Por una justicia con los ojos abiertos
Marta Vasallo
Le Monde diplomatique
Gran malestar
JL es el nombre de una corriente de miembros del Poder Judicial (jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios) que no se sintió representada en esa declaración, y en sendos comunicados del 11 de diciembre de 2012 y 3 de enero de 2013 acusó a la declaración de ser inconsulta (“¿Por qué no consultaron a nadie? Porque a nadie le dan vela en su propio entierro”, interpretó el fiscal a cargo de la Unidad de Seguimiento de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat), y le opone otro concepto de independencia judicial: “Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.
Caracterización del sistema judicial
De fuerte tono autocrítico, las intervenciones de los participantes de JL definieron al sistema judicial actual como “corporativo”, “conservador”, “formalista”, “burocrático”, “verticalista”. “El simbolismo de los ojos vendados nos lleva a un Poder Judicial ciego, estúpido y formal, que lleva a juicios distorsionados. Es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido”, dijo el juez penal Daniel Carral. “Somos una máquina de violencia”, definió la joven jueza correccional de Morón Graciela Angriman. Para el fiscal Abel Córdoba, “el primer derecho que niega un Poder Judicial que funciona así es el acceso a la justicia a amplios sectores, en beneficio de la corporación judicial misma o de corporaciones aliadas a la judicial”.
¿Un movimiento K?
Si la detección de los elementos que detonaron el movimiento es fácil, mucho más complejo resulta caracterizar al movimiento y sus raíces. La prensa hegemónica lo ha caracterizado como una facción kirchnerista dentro del Poder Judicial, que hace juego a la decisión presidencial de terminar con la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, escuchando hablar a sus integrantes, se pone en evidencia que se trata de un movimiento que se ha gestado durante décadas, manifiesta un malestar muy profundo por parte de sectores significativos del Poder Judicial, y es heterogéneo, también en términos políticos. “Hay muchos matices en esta convergencia –describe Félix Crous–, es cierto que no hay antiK radicalizados, hay gente decente, profesionalistas, profesionalistas y un poco más, progresistas en términos de republicanismo real, gente de izquierda, simpatizantes del kirchnerismo aunque no sean kirchneristas orgánicos.” “Esto estaba larvado, latente, es una deuda de la democracia. Estaba oculto y ahora sale a la luz. Pasaron tres décadas para que tenga lugar este debate. No es casual que se dé en momentos en que se plantea un conflicto por la vigencia de una ley que está poniendo en la luz de qué se trata: si los grupos concentrados de la economía pueden mantener la hegemonía mediática o no. Bienvenido sea si el debate sobre la vigencia de la cláusula de desinversión en la Ley de Medios da lugar a la transformación interna de un poder del Estado”, dice Slokar, para quien la identificación de JL con el gobierno es “una mirada miserable”. “Era conmovedor –dice–, ver [en las jornadas de JL] a jueces designados democráticamente por Alfonsín, ya jubilados, que a la vuelta de treinta años ven que empieza a cumplirse lo que sus movimientos y asociaciones aspiraban en 1984.” “La discusión por la Justicia Legítima es un abordaje integral y de fondo que excede a la coyuntura en la cual algunas visiones cortas están interesadas en confinarlo –sostiene por su parte Abel Córdoba–. Es un debate de fondo que implica poner en cuestión a un poder público que no ha sido permeado por prácticas democráticas.”
Le Monde diplomatique
En el marco del debate sobre democratización de la justicia, se destaca el surgimiento de la corriente “Justicia Legítima”, que en su primera convocatoria reunió a 2.000 participantes. Plantea una transformación del sistema judicial que lo acerque a la ciudadanía y lo convierta en un servicio público ágil que incluya a los sectores socialmente débiles.
"Bisagra fundacional", “Fuerte germen transformador”, “Es un momento revolucionario, seamos jacobinos” son apenas algunas de las frases que se escucharon en la convocatoria que el movimiento Justicia Legítima (JL) organizó en los últimos días de febrero en el auditorio de la Biblioteca Nacional, efectivamente colmado. Y que transmiten el nivel de fervor con que miembros del Poder Judicial encararon la necesidad de una transformación de ese poder del Estado. Un nivel que Antonio Cluny, presidente de Magistrados Europeos por las Libertades, y partícipe de las jornadas, dice no haber visto nunca.
Resulta fácil identificar los factores que desencadenaron el movimiento JL: el 6 de diciembre de 2012, víspera de la fecha que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había fijado en el pasado mes de mayo como el último plazo de vencimiento de la cautelar presentada por el grupo Clarín que dejó en suspenso dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión Nacional de la Independencia Judicial publicó en los principales diarios y colgó en el sitio de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ) una declaración que en nombre de jueces de todo el país exhortaba fundamentalmente “al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional [que protege la independencia del Poder Judicial] y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia…”. Al día siguiente, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal decidió que la cautelar seguía vigente, y en ulteriores decisiones la CSJN rechazó las apelaciones presentadas por el Ejecutivo Nacional.
