El imperio ordena la política en Colombia… Uribe se trepa al carro de la paz

Fernando Dorado

Alainet [x]

“No ver la vida en movimiento nos lleva a estar retrasados frente a lo que ocurre. Esa es la base del pesimismo y la eterna queja”. 

Introducción

Es un hecho: Santos y Uribe caminan hacia la unidad estratégica. El acuerdo entre las dos fracciones de la oligarquía (grandes latifundistas-burgueses agrarios y gran burguesía trans-nacionalizada) va en el sentido de reforzar la “Paz” que ellos necesitan. Pero además, le harán frente unidos a la situación económica y política, no sólo en lo nacional sino también en lo regional e internacional. Uribe pondrá unas condiciones, Santos otras, pero el acuerdo está cercano. Así lo ordenó el imperio del Norte. Ante ese mandato “no hay tutía que valga”: La burguesía cortesana y el latifundismo obsecuente tienen que hacer caso. “Donde manda capitán no manda marinero”.

 Tres elementos entraron en juego durante los últimos 15 días que contribuyeron con la concreción de esa voluntad norteamericana: los 21 militares muertos en el Cauca (usados por Uribe para arrinconar a Santos); los altos funcionarios de Uribe condenados por la Corte Suprema de Justicia (usados desde la sombra por Santos para arrinconar a Uribe); la enorme caída de la imagen de Santos y del respaldo al proceso de Paz. Resultado: saldo a favor de Uribe.

¿Cómo compensar las fuerzas? Santos rehabilita a Uribe diciendo – a través de Néstor H. Martínez – que “Uribe es un patriota” y “que no es enemigo de la paz” (http://bit.ly/1DLntX6). Todo apunta a que el gobierno de Santos va a aceptar los inamovibles de Uribe: 1. Cese de actividades bélicas por parte de las FARC (que ya es un hecho); 2. Concentración de tropas con verificación; y 3. Aceptación de mínimos de justicia, es decir, cárcel para los comandantes de la guerrilla.

Así, el proceso de Paz entrará en una nueva crisis que será aprovechada por Uribe para arrinconar más a Santos y subirse elegantemente al carro de la Paz. Santos acaba de mostrar – una vez más – el cobre. Su pasado uribista es un ancla oscura y pesada que le impidió avanzar con decisión hacia una paz plena y digna. La presión democrática en favor de la Paz debe mantenerse pero ahora el énfasis debe recaer en denunciar los nexos de Uribe y Santos, en sus intereses comunes y en la necesidad de la movilización contra sus políticas neoliberales y antipopulares.

Lo determinante: La política estadounidense

En Panamá se oficializó la política estadounidense de “distensión forzada” con el bloque de países latinoamericanos encabezados por la ALAC, UNASUR, el ALBA y un conjunto de naciones que han asumido una política propia frente al debilitamiento económico y político de los EE.UU. Estos gobiernos, pueblos y países latinoamericanos intentan construir soberanía política y autonomía económica apoyándose en las inversiones rusas, chinas, iraníes, etc., y en el poder “sub-imperial” de Brasil. Aprovechan la agudización de las contradicciones geo-estratégicas entre los bloques económicos globales para consolidar su independencia e integración.

El gobierno de los EE.UU. encabezado por Obama llegó a la conclusión – después de grandes aventuras y reveses en Afganistán, Irak, Siria, Libia y Ucrania –, que en América Latina no existen condiciones para realizar a corto plazo una intervención militar directa. Es por ello que oficializaron un proceso de distensión con Cuba, acercamientos con Venezuela, y acuerdos diplomáticos con Brasil para tratar de recuperar o estabilizar relaciones económicas y políticas con la región, tomar aire y ganar espacio, abriéndole campos y dinámicas a la Alianza del Pacífico. Así, rediseñan su estrategia.

Obama tuvo que enfrentar a los republicanos y convencerlos de que se trata de una pausa táctica pero es evidente que no van a renunciar a desarrollar paralelamente sus prácticas subversivas para desestabilizar las economías de aquellos países donde sus gobiernos no se amolden a sus “sugerencias” (reales imposiciones). Tampoco desisten de la infiltración, el saboteo político y mediático, la financiación de fuerzas “democráticas” (derechas camufladas y vestidas de “ciudadanías neutrales”, etc.), y tratarán de aprovechar las contradicciones entre intereses regionales (Ej. Táchira y Zulia en Venezuela; Guayaquil en Ecuador; Santacruz de la Sierra en Bolivia, etc.), intereses étnicos (indígenas, afros, mestizos), generacionales u otro tipo de diferencias sociales para promover enfrentamientos y disturbios. Ha sido su conducta reiterada.

