a que en los noventa se hallaran los archivos del terror de la policía de Paraguay, señaló que el juicio político que está en marcha se apresuró “para evitar que campesinos o defensores resistan y defiendan al gobierno”. El activista advirtió que puede darse una situación similar a la del marzo paraguayo. (N. d R.: En marzo de 1999 el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña desencadenó protestas que culminaron con una masacre de siete opositores y la posterior renuncia del presidente Raúl Cubas.) Y se apenó del retroceso que va a representar una eventual salida del ex obispo de San Pedro. “Lamento que se pierdan años de trabajo en favor de la democracia y el cambio.” “Hay que tener en cuenta que hace dos días se cumplieron veinte años de la nueva Constitución Nacional.” Por último, Almada subrayó que si el presidente Lugo es destituido antes de cumplir con su mandato, que termina en 2013, “será una victoria de las fuerzas conservadoras”.
Que no caiga el Paraguay
Mempo Giardinelli
En momentos en que nuestro país padece el embate de la ambición política camionera, para decirlo de algún modo, pareciera que la crisis que acaba de explotar en el Paraguay, o sea aquí al lado, no tiene mayor importancia.
Y no es así. Porque igual que desde hace casi treinta años con todas las democracias sudamericanas, lo que sucede en cada país hermano nos está sucediendo también a nosotros.
Aún tímidamente, y no sin contradicciones y retrocesos, el gobierno de Fernando Lugo viene significando un cambio más que interesante para el pueblo paraguayo, sometido por décadas a dictaduras atroces y a una violencia contumaz. Y acaso por eso mismo, por los pocos y tímidos cambios que ha realizado, es que se lo quiere derrocar. Como aquí, se busca abatir al gobierno democrático por sus virtudes, no por sus defectos.
Es inusualmente grave la crisis política que se vive en estas horas en Asunción. El Parlamento paraguayo está plagado de personajes de dudosas capacidades y casi nulas virtudes, conjurados ahora en un ridículo juicio político al presidente Lugo.
Paradójicamente, lo enjuicia uno de los poderes más deslegitimados de ese país (el otro es la Justicia), que en realidad intenta abortar el proceso democratizador iniciado en abril de 2008. Popularmente desprestigiado, el Parlamento guaraní no fue capaz de llevar adelante el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, pero sí se atreve con Lugo, acusándolo absurdamente de ser causante y/o responsable de la reciente matanza en Curuguaty, una estancia del interior del país. Ese Parlamento se ha dedicado a recortar las ayudas sociales; rechazó el desbloqueo de las listas sábanas; obstaculizó la democratización de tierras fiscales; frenó la aplicación del Impuesto a la Renta Personal, y viene impidiendo los controles al uso de agrotóxicos en el campo.
La matanza de campesinos y policías en Curuguaty hace una semana, aún no esclarecida, pero que de ninguna manera puede atribuirse a Lugo, es parte de la estrategia de los terratenientes paraguayos que se empeñan en impedir una mejor distribución de las tierras y las riquezas.
Es difícil saber cuál será la salida a la crisis, pero es cuestión de horas, toda vez que a Lugo los parlamentarios le han dado apenas 24 para organizar su defensa. La cual ha asumido en una actitud valiente, pero que parece más romántica que eficaz. De ahí que algunos sectores democráticos propongan la urgente realización de un referéndum, para lo cual están llamando a que el pueblo se movilice y tome las calles para defender la democracia.
Los golpistas del vecino país operan igual que nuestros destituyentes y también buscan modos de legitimarse apelando a mecanismos democráticos como, en este caso, el juicio político al presidente.
Ya saldrán los que se escandalizan por el vocablo: que cómo hablar de golpe, que eso es exagerar... Pero igual que aquí en 2009, y en cierto modo como ahora mismo si la Argentina quedara cautiva de los camiones parados, los golpistas nunca llaman golpe a lo que hacen, pero el procedimiento es siempre el mismo: saben que les será imposible llegar al poder por vías democráticas, o sea mediante elecciones, y entonces esmerilan, fragotean en las sombras, desacreditan las instituciones republicanas y se acurrucan al amparo de los grandes medios de prensa, que siempre están del peor lado de la política.
Ante semejante cuadro de situación, el gobierno argentino debería ponerse a la cabeza de la comunidad internacional para, sin desatender la crisis camionera local, defender a como dé lugar la todavía frágil democracia paraguaya. Y no sólo por solidaridad, sino también por autodefensa.