Gran malestar
JL es el nombre de una corriente de miembros del Poder Judicial (jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios) que no se sintió representada en esa declaración, y en sendos comunicados del 11 de diciembre de 2012 y 3 de enero de 2013 acusó a la declaración de ser inconsulta (“¿Por qué no consultaron a nadie? Porque a nadie le dan vela en su propio entierro”, interpretó el fiscal a cargo de la Unidad de Seguimiento de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat), y le opone otro concepto de independencia judicial: “Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.
El presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, adelantó nueve meses la conmemoración de los 150 años de existencia de la institución que preside para dar un discurso el 26 de febrero, la víspera de la convocatoria de JL. El discurso de Lorenzetti en su buscada ambigüedad reconoció abiertamente la necesidad de reformas, pero también resaltó los cambios logrados desde la Corte durante su gestión, desde 2006. Aludió a la necesaria independencia judicial respecto de los poderes económicos, e insistió en que sólo restringe al PE en el sentido de marcar los límites dictados por la Constitución.
El discurso inaugural de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en las jornadas de JL polemizó tanto con la declaración de la Comisión Nacional de la Independencia Judicial como con el discurso de Lorenzetti de la víspera: “Para una concepción de la Justicia basada en realizaciones, la independencia del Poder Judicial es un eslogan que todos apoyan y pocos entienden, desvía la atención de las preguntas que tienen sentido: ¿Es independiente el Poder Judicial?”. Un rápido recorrido histórico de la actuación de la CSJN la llevó a concluir que esa independencia es “una ficción”. Se refirió a “la complicidad estructural de ese poder con el terrorismo de Estado”, y al evocar las políticas neoliberales que culminaron en la crisis de 2001 volvió a preguntar: “¿Dónde estaba entonces la administración de justicia? ¿Alguien recordó la independencia del Poder Judicial? ¿Dónde estaba entonces el furor de las cautelares? Entonces no había discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Se trata –dijo– de detectar esa matriz autocrática, corporativa, elitista, latente, que reacciona cada vez que se toca uno de los pilares que reproducen la desigualdad y la exclusión”.
Si los integrantes de JL no se reconocieron en el comunicado de la Comisión de la Independencia Judicial, sí en cambio se vieron representados en el discurso de Gils Carbó. El fiscal Abel Córdoba, a cargo de juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, y desde el pasado 12 de marzo a cargo de la nueva Procuraduría contra la Violencia Institucional, lo califica de “histórico, de ruptura”: “La decisión de la procuradora es aplicar toda la potencia del ministerio público a la criminalidad económica, a la violencia institucional, a la violencia de género”.
Ese tono polémico ante el comunicado y las entidades que lo suscriben, incluida la CSJN, encuentra eco en la irritación de los organizadores de las jornadas, como el juez de Casación Penal Alejandro Slokar: “La constitución de esa Comisión tuvo lugar hace 5 años, nunca había funcionado, no creo que ésa sea función de la Corte. Es el Consejo de la Magistratura el que está a cargo de las cuestiones administrativas y de la defensa de nuestros intereses. La Corte se pronuncia a través de sentencias y acordadas, no de comunicados”.
Por su parte, el fiscal Félix Crous, al frente de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad desde febrero de 2013, afirma: “Se juntaron dos elementos [para la formación de JL]: el comunicado de la Corte, y la certeza íntima de que en el caso Clarín y la Ley de Medios estamos frente a una demostración obscena de la parcialidad de los jueces. Me sorprendió que fuéramos tantos los que sentíamos malestar. Lo que aquí aparece como fuente de gran malestar para todos nosotros es qué hace la Justicia frente a una sociedad injusta: si es un legitimador o si puja para que los derechos que son de todos sean también operativos para los débiles. Ese es el rol de la Justica: la materialización de los derechos. Para unos son operativos en lo inmediato, para otros son abstracciones”.
Caracterización del sistema judicial
De fuerte tono autocrítico, las intervenciones de los participantes de JL definieron al sistema judicial actual como “corporativo”, “conservador”, “formalista”, “burocrático”, “verticalista”. “El simbolismo de los ojos vendados nos lleva a un Poder Judicial ciego, estúpido y formal, que lleva a juicios distorsionados. Es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido”, dijo el juez penal Daniel Carral. “Somos una máquina de violencia”, definió la joven jueza correccional de Morón Graciela Angriman. Para el fiscal Abel Córdoba, “el primer derecho que niega un Poder Judicial que funciona así es el acceso a la justicia a amplios sectores, en beneficio de la corporación judicial misma o de corporaciones aliadas a la judicial”.
Acceso dificultado hasta por razones edilicias, como señala Slokar desde su despacho en Comodoro Py, “no se puede acceder materialmente, físicamente, a este edificio enclavado en el puerto, que sigue concentrando el transporte automotor. […] La tríada Palacio de Justicia-Familia judicial-Ritual está pensada para otro tiempo”, reflexiona al referirse a la necesidad de descentralizar organismos, fiscalías, agencias. La dificultad de acceso está vinculada con la exclusión de toda forma de participación ciudadana, una participación en cuya necesidad confluye el movimiento JL, lo mismo que en el pago del impuesto a las ganancias, aunque hay controversias y discrepancias en cuanto a sus formas de implementación.
