Los falsificadores y Ayotzinapa
Pedro Salmerón Sanginés
Los falsificadores de la historia no pretenden desmitificarla, sino construir una historia al servicio de los gobiernos neoliberales. Su contra, la historia oficial, es en realidad una ofensiva contra la historia crítica que enarbolan los movimientos sociales que demandan democracia, libertad y justicia. Los falsificadores tienen una bien publicitada y financiada plataforma en las redes sociales: la página Mitófago y sus enlaces, en la que repiten, de manera gráfica y simplificada, todas las mentiras y groserías comunes a los falsificadores. Su posición sobre la tragedia de los 43 muchachos de Ayotzinapa demuestra a quién sirven los falsos desmitificadores.
La página no da información sobre sus responsables, consejo editorial ni nada semejante, pero algunas de las notas llevan firma (aunque los buscadores de Internet tampoco arrojan mayor información sobre esos nombres). Tres autores trataron el tema:
El 12 de noviembre, Arturo Herrera escribió: “El crimen perpetuado en Iguala fue provocado principalmente por un sector de la izquierda que los mismos normalistas apoyaban; sin embargo, otra izquierda se niega a asumir esto y lo usa como bandera para poder gritar ‘fuera Peña’”. Y por supuesto, se suma a la posición que haría famosa semanas después el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón: Es natural y compresible que los padres de los normalistas no puedan aceptar esta noticia, la negación ante el dolor tan grande de perder un hijo. Pero es nefasto y cruel el usar ese dolor y clamar la misma frase una y otra vez con fines meramente políticos.
El artículo de Adolfo Santino, del 1 de diciembre, es claro desde el título (Hartos, pero de Ayotzinapa): ¿Qué les pasó a los muchachos? Fueron a Iguala a sabotear el informe de la presidenta del DIF, porque ella y su esposo, el alcalde, eran operadores del cártel Guerreros Unidos y los normalistas de Ayotzinapa “eran operadores o al menos tenían intereses ocultos en favor de Los Rojos” (el cártel rival) y fueron enviados a impedir el arranque de la campaña de la presidenta del DIF hacia la alcaldía. El alcalde ordenó a sus policías detenerlos y entregarlos a los Guerreros Unidos, y ya podemos imaginar lo que hicieron. (Asegura Santino que la PGR tiene pruebas de la vinculación de los normalistas con Los Rojos. Sería espléndido que nos dijera cómo se enteró o que las mostrara.) Eso fue lo que realmente ocurrió. Es comprensible la indignación, pero ¿de qué protestan, por qué exigen justicia si ya se hizo justicia? Este es el tema central de éste y otros artículos de Mitófago, sin fuentes ni responsabilidad ninguna.
Los estudiantes no merecían lo que les ocurrió (ni siquiera en el supuesto probado de los secuestros de los camiones ni en la hipótesis casi certera de que eran ramificaciones de una célula criminal) y la sociedad no puede ver tranquilamente que haya impunidad ante la desaparición de unos estudiantes. Pero ya se hizo justicia: están presos 74 de los implicados en el crimen, así como los primerísimos responsables y autores intelectuales del hecho, el señor Abarca y la señora Pineda. No hay pues impunidad en este caso: se hizo justicia mediante una investigación ejemplar (no profundicemos en la criminalización de las víctimas).
La falsa exigencia de justicia no tiene otro propósito que desestabilizar al país y exigir la renuncia de un presidente que “es el primer interesado en que se resuelva aplicando las leyes y haciendo justicia, cosa… que se ha hecho”. Por ello “no nos resta más que decir: ‘¡Que descansen en paz los normalistas y sigamos adelante como país…!’ (o sea, ya supérenlo). Quince días después, el mismo señor Santino nos explicó quién está detrás de la manipulación de Ayotzinapa: Andrés Manuel López Obrador, único beneficiario de la desestabilización.
El 21 de noviembre, Eddie Chávez externó su asombro porque la víspera se quemara una efigie de Enrique Peña Nieto, quien nada tiene que ver con el crimen y cuyo gobierno ha realizado una investigación ejemplar. El 8 de diciembre nos recordó que el procurador Jesús Murillo Karam dijo ya me cansé en “una conferencia donde presentó de manera cabal la secuencia de los hechos (…) se presentó a los culpables y hoy confirmado, el paradero de los 43 estudiantes”. Pero en lugar de aplaudir la investigación muy profunda y eficiente y la rápida detención de los culpables, un sector de la sociedad hizo del desafortunado desliz verbal el pretexto para continuar con los ataques al gobierno y a la sociedad, en un movimiento que sólo ha causado daños y pérdidas, que el autor (como los otros, sin aportar fuentes) contabiliza.
¿Queda claro a quién sirve la falsificación de nuestra historia?