De hecho ya lo hacen con suficientes recursos tecnológicos y monetarios en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y otros países, y están logrando importantes avances aprovechando las vacilaciones y errores de los partidos y frentes políticos democráticos que presionados por las burguesías locales y permeados por fenómenos de corrupción, han permitido que las derechas retomen la iniciativa política mientras los pueblos y los trabajadores entran en ciertas conductas cercanas al escepticismo y la desmoralización política.

Esa nueva política imperial es una de las causas de que en Colombia esté en pleno desarrollo un realineamiento de las fuerzas políticas oligárquicas. Uribe y Santos están en trance de acercamiento y unidad (http://bit.ly/1GVyl8n).

El caso colombiano

Colombia – así sea en medio de la guerra – se ha convertido en un país de gran importancia económica y política para la región. No sólo compite con Argentina por ser la tercera economía de América Latina, después de Brasil y México, sino que desde el punto de vista político lidera la Alianza del Pacífico, ocupa la secretaría de UNASUR, y hace cola ante la OCDE para ser recibida dentro del club de las 34 naciones “con mejores prácticas económicas”. Es decir, juega a dos bandas con la asesoría y la dirección estadounidense.

La burguesía trans-nacionalizada – encabezada por el actual presidente Juan Manuel Santos – se la jugó por la negociación política con las FARC para lograr la terminación del conflicto. Son inmensos los intereses de los inversionistas internacionales para apoderarse (“en Paz”) de grandes territorios y enormes riquezas naturales, así como para explotar el turismo, los mercados locales y la mano de obra. Necesitan una “paz a su medida” para impulsar un “proceso democrático” que sirva para asimilar a su legalidad y a la economía formal a la población de zonas marginales que es controlada por la insurgencia y lograr un clima óptimo para la inversión capitalista.

Ese “proceso de Paz” no pudo ser concertado inicialmente con Uribe. El expresidente era presionado por los grandes latifundistas, burgueses agrarios, poderosos mineros ilegales, mafias narcotraficantes y militares corruptos que viven de la guerra. Por eso se opuso a los diálogos desde un principio. Su temor consistía en que las fuerzas democráticas pudieran romper los diques de ese “proceso democrático controlado” y desarrollaran un fuerte movimiento que pudiera llevar al esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto armado. El peligro para Uribe era que dicho movimiento terminara juzgándolo – a él y a sus cómplices – por los graves crímenes cometidos durante el auge de la guerra paramilitar contra la guerrilla.

Sin embargo son los intereses transnacionales los que se imponen. El gobierno de Santos diseñó una estrategia para distanciarse hábilmente de las cúpulas mafiosas y paramilitares y ha utilizado el aparato judicial – desde la sombra –, para arrinconar a Uribe, juzgando y llevando a la cárcel a casi toda la plana mayor de funcionarios de la entraña uribista, lo que ha sido su carta para neutralizar al expresidente y obligarlo a buscar acuerdos. Por eso, a medida que el lazo de la justicia se acerca a su cuello, Uribe ha tenido que cambiar su comportamiento.

Por un lado, ha confeccionado ataques a los diálogos de La Habana mediante saboteos y provocaciones orquestadas desde el interior de las filas militares, y ha utilizado los graves errores de las FARC para desprestigiar al gobierno y al proceso de Paz, lo que le ha permitido mantener y aumentar su capital político. Pero al mismo tiempo, ha presentado propuestas en favor de la salida negociada al conflicto, las cuales se hicieron públicas al final de la campaña presidencial de su candidato Zuluaga. De ser un absoluto opositor a los diálogos pasó – paulatinamente – a plantear unos puntos inamovibles que son sus cartas de negociación para subirse al carro de la Paz por la puerta delantera, con la posibilidad de convertirse en copiloto.

El resultado de ese juego de ajedrez no va a ser otro que la impunidad para Uribe, la rebaja de penas para sus cómplices ya condenados, el tratamiento suave para los que van a regresar del exilio y la impunidad para los altos mandos militares comprometidos con el paramilitarismo y los crímenes de guerra. La ley de “punto final” con base en un diseño especial de “justicia transicional” que incluya a los jefes insurgentes, es lo que al final terminará por aprobarse en nombre del patriotismo y de la democracia.

