Felipe Vallese y Juan Ingallinella
Por Roberto Bardini
Felipe Vallese, primer desaparecido político peronista
Bajo el título Como en Chicago, el diario El Mundo publicó el 25 de agosto de 1962 lo que sigue:
Rarísimo suceso en Flores Norte, que la policía dice ignorar. Frente al 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días, había autos "sospechosos" en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número; un Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez. Y un Fiat 1100 color claro, en Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres. Y otros, en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil de Donato Álvarez hizo guiños con los focos, señalando el avance del "hombre". Le respondieron, y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró con manos y uñas al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas...
La información dice que varios vecinos, alarmados por los gritos, se acercaron al lugar. Un hombre armado con una pistola 45 los amenazó: Esto no es para ustedes. Píquenselas si no quieren ligarla . Se tuvieron que ir, pero avisaron a la policía. Al día siguiente, el reportero de El Mundo preguntó en la comisaría 50. Es la primera noticia que tenemos , le dijeron.
El secuestrado se llamaba Felipe Vallese, tenía 22 anos y trabajaba como obrero metalúrgico. Era peronista. Es el primer desaparecido político de Argentina.
Alumno, obrero y militante
Felipe nació el 14 de abril de 1940 en el barrio de Flores. Su padre, Luis Vallese, un inmigrante italiano, era dueño de una verdulería y había sido afiliado al MPE (Movimiento Peronista de los Extranjeros). El joven vivió una infancia dolorosa. Cuando aún era pequeño, su madre fue internada en una institución para enfermos mentales. El padre no se pudo hacer cargo de su educación y lo internó desde los nueve hasta los 13 años en una especie de orfanato en Mercedes, provincia de Corrientes. De regreso a Buenos Aires, Felipe y su hermano Ítalo ayudan a don Luis en el negocio. En un momento difícil de la situación económica familiar, el muchacho regresa a Corrientes y trabaja en las cosechas de algodón y lino.
En 1957, Felipe asiste a una escuela secundaria nocturna y se gana la vida como operador de máquinas en TEA (Transfilación y Esmaltación de Alambres) Al año siguiente, lo eligen delegado sindical. Tiene 18 años. En febrero del año 1958 desobedece, como varios otros compañeros, la orden de Perón de elegir a Arturo Frondizi para presidente y vota en blanco. Ese año participa de las movilizaciones estudiantiles en favor de la enseñanza laica y termina expulsado del colegio. También ese año va preso a la cárcel de Caseros, por organizar un paro. Vuelve a ser arrestado en enero 1959, por respaldar la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, en el barrio de Mataderos. Lo envían a un buque-cárcel de la marina junto con dirigentes más veteranos, como Sebastián Borro y Armando Cabo.
En abril de 1959, representantes de diversas agrupaciones juveniles peronistas realizan una asamblea general en el Sindicato de Empleados de Farmacia, cedido por Jorge Di Pascuale, el joven conductor del gremio, de 27 años. Del encuentro surge la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Tito Bevilacqua, Tuli Ferrari y Felipe Vallese.
Cambio de guardia
A mediados de marzo de 1962, la Resistencia Peronista realiza atentados contra objetivos económicos en el interior del país, entre ellos el incendio de tanques de petróleo de la Shell en Córdoba. El gobierno de Arturo Frondizi aplica con intensidad el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes). Más de 3 mil 500 personas son detenidas; en su mayoría, peronistas que han contribuido con sus votos al triunfo del presidente que ahora los persigue y encarcela.
Un solo abogado presenta dos mil quinientos habeas corpus : su nombre es Fernando Torres y está vinculado desde 1954 a la Unión Obrera Metalúrgica. Entre los jóvenes militantes apresados y condenados a prisión, se encuentran Dardo Cabo, Carlos Alberto Burgos, Gustavo Rearte, Tuli Ferrari, Héctor Spina, Jorge Rulli, Envar el Kadri y Felipe Vallese. Casi todos ellos, con el paso de los anos, se convertirán en figuras históricas de la Juventud Peronista, asociados a su etapa más combativa.
