domingo, 16 de julio de 2017

El Desarrollismo en el pensamiento de la derecha occidental, dos modelos comparados: España y Argentina (1955-1970)

Prof. Lic. María Carolina Ferraris*
Ciclos hist. econ. soc. vol.21 no.41 Buenos Aires oct. 2013
Resumen
El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio que gira en torno a la realización de un estudio conectivo y comparativo que abarca dos naciones: España y Argentina, Hemos escogido como fecha inicial de los estudios los años que van entre fines de los '50 y comienzos de los '60, puesto que constituyen el inicio de un nuevo ciclo en el modelo económico franquista, diferente del que se pretendió sostener hasta, por lo menos, mediados de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, que hacia 1973/74 entrará en una meseta, pretendió constituir una salida diferente frente a las políticas democráticas que se consolidaron en Europa Occidental luego de la Guerra y resultó atractivo para varios sectores dirigenciales en América Latina.
I. Introducción:
El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio que gira en torno a la realización de un estudio conectivo y comparativo que abarca dos naciones: España y Argentina, Hemos escogido como fecha inicial de los estudios los años que van entre fines de los '50 y comienzos de los '60, puesto que constituyen el inicio de un nuevo ciclo en el modelo económico franquista, diferente del que se pretendió sostener hasta, por lo menos, mediados de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, que hacia 1973/74 entrará en una meseta, pretendió constituir una salida diferente frente a las políticas democráticas que se consolidaron en Europa Occidental luego de la Guerra y resultó atractivo para algunos sectores dirigentes de la derecha en América Latina.
La hipótesis de trabajo gira en torno a una serie de preguntas-guía que orientarán la investigación y son las siguientes:
- Hacia fines de los '50 y en los '60: ¿cómo cambia el discurso oficial con respecto al modelo económico para España?
- Más allá  de las ideas oficiales: la transformación económico-social misma ¿cómo presiona sobre los actores decisivos del régimen? ¿Hasta qué punto cambios en las ideas económicas y sociales de las élites franquistas corresponden a cambios de composición de esas élites producidos por los conflictos económico-sociales?
- El planteo relacionado con la cuestión de la importancia relativa [¿decisiva, coadyuvante, menor?] que tuvo la "presión" externa del éxito europeo occidental de los '50 y '60 en la decadencia del modelo originalmente "nacionalista cerrado-autoritario" del franco-falangismo.
En el caso de la Argentina, luego del golpe del '55 y tras los débiles intentos de retorno a una democracia -que no podía serlo plenamente con el peronismo proscripto- de las presidencias de Frondizi e Illia, la llegada al poder del general Juan Carlos Onganía significó la concreción de un anhelo para muchos sectores tradicionales. Onganía parecía encarnar el ideal argentino del admirado Caudillo español; como Presidente de la nación lograba aunar las voluntades de gran parte del ejército, de la jerarquía de la Iglesia Católica y de algunos expertos civiles, predispuestos a convertirse en los tecnócratas argentinos.
- ¿Cómo influyó el modelo español sobre algunos actores decisivos en la Argentina? En este punto se pretende analizar la plataforma previa existente entre algunas élites dirigentes en nuestro país.
- ¿Qué fobias y mitos exacerbaban un microclima de miedos preexistentes y cómo influyó en la toma de decisiones? ¿Cómo se reflejó esto en las políticas económicas? Teniendo en cuenta que al clásico enemigo de Occidente, el comunismo, en la Argentina se sumaba otro de mayor peso: el peronismo.
- ¿A través de qué recursos -humanos y materiales- se intentó imponer en nuestro país un modelo económico desarrollista-tecnocrático y cuáles fueron sus resultados?
Trataremos de dar respuesta, al menos en forma provisoria, a estos interrogantes, en un trabajo que constituye la exposición de avances parciales de nuestra investigación.
Nos interesa destacar la relevancia que adquiere este tema desde una perspectiva latinoamericana comparativa, debido a la influencia que el modelo ideológico español ejerció sobre la región; la España de Franco constituyó un camino paradigmático durante la década de los '60, que nucleó a importantes sectores de opinión, a favor y en contra, y que orientó, en buena medida, el accionar de las élites dirigentes. Aunque el desarrollo y la profundización de esta temática será objeto de una futura investigación.
