domingo, 16 de julio de 2017

Libros. De Yrigoyen hasta Perón

Revista Periscopio
(Supuestamente escrito por Ramiro de Casasbellas)
Publicado el 06 de junio de 1970

La semana pasada volvía a su casa de Amherst, a su cátedra en la Universidad de Massachusetts; estuvo aquí cinco meses y sólo algunos argentinos se enteraron de su presencia. Sin embargo, Robert A. Potash* (48, casado, dos hijas) es el autor de una sólida contribución a la historiografía nacional: The Army and Politics in Argentina, 1928-45, Yrigoyen to Perón.

Pese al crucial interés del tema no hay, en verdad, otro ensayo que se le compare; a las exaltaciones banderizas de tanto escritor local, al afiebrado discurso de muchos observadores extranjeros, Potash opone los frutos de una investigación profunda, minuciosa, que puede resumirse en números: 45 entrevistas, 282 volúmenes de documentos, 230 libros de tesis y de memorias, 7 colecciones de diarios, 5 de publicaciones militares, 5 de revistas y 9 de hojas políticas y gremiales. Además, caso único hasta hoy, se sumergió en fuentes nada despreciables: los Archivos del Departamento de Estado norteamericano, y los del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, esenciales en el período 1939-45.
Este acopio informativo sirve para luchar contra lo que él llama "abstracciones despersonalizadas"; su texto es, en cierto sentido, un análisis sociológico. Las hipótesis ceden lugar al juicio que se desprende de los hechos mismos; espectador de los acontecimientos que narra, Potash no toma partido, y esa actitud favorece la independencia de sus consideraciones. El apasionamiento, ya se sabe, exige una absoluta frialdad; al menos, una frialdad académica; si el lector no comparte este o aquel descubrimiento, esta o aquella opinión, deberá admitir que su parecer es subjetivo o que proviene de datos no obtenidos por Potash. Scholar al fin, él no arriesga conjeturas ni fabrica interpretaciones que no estén respaldadas por testimonios y noticias fidedignos. Se le reprochará, tal vez, una prudencia excesiva, pero es prudencia excesiva lo que la Historia pide a sus exegetas.
Las "inquietudes argentinas" de Potash datan de hace tres décadas. Alumno en Harvard, el profesor Haring lo entusiasma para que dedique una monografía a la guerra de fronteras con los indios. Apenas terminada, otra guerra, la Segunda, lo aleja de estas actividades. "Perdí cuatro años en el Ejército —dice—; no obstante, me valieron para conocer la mentalidad militar, que no difiere demasiado en todo el mundo." Afectado a los servicios de comunicaciones, lo desmovilizan en 1945 con el grado de sargento mayor, y vuelve a Harvard a seguir los cursos de pos-graduados.
"No me alcanzaba el dinero para ahondar mis estudios sobre la Argentina —añade—; entonces opté por México." Reside allí entre 1948 y 1949, y allí prepara su tesis doctoral: El Banco de Avíos (editado en español, en 1959, por el Fondo de Cultura Económica; recién ahora va a la imprenta el original inglés). Ese trabajo, el más completo en la materia, fue recibido con el aplauso general de los expertos mexicanos. En 1950, por concurso, accede a la Universidad de Massachusetts en calidad de "instructor", el primero de los cuatro escalones que llevan a su cargo actual: profesor titular.
Un lustro después, el historiador Miron Burgin lo invita a formar parte de un equipo de especialistas en América latina, que depende del Gobierno. Esa labor es esencial en su carrera y en su vocación: los dos años que pasa en Washington lo asocian a búsquedas y exploraciones que no hubiera logrado costearse, y le ganan el respeto de la comunidad universitaria. Burgin, autor de Aspectos económicos del federalismo argentino (Hachette, 1950), enciende una vez más en su colega la atracción por la Argentina. En ese momento, 1955-57, nace el libro de hoy: "Es que me resultaba difícil comprender el proceso militar de un país con tantas ventajas económicas, sociales y culturales —explica—. Decidí que no había sino un camino: el de la averiguación y el examen". De regreso en Massachusetts inicia la recopilación de materiales; en setiembre de 1961, con una licencia especial de la Universidad y una beca, Potash viene a Buenos Aires.
Once meses después se marcha con un sorprendente bagaje de hallazgos y pormenores; ha surcado las bibliotecas del Congreso, del Círculo Militar y la Unión Ferroviaria, el Departamento de Historia del Ejército, el Archivo General de la Nación, y las casas de algunos protagonistas. "Me llevaba algo más —recuerda—, algo muy importante para mi estudio; haber vivido un golpe de Estado [el que depuso a Arturo
Frondizi, en marzo del 62]." Sin embargo, no bastaba con esto: era imprescindible ajustar detalles, sondear nuevas pistas; en 1965 (un mes) y en 1967 (dos semanas, "las más útiles de mi investigación"), Potash se moviliza en Buenos Aires. Entre tanto, la Historia argentina se ha unido a la mexicana en sus asignaturas de la Universidad.
A mediados de mayo de 1968, el manuscrito queda listo; aparece un año más tarde, y llega a la Argentina hacia enero, casi junto con su autor: "No sé cuántos ejemplares mandaron", señala. Pocos, sin duda: la prensa norteamericana aún no se dignó comentarlo, y las librerías prefieren atosigar a sus clientes con novelitas de más sencilla digestión. Con todo, el ensayo de Potash ha reclutado admiradores en los círculos civiles y castrenses; una empresa local adquirió los derechos y un teniente coronel retirado, a solicitud de Potash, tiene a su cargo la traducción. Estos conciertos se plasmaron en el último viaje del profesor, pero su objetivo era otro: empezar el trabajo de campo para el segundo tomo, que cubre el período 1946-1966.

