El huevo de la serpiente El legado de la política económica de la última dictadura
Por Mario Rapoport*
para Pagina 12
publicado el 29 de marzo de 2026
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se produce en un contexto mundial de ascenso de la globalización neoliberal y la crisis del keynesianismo. La dictadura militar que se instauró, y cuyos cincuenta años recordamos, fue uno de los momentos más lamentables de la historia argentina reciente. En el aspecto humano, por la cuantiosa pérdida de vidas que produjo el terrorismo de Estado; en el estratégico, por la puesta en práctica por parte de la Junta Militar de una política exterior que casi provoca una guerra con Chile y llevó al país a la guerra y posterior derrota en Malvinas; y, por último, en lo económico-social, iniciando un proceso de reconfiguración de la estructura productiva y de redistribución regresiva de los ingresos, continuado y profundizado con el retorno del régimen democrático, con variada intensidad, por los gobiernos de Menem, De la Rúa, Macri y Milei.
La matriz neoliberal, en tanto reestructuración de las relaciones sociales capitalistas, en nuestro país se impuso violentamente, abortando un paradigma societal previo donde el Estado, en tanto regulador y dirigente, establecía una particular relación con la economía y los grupos sociales (estratos ocupacionales, clases sociales y partidos políticos).
De modo que tanto la huella autoritaria del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, como su liberalismo económico y su ofensiva ideológica moldean, no sin resistencias, la sociedad argentina hasta nuestros días.
Su política económica tuvo desde un principio objetivos bien definidos. Martínez de Hoz, el ministro de Economía, ya había servido bajo gobiernos militares y pertenecía a una de las familias más tradicionales de la vieja oligarquía. Representaba, al mismo tiempo, a la elite liberal agroexportadora y a un poderoso lobby de corporaciones, local e internacional, cuya base de sustentación se hallaba en los generosos flujos de capitales especulativos que venían del norte en búsqueda de mayores ganancias, en el marco de la crisis económica de comienzos de los años ‘70 en los países más desarrollados.
Esto llevó a la adopción de una serie de políticas que fueron destruyendo las condiciones para un desarrollo económico estable y con mayor autonomía. El proyecto económico estaba orientado a generar nuevos mecanismos de regulación del tejido social, donde el mercado, ayudado por la represión, por la fuerte caída de los salarios reales y por el proceso de desindustrialización, pasaba a constituir su núcleo central.
El plan económico
En abril de 1976, en consonancia con el inicio del terror político y social, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, intentó aplicar sin éxito un ajuste drástico de la economía cuyo objetivo explícito era atacar de inmediato la inflación, que consideraba el principal problema del país. Algo que no se logró porque cuando la dictadura dejó el poder, en 1983, la inflación era del 343,8% y dio lugar a posteriores hiperinflaciones. Sin embargo, su política económica no tuvo fines estrictamente coyunturales. El Plan de Martínez de Hoz consistió en una serie de medidas de política económica cuyo propósito era generar cambios estructurales en la dinámica de la economía argentina y de sus bases sociales de sustentación.
Analizando diversos indicadores en todo el período, tales como el peso del sector financiero, la evolución del producto industrial, el grado de apertura de la economía, la sobrevaluación de la moneda y otras, puede observarse la magnitud de las transformaciones ocurridas, cuyos efectos en el tiempo culminaron en la crisis de 2001: en particular el enorme endeudamiento externo, la distribución regresiva de los ingresos, el aumento del desempleo y del trabajo precario y la destrucción del aparato productivo. Se puso fin, así, a 40 años de crecimiento del sector industrial, que avanzaba con dificultades pero mostrando un camino que había que seguir para que el país pudiera acceder al estatus de una nación desarrollada.
Desde el punto de vista cuantitativo, el PBI cayó 6,2% en 1981 y volvió a caer otro 6% en 1982 y en todo el periodo creció apenas un 2,3%. Los resultados para el sector industrial fueron profundamente negativos. Entre 1949 y 1974, el PBI había aumentado un 127% y su PBI industrial, un 232%. En cambio, entre 1974 y 1999, el PBI de Argentina creció un 55%, mientras que su PBI industrial solo un 10%.