***************
Parte II [x]
Los falsificadores de la historia están al servicio del poder. Lo mostramos hace un año, cuando respaldaron unánimemente la reforma energética de EPN y su mentira histórica volvimos a hacerlo el 30 de diciembre en este espacio, cuando Mitófago hizo suya en todas sus partes la versión oficial de la tragedia de Aytotzinapa (presentada por Murillo Karam el 7 de noviembre); y fue más allá incluso, al calumniar a los normalistas. Ya supérenlo, dicen, como Peña Nieto. No manipulen el hecho, piden, como el secretario de Marina.
La plana mayor de los falsificadores recorre la misma senda: el 8 de octubre en un programa de radio Macario Schettino aseguró que en las normales rurales nada bueno se enseña y agregó que no fue una matanza originada por la barbarie del Estado, sino por la ausencia de Estado de la que fue responsable Ángel Aguirre… y nadie más. Sería terrible –dice– vincular al gobierno federal con los hechos. El 20 de octubre, en El Financiero, reitera la idea y concluye con un adjetivo que lo pinta:
“Hay regiones enteras en México en las que no hay Estado […] Es un problema derivado del viejo régimen y del proceso de transformación de las últimas décadas. Hay quien confunde y habla de represión o rebelión, e incluso hay quien promueve mezclar otras dinámicas sociales. Antes inventaron no más sangre, ahora demando tu renuncia. Suelen sentirse moralmente superiores. Basura”.
Más mesurado, Armando Fuentes Aguirre, Catón, el mismo 20 de octubre, pidió que se hiciera justicia (lo que para él significaba la aprehensión del alcalde de Iguala y su jefe de seguridad). Mientras no ocurra, continuarán “los desmanes que cometan quienes protestan contra las desapariciones y masacres, pues la falta de aplicación recta de la ley da origen a la instauración de la anarquía […] un peligroso germen de agitación social seguirá vivo”. Parece preocuparle mucho más la gente que en la calle exige justicia, que el mismo crimen.
Luis Pazos va más allá: con idéntica ligereza con la que acusó a los líderes del movimiento de 1968 de provocar la masacre del 2 de octubre (nos ocupamos del tema), ahora adjudica a los propios normalistas la responsabilidad del crimen: “Es indispensable investigar por qué los líderes radicales de esa institución, teóricamente educativa, decidieron secuestrar camiones y enviar en la tarde noche del 26 de septiembre a un grupo de jóvenes hacia un municipio a 260 kilómetros de distancia y tres horas y media en camión […] La interrogante es por qué el comité directivo de esa normal mandó a los estudiantes al matadero”. Y es que, dice:
“Mientras no den una explicación creíble y fundamentada de para qué enviaron a Iguala a esos jóvenes en camiones secuestrados, sabiendo el peligro que corrían, que culminó con su muerte, cabe la hipótesis que fue para darle vida a su movimiento radical, para hacerlos útiles después de muertos”.
Sin embargo, es uno de esos ex dirigentes de 68 acusados de asesinos por Luis Pazos, el que presenta las mejores perlas del pensamiento de los falsificadores de la historia. Este antiguo militante, que hace décadas ya está al servicio del poder y que es uno de los iniciadores de la desmitificación de la historia llena de hiel, ha dedicado varios artículos al tema (en un periódico que es, también, vocero del régimen priísta). En el primero (10/11/14) respalda la versión de Murillo Karam, dice que se ha hecho justicia y calumnia a los normalistas, sugiriendo que varios de ellos pertenecían al cártel Los Rojos (no pediré pruebas, porque se cura en salud añadiendo no se ha confirmado ese dato).
El primero de diciembre insistió: nuestro buen gobierno ha resuelto el caso, salvo por el primer eslabón, el de los dirigentes estudiantiles… (mismo argumento que el de Luis Pazos, repetido por otros articulistas). Y a partir de ahí y de la denuncia de los crímenes violentos cometidos por los normalistas, sus especulaciones crecen: uno de los camiones secuestrados iba a Reynosa, “¿llevaba opio oculto, enviado por Guerreros Unidos, y no lo supieron los normalistas? Para ese cártel, ¿fue evidente que a robar opio habían ido los normalistas y de ahí la orden de matarlos?”, (puesto que para él, varios normalistas eran narcotraficantes). El gobierno ha hecho justicia, pero faltan los dirigentes que enviaron a los estudiantes al matadero; pero si los encarcelaran vendría el clamor: ¡Peña Nieto criminaliza a las víctimas! Los aullidos llegan hasta la Patagonia. Para hacer justicia, nuestro excelente gobierno debe afrontar el diluvio de quejicas y los aullidos de La Llorona día y noche.
¿Queda claro a quién sirven y qué intereses defienden los falsificadores de nuestra historia?