SETIEMBRE: LO QUE NO FUE

El drama estalla en 1928: un Ejército profesional —que en cierto modo refleja la clase media en ascenso, y a quien el coronel Justo, Ministro de Alvear, ha reequipado y modernizado— teme por su estabilidad ante el regreso de Yrigoyen. Es cierto que crecieron los gastos de defensa: 52.063 millones en 1916, para las dos Fuerzas, y 126.316 millones a los trece años. Pero El Peludo, antiguo conspirador y revolucionario, aún cree en el Ejército romántico, miliciano, de sus años de agitador.
En 1923 el Congreso había sancionado una Ley de Yrigoyen que transformaba en "servicios a la Nación" los alzamientos de militares de 1890, 1893 y 1905: de tal modo, las obligaciones cívicas fueron colocadas por encima del deber castrense; los radicales, advierte Potash, "ofrecieron una racionalización para futuros motines, cuyas primeras víctimas serían ellos mismos".
Tal, el objetivo de la Logia San Martín (1921-26), que impone la designación de Justo y, con ella, un cisma entre los hombres de uniforme. "Al pretender eliminar la política partidista, los miembros de la Logia se entregaron también a la política." Los críticos del favoritismo yrigoyenista acceden a los altos mandos: no toman conciencia de que el país alberga una evolución industrial —que genera, en muchos oficiales inclusive, una tendencia al estatismo— y las consiguientes erupciones de la clase baja.
Es curioso recordar que los máximos apologistas del Ejército son, entonces, los yrigoyenistas: a partir de 1928 votan un aumento de sueldos y un ajuste de las pensiones. Sin embargo, la tutela presidencial se manifiesta en términos de beneficios individuales —origen de más divorcios— y un freno a los planes de expansión de Alvear-Justo: no hay promociones en 1929, sí canonjías para oficiales retirados, que no se compaginan con los reglamentos. Los humillados por la Logia se vengan, a expensas de la disciplina y la moral: los problemas económicos derivados del crash del 29 y la agonía de una democracia mentida, enrarecen la atmósfera.
No obstante, la Revolución del 30 carece, al principio, de adhesiones. "Su éxito no debe atribuirse a sus efectivos —600 cadetes y 900 soldados— sino a su impacto psicológico en el pueblo y en los militares", sostiene Potash. Existía un vacío de poder, y la división avanzaba en la clase media, que conducía el Gobierno y los Institutos armados. El desvalimiento de Uriburu lo obliga a pactar con Justo: ya en la Casa Rosada, sus militares renegarán de los oficiales yrigoyenistas y justistas. Una sorda puja enfrenta a los dos líderes: las torpezas de Uriburu, su reiterado anhelo de reformar el Sistema político, lo condenan para siempre.