La dictadura impuso una política de fuerte sesgo antiindustrialista, aunque el comportamiento de los diferentes sectores de la industria no fue homogéneo. Algunos se vieron mucho más afectados que otros, lo que mostraba que la desprotección y la falta de políticas de apoyo no eran parejas. Esos sectores fueron aquellos que se encontraban en una posición particularmente vulnerable frente a la competencia externa o eran muy sensibles a las variaciones de la demanda interna, como el sector textil, la producción de madera y muebles y las imprentas y editoriales.
El programa económico tuvo, además, un gran impacto de tipo cualitativo; ya que se modificó el balance de poder entre los diversos actores socio-económicos, así como el patrón de inserción productiva y comercial de la Argentina. De esta manera, se sentaron las bases para que en las décadas posteriores a la dictadura se profundizara con un modelo económico basado en la acumulación rentística-financiera, la apertura irrestricta de la economía y el disciplinamiento social.
Factores externos e internos
Diversos factores externos e internos confluyen para explicar las razones de estos cambios. En el contexto internacional, signado por una crisis en el patrón de acumulación del centro, comenzaron a predominar políticas aperturistas y liberales, contrarias al modo de regulación vigente desde la posguerra, al tiempo que crecían en forma exacerbada las prácticas especulativas en los mercados financieros, cada vez más internacionalizados.
En este marco, las grandes potencias, apoyadas por el FMI y el Banco Mundial, presionaron fuertemente a los países en desarrollo para que éstos se insertaran, a través del endeudamiento externo y nuevas prácticas económicas en los circuitos financieros y comerciales.
En el plano interno, la existencia de un alto grado de movilización popular y de estallidos sociales, junto a la aparición de organizaciones armadas desde la década del ‘60 motivaron en los principales responsables de la dictadura militar y de los sectores que los apoyaron que las proscripciones políticas ya no servían para neutralizar las alianzas populistas y sus presuntos peligros sobre el orden social establecido y, dado que esas alianzas se asentaban sobre el aparato productivo industrial, era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica.
Una nueva estructura económica
El proyecto económico estaba orientado a generar nuevos mecanismos de regulación del tejido social, donde el mercado, ayudado por la represión y por la fuerte caída de los salarios reales, pasaba a constituirse en el instrumento disciplinador de las relaciones sociales, especialmente de la fuerza de trabajo.
Las medidas de política económica más importantes implementadas durante el período fueron el congelamiento de los salarios, la liberación de los controles de precios y la devaluación del peso. Luego se produjo la desregulación de la inversión extranjera y, con el objetivo de desmantelar el aparato industrial, se procedió a unificar el tipo de cambio, a eliminar las regulaciones y subsidios a las exportaciones, y a reducir los aranceles a la importación, provocando una reducción promedio superior al 40% en el nivel de protección.
La apertura comercial, implementada de forma abrupta junto con numerosas medidas desregulatorias, produjo efectos disímiles. Por un lado, los sectores ligados al mercado interno o sometidos a la competencia externa sufrieron una caída pronunciada, mientras que el sector agropecuario y el de explotación de recursos naturales lograron una fuerte expansión.
En el plano de las exportaciones, aumentó considerablemente la cantidad pero al mismo tiempo se reprimarizaron de acuerdo al viejo esquema de ventajas comparativas ricardiano y como consecuencia de ello el saldo de la balanza comercial pasó a ser negativo al comienzo de los años ‘80.
El modelo aperturista implementado por la dictadura tuvo un profundo impacto sobre la población, no sólo a través de la caída del salario real que en 1981 fue un 38,1% menor que en 1975. Las personas de ingresos más altos vieron crecer sus entradas a costa de una reducción en los ingresos de los estratos medios y bajos. En 1974 el percentil de ingresos bajos tenía el 11,4% del total, el de ingresos medios el 60,6% y el de ingresos altos, el 28,1%. En 1981, las proporciones eran respectivamente del 10,5%, el 54,5% y el 35,1%.
La participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo del 45% al 27% entre 1974 y 1983. La política económica afectó la capacidad de consumo de los trabajadores y dio lugar a un fenómeno que tendría continuidad: la pauperización de vastas franjas de la clase trabajadora y sectores medios.