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Parte II [x]
Los falsificadores de la historia están al servicio del poder. Lo mostramos hace un año, cuando respaldaron unánimemente la reforma energética de EPN y su mentira histórica volvimos a hacerlo el 30 de diciembre en este espacio, cuando Mitófago hizo suya en todas sus partes la versión oficial de la tragedia de Aytotzinapa (presentada por Murillo Karam el 7 de noviembre); y fue más allá incluso, al calumniar a los normalistas. Ya supérenlo, dicen, como Peña Nieto. No manipulen el hecho, piden, como el secretario de Marina.
La plana mayor de los falsificadores recorre la misma senda: el 8 de octubre en un programa de radio Macario Schettino aseguró que en las normales rurales nada bueno se enseña y agregó que no fue una matanza originada por la barbarie del Estado, sino por la ausencia de Estado de la que fue responsable Ángel Aguirre… y nadie más. Sería terrible –dice– vincular al gobierno federal con los hechos. El 20 de octubre, en El Financiero, reitera la idea y concluye con un adjetivo que lo pinta:
“Hay regiones enteras en México en las que no hay Estado […] Es un problema derivado del viejo régimen y del proceso de transformación de las últimas décadas. Hay quien confunde y habla de represión o rebelión, e incluso hay quien promueve mezclar otras dinámicas sociales. Antes inventaron no más sangre, ahora demando tu renuncia. Suelen sentirse moralmente superiores. Basura”.
Más mesurado, Armando Fuentes Aguirre, Catón, el mismo 20 de octubre, pidió que se hiciera justicia (lo que para él significaba la aprehensión del alcalde de Iguala y su jefe de seguridad). Mientras no ocurra, continuarán “los desmanes que cometan quienes protestan contra las desapariciones y masacres, pues la falta de aplicación recta de la ley da origen a la instauración de la anarquía […] un peligroso germen de agitación social seguirá vivo”. Parece preocuparle mucho más la gente que en la calle exige justicia, que el mismo crimen.
Luis Pazos va más allá: con idéntica ligereza con la que acusó a los líderes del movimiento de 1968 de provocar la masacre del 2 de octubre (nos ocupamos del tema), ahora adjudica a los propios normalistas la responsabilidad del crimen: “Es indispensable investigar por qué los líderes radicales de esa institución, teóricamente educativa, decidieron secuestrar camiones y enviar en la tarde noche del 26 de septiembre a un grupo de jóvenes hacia un municipio a 260 kilómetros de distancia y tres horas y media en camión […] La interrogante es por qué el comité directivo de esa normal mandó a los estudiantes al matadero”. Y es que, dice:
“Mientras no den una explicación creíble y fundamentada de para qué enviaron a Iguala a esos jóvenes en camiones secuestrados, sabiendo el peligro que corrían, que culminó con su muerte, cabe la hipótesis que fue para darle vida a su movimiento radical, para hacerlos útiles después de muertos”.
Sin embargo, es uno de esos ex dirigentes de 68 acusados de asesinos por Luis Pazos, el que presenta las mejores perlas del pensamiento de los falsificadores de la historia. Este antiguo militante, que hace décadas ya está al servicio del poder y que es uno de los iniciadores de la desmitificación de la historia llena de hiel, ha dedicado varios artículos al tema (en un periódico que es, también, vocero del régimen priísta). En el primero (10/11/14) respalda la versión de Murillo Karam, dice que se ha hecho justicia y calumnia a los normalistas, sugiriendo que varios de ellos pertenecían al cártel Los Rojos (no pediré pruebas, porque se cura en salud añadiendo no se ha confirmado ese dato).
El primero de diciembre insistió: nuestro buen gobierno ha resuelto el caso, salvo por el primer eslabón, el de los dirigentes estudiantiles… (mismo argumento que el de Luis Pazos, repetido por otros articulistas). Y a partir de ahí y de la denuncia de los crímenes violentos cometidos por los normalistas, sus especulaciones crecen: uno de los camiones secuestrados iba a Reynosa, “¿llevaba opio oculto, enviado por Guerreros Unidos, y no lo supieron los normalistas? Para ese cártel, ¿fue evidente que a robar opio habían ido los normalistas y de ahí la orden de matarlos?”, (puesto que para él, varios normalistas eran narcotraficantes). El gobierno ha hecho justicia, pero faltan los dirigentes que enviaron a los estudiantes al matadero; pero si los encarcelaran vendría el clamor: ¡Peña Nieto criminaliza a las víctimas! Los aullidos llegan hasta la Patagonia. Para hacer justicia, nuestro excelente gobierno debe afrontar el diluvio de quejicas y los aullidos de La Llorona día y noche.
¿Queda claro a quién sirven y qué intereses defienden los falsificadores de nuestra historia?