Y es que si esto que sucede del otro lado del río que yo miro todos los días no es un golpe de Estado, entonces, por favor, que me digan qué es un golpe. Porque a las cosas por su nombre, allá como aquí, que con los antidemocráticos nostálgicos de dictaduras y neoliberalismos feroces, y con los tontos suicidas que abundan tanto no se juega.
“Democracia y debido proceso”
Eduardo Videla
Una delegación de alto nivel de Unasur, integrada por prácticamente todos los cancilleres de la región, viajó a Paraguay para “apoyar el proceso democrático y garantizar el debido proceso” en la causa que se inició contra el mandatario.
El canciller argentino Héctor Timerman y sus colegas latinoamericanos viajaron a Asunción por la crisis.
Desde Río de Janeiro
Seis presidentes de la Unasur y la mayoría de los cancilleres del bloque presentes en esta ciudad, donde participan de la cumbre ambiental Río+20, se reunieron ayer de urgencia para analizar la situación “delicada y preocupante” que se generó en Paraguay, tras el avance del juicio político contra el presidente Fernando Lugo, y resolvieron que una delegación de cancilleres del bloque viaje anoche mismo a Asunción para hacer un seguimiento del proceso. El propósito es “apoyar el proceso democrático y garantizar el debido proceso” en la causa que se inició contra el mandatario. Así lo anunció en una fugaz conferencia de prensa el secretario general de Unasur, Alí Rodríguez, después de la minicumbre convocada por el ecuatoriano Rafael Correa, y de la que participaron la anfitriona, Dilma Roussef; Juan Manuel Santos, de Colombia; Evo Morales, de Bolivia, y José Mujica, de Uruguay.
Las noticias provenientes de la cumbre alteraron el clima de la conferencia ambiental, al menos para las delegaciones latinoamericanas. El canciller argentino, Héctor Timerman, tenía previsto viajar a Río de Janeiro para hablar en la cumbre de Naciones Unidas, en lugar del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, pero las circunstancias lo obligarían a cambiar de planes y a volar con sus colegas a Asunción.
“En la reunión de presidentes y cancilleres se trató la situación delicada y preocupante que afecta a Paraguay, uno de los países miembros de Unasur”, dijo el venezolano Rodríguez en uno de los salones de conferencias de la cumbre, que estaba momentáneamente desocupado y se utilizó para la breve rueda de prensa. “Todos coincidimos en la necesidad de preservar la democracia en todos los países que integran la Unasur, en base a los principios rectores de la organización, y en que es condición fundamental mantener el debido proceso, es decir, garantizar el derecho a la defensa del acusado” en el juicio político, explicó Rodríguez.
Anunció entonces que los jefes de Estado presentes, tras una ronda de consultas con los que no estaban –entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el miércoles partió de esta ciudad a Buenos Aires–, resolvieron que “una delegación de cancilleres de Unasur y su secretario general viajen esta noche mismo (por anoche) a Asunción”. No obstante, aclaró que la presencia de los ministros será en la condición de observadores, ya que “por supuesto somos respetuosos de la soberanía del Paraguay”. No descartó la posibilidad de entrevistarse con el presidente del Senado de ese país –quien motoriza la instrumentación del juicio político contra Lugo– y con otros altos funcionarios de ese país.
El secretario general manifestó la “preocupación de los presidentes porque la situación pueda afectar la paz social” de ese país. “Una situación que afecta a uno de sus miembros afecta a toda la Unasur”, definió Rodríguez, en su condición de vocero del bloque. La situación es particularmente especial porque “Lugo es el presidente pro tempore de Unasur”, aclaró. Los periodistas quisieron saber si los presidentes consideraban que la democracia en Paraguay estaba en peligro. “No podemos decir que haya una amenaza a la democracia, no tenemos elementos para afirmarlo, pero sostenemos que se debe garantizar el debido proceso”, enfatizó.
Los campesinos salen a apoyar a Lugo
Romina Lascano.
Los obreros rurales y las organizaciones sociales se manifestaron en distintos departamentos de Paraguay y comenzaron a trasladarse a Asunción para concentrarse frente al Parlamento, ante la jornada clave de hoy.
Para los campesinos quedó en segundo plano el rechazo a los hechos sucedidos el viernes pasado.