Pero en el fondo estos son los elementos secundarios. Estos aspectos – aunque parezcan determinantes – son los menos importantes para el gran capital. Esta recomposición entre “comadres” como los calificó un analista (http://bit.ly/1FLYwiR), es lo que tienen para despistar a la opinión pública. Lo más importante y fundamental es impedir que las fuerzas democráticas colombianas – que en la anterior campaña electoral crecieron al calor de la lucha por la Paz y reivindicando la justicia social – no tengan ninguna posibilidad de crecimiento y de triunfo político. No era posible para la oligarquía ofrecerle a los demócratas y a la izquierda la cabeza de Uribe como premio a su insistencia por la Paz y la Reconciliación.

Y a la par con esa preocupación está la situación económica en declive, con un desplome del 40% de las exportaciones, la caída de los precios del petróleo, el bajón en la inversión extranjera y la crisis fiscal del Estado. Todo ello al juntarse, no le permitirá al gobierno cumplir en lo más mínimo con sus promesas de inversión social durante la etapa de los post-acuerdos (post-conflicto). Eso ya lo estamos comprobando con la respuesta del gobierno al actual paro magisterial. El tratamiento a los conflictos sociales que están represados va a ser la dilación, la mentira, el engaño, y finalmente, la represión. Y para enfrentar esa situación es indispensable que se unan las dos fracciones de la oligarquía. ¡El palo no está para hacer cucharas!

Consecuencias para la izquierda

Al interior de la izquierda surgió un debate – aún no resuelto – sobre naturaleza de las diferencias entre Uribe y Santos. Para el MOIR (Robledo) “Santos es igual a Uribe”. Fue la razón para llamar a votar en blanco en la 2ª vuelta presidencial de 2014. Según el senador polista, no había diferencias entre ellos. Para Clara López y los sectores llamados “progresistas” sí existían contradicciones. Santos es – según ellos – respetuoso de la legalidad democrática se había distanciado de la mafia paramilitar. Por ello creían que la contradicción entre Uribe y Santos era irreconciliable y se hacían ilusiones con Santos sobre su voluntad de Paz y su compromiso con la democracia formal (burguesa). Ambos sectores – según mi opinión – tienen un enfoque unilateral.

Nuestra posición es diferente. Uribe representa al latifundismo y a la gran burguesía agraria, profundamente reaccionaria, anti-democrática y anti-comunista a morir. Por ello, no estaban dispuestos a ceder en lo más mínimo frente a reivindicaciones sectoriales de los campesinos y colonos de las zonas marginales del país. Además, están obsesionados con las revoluciones democráticas de América Latina y sienten que el “castro-chavismo” es el “comunismo del siglo XXI”. Para ellos la única vía es el exterminio y la tierra arrasada. Son los “neo-conservadores” colombianos. Están apoyados por los sectores más retrógrados de los republicanos estadounidenses y por la ultra-derecha latinoamericana y española.

Santos – en cambio – representa a la burguesía trans-nacionalizada, moderna, globalizada, que en otros países usa la democracia formal (restringida en Colombia) para mantener la estabilidad y la “paz” para poder explotar eficazmente a los trabajadores y someter a los pueblos. En el caso colombiano esa gran burguesía siempre se sometió a los mandatos de sus “mayores” latifundistas y grandes terratenientes y sólo hasta ahora, intenta una nueva vía para superar una guerra que le estorba y que les impide explotar con mayor eficiencia las riquezas de nuestro país y la mano de obra trabajadora. Santos es taimado, no es frentero, posa de decente y legalista, aparenta ser reformista y progresista, pero en verdad es frío, calculador y no vacila – al igual que Uribe – en utilizar el crimen y la trampa para lograr sus intereses de clase.

Finalmente la burguesía trans-nacionalizada ha impuesto su punto de vista y sus intereses. No sin los pataleos y forcejeos del latifundismo uribista. Obama intervino y el conflicto intra-oligárquico va a ser superado.

La realidad va a obligar a los dos sectores de la izquierda a replantear sus posiciones. El hecho es que quienes apoyaron a “Santos contra Uribe” (entre los que me incluyo) se posicionaron ante la opinión pública como verdaderos estadistas que antepusieron sus intereses particulares en favor de la Nación y la Paz. Al empujar a Santos hacia la firma de los acuerdos – además de ayudar a desenmascarar al mismo Santos – también presionaron a Uribe. Las condenas a los ministros y ex-funcionarios de Uribe, y demás verdades que se están conociendo, son en gran parte fruto de esa actitud.

Para los sectores que votaron en blanco – que no apoyaron a Santos – va a ser una especie de “teníamos la razón”. Sin embargo, si no captan la vida “en movimiento”, tampoco podrán responder correctamente a la nueva situación. Algunos de estos sectores colocarán el énfasis en que es más importante condenar a Uribe que salir del conflicto armado y así, podrán convertirse en aliados de los sectores guerreristas que prefieren “seguir la guerra otros 100 años” a permitir que la sociedad perdone a TODOS los que cometieron crímenes. De lado y lado.

