Pinochet y el caso Letelier: el veredicto

Por Peter Kornbluh*

para La Jornada (Mexico)

21 de septiembre de 2026

Orlando Letelier, quien fue canciller en el gobierno de Salvador Allende, fue asesinado hace 50 años, junto con su colaboradora Ronni Karpen Moffitt, en un atentado con coche bomba en Washington, el cual fue ordenado por el general Augusto Pinochet y ejecutado por la DINA, policía secreta de la dictadura chilena.


Han pasado 50 años desde que el ex embajador chileno Orlando Letelier y su joven colega Ronni Karpen Moffitt fueron asesinados en un atentado con coche bomba en la capital de Estados Unidos. El atentado, ordenado por el general Augusto Pinochet y ejecutado por su policía secreta, la DINA, acabó con la vida de dos personas extraordinarias el 21 de septiembre de 1976. Como informó tiempo después el secretario de Estado George Shultz al entonces presidente Ronald Reagan, este acto violento constituyó “quizás el único caso claro de terrorismo apoyado por un Estado que ha ocurrido en la ciudad de Washington”. Ese hecho ha ubicado el caso Letelier-Moffitt como la atrocidad más infame y atroz entre los muchos crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Pinochet. El caso ha permanecido bajo la luz pública en el curso de cinco largas décadas, porque jamás ha cesado la demanda de justicia, en términos tanto legales como históricos.

En julio pasado, una nota de primera plana en el New York Times reveló que Armando Fernández Larios, uno de los agentes de la DINA asignados al asesinato de Letelier en 1976, había sido detenido y después liberado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Aunque por el momento está libre, Fernández Larios enfrenta la posible deportación por los crímenes contra los derechos humanos cometidos antes de llegar a Estados Unidos, en 1987.

Tampoco es Fernández Larios el único asesino capturado por el ICE. Virgilio Paz Romero, uno de los violentos exiliados cubanos que colaboraron con la DINA –su papel fue apretar el botón para detonar la bomba que mató a Letelier y Moffitt–, también ha sido detenido. Permanece en el Centro de Detención Krome, en Miami, y es probable que se le deporte como inmigrante criminal, con un historial verificado de terrorismo.

Además, en junio pasado los tribunales chilenos concluyeron por fin una investigación de 15 años relativa específicamente al asesinato de Ronni Moffitt, cuyo caso nunca se había acreditado en Chile. En un veredicto final, la magistrada de derechos humanos Paola Plaza emitió sentencias de 15 años de prisión contra tres oficiales: Raúl Iturriaga, José Holgar y Pedro Espinoza, ex subdirector de la DINA.

Sin embargo, el propio Pinochet siguió siendo intocable, hasta que fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998. Pocas personas recuerdan que la orden girada a la Interpol para su captura fue emitida a petición de España conforme a la Convención Europea de Antiterrorismo; en esencia, Pinochet fue arrestado por ser un terrorista, dado su patrocinio de la siniestra organización asesina conocida como Operación Cóndor, y como mente maestra del asesinato de Letelier y Moffitt.

El arresto de Pinochet puso fin a su inmunidad ante la persecución judicial, tanto en Chile como en el extranjero. En Estados Unidos, las familias Letelier y Moffitt, junto con defensores de derechos humanos y el Instituto de Estudios Policiales, en el que trabajaban Orlando y Ronni, presionaron al gobierno de Bill Clinton para que desclasificara miles de documentos secretos sobre las atrocidades de Pinochet contra los derechos humanos, así como sobre el caso Letelier-Moffitt.

Es justo reconocer que la Casa Blanca de Clinton liberó más de 23 mil documentos secretos sobre el papel de Estados Unidos en Chile, y sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Pinochet. Los documentos desclasificados relativos al caso Letelier-Moffitt fueron extraordinariamente reveladores, si bien los registros más importantes fueron retenidos como evidencia potencial para una nueva investigación del Departamento de Justicia sobre Pinochet como autor intelectual del crimen.