En la concepción de JL, la invocación a la “independencia judicial” es el ropaje que oculta la defensa del sistema judicial tal como está. Conectada con los valores de intangibilidad salarial y de inamovilidad en los cargos, esa independencia tiene una dimensión horizontal, vinculada con la independencia de los poderes formales, y también de los poderes fácticos; y otra vertical, que es el funcionamiento interno de la institución, donde los aspirantes a una reforma confluyen en la necesidad de revisar los mecanismos de designación y remoción de sus miembros. Respecto de los poderes fácticos, Slokar recoge el planteo de Antonio Cluny: en la era de la globalización financiera, ¿quién pone límites a las aseguradoras de riesgos, al FMI, al Banco Mundial?
¿Un movimiento K?
Si la detección de los elementos que detonaron el movimiento es fácil, mucho más complejo resulta caracterizar al movimiento y sus raíces. La prensa hegemónica lo ha caracterizado como una facción kirchnerista dentro del Poder Judicial, que hace juego a la decisión presidencial de terminar con la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, escuchando hablar a sus integrantes, se pone en evidencia que se trata de un movimiento que se ha gestado durante décadas, manifiesta un malestar muy profundo por parte de sectores significativos del Poder Judicial, y es heterogéneo, también en términos políticos. “Hay muchos matices en esta convergencia –describe Félix Crous–, es cierto que no hay antiK radicalizados, hay gente decente, profesionalistas, profesionalistas y un poco más, progresistas en términos de republicanismo real, gente de izquierda, simpatizantes del kirchnerismo aunque no sean kirchneristas orgánicos.” “Esto estaba larvado, latente, es una deuda de la democracia. Estaba oculto y ahora sale a la luz. Pasaron tres décadas para que tenga lugar este debate. No es casual que se dé en momentos en que se plantea un conflicto por la vigencia de una ley que está poniendo en la luz de qué se trata: si los grupos concentrados de la economía pueden mantener la hegemonía mediática o no. Bienvenido sea si el debate sobre la vigencia de la cláusula de desinversión en la Ley de Medios da lugar a la transformación interna de un poder del Estado”, dice Slokar, para quien la identificación de JL con el gobierno es “una mirada miserable”. “Era conmovedor –dice–, ver [en las jornadas de JL] a jueces designados democráticamente por Alfonsín, ya jubilados, que a la vuelta de treinta años ven que empieza a cumplirse lo que sus movimientos y asociaciones aspiraban en 1984.” “La discusión por la Justicia Legítima es un abordaje integral y de fondo que excede a la coyuntura en la cual algunas visiones cortas están interesadas en confinarlo –sostiene por su parte Abel Córdoba–. Es un debate de fondo que implica poner en cuestión a un poder público que no ha sido permeado por prácticas democráticas.”
Los antecedentes mencionados reiteradamente por JL son el principio de reforma judicial de 1984, que dejó la mayor parte del sistema incólume; la reforma constitucional de 1994, con la creación del Consejo de la Magistratura y la instauración de concursos públicos de antecedentes; el reclamo de renovación de la Justicia en la crisis de 2001, al que Kirchner respondió designando la actual CSJN y derogando las leyes de impunidad que abrieron el camino a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estos juicios impulsados por los organismos de derechos humanos son a juicio de Abel Córdoba la principal transformación de la justicia argentina.
Tal vez el movimiento de JL sea “kirchnerista” en un sentido más profundo, vinculado con la capacidad que las sucesivas gestiones presidenciales kirchneristas han demostrado de colocar sobre la mesa, convirtiéndose en objeto de debate público, profundos y antiguos reclamos sociales que por diferentes circunstancias no salían a la luz, no cuajaban en formas reconocibles. Sucedió con los juicios por crímenes de lesa humanidad, con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, y sucede ahora con un cuestionamiento del Poder Judiotascial que por primera vez surge desde dentro. Estos cuestionadores tienen muy clara la necesidad de que la reforma del Poder Judicial sea impulsada también desde los otros poderes políticos, el poder policial, los académicos.
En todos estos casos la reacción defensiva de los núcleos cómplices de los poderes concentrados es feroz: hacen y seguirán haciendo todo lo posible por boicotear o desvirtuar las transformaciones. Pero al mismo tiempo estas transformaciones aparecen como irrefutables en su necesidad y legitimidad: de hecho la Corte no se opuso, explícitamente al menos, a las propuestas de JL, ni a los proyectos de cambios en la Justicia anunciados por la Presidenta en su discurso de inauguración del año legislativo el pasado 1 de marzo (1).
Nota:
1. Adrián Ventura, “La Corte evita enfrentarse con Cristina”, La Nación, Buenos Aires, 6-3-13, Gabriel Marini, “La Corte se mostró a favor de los proyectos para reformar la Justicia”, Tiempo Argentino, Buenos Aires, 6-3-13.
* Periodista.