Uruguay: Macroeconomia y deuda social
>Por David Rabinovich*
Clases: la visión de los empresarios y de los trabajadores sobre la economía muestra divergencias. Hay optimismo respecto a algunos índices e inquietud ante otros. A la burguesía local le preocupa la sindicalización en ascenso; a la clase trabajadora, la informalidad laboral y la desigualdad social. La opinión pública es favorable al Gobierno por la continuidad del crecimiento económico, mientras que la oposición intenta recuperarse con discursos reaccionarios. Pero la desigualdad se reduce a cuentagotas y se expresa en áreas clave como la educación, donde la deserción es la norma para los más empobrecidos. Una sustancial distribución del ingreso a favor de la clase trabajadora en el marco del crecimiento económico es la deuda pendiente.
Según la encuesta Expectativas Empresariales de agosto 2010, los empresarios uruguayos estaban muy conformes con el desempeño económico. Sólo un 4% de los directores o gerentes encuestados creía que la situación económica había empeorado. Según la consultora Deloitte, “la economía uruguaya había registrado un desempeño extraordinariamente favorable en la comparación regional”.
La misma encuesta, realizada en marzo pasado, arrojó resultados similares. Para el 83.3% de los consultados, el “clima de negocios” es bueno o muy bueno. La mayoría esperaba obtener una rentabilidad acorde a la alcanzada. Pero el 65% de los encuestados consideró el incremento de los costos un problema a resolver.
A la hora de contratar trabajadores, la burguesía local considera que “las rigideces que enfrentan las empresas para gestionar la mano de obra y el aumento de los salarios” operan como un freno al crecimiento de la actividad. También les preocupa “la creciente sindicalización y la escasez de mano de obra calificada”.
El informe destaca: “el 65% de los encuestados considera que mejorar la seguridad pública y la calidad de la educación deberían ser los dos asuntos prioritarios para el Gobierno en 2011. Le siguen en importancia la reforma del Estado, mejorar la infraestructura y la reducción de la conflictividad sindical”.
La mirada de la clase trabajadora sobre la economía puede deducirse a partir de diferentes indicadores y documentos. Una opinión representativa sobre la situación laboral aparece en el reciente Informe de coyuntura de la asociación civil, Instituto Cuesta Duarte –creada por la central sindical Pit–Cnt (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional Trabajadores).
En el escrito se sostiene que “la extraordinariamente buena coyuntura económica que continúa atravesando el país indica que éste es un momento propicio para seguir avanzando en el desarrollo de un país productivo, sustentable y con justicia social. Avanzar en la inversión con un papel activo del Estado, continuar con las políticas sociales y de salud, y trabajar decididamente en vivienda y educación son temas prioritarios”. También se señalan algunas preocupaciones: “Aspectos como la escasa calidad de muchos empleos que dejan a una cantidad importantísima de ocupados sin los derechos básicos que otorga el trabajo, los bajos salarios que aún perciben muchos trabajadores y que los obliga a vivir en la pobreza, y mejorar la distribución del ingreso y la riqueza deberían ser temas principales en la agenda de este año”.
La central sindical destaca que el principal impulso al crecimiento en lo que va de 2011 provino de la demanda interna, donde se expandieron fuertemente tanto el consumo (10,1%) como la inversión (13,2%). Respecto al empleo, el informe también reconoce logros importantes, aunque el año pasado se registraron, en promedio, 112 mil desocupados. Casi la mitad eran menores de 25 años y 67.500 mujeres.
En 2010 había 485 mil trabajadores y trabajadoras informales, mientras que el subempleo afectaba a un total de 132 mil ocupados. Pero los salarios reales habían seguido creciendo y se alcanzó “el sexto año consecutivo de mejora en el poder de compra de los trabajadores”.
El primero de mayo, la central de los trabajadores dejó clara su afinidad con el gobierno del Frente Amplio (FA). Reclamó ampliar y acelerar las medidas que favorecen a las grandes mayorías y recordó que todavía hoy el 20% más rico recibe el 50% de los ingresos y el 20% más pobre sólo un 6%.
Percepciones y oposición
Según el informe 2010 de Latinobarómetro, que realiza estudios anuales de opinión pública en 18 países de América Latina, los uruguayos son los que más estiman la democracia, mejor evalúan el progreso económico del país y menos temor tienen a quedarse sin empleo. El 36% de los ciudadanos entrevistados afirmó que la situación económica es muy buena. Sólo supera este porcentaje Brasil, con un 38% de aprobación. En cuanto a la gestión de Gobierno, la consultora marca un nivel de aprobación del 75% para José Mujica.
En este marco, la derecha uruguaya se encuentra en feroz campaña opositora y no escatima esfuerzos para construir una imagen negativa de la coyuntura y la gestión. La inseguridad y el déficit educativo, junto con presuntas amenazas a la “institucionalidad”, son los puntos centrales en torno a los cuales giran los enfrentamientos políticos.
Más allá de percepciones subjetivas, los delitos han crecido en los últimos años y sus protagonistas son, muchas veces, menores de edad. La derecha propone juzgar a jóvenes de 16 años como si fueran mayores, mientras busca evitar por todos los medios frenar la posibilidad de que la Ley de Impunidad sea eliminada del Derecho uruguayo.
Distribución y desigualdad
En Uruguay la crisis económica de 1982-84 significó la culminación de la dictadura militar, con el saldo de una brutal segregación social. En los 1990 hubo crecimiento y creación de empleo de baja calidad. Una reforma constitucional mejoró la situación de los jubilados, pero la pobreza aumentó entre los niños y niñas. Durante esa década se terminó de afirmar un modelo excluyente, donde la mitad de los nacimientos ocurría en los denominados “contextos críticos”. Recién nacidos que hoy conforman la juventud del país.
El nivel de pobreza alcanzó un pico en 2002 y luego comenzó a disminuir. Caída que se acentuó desde 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero entre 2002 y 2010 el índice Gini exhibe altibajos y sólo una leve tendencia a la disminución de la desigualdad. La brecha de los ingresos genera, entre otras, una brecha educativa que perpetúa la marginación. En Uruguay, hoy, con todos los indicadores macroeconómicos positivos, hay un 45% de la población activa en trabajos de baja productividad, con muchos empleados sin el amparo de la seguridad social.
El surgimiento de contextos críticos a nivel social y su reproducción, a pesar del crecimiento sostenido, explican problemas como el fracaso escolar y la deserción en el nivel secundario. En el quintil superior de la sociedad más del 85% de los estudiantes termina la secundaria; entre el 20% más pobre, sólo uno de cada cinco logra la meta.
Crecimiento y desarrollo no son sinónimos. El desarrollo requiere de relaciones de producción distintas, porque el objetivo pasa a ser la atención de las necesidades y los derechos de las personas. El crecimiento atiende, esencialmente, las aspiraciones de rentabilidad del capital. Para lograr resolver los problemas sociales más urgentes, una verdadera política de redistribución del ingreso resulta indispensable. La intención de gravar la concentración de la tierra representa, en ese sentido, un paso adelante.
*Para America XXI