Hasta el último minuto se niega el Presidente a tolerar una sucesión Justo: el triunfo radical en Buenos Aires y el motín de Pomar-Cattaneo anulan el futuro del partido pero indican a Justo como el mal menor, ante el posible ascenso de un gobernante yrigoyenista. Si el año y medio de Uriburu tiene un "leve efecto en el volumen y estructura del Ejército", daña en cambio la moral y perspectivas de los mandos: habían entrado de lleno en la política. Justo, y su Ministro, el general Rodríguez, buscarán ahuyentarlos de ella.
Un vasto programa de desarrollo acentúa la profesionalización de las Armas (gastos en 1932: 170.268 millones; en 1937: 315.306); el Estado consulta a los oficiales para asuntos técnicos. Una red de vigilancia y espionaje detecta las conjuras radicales y las uriburistas; al mismo tiempo, las promociones y las amnistías alcanzan a figuras de ambos bandos. Nadie puede arrebatar a Justo el control de las Fuerzas; sin embargo, el fraude electoral halla opositores dentro de esas filas, y también aumenta entre los nacionalistas la certidumbre de que los militares deben ejercer una mayor —casi absoluta— injerencia en la formulación de la política interna y exterior. Los seis años de Justo —dice Potash— no ciegan la brecha entre el papel que el Gobierno asigna al Ejército, y el que un sector de la oficialidad quiere entregarle.
Ortiz, de la mano del general Márquez, lleva a fondo la reestructuración de las Fuerzas (en Ejército, crea el Comando de Caballería, por ejemplo), instala en altos cargos a jefes moderados y hasta legalistas del 30, acrece el presupuesto de defensa, funda Fabricaciones Militares y pide al Congreso fondos excepcionales para armamentos (1.000 millones). A su manera, pretende así la buena voluntad castrense, si bien ella sirve sus fines políticos: una restauración de las prácticas "democráticas". Los nacionalistas, archivados por Márquez, no abandonan la conspiración.
El Ejército —que mantuvo silencio ante los fraudes de la era justista— apoya las intervenciones de Catamarca, tierra del Vicepresidente Castillo, y Buenos Aires: observadores militares siguen las elecciones de febrero, 1940. en Buenos Aires: es un viejo anhelo de los radicales, que habrá de convertirse en ley seis años más tarde. La victoriosa ofensiva alemana en Europa, y la declinante salud de Ortiz, cancelan estas experiencias. Márquez se afana en reducir la influencia nazi.
Si la diabetes derrumba a Ortiz, el negociado de El Palomar termina con Márquez, inocente responsable. Castillo debe apoyarse en Justo, que le facilita el aborto de dos sublevaciones (1940); con el tiempo, habrá de inclinarse ante la oficialidad media, nacionalista, que le eleva un ultimátum. Ya la Guerra exige rotundas definiciones: Justo se declara aliadófilo; los militares, neutralistas. Castillo reincide en el fraude comicial, y queda con las manos libres el 11 de enero de 1943, cuando muere Justo. Los Estados Unidos no le venden armas: Alemania, que dice querer venderlas, no está en condiciones.

