miércoles, 8 de agosto de 2018

Jorge Zorreguieta ante la justicia. Anteojeras de papá

Por Pagina 12
Publicdo el 7 de enero de 2001

El padre de Máxima, futura reina de Holanda, declaró en el Juicio por la Verdad de La Plata por su pasado como secretario de Agricultura de Videla. Fue señalado por la madre de una desaparecida.
El padre de Máxima Zorreguieta ante el tribunal platense:

“Sabía que había acciones (sic). Por los diarios me enteraba”, dijo.
 Mientras su hija prepara el ajuar para la boda con el príncipe heredero de la corona de Holanda, Jorge Zorreguieta se presentó ayer en el Juicio por la Verdad de La Plata. Lejos del glamour que rodea a Máxima, el ex subsecretario de Agricultura de la Nación fue interpelado a la salida del tribunal por miembros de organismos de derechos humanos que le gritaron “cómplice” y “fascista”. El ex funcionario de la dictadura fue citado por la Cámara porque la semana pasada la madre de la desaparecida Lidia Amigo aseguró que le pidió ayuda y que el hombre “no hizo nada, en absoluto”. “Yo estaba en otra cosa, en manejar la agricultura pampeana, no en la cuestión de la seguridad”, dijo Zorreguieta, quien durante la audiencia trató de no apartarse de las palabras que había dirigido al Parlamento holandés antes del compromiso entre Máxima y Guillermo Alejandro.
El miércoles pasado Matilde Leston se presentó ante el tribunal que investiga el destino de los desaparecidos de La Plata y alrededores para narrar el caso de su hija, Lidia Inés Amigo, que fue secuestrada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata el 21 de diciembre de 1976. El padre de Lidia, Alberto Amigo, había ocupado el cargo de subsecretario de Agricultura hasta el golpe de Estado y acudió a su “sucesor” en busca de ayuda. “Yo recuerdo que nada más dijo que a su hija se la habían llevado detenida o algo así”, expresó el padre de la futura reina de Holanda ante los jueces de la Cámara platense. 
“Sabía que había acciones (sic). Por los diarios me enteraba de lo que ocurría en ambos bandos”, manifestó Zorreguieta cuando le preguntaron si tenía conocimiento de las características que tenía la represión durante la última dictadura. El hombre, como lo dijo en su mensaje escrito al pueblo holandés, afirmó que se enteró de las desapariciones recién cuando se realizó el juicio a las Juntas. Pero definió el plan sistemático llevado a cabo por la última dictadura –de acuerdo al fallo de la Cámara Federal que juzgó a los Comandantes– como realizado por “grupos militares independientes”. 
La carta del ex funcionario fue necesaria para que el gobierno holandés no pusiera reparos en la realización de la boda real de Máxima. El martes el Parlamento aprobó con amplia mayoría el casamiento del príncipe Guillermo Alejandro con la joven argentina. La ceremonia se realizará el 2 de febrero del año próximo, pero según el acuerdo al que se llegó con el gobierno holandés, el padre de la novia no estará presente. Pese al polémico pasado de Zorreguieta, de un total de 275 parlamentarios sólo 15 se pronunciaron en contra del casamiento del príncipe holandés con la hija del ex funcionario de la dictadura. La reina Beatriz había pasado una situación parecida a la de su hijo ya que su marido había sido un oficial nazi. 
En una audiencia que fue seguida con interés por varios medios extranjeros, Zorreguieta señaló que luego de su entrevista con Amigo consultó sobre el caso al teniente coronel Pedro Coria. Leston narró la semana pasada que Coria conectó a ella y a su marido con el coronel Roque Presti, entonces jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Presti respondió al matrimonio Amigo que no sabía del caso porque estaba “de licencia” el día que la joven fue secuestrada. 
Cuando lo interrogaron acerca de si estaba convencido de haber hecho todo lo posible para averiguar qué había ocurrido con Lidia Amigo, el hombre respondió: “Hice lo único que creí que correspondía” y agregó “yo estaba en otra cosa, en manejar la agricultura pampeana, no en la cuestión de seguridad”. Además, el hombre recordó que tuvo conocimiento de la desaparición de otra persona. Según precisó se trataba de un hombre “de apellido Domínguez, un funcionario de la Junta Nacional de Granos, que fue detenido, pero volvió a su casa a los dos o tres días y se reintegró a su trabajo”. 
Mientras Zorreguieta, de traje gris, camisa azul y corbata bordó, declaraba en el juicio que inició la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, algunos de los presentes tenían en sus manos las fotos de Lidia Amigo y su novio, Oscar Ragni, quien desapareció en Neuquén un día después que la joven. A la salida del tribunal, mientras se retiraba en un Peugeot plateado, el funcionario de Videla también tuvo que enfrentarse a la imagen de Lidia.

LA AMISTAD DEL JUEZ MIRET CON EL GENERAL SAA 
La Verdad de Mendoza llegó a la CIDH

 El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Luis Francisco Miret, es amigo íntimo del general Juan Pablo Saá, quien durante la última dictadura estuvo a cargo de la subzona 33. Por eso, los abogados de los familiares de desaparecidos solicitaron que Miret se apartara del Juicio por la Verdad que se está realizando en esa ciudad, pero el tribunal en pleno se opuso. Ayer, los letrados Pablo Gabriel Salinas y Alfredo Guevara Escayola pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en el proceso “ante la falta de imparcialidad del tribunal” en el que se busca el destino de 21 personas y dos niños. 
“Ante la falta de imparcialidad del tribunal, el Estado argentino está incumpliendo la decisión de la CIDH en relación a las causas de Derechos Humanos que se llevan adelante”, aseguraron Salinas y Guevara Escayola en la presentación ante el organismo internacional ya que el Estado argentino se comprometió ante la CIDH en garantizar el derecho a la verdad sobre el destino de los desaparecidos. Los abogados resaltaron que “los familiares de desaparecidos ya fueron privados del derecho a la Justicia a través de las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, ahora no pueden ser privados en la búsqueda del derecho a la verdad de un tribunal imparcial”. 
La amistad de Miret con Saá, responsable de la represión en Mendoza en los años 77-79, fue reconocida por el mismo camarista, quien en 1987 se excusó de participar en la causa por la desaparición de Daniel Romero porque conocía al militar desde que en 1973/74 fue procurador fiscal Federal en San Luis y frecuentó a toda la familia Saá por la “íntima amistad trabada con el entonces secretario del juzgado federal Hipólito Saá”. Pero en esta ocasión, Miret decidió intervenir y dirigió el interrogatorio de su amigo el 23 de marzo pasado. 
La Cámara Federal rechazó la recusación contra Miret aduciendo que el limitado objeto que tienen los llamados juicios por la verdad” es “la búsqueda del destino de los desaparecidos”. Los abogados Salinas y Guevara contestaron que Saá “es responsable civil de los daños que su accionar ilícito pueda haber ocasionado” y que el militar puede ser responsabilizado penalmente por la desaparición del bebé de Gladys Cristina Castro de Domínguez, secuestrada el 9 de diciembre de 1977 cuando estaba embarazada de seis meses. 
Los representantes de familiares de desaparecidos de Mendoza también se quejaron ante la CIDH porque, a diferencia de todas las Cámaras Federales que instruyen los procesos por la Verdad, no permite la investigación de todas las víctimas, aun de quienes no se hayan presentado explícitamente en el expediente.

 Fuente: pagina12.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario