A través de una cadena nacional, el viernes 21, Dilma ensayó un discurso comprensivo hacia los manifestantes, habló de las "voces de la democracia", prometió una reforma política que fomente la participación popular, aunque reafirmó que el Mundial iba a hacerse de todas formas, y fue inflexible en el rechazo de cualquier tipo de violencia. Fue, en realidad, el reflejo de una estadista ante lo fulminante de un cuadro que todavía no llega a explicarse ni en parte, y mucho menos, en todo. Entre sus mismos asesores no se ponen de acuerdo. Están los que suponen que se trata de una genuina manifestación del descontento popular por las deficiencias en las áreas de transporte, salud y educación. Pero no faltan tampoco los que ven una conspiración contra el peso cada vez mayor de Brasil como jugador emergente en la economía global y desconfían del espontaneísmo, no creen en las masas autoconvocadas desde las redes sociales, al estilo "Primavera árabe". Estas redes las recoge alguien, en algún lugar. La pregunta es quién y la respuesta no se sabe. Aún.
Los del primer grupo, los que viven por fuera de la paranoia, admiten que la inflación, que este año puede llegar al 6,5% –cuando las últimas paritarias no llegaron al 2 %–, está haciéndose sentir en los bolsillos de los brasileños de a pie, irritados por la suba intempestiva del boleto del transporte público. Una encuesta de la Confederación de Industrias Nacionales/Ibope, publicada semanas antes de la actual ola de protestas, reveló que el índice de aprobación general de la gestión de Rousseff cayó 8 puntos (al 55 %), y el manejo inflacionario trepó al 57% de desaprobación, después de dos años de crecimiento por debajo de lo estimado y con una preocupante fuga de divisas en ascenso. Los asesores más estrechos de la presidenta reconocen también que en salud y educación, si bien se hizo mucho por los más pobres, hay una franja que, con cierta lógica, aspira a una mayor calidad en las prestaciones. Este sector del funcionariado, que integra el primer círculo que rodea a Rousseff, explica los discursos antipolíticos en las malas señales del propio sistema institucional: Fernando Collor de Mello, el Menem brasileño, destituido por casos de corrupción, hoy es el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.
En el segundo anillo presidencial proliferan, en cambio, las miradas conspirativas y recuerdan que hace un mes corrió fuertemente el rumor de que se daría de baja el programa "Bolsa Familia" (el "limosna-bag", según los medios hegemónicos), el principal plan de ayuda asistencial, que beneficia con 33 dólares mensuales directamente a 40 millones de personas. En pocas horas, los cajeros automáticos quedaron vacíos ante la avalancha. Fue tal la incertidumbre que se generó, que la ministra de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre, Tereza Campello, tuvo que salir a desmentir varias veces que el gobierno estuviera siquiera estudiando la posibilidad de reformularlo, y la propia Rousseff pidió a las fuerzas de Seguridad e Inteligencia que investigaran quiénes habían sido los autores de la campaña de acción psicológica.
El tiempo dirá quiénes están en lo cierto. Pero por ahora sigue siendo muy alto el nivel de desconcierto, incluso entre los politólogos y académicos que son habitual fuente de consulta, como Emir Sader o Eric Nepomuceno, que administran cautelosamente los adjetivos cuando ensayan alguna descripción del inusual fenómeno que ganó las calles de las principales ciudades del Brasil.
La crisis desatada no deja de ser un llamado de alerta. No porque las demandas insatisfechas sean inexistentes: en Brasil, las políticas de inclusión social inéditas que puso en marcha el PT de Lula y Rousseff, conviven con formatos intocables del más crudo neoliberalismo monetarista, agravado por el elevado grado de compromiso de sus finanzas con los mercados internacionales, a diferencia del desacople que tuvo la Argentina en todos estos años. Rousseff tampoco se caracterizó por la pelea frontal o abierta contra las corporaciones, que son extremadamente fuertes e influyen desde los medios concentrados en casi todas las políticas de gobierno, con campañas y hostigamientos públicos que acabaron, en muchos casos, con funcionarios eyectados de la administración, antes del enjuiciamiento.
Sin embargo, la experiencia brasileña, aún con sus claroscuros, fue una brújula oxigenante para toda la región. Los sepultureros del ALCA fueron Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula. El ingreso de Venezuela al Mercosur se negoció con el Palacio del Planalto. La creación de la Unasur y de la CELAC contó con el aval de Brasil. La sexta economía mundial jugó un papel clave en la integración de la última década, pero sobre todo le dio espesor político. Sin su apoyo y el de la Argentina, Cuba no ocuparía la presidencia de la CELAC, con todo lo que implica haber roto de manera conjunta y coordinada el bloqueo de la isla en las propias narices de los Estados Unidos. Ni Rafael Correa ni Evo Morales seguirían siendo presidentes.
