Campaña contra referentes de Derechos Humanos


En una columna publicada en La Nación, el periodista Ceferino Reato acusa de falsedad a los organismos y asegura que las víctimas del terrorismo de Estado son poco más de siete mil. La intención detrás de las palabras. Opinan Carlotto, Alem y Monserrat.
30 mil detenidos-desaparecidos! –¡Presente! –¡30 mil detenidos-desaparecidos!  –¡Presente! –¡30 mil detenidos-desparecidos! –¡Presente! ¡Ahora y siempre!

Aquel grito que exige memoria, camino indispensable para encontrar justicia y reconstruir una verdad destrozada por el terrorismo de Estado, se escucha en cada acto o movilización relativa a los derechos humanos (DD.HH.) desde que se reinstaló la democracia en la Argentina. Se trata de un símbolo que ubica la tragedia que sacudió al país entre 1976 y 1983 en su justa dimensión. Cuestionar la cifra que esa proclama refiere, como lo hizo el periodista Ceferino Reato el pasado 20 de septiembre desde el diario La Nación, no es ingenuo: pretende socavar un proceso de reparación histórica que aún no concluyó.

“Los kirchneristas, en especial los líderes de las organizaciones de derechos humanos, que insisten en que los desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los dirigentes de esas ONG ‘truchas’ que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país”, escribió Reato en su artículo “Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso”. Con esa liviandad el periodista se refirió a los referentes de DD.HH. que se convirtieron en un ejemplo para la humanidad por su lucha contra la última dictadura cívico-militar. Reato apeló a esa comparación de baja estofa para poder desarrollar su tesis, centrada en la frialdad numérica: el escritor plantea que las personas secuestradas, torturadas y asesinadas por las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron 7.158 y no 30.000.

“Llegué a este número luego de contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). (…) Es la suma de 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de ‘ejecución sumaria’, una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner”, afirmó el autor del libro ¡Viva la sangre! en La Nación.

“En esta Argentina que sufrió una dictadura feroz, los hechos están más que probados”, aseguró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Veintitrés. “El número de víctimas se estima en 30 mil personas. Aun en algunas arengas militares se reconoció una cifra mayor. A las Abuelas nos consta que muchos casos no fueron denunciados por temor, lo que puede contribuir a que la cifra no se complete nunca. Han venido familiares a denunciar tardíamente un embarazo y, de repente, nos encontramos buscando un nuevo nieto. Eso pasa hoy”.

Respecto de las afirmaciones de Reato, Carlotto añadió: “Quien expresa esto puede ser un ignorante que no tiene acceso a la información, y con su ignorancia opina; o una mala persona que con su maldad busca desvirtuar los acontecimientos. Esto merece un repudio general de aquellas personas de bien, que felizmente son la mayoría de los argentinos”.

En diálogo con esta revista, Luis Alem, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo: “La cifra 30 mil es histórica y tiene apoyatura en cosas que se plantearon incluso antes del golpe cívico-militar, como en la carta que Haroldo Conti le escribió a Roberto Fernández Retamar”.

Alem se refiere a la misiva que el escritor y militante político argentino –secuestrado por el terrorismo de estado el 5 de mayo de 1976– envió el 2 de enero de 1976 al poeta cubano Roberto Fernández Retamar (director de la revista Casa de las Américas, dependiente de la institución cultural caribeña que lleva el mismo nombre y que Retamar también dirige, desde 1986). En aquella epístola, Conti describió la tragedia que se cernía sobre la Argentina: “En cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal en peor. Me acaba de informar muy confidencialmente [...] [un amigo militar] que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos. Esto coincide con las apreciaciones de nuestros compañeros que evalúan la situación constantemente”.

“Conti no mencionó un número al azar. En los documentos desclasificados por Estados Unidos hay un informe de 1979 en el que la dictadura reconoció 22 mil víctimas. Y restaban cuatro años más de dictadura. La cifra no es caprichosa”, remarcó Alem.

El sitio The National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional, fundado en 1985 por periodistas y académicos que recopila los documentos desclasificados de Estados Unidos, entre otros trabajos) recuerda aquel informe de inteligencia que menciona el subsecretario de Derechos Humanos: “En estas listas van tanto los muertos ‘oficialistas’ como los ‘no oficialistas’. Este trabajo se consiguió en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército… Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados ‘por izquierdas’, por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha”. Firma el documento, Luis Felipe Alemparte Díaz.

Este parte de inteligencia “fue enviado a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena por el oficial de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usaba el seudónimo ‘Luis Felipe Alemparte Díaz’, y está basado en documentación a la que tuvo acceso en los cuarteles centrales del Batallón de Inteligencia Militar 601”, explica el prestigioso sitio web. Arancibia Clavel fue jefe de información de la DINA pinochetista –agencia impulsora del Plan Cóndor– en Buenos Aires. En 1974 asesinó en esta ciudad al general trasandino Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, crímenes de lesa humanidad por los que la Justicia argentina lo condenó a cadena perpetua. Pero Arancibia Clavel no llegó a purgar su condena. El 28 de abril de 2011, mientras gozaba de libertad condicional, fue hallado muerto en su oficina del centro porteño. Tenía heridas de arma blanca.

A la hora de explicar las diferencias entre el número de desaparecidos que contabiliza la Conadep (creada en 1983) y la cifra histórica que los organismos de derechos humanos toman como bandera, Alem graficó: “El informe de la Comisión se hizo en un tiempo acotado y no agotó la totalidad de casos ni de denuncias”. Por su parte, Miguel Monserrat, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó a Veintitrés que “el número de víctimas, de desaparecidos, sigue abierto. Con frecuencia aparecen nuevos casos que no estaban registrados”.

Para Monserrat, Reato plantea la discusión de la cifra para instalar la teoría de los dos demonios. “Es un planteo que no es honesto, es de mala fe. Reato busca desnaturalizar todo para establecer que hubo una guerra donde existieron dos bandos, en igualdad de condiciones. Un despropósito. Quienes se apropiaron del Estado instauraron el terrorismo de Estado, que es un crimen de lesa humanidad, sancionado internacionalmente”. 

Alem consideró que tras la crítica del autor de ¡Viva la sangre! “se esconde una banalización de lo que ocurrió. Hay un mezquino interés político de golpear al gobierno que más hizo por los derechos humanos en una época preelectoral”. Y coincidió con el titular de la APDH: “Reato defiende claramente la t6eoría de los dos demonios. Plantea una interpretación forzosa y forzada de la historia para justificar lo injustificable”. Se sabe: sus palabras no son inocentes.