Reforma financiera
La reforma financiera, llevada adelante en 1977 y vigente hasta nuestro presente, fue un elemento central del nuevo plan económico. A través de la misma, se colocaba al sector financiero en un lugar privilegiado dentro del circuito de acumulación, tanto en términos de absorción como de asignación de recursos.
El sistema financiero argentino previo a la reforma se caracterizaba por un muy alto nivel de intervención estatal, orientada a la distribución de recursos de acuerdo a los planes de industrialización vigentes, generalmente a tasas de interés reales negativas -es decir, subsidiadas-.
La reforma apuntaba a la desregulación de los principales mercados internos y a una creciente vinculación con el exterior, privilegiando al sector privado y a los mecanismos de mercado. Tuvo así, un papel determinante sobre el conjunto de la economía, puesto que la liberalización de fondos y de tasas de interés modificó drásticamente las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores económicos, afectando negativamente a las actividades productivas y a los trabajadores e incentivando la valorización especulativa.
En este nuevo esquema financiero, la apertura a flujos de capitales del exterior cumplió un rol decisivo. En el marco de libre fijación de tasas de interés, la tasa interna quedaba determinada por la tasa de interés internacional más una prima por la devaluación esperada fijada por la llamada “tablita cambiaria”, que actuaba como sobretasa de riesgo. Ante el retraso cambiario y la expectativa de una modificación en el esquema devaluatorio, grandes sectores del capital concentrado especulaban en el mercado financiero, tomando préstamos en el exterior y colocándolos en el sistema financiero local a tasas considerablemente mayores.
De esta manera, la reforma financiera dio lugar a actividades especulativas altamente lucrativas, cuya contrapartida era el desfinanciamiento de los sectores productivos. En esas circunstancias los países subdesarrollados, y principalmente América Latina, comenzaron a jugar un rol importante como tomadores de crédito para financiar sus déficits externos.
Lo más destacable del caso argentino, en contraste con otros países como Brasil, es que los créditos recibidos no estuvieron orientados a subsanar las necesidades del sector industrial, en el marco de la creciente apertura comercial y de condiciones desfavorables para las ramas de bienes transables locales.
Otro aspecto importante de la política económica de este período, cuyas consecuencias no hicieron más que acentuarse en las décadas posteriores, fue el aumento desmedido de la deuda externa, que pasó de 8 mil millones de dólares en 1976 a 45 mil millones en 1983.
Ataque a la “densidad nacional”
El proceso abierto con el golpe de Estado del ’76 fue, en perspectiva histórica, el ataque más frontal y masivo contra todas las dimensiones de la “densidad nacional” que, para Aldo Ferrer, era “el conjunto de circunstancias que determinan la aptitud de una sociedad de defender con eficacia sus intereses nacionales”.
En suma, con la dictadura se produce un momento de corte que cambia el patrón de acumulación de capitales, provocando una doble derrota. Política, por la aniquilación de varias generaciones de dirigentes y militantes; y cultural, porque se anulan deliberadamente los valores del pasado productivista e intelectual que movían al país.
La democracia liberal-representativa inaugurada en 1983 juzgó al “partido militar”, en tanto brazo ejecutor del terrorismo de Estado, excluyendo la responsabilidad civil perteneciente al bloque de clases dominante beneficiado, y sin problematizar seriamente el modelo económico heredado. Su continuidad en las gestiones de Menem, De la Rúa, Macri y Milei, se presenta -hasta el momento- como un límite insuperable.
En la política de ultraderecha actual la principal diferencia con la dictadura militar es que el poder del Estado no se mantiene sólo con políticas represivas sino a través de la legitimación del voto.
Lo que el régimen militar no consiguió mediante la fuerza bruta directa, Milei y sus predecesores posdictadura lo pudieron implementar en un régimen democrático cada vez más asediado por el autoritarismo político y grupos económicos que llevan adelante un juego alejado de los intereses de las grandes mayorías. El gobierno, a través de una baja de inflación ficticia, el disciplinamiento vía represión de la protesta social y la subordinación al poder imperial logró profundizar un plan económico que, en lo esencial, es similar por sus propósitos y efectos al de la última dictadura militar. Milei es producto de la crisis actual y no su salida.
*Mario Rapoport es Profesor Emérito (UBA). Con la colaboración de Yair Arce (IDAES-UNSAM).