Pero cualquier fuerza que pretenda regresar el péndulo de América Latina hacia la derecha, sabe que tiene que minar la estabilidad de Brasil, apartarlo de su rol aglutinante y correrlo de su liderazgo. Las señales no son buenas en el último tiempo. La muerte súbita de Chávez, la negativa del Departamento de Estado a reconocer a Maduro durante dos meses, la elección de un Papa latinoamericano gravitante de ambiguas definiciones, la invitación del colombiano Santos a Estados Unidos para que se integre a la Alianza del Pacífico (Chile, México, Perú y Colombia, el bloque más neoliberal que se hace fuerte al Oeste del continente) y ahora una base de maniobras callejera que perturba al gobierno del PT con consignas "indignadas", todo parece presentarse como amenaza latente al proyecto de unidad y autonomía profundizado en una década. A todo esto, habría que sumar el último fallo corporativo de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que instaló un conflicto institucional de poderes, con una interpretación arbitraria del texto constitucional que, en apenas dos días de debate, impidió una elección democrática de consejeros a la Magistratura. Eugenio Zaffaroni, el único voto disidente del fallo, apuntó con simpleza al corazón del fallo: "Puede no gustar (la elección de consejeros por el sufragio) pero no por eso ser inconstitucional."
Sobre este punto, es interesante el planteo que hizo el profesor de Derecho Constitucional (UBA) Raúl Gustavo Ferreyra, que trajo a debate lo que ocurre, precisamente, en Brasil, cuando los tribunales tratan asuntos de constitucionalidad: "En países vecinos y hermanos de la Argentina, las cuestiones de constitucionalidad que tramitan, por ejemplo, ante sus supremos tribunales federales, se transmiten por televisión, con intervención de partes. Tanta apelación al Derecho comparado que se observa actualmente para formalizar la realización del Derecho, debería alentar la idea de que, finalmente, se pueda conocer la forma de producción, eventualmente, de una 'sentencia de inconstitucionalidad'". Ferreyra es un habitual crítico de los métodos oscurantistas que utiliza la justicia corporativa para dictar sus fallos. Según él, sobran jueces que, en la soledad de su despacho, lejos del escrutinio público, resuelven por sobre otros poderes de la democracia y sobre la voluntad de millones de personas, con justificaciones caprichosas y antojadizas, que no soportarían un debate abierto, de cara a la sociedad. Hace poco, bautizó el día del fallo cortesano anticonsejeros como el "Black Tuesday", en alusión a la resolución del 27 de mayo de 1935 de la Corte de Justicia de los Estados Unidos declarando inconstitucional fragmentos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Ese día fue conocido como el "Black Monday". Después, Roosevelt logró ser reelecto y pudo doblegar a los cortesanos que custodiaban el viejo orden que había llevado el país al precipicio. Fue la década ganada para los estadounidenses, que salieron de la crisis y se transformaron en potencia hegemónica del capitalismo mundial.
¿Hay algo que vincule los sucesos de Brasil con el giro de la Corte en Argentina? En apariencia, son cosas distintas: una protesta callejera anti-Dilma y un fallo supremo anti-Cristina, pero puede decirse que se trata de dos jefas de Estado que no tienen amigos sinceros entre los poderes fácticos que buscan un cambio de ciclo en la región, y se benefician con el enrarecimiento del clima político y social.
Es llamativo que Ricardo Lorenzetti, el eterno presidente, que en teoría será titular del máximo tribunal hasta el 2030, haya virado de sus posturas dialoguistas con el Ejecutivo a fines del año pasado, al mismo tiempo que levantaba su perfil político, con apoyo de Clarín y La Nación. Lo hizo al calor de los cacerolazos multitudinarios en pleno centro porteño. Algunos, en medio de aquellas protestas, sugirieron que podía ser presidente, entre ellos, Carlos Fayt, el hombre de 95 años que viola la Constitución con acuerdo de sus pares. Hoy, el órgano supremo del Poder Judicial, en los hechos, actúa casi como una Corte opositora, algo tan criticable como una Corte adicta, bajo la presidencia de un hombre con innegable gusto por el poder vitalicio.
Quizá Lorenzetti sienta que llegó su momento. Las marchas en el Obelisco de los "indignados" argentinos pueden haberlo convencido de que el kirchnerismo comenzaba su declinación política. En otras palabras, que había llegado su hora. ¿Qué es, acaso, sino una forma de cogobierno, el desafío a través de fallos judiciales polémicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo?
Lástima que no se presenta a elecciones. Sería todo más transparente y menos traumático para las instituciones de la república. El dato de color: los fondos buitre financiaron el viaje de caceroleros argentinos a Brasil para que expliquen la coordinación de sus actividades con las redes sociales como instrumento. Métodos "indignados" de importación. Eso no quiere decir nada. O sí. Las brujas no existen, ya sabemos. Pero vuelan.