El constante uso de picanas eléctricas eleva el consumo de electricidad en las comisarías y los cuarteles. El diputado socialista Alfredo Palacios, a pesar de haber sido opositor a Perón, denuncia en el Congreso: Hoy también se tortura en el estado de derecho .
El 27 de marzo de 1962 los militares destituyen a Frondizi y lo mandan preso a la isla de Martín García. Dos días después colocan en la Casa Rosada al presidente del Senado, José María Guido, un oscuro legislador por Río Negro.
En la mira
Ítalo Vallese, hermano de Felipe, relata que el muchacho y otros militantes juveniles que se reunían en el Sindicato del Calzado, en la calle Yatay, eran vigilados por la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), poco conocida en aquellos años. Más se conocía a la Coordinación Federal, organismo político represor de la Policía Federal, que aplicaba como método de tortura contra los militantes peronistas la conocida "parrilla", que consistía en acostar a los companeros en los elásticos de hierro de las camas de aquellos años, mojarlos y aplicarles la picana eléctrica.
El hermano hace la siguiente narración: El 23 de agosto de 1962, siendo aproximadamente las 23:00, Felipe sale de su casa. En Morelos y Canalejas (hoy Felipe Vallese) se despide de su hermano mayor, Ítalo. Se dirige por Canalejas hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra a un árbol, tratando de aferrarse a la vida, como presintiendo que esta vez puede ser la última, como ya se lo habían advertido en otras oportunidades y pide ayuda. Para que se suelte, lo golpean. Logran reducirlo y lo introducen en una estanciera. Simultáneamente, en Plaza Irlanda, a pocas cuadras, otro grupo levanta a su hermano. Son trasladados a la comisaría primera de San Martín (provincia de Buenos Aires) y en días posteriores van siendo detenidos otros compañeros, compañeras y amigos de Felipe. En esta seccional son torturados y vejados. El 3 de septiembre recién se los "blanquea", bajo los cargos que Felipe poseía panfletos, libros y propaganda peronista. El caso toma estado público por la desaparición de estas personas. Dos jueces toman el caso, declaran falsas las acusaciones y después de tres meses de estar detenidos, torturados y humillados, son dejados en libertad. Pero Felipe Vallese no está entre ellos. Las informaciones que han podido anudarse permiten senalar que fue trasladado a un destacamento de José Ingenieros y luego a la comisaría de Villa Lynch. Es allí donde se pierde su existencia y se lo considera desaparecido. Se supone que murió en una de las sesiones de tortura .
Me han reventado
Un hombre es torturado; sucumbe, o lo rematan, o se suicida; se escamotea su cadáver: no hay cadáver, por consiguiente no hay crimen. A veces un padre, una esposa, pregunta; se le responde: desaparecido, y el silencio vuelve a cerrarse.
La frase pertenece a la escritora francesa Simone de Beauvoir y aparece al comienzo del libro Felipe Vallese - Proceso al sistema , patrocinado por la Unión Obrera Metalúrgica y publicado en agosto de 1965. Los autores fueron los abogados Rodolfo Ortega Pena y Eduardo Luis Duhalde, quienes contaron con la colaboración de Fernando Torres, asesor legal de la UOM.
El libro explica que el 7 de julio de 1962, poco más de un mes antes del secuestro, dos sargentos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fueron muertos en un tiroteo en un taller de baterías para coches. La policía señala como autor de las muertes a Alberto Rearte, de la Juventud Peronista. Lo buscan, y como saben que Vallese es su amigo también se dirigen a él.
Felipe está allí, en la primera de San Martín, en la que ha sido introducido por los fondos. Se queja de que "lo han reventado". Mercedes [Cerviño, otra detenida] le grita que siga hablando. Pero poco después, ante el silencio, comprende que Felipe se ha desmayado. Al rato, la policía se lo lleva del calabozo, al que ya no vuelve.