Los primeros deben desechar sus ilusiones en Santos. Los segundos, aprender a que las más mínimas fisuras son aprovechables. Ambos tendrán que unificarse para presionar a las FARC y a Santos-Uribe para firmar la terminación del conflicto armado y para profundizar la lucha contra el modelo neoliberal. A la vez, para impedir que una falsa “apertura democrática” – cocinada al calor del proceso de Paz – se convierta en una trampa para engatusar al pueblo con veleidades oportunistas. Si ello se logra, se aclara el camino.

Conclusiones y propuestas

La oligarquía y el imperio han redefinido su estrategia. La “Paz” va, pero a su medida. Los acuerdos en las cúpulas de las clases dominantes podrán acelerar la dinámica de los diálogos – en medio de la guerra – y todo dependerá de la guerrilla. La mayoría de la sociedad – derechizada por los últimos acontecimientos – apoyará al “nuevo dúo dinámico” de la Paz y la insurgencia tendrá que evaluar entre asegurar lo ya firmado o mantenerse en la vía armada.

Lo que ocurre entre Santos y Uribe no es una vuelta a atrás. A pesar que Uribe retomó la iniciativa parcial por efecto de los errores de las FARC y las vacilaciones de Santos (dejarse provocar en el terreno de operaciones y no depurar las fuerzas militares de mandos uribistas), finalmente – debido a la presión que tiene Uribe de la justicia – éste se va a trepar al carro de la Paz.

¿Qué le conviene al movimiento democrático? Que se firme la Paz. Así sea limitada y programada en favor del gran capital. Así se aprueben perdones y reconciliaciones de apariencia. Pero lo que es bien cierto, y así no lo quieran reconocer las clases dominantes, ese paso hacia la terminación del conflicto armado será un triunfo de los demócratas y le abrirá un espacio inmenso a la organización y a la movilización popular, que ya no tendrá encima el “sambenito” de ser acusada de estar infiltrada por la guerrilla. No será un camino de rosas pero al menos nos quitamos ese “karma” de encima.

Lo importante es también entender que el principal escenario de la lucha cambió. El eje ha ido pasando de lo rural a lo urbano, y de lo armado a la protesta civil y a la acción política electoral. La protesta de los maestros – casi todos “profesionales precariados” – es una muestra de las verdaderas movilizaciones populares del siglo XXI en Colombia. Como lo fue la movilización estudiantil de 2011 y como lo fueron los “cacerolazos” de solidaridad con el paro agrario en 2013. Desgraciadamente la dirigencia de izquierda todavía los dirige y maneja con enfoques y criterios del siglo XX, o sea, con una visión “estatista”, sectorial, reivindicativa y estrecha1.

Lo inmediato es desarrollar una estrategia política que combine la participación electoral (la defensa de los avances sociales en el caso de Bogotá) con la construcción de procesos ciudadanos y comunitarios que vayan más allá de lo electoral. Conformar espacios participativos en los barrios y localidades, con espíritu unitario, en donde las fuerzas democráticas (independientes, alternativas, progresistas y de izquierda) tanto de carácter social como político profundicen en el esfuerzo de crear nuevas formas de democracia – “desde abajo” – directa, deliberativa, social, ciudadana, comunitaria y popular.

Es claro que en esa dinámica tienen cabida los revolucionarios socialistas, comunistas, libertarios y aún, anarquistas, que quieran integrarse al “movimiento democrático” para contribuir desde las bases a construir esas nuevas formas de democracia. Para ello tenemos que trabajar con los dos pies, uno puesto en lo institucional y el otro, en la organización popular. En un espacio con visión de gobierno, en el otro con concepción de Poder.

Muchas personas y sectores políticos no ven los acercamientos y niegan la posibilidad de la unidad táctica y estratégica entre Uribe y Santos. He allí el detalle de no entender la dinámica de la vida en permanente movimiento. Realmente… ¡Nunca hay vuelta a atrás!

Bogotá, 5 de mayo de 2015

Nota: 

1 La lucha de los “profesionales de la educación”, en la que deberían estar involucrados todos los profesores, del sector estatal y privado, universitarios y de educación primaria y secundaria, hace parte de las luchas del “nuevo proletariado”, de los “profesionales precariados”, y deben contar con una orientación más política, que involucre al conjunto de la sociedad, que plantee por encima de todo el debate sobre la naturaleza y la calidad de la educación. Como lo intentaron hacer los estudiantes universitarios en 2011, aunque esa lucha también quedó a mitad de camino.