II. Las élites de poder en el "Nuevo Estado Español":
Franco encaró la construcción del "Nuevo Estado Español", en realidad, más bien como una continuidad del "viejo" Estado, cuyo personal político fue cooptado desde grupos sociales minoritarios, a través de diversas "vías de extracción" y que ocuparon posiciones clave dentro de los núcleos de poder. El proceso de "selección" de estos cuadros tenía la premisa básica de la lealtad incondicional con el dictador y se realizaba mediante una jerarquía corporativa o hereditaria, que permitiera conectar intereses políticos, económicos e ideológicos. La segunda premisa consistía en la aceptación de que las decisiones de alcance estaban siempre concentradas en las manos del Caudillo, lo que le permitía asegurarse su continuidad y la legitimidad adquirida durante la guerra. En términos generales podemos distinguir tres grupos de extracción de esas élites, siguiendo la propuesta de Sánchez Jiménez: "la de extracción falangista, la de extracción militar y la de extracción católica".
En este sentido fue inestimable la colaboración, a partir de febrero de 1937, de su concuñado Ramón Serrano Súñer, quien por su inteligencia y preparación política fue la figura señera desde los primeros años de la dictadura, hasta 1942. Sus ideas impregnaron en profundidad la política interior y exterior española y fue durante sus años de auge político cuando el protagonismo falangista alcanzó su máxima expresión, coincidiendo con los triunfos militares del Tercer Reich, en la escena internacional. La Falange y los Requetés desempeñarían un rol clave como pivote político, cuya sujeción se aseguró Franco con el Decreto de unificación de las fuerzas políticas de FET y de las JONS, de abril de 1937, en donde se conforman "como una sola entidad política de carácter nacional", bajo la jefatura del caudillo y en cuyo preámbulo se establece la necesidad de "supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles".1 La presencia de Falange en los altos cargos de la administración fue muy vigorosa entre 1939 y 1951, ocupando alrededor de 160 puestos en las categorías más altas, desde ministros a directores generales, y cerca de 500 puestos de importancia media; en general, en ese período, la presencia falangista en los ministerios sumó alrededor del 30,3 % del total.
La élite militar, surgida de la "institución más sólida del Régimen", también obtuvo su cuota de poder en la política y la administración. De ella surgieron los hombres de confianza más cercanos al dictador, como el almirante Luis Carrero Blanco, el jefe de la Casa Militar, general Muñoz Grandes, el secretario de la misma y secretario particular del caudillo, Francisco Franco Salgado-Araujo. Fue en general una élite "autorreclutada", de extracción predominantemente urbana, con niveles de estudio altos -predominio de ingenieros, oficiales del Cuerpo de Ejército, diplomados del ejército, jurídicos de tierra y aire- que ocuparon cargos jerárquico-militares especialmente entre 1938 y 1945 (17 veces el cargo de ministro, 33 el de subsecretario y 90 el de director general), en total 140 altos cargos que alcanzaban un tercio del total. A diferencia de los falangistas, los militares de élite rara vez accedieron a los más altos cargos administrativos civiles. En cuanto a lo económico, sus conexiones resultaron semejantes a las de los falangistas en los primeros años de dictadura; a lo largo de los '40 se produjo un ascenso porcentual y en los '50 se triplicó con una fuerte presencia en la banca oficial y en determinados sectores de empresas oligopólicas. También en esa década se verificó un incremento de la presencia militar en puestos de los Consejos de Administración, que los ligaron a ciertos sectores económicos dominantes.
Con respecto a la élite de extracción católica, pronto quedó claro que sería la Iglesia la responsable del aparato ideológico del régimen y la principal encargada de legitimar el poder cuasi sacro del Caudillo. Con el nombramiento de Ibáñez Martín en el Ministerio de Educación Nacional en 1939 y Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1942, a lo que debemos sumar la Ley de Ordenación Universitaria del 2 de marzo de 1943, quedó supeditada la acción científica y universitaria a la Falange y a la Iglesia, puesto que en ella se especificaba que sus "actividades habrán de tener como guía supremo el dogma y la moral cristiana y lo establecido por los sagrados cánones respecto a la enseñanza"2.
Durante los años '40 la Acción Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) fue tomando cada vez más protagonismo, junto a la Acción Católica y el Opus Dei; éste último, proporcionó cuadros de "especialistas tecnócratas" que predominaron en altos puestos de la administración, crecientemente a partir de los '50. Los porcentajes de ocupación de cargos fueron del 11,3% entre