Marcha de cacerolas y paro de camioneros contra Salvador Allende

(Extractado de "La caída de Allende", Golpe Militar en Chile, de Luis Ignacio López)

LA MARCHA DE LAS CACEROLAS

Durante los últimos meses de 1971 y todo el año de 1972 pudo apreciarse lo que cabría llamar la "vía chilena de la sedición", en oposición a la "vía chilena al socialismo" elaborada por Salvador Allende y la Unidad Popular. En el tablero podían distinguirse varias áreas de jugadas de un ajedrez múltiple que abarcaba desde los poderes del Estado hasta los medios de comunicación, el amplio e incontrolable campo de la actividad económica, las Fuerzas Armadas, el terrorismo y los frentes de masas.

En julio de 1971, el ex presidente Eduardo Frei volvía de una gira privada por Estados Unidos y rompía un silencio de varios meses para proclamar con voz grave que "la Unidad Popular camina hacia el totalitarismo". El mismo Frei daba entonces la orden de partida: "sustituir por la vía legal a la UP". En otras palabras, estaba dando la luz verde para la sedición legal y ello coincidía con la alianza electoral en Valparaíso entre la DC y el Partido Nacional, que poco antes había sido su enemigo acérrimo debido a la reforma agraria del gobierno democristiano.


El alcance del nuevo clima pudo advertirse el 2 de diciembre de 1971. Durante semanas, la oposición, ya unida en torno a la única consigna de atacar al Gobierno, había lanzado a través de los medios de comunicación que controlaba -superiores en distribución a los del Gobierno- consignas de agitación contra un nuevo problema que había comenzado a suscitarse sin que el Gobierno hubiera tomado alguna medida al respecto. La cuestión tenía relación con el abastecimiento de bienes de consumo.


Misteriosamente habían comenzado a escasear productos como el azúcar, los fósforos, el papel higiénico, el aceite y otros no fundamentales pero singularmente incómodos para la vida cotidiana. En esa fecha no había motivo económico alguno para explicar tan misteriosa escasez. Los grandes centros de distribución estaban controlados por sectores de la burguesía comercial, claramente adscritos al Partido Nacional, y en absoluto amenazados, ni por el programa de la UP, ni por la política económica que aplicaba el Gobierno, dirigida exclusivamente contra grandes monopolios industriales.


El abastecimiento fue sin embargo el estandarte que aprovechó la oposición para organizar una espectacular marcha de "cacerolas vacías". El 2 de diciembre, mientras permanecía en el país Fidel Castro, en una larga visita al Chile de Allende, miles de mujeres del barrio alto de Santiago marcharon desde sus chalets hacia el centro de la capital, con cacerolas y banderas chilenas y escoltadas por jóvenes militantes de Patria y Libertad, provistos de camisas azules, cascos, cadenas y armas ligeras. La manifestación culminó en un enfrentamiento abierto con fuerzas de orden público, sin muertos ni heridos graves como sucedía a menudo en gobiernos anteriores.


Pero el tornillo de la oposición apretó aún más. Días después, y por vez primera, la democracia cristiana accedió a apoyar una acusación constitucional contra un ministro, táctica que había empleado sin éxito y desde enero de 1971 el Partido Nacional. La víctima elegida fue el titular del Interior, José Tohá, hombre dialogante y moderado que no suscitaba odios en ningún sector y que tampoco había dedicado a la política sus intereses personales. Su brillante defensa de hombre de letras, más que de luchas políticas, no sirvió de nada en el Congreso. Tohá fue destituido de su cargo y, mediante un desafiante enroque del presidente Allende, trasladado a la cartera de Defensa. Después del golpe de 1973 fue una víctima del sadismo militar y murió ahorcado, en el hospital castrense de Santiago, tras varios meses de prisión. La versión militar fue "suicidio".


LA ESCALADA DE LA SEDICIÓN


La derecha chilena puso en acción su dispositivo sedicioso después de la "marcha de las cacerolas". El 6 de marzo de 1972, un almuerzo campestre reunía en una hacienda de las afueras de la capital a los representantes más conspicuos de las patronales de la industria, el comercio y la agricultura, al presidente del Senado, el democristiano Patricio Aylwin, al de la Corte Suprema, el conservador Enrique Urrutia, a dirigentes del Partido Nacional como Jaime Guzmán, vinculado con el grupo Patria y Libertad y posteriormente asesor clave del régimen del general Pinochet, al sacerdote del Opus Dei José Miguel Ibáñez, animador del círculo estudiantil anticomunista Fiducia, al subdirector del diario El Mercurio y a otros destacados personajes de la derecha chilena incluyendo a dirigentes del ala conservadora de la DC como Andrés Zandívar y Rafael Moreno.


El "almuerzo campestre" culminó en un documento público que convocaba a "las fuerzas vivas de la nación" a afrontar "los peligros con que el marxismo amenaza nuestra convivencia democrática" y daba algunas pautas de la estrategia general acordada por la derecha finalmente unida. Tales pautas pasaban por la formación de frentes vecinales de "resistencia" y de agrupaciones gremiales que debían ponerse en pie de guerra contra el Gobierno. El caballo de batalla institucional lo constituían, según lo expresaba el documento, el Congreso dominado por la oposición y el Poder Judicial, fundamentalmente conservador.