Pedían justicia y el esclarecimiento de lo sucedido el viernes pasado en el desalojo violento de Curuguaty, cuando la situación dio un giro rotundo y su movilización tuvo otro objetivo: respaldar al gobierno. Los campesinos se manifestaron ayer en distintos departamentos de Paraguay y viajaron a Asunción donde se conocerá hoy la definición del juicio político al presidente Fernando Lugo.
El mismo día en el que el movimiento campesino se manifestó en Curuguaty, departamento de Canindeyú, al nordeste del país, en la frontera con Brasil –donde se produjo el viernes el violento desalojo de un predio de unas dos mil hectáreas, reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme– la Cámara de Diputados aprobó, con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias y de forma sorpresiva, un pedido de juicio político para destituir al presidente Fernando Lugo con varios argumentos, uno de ellos el mal desempeño de sus funciones en el episodio que dejó seis policías y once campesinos muertos.
Ante este panorama, los campesinos y organizaciones sociales salieron a manifestarse en los distintos departamentos del país y comenzaron a trasladarse a Asunción, para concentrarse frente al Parlamento y marchar pacíficamente. “El juicio político es una figura constitucional, pero los argumentos no son objetivos y están en la línea del chantaje político”, destacó en diálogo con Página/12 Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), que insistió en que la crispación política quiere interrumpir el proceso democrático e instalar un gobierno impulsado por la ultraderecha para tener un Estado capitalista y prebendario. “Se está aproximando la fecha electoral (las elecciones presidenciales están marcadas para el 23 de abril de 2013), quieren desgastar al gobierno cerca de las elecciones e ir afianzando el proyecto de recuperación del poder”, profundizó.
En sintonía, el dirigente campesino y líder del Movimiento Patriótico Popular, Belarmino Balbuena, expresó que “es el golpe de un Parlamento contra un poder constituido” y resaltó que los argumentos que los legisladores presentaron no respaldan la decisión. El dirigente planteó el juicio político como un boicot de la ultraderecha. “Hay dos poderes. El Parlamento y el Poder Judicial se unen en este boicot. Significa la entrega del poder a los colorados”, reflejó recordando que lo realizado por la gestión de Lugo difiere a lo hecho previamente en materia de ocupación de tierras y dando cuenta de que la situación mejoró al reducirse ésta y pasar de 1500 tierras ocupadas a 17. “Hay más estabilidad y voluntad del movimiento campesino para respaldar el proceso democrático. No vale la pena un argumento así a esta altura”, aclaró.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas Roa, resaltó que comparte la posición en relación con lo sucedido con varios movimientos y anticipó que prevén adoptar una postura unificada. “En este momento todos estamos en contra del juicio político. Se viene lo peor. Quieren sacar a Lugo aprovechando lo sucedido en Curuguaty”, declaró subrayando que, desde su perspectiva, el Congreso paraguayo no tiene la autoridad moral y política para expulsar a nadie. “En caso de que se concrete la destitución pedimos que se vayan todos y que se convoque a una Constituyente para reordenar el poder jurídico y económico de la Nación. Pedimos la convocatoria a una elección general”, sostuvo.
Los dirigentes campesinos coincidieron en que, ante el rumbo que tomó la situación, quedó en segundo plano el rechazo y pedido de destitución desde su movimiento del ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, quien después del desalojo violento asumió como ministro del Interior de Paraguay, en reemplazo de Carlos Filizzola, y se convirtió en el cuarto ministro del Interior de la administración de Lugo, iniciada en agosto del 2008. “La coyuntura cambió y lastimosamente se ve afectado el proceso democrático”, argumentó Aguayo, quien también expresó la intención de afianzar una posición conjunta con el resto de las organizaciones sociales. Además, se mostraron preocupados por el cambio en la política agraria que buscaba solucionar el conflicto por la posesión de tierras, que comenzó con las masivas adjudicaciones irregulares durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89). “Con esto se quiebra el proyecto de la reforma agraria, el modelo productivo. Condena a nuestro pueblo a la extrema pobreza y al Estado como corrupto”, resumió el dirigente de la Mcnoc.
Tras analizar cómo se dieron los hechos, los referentes no descartaron una vinculación entre lo sucedido el viernes y determinadas facciones políticas. “La derecha tiene varias acciones, una de ellas fue el asesinato de diecisiete compatriotas”, reflejó Aguayo. Mientras que Balbuena señaló que “hay grupos vinculados al latifundio que se preparan para tirar a la policía, hecho que podría justificar un juicio político”.
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