Según los registros de la FBI obtenidos a través de la FOIA por mi organización, el Archivo de Seguridad Nacional, una fuerza de tarea realizó dos visitas a Chile durante la primera mitad del año 2000, y realizó una serie de interrogatorios oficiales, entre ellos una declaración formal de Manuel Contreras en el penal de Punta Peuco. En Estados Unidos, la FBI entrevistó a ex funcionarios estadunidenses, entre ellos Henry Kissinger. Según un sumario de la conversación preparado por esa agencia, Kissinger describió una reunión privada que tuvo con el general Pinochet en Santiago apenas tres meses antes del asesinato de Letelier. “Kissinger recordó que Pinochet mencionó el nombre de Orlando Letelier al referirse a un contacto que tuvieron demócratas cristianos y opositores a Pinochet con miembros del Congreso estadunidense”, indicó la FBI. “Kissinger no podía recordar si Pinochet se enojó al hablar de Orlando Letelier”.

Pocos meses después de que Pinochet regresó a Chile, luego de más de un año de arresto domiciliario en Londres, la FBI y el Departamento de Justicia presentaron una evaluación de la evidencia contra el ex dictador chileno, junto con recomendaciones para procesarlo en Estados Unidos como autor intelectual de terrorismo internacional. Sin embargo, cuando William Clinton salió de la presidencia y George W. Bush asumió el poder, en enero de 2001, el nuevo gobierno no dio seguimiento a esas recomendaciones. “El caso Letelier cayó en un agujero negro”, declaró un funcionario estadunidense al periodista chileno Pascale Bonnefoy en 2002.

Pinochet logró evadir la justicia legal como mente maestra del asesinato. Pero aun así el caso Letelier-Moffitt continuó persiguiendo a su gobierno, y contribuyendo al final del dictador. Documentos desclasificados en Chile durante la era de Clinton, y durante la presidencia de Barack Obama a solicitud del gobierno de Michelle Bachelet, aportaron evidencia del papel de Pinochet en ordenar el asesinato de Orlando Letelier, y después orquestar un encubrimiento total del crimen, así como del papel de la DINA en el atentado con bomba.

En lo que debe considerarse como el “santo grial” de los documentos secretos del caso Letelier, la CIA informó, en una evaluación de inteligencia fechada el 1 de mayo de 1987, que tenía “evidencia convincente de que el presidente Pinochet en persona ordenó a su jefe de inteligencia llevar a cabo el asesinato” de Letelier. La evaluación añadía que Pinochet “decidió después levantar un muro de silencio en torno al caso para ocultar su participación… y proteger su permanencia en la presidencia”. “Creemos que Pinochet podría tratar de protegerse a cualquier costo”, concluyó la CIA, “posiblemente incluso eliminando a Contreras”, el único hombre que sabía que el dictador había ordenado el asesinato.

Según informó el secretario de Estado Schultz al presidente Reagan en un memorando secreto titulado: “Pinochet y los asesinatos Letelier-Moffitt: implicaciones para la política estadunidense”, las acciones de Pinochet fueron un “ejemplo patente de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo estatal”. Instó al entonces presidente a abandonar el apoyo estadunidense a Pinochet y a impulsar en forma decisiva un retorno al gobierno civil.

Restaurar la democracia en Chile era el objetivo primordial de Orlando Letelier; su búsqueda efectiva de ese objetivo le costó la vida, así como la de Moffitt. Como perpetrador principal de esas muertes, Pinochet nunca enfrentó a la justicia. Pero el hecho de que su papel en el atentado con bomba contribuyó a poner fin al apoyo estadunidense a su sanguinario régimen sugiere que se alcanzó una forma diferente de justicia: la justicia de la historia. Al final, Orlando Letelier y Ronni Moffitt no murieron en vano.

*Peter Kornbluh es autor de Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de EU sobre Chile. Un día en la vida/Prensa Catalonia

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