El ala más radical de la sedición tomaba entre tanto sus medidas prácticas. El poderoso industrial y senador nacional Pedro Ibáñez, financiero y solapado inspirador de Patria y Libertad, tomaba contacto con la llamada Liga de Acción Anticomunista, dirigida por el brasileño Aristóteles Drummond, para conseguir un ayuda que el diario norteamericano Washington Post valoró posteriormente en ocho millones de dólares. Miles de armas entraron a Chile en el primer semestre de 1972, camufladas en envíos de maquinaria brasileña a las industrias del grupo de Pedro Ibáñez, y varios centenares de jóvenes de Patria y Libertad viajaron a Brasil para entrenarse con los comandos paramilitares de Drummond, más conocidos como los siniestramente famosos "escuadrones de la muerte".


Otro empresario brasileño, Glycon de Payva, jugó un importante papel en la "conexión carioca" de la subversión contra el Gobierno de Allende. De Payva se entrevistó en julio de 1972 con el presidente de la patronal chilena, Orlando Saenz, para aconsejar, según reconoció más tarde al Washington Post, "cómo debían actuar los civiles para preparar las condiciones para el golpe militar. La receta existe y se puede hornear la torta cuando se quiera".


La "receta para civiles" -aplicada en Brasil en 1964 y en Indonesia en 1965 - fue aplicada paso a paso. A través de la democracia cristiana (pese a las vacilaciones de algunos de sus sectores) y del Partido Nacional se estructuró entre abril y agosto de 1972 un frente de Juntas de Vecinos que constituyó la primera plataforma de masas de la clase media que se alejaba a paso rápido de la influencia del Gobierno. Patria y Libertad supo infiltrarse en esta estructura -con la ayuda del Partido Nacional - y promovió un organismo de Protección de la Comunidad (Proteco), estructurado con disciplina paramilitar como un verdadero poder vecinal armado. Su propaganda y guía de instrucciones comenzaba con la frase "en caso de asalto de hordas marxistas...".


LA HUELGA DE LOS CAMIONES


Después de varias semanas de presiones y manifestaciones de violencia, el aparato subversivo de la burguesía chilena se dispuso en el mes de octubre de 1972 a librar una batalla decisiva. El día 6 de octubre, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, en nombre de la institución y de su partido, el Demócrata Cristiano, proclamaba que "Allende ha violado todos los compromisos contraídos", al mismo tiempo que la Cámara Alta calificaba al Gobierno como "fuera de la ley".


El ambiente estaba suficientemente caldeado en las calles con una larga huelga de los estudiantes secundarios controlados por la democracia cristiana y con las consignas subversivas lanzadas desde las emisoras de radio y la prensa, mayoritariamente en manos de la derecha, que predicaban la "desobediencia civil". Cada noche sonaban cacerolas en los barrios altos de Santiago, santuario de la alta y media burguesía, mientras se sucedían las provocaciones a las Fuerzas Armadas, invitándolas a intervenir contra el Gobierno.


La situación económica se había deteriorado entretanto hasta extremos insostenibles para el funcionamiento del país. Desde hacía varios meses desaparecían de los mercados y almacenes diversas mercaderías básicas que reaparecían en puestos clandestinos de venta a precios donde se centuplicaba su valor oficial. Las Juntas de Abastecimiento (JAP) promovidas por el Gobierno no lograban resolver el problema; la distribución, como la mayor parte de la producción, continuaba, pese a las intervenciones de industrias, en manos de propietarios que actuaban abiertamente en el dispositivo sedicioso de la oposición. Desde el exterior, los bancos norteamericanos bloqueaban créditos indispensables para la compra de recambios y ello acentuaba la parálisis productiva, el mismo tiempo que la especulación del mercado negro disparaba la inflación.


El 8 de octubre, un tribunal de París decretaba el embargo de una carga de cobre chileno, en virtud del proceso iniciado por la compañía Kennecott contra el Gobierno de Chile por la nacionalización de sus yacimientos cupríferos. Dos días después, la red de gremios patronales, estructurada desde marzo de 1972, ordenó un paro total e indefinido del transporte y del comercio. El país quedó paralizado.


La huelga de camioneros, financiada desde Estados Unidos, duró hasta fines de octubre y provocó pérdidas de alrededor de un millón de dólares. La respuesta del Gobierno y de los partidos de izquierda se apoyó en una movilización masiva de sus bases para mantener, dentro de lo posible, el abastecimiento mínimo en las ciudades. Gran parte de las provincias fueron declaradas en estado de emergencia y puestas bajo control de las autoridades militares, que intervenían por primera vez en el proceso, paradójicamente a favor del régimen constitucional.


La huelga no logró derrumbar al Gobierno de Allende y robusteció en cambio la capacidad de acción de los partidos de izquierda, que reforzaron sus dispositivos de seguridad y sus precarios aparatos paramilitares. Un número importante de industrias fueron ocupadas por sus trabajadores de forma espontánea y éstos organizaron "cordones industriales" en las barriadas obreras, dando así origen a nuevos organismos de masas no previstos en el esquema inicial del programa de la Unidad Popular.


A fines de octubre, la oposición advirtió que había llegado hasta el techo de sus posibilidades en esa brutal prueba de fuerza y abrió, una vez más, la posibilidad del diálogo a través de los sectores más moderados y democráticos de la DC. Allende puso punto final a la crisis con una medida audaz. El 2 de noviembre, nombró ministro del Interior al comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, un militar decididamente institucional que se comprometía a "asegurar la paz social del país y garantizar las elecciones que debían celebrarse en marzo de 1973 para renovar a los miembros del Congreso.