EL COSTO DE LA UNIDAD
El Presidente se lanza a una nueva burla de las ansias generales: el 17 de febrero anuncia el nacimiento de un sucesor. Patrón Costas. Según Potash, los militares se alzan para frustrar ese "atentado cívico"; esto es, obran movidos por razones éticas. Acaso la Revolución obedece, también, al hecho de que Castillo quiebra la neutralidad al digitar al "amigo de Gran Bretaña'. como le llama el Embajador de Berlín. En todo caso, el revulsivo Patrón Costas amalgama a los simpatizantes del Eje con los aliadófilos, en contra del Presidente; el GOU, filofascista. alienta el fuego desde el 10 de marzo.
La unidad del Ejército, por la que se desvelaron Justo y Ortiz —con fines distintos, sin duda—, y a la que no contribuyeron Alvear, Yrigoyen, Uriburu y Castillo, se forja por razones circunstanciales; obviamente, duraría tanto como un suspiro. La vetustez de las instituciones —que apenas si representaron a los gobernados, de 1853 en adelante—, el deterioro de las bases jurídicas de la Nación, la tácita lucha de clases inherentes al Sistema, se trasladaron al Ejército profesional, como antes a la Milicia voluntaria, cuando bregaba por la organización del país. ¿Puede reinar la unidad en las Fuerzas Armadas si ella no impera en la sociedad de donde salen y a la que pertenecen indisolublemente?
No pensaron en este asunto los militares que el 4 de junio salieron a la calle, con la dirección de Rawson (aliadófilo) y el beneplácito o el permiso de su jefe, Ramírez (pro nazi). Resolvieron que ese golpe era mejor que la franca disputa del poder en las elecciones de setiembre; tres años más tarde recurrían a ese dispositivo, vencidos ya por una condena inflexible: no habían ejecutado Revolución alguna. Los dos últimos capítulos del libro de Potash reseñan —con nuevos antecedentes— la caída de Rawson, un símbolo de la improvisación y falta de metas que caracterizó al movimiento, y el inefable combate por el dominio del Ejército.
Dos bandos pelean: el de Ramírez-González-Gilbert contra el de Farrell-Perón. Indaga Potash: "¿Podría una oficialidad tan dividida como la de 1943, «poner en orden la Nación», como asegura Rawson?" No sólo jugaban las diferencias ideológicas sino las jerárquicas: 37 generales de nada eran capaces en una Revolución surgida de los mandos inferiores (121 coroneles, 233 tenientes coroneles, 371 mayores). La ambivalente actitud de Ramírez, que no se atreve a poner coto a las intrigas del Ministro de Guerra y el Secretario de Trabajo, socavan su autoridad. Él y González, que acordaran una misión ante el Reich para comprar armas la través del espía Johann Leo Harnisch y su socio Osmar Alberto Helmuth), son los únicos firmantes del Decreto que el 26-1-1944 rompe las relaciones con el Eje.
El poder cae en manos de Farrell y Perón; no elimina, desde luego, la riña de facciones. Los nuevos adversarios se congregan alrededor del general Perlinger (Interior); sin embargo, es Perón quien tiene los resortes decisivos, los del Ministerio de Guerra, más una base popular que cimienta con demagogia y sabiduría: en julio del 44 se desembaraza de Perlinger y su séquito y acapara la Vicepresidencia. Ahora, no bastan los resortes sino el liderazgo moral y profesional: así se explica el Estatuto militar de octubre (el primero desde 1915), las vigorosas medidas de expansión para las Fuerzas Armadas, además de su acceso a ciertas responsabilidades en el terreno de la economía.
Los liberales —de uniforme o de paisano— reaccionan en 1945: un complot es desmontado en abril; los nacionalistas del Ejército, como en la década del 30 con Justo, también abjuran de la Presidencia. En octubre, el general Eduardo Avalos pone a la guarnición de Campo de Mayo frente al Vice: el 9, Perón dimite sus tres cargos.
Es lamentable, pero los dos caudillos militares (Avalos, Vernengo Lima) están tan a oscuras como el 4 de junio de 1943; con una diferencia: ahora, al revés de Castillo, Perón dispone de un partido embrionario. En lugar de ganarlo para su causa, lo desdeñan.
No les quedaba sino humillarse ante los civiles antiperonistas: admitir que el Ejército y la Marina no solucionarían la vasta crisis, y entregar el poder al Juez Supremo. Catorce años antes, una disyuntiva análoga obligó a Urirubu a permitir el ascenso de Justo. Potash se pregunta si Avalos no llegó a la conclusión de que tenía más en común con su viejo aliado que con los civiles. Y si no claudicó, por eso, el 17.
Si hay un culpable, agrega Potash, son los políticos: a partir de 1916, cada llamado a la puerta de los cuarteles redunda en su extinción. 

*Robert A. Potash fue un historiador estadounidense que se ha especializado en estudiar el papel de los militares en la historia argentina. Entre sus libros se destacan El Ejército y la Política en la República Argentina y Perón y el GOU. Wikipedia

Fuente: Mágicas Ruinas

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