Tres precursores de los anos de plomo
El principal sospechoso de la muerte de Vallese es el oficial sub-inspector Juan Fiorillo, jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional San Martín, que entonces tenía 31 anos. Él dirige el secuestro y las sesiones de tortura. Fiorillo tiene un hermano, oficial de Gendarmería, quien hace circular la versión de que Felipe es comunista y se ha fugado a Cuba . Uno y otro tendrán varios discípulos en las décadas del 70 y el 80.
El policía reaparece en 1974 como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es lugarteniente del general Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires. No pierde la costumbre: dirige el Comando de Operaciones Tácticas (COT) y tiene una oficina en la comisaría quinta, de La Plata, por donde pasan cientos de detenidos políticos. Con el apodo de Tano y Saracho es corresponsable del campo de concentración clandestino Omega, en la Capital Federal.
Fiorillo se retiró voluntariamente el 2 de diciembre de 1983 con el grado de comisario mayor, luego de ser jefe del Estado Mayor de la Policía. Era dueño de la agencia de vigilancia privada JF, en Vicente López, que fue clausurada en 2002 por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.
Mientras la familia y los amigos buscan a Felipe, el ministerio del Interior informa a los medios de comunicación que el sumario administrativo arribó a la conclusión de que Vallese no estuvo nunca detenido en San Martín ni en ninguna otra dependencia subordinada a la jefatura de La Plata . El subsecretario del Interior es un abogado católico de 30 anos, que mucho tiempo después publicará varios libros, entre ellos Los pensadores de la libertad (1986) y Bajo el imperio de las ideas morales (1987). Se llama Mariano Grondona.
Réquiem por Juan Ingallinella*
Hace unos días, se publicó en este espacio mi artículo Vallese, el primer desaparecido. Debo retractarme: el título correcto debió ser Vallese, el primer desaparecido político peronista. Porque antes hubo otro, de distinta filiación: el médico rosarino Juan Ingallinella, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe.
El 17 de junio de 1955, Ingallinella fue detenido, torturado y asesinado por policías de civil. Su cadáver nunca fue hallado.
Lo paradójico es que el médico y sus camaradas santafecinos se opusieron -al menos a través de un manifiesto- al sangriento golpe militar que el día antes había intentado derrocar al presidente Juan Domingo Perón.
Quién fue Ingallinella
Nacido en 1912 e hijo de inmigrantes sicilianos, vivía y atendía a sus pacientes en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada. En el consultorio exhibía un cuadro con la foto de Lenin. Su esposa, Rosa Trumper, era maestra. Quienes lo conocieron, lo describen como una persona muy querida en el barrio.
Testimonios recogidos en la prensa de Rosario cuando se cumplieron 50 años de su desaparición, narran que no les cobraba a los pobres y les suministraba muestras gratis cuando no tenían para comprar medicinas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. Hay que reconocer que hoy no existen muchos médicos con estas características.
Además, Ingallinella era un militante que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad. En los últimos diez años de su vida fue el huésped más frecuente de la Jefatura de Policía en Rosario.
En 1943, el golpe militar que derrocó al presidente Ramón Castillo declaró ilegal al Partido Comunista. A principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, Francisco Lozón y Santos Barrera.
El comisario Monzón era jefe de Orden Social y Político. Barrera era el subjefe. El comisario Lozón dirigía Leyes Especiales. En abril descubrieron al médico y lo encarcelaron. El matrimonio Ingallinella festejó en una celda el primer cumpleaños de su hija Ana María.
En las elecciones de abril de 1954, el doctor fue candidato a diputado nacional por el Partido Comunista, cuya dirección provincial integraba al momento de su desaparición.
Los hechos
El 16 de junio de 1955, un golpe militar intentó derrocar a Perón. Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Casa Rosada y a civiles reunidos en la Plaza de Mayo. La masacre dejó 300 muertos y más de 2 mil heridos y mutilados.
Ese mismo día, en Rosario, el Partido Comunista distribuyó un volante titulado Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista. Era una breve declaración contra el complot antiperonista.
Sin embargo, el entonces jefe de policía de Rosario, Emilio Gazcón, ordenó detenciones masivas de comunistas. Los primeros en caer fueron los hermanos Víctor Hugo y Miguel Angel Riskin, a quienes el subcomisario Barrera y un grupo de agentes les secuestraron panfletos en los que se instaba al pueblo a mantenerse contra los golpes de estado, según el informe posterior.
El 17 de junio, Ingallinella repartió volantes cerca del Frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario. Por la tarde, tres policías al mando del oficial Telémaco Ojeda llegaron a pie a su casa y lo detuvieron junto con su cuñado, Joaquín Trumper.
Se fueron a la jefatura en el tranvía 18 y cada uno pagó su boleto de diez centavos. Una vez allí, mientras esperaban el ascensor -relató Trumper cinco décadas después- pasó un policía y dijo: Hola Inga, hace mucho que no viene por aquí.
El médico siempre era de los primeros en ser buscados.
Poco después, todo cambió. Ingallinella fue brutalmente torturado con picana eléctrica por el comisario Francisco Lozón y otros policías, hasta que murió de un paro cardíaco. Tenía 43 años.
Los epílogos
El 18 de junio de 1955, todos los detenidos quedaron en libertad y Lozón falsificó la firma del médico en el registro de salida. Después, exhibió ante sus cómplices una carta escrita a máquina por el propio jefe de policía, comisario Emilio Gazcón, como si hubiera sido dirigida por Ingallinella a su esposa. El falso mensaje a Rosa Trumper anunciaba que se iba del país. Para darle más credibilidad, Lozón dijo que él mismo la iba a enviar desde Entre Ríos.
El 3 de agosto de 1955, la justicia de Santa Fe intervino en la investigación del asesinato de Ingallinella y el 9 de septiembre inició el proceso a los policías. Uno de ellos, Rogelio Tixe, rompió el habitual pacto de silencio y reveló los detalles del caso. Un grupo de expertos en calígrafía determinó que la firma del médico había sido falsificada. Los acusados dijeron que el cadáver había sido arrojado al río Paraná, mientras que la defensa planteaba que no existía prueba del crimen porque no se había encontrado el cuerpo de la víctima.
El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo rechazó la hipótesis de homicidio sin intención que esgrimía la defensa. Sostuvo que la muerte de Ingallinella pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura. Lozón, Monzón, Tixe y Barrera fueron condenados a prisión perpetua y Serrano a dos años de prisión. El magistrado le impuso al jefe de policía Gazcón una multa y la inhabilitación por un año.
La defensa apeló y el caso volvió a ser debatido el 19 de diciembre de 1963, ante los jueces Carlos Carré, Luis Laporte y Jorge Tellería.
En su edición del 12 de junio de 2005, el diario La Capital, de Rosario, publicó un artículo de Osvaldo Aguirre con el epílogo: En opinión de estos jueces, el asesinato de Ingallinella debía ser encuadrado como homicidio simple, ya que los policías no se habían propuesto matar a la víctima, escribe el periodista.
Aguirre, que es redactor de la sección policiales y editor del suplemento de cultura, apunta que la defensa de los policías insistió en que no podemos suponer (que la picana eléctrica) fuera normalmente peligrosa desde que ninguna de las otras víctimas sufrió consecuencias graves. Más bien debe pensarse en una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella para explicar la diferencia de resultado. El periodista comenta que este argumento es algo que se parecía a responsabilizar a la víctima de lo sucedido.
Los jueces rebajaron las penas a todos los condenados a prisión perpetua: 20 años, en el caso de Lozón, y 15 años para los otros policías. Aún así, señala Aguirre, el crimen no quedó sin castigo.
Dos epílogos adicionales: Ana María Ingallinella, tenía 12 años cuando secuestraron a su padre. Hoy es ingeniera sanitaria, directora del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.
Telémaco Ojeda, el oficial que detuvo al médico, con el paso de los años llegó a ser comisario inspector y subjefe de la Policía Provincial de Santa Fe. Antes, había ganado fama de mano dura como jefe de Robos y Hurtos. El 23 de marzo de 1975 fue acribillado a tiros por un comando de Montoneros en Campana, mientras guardaba el coche en un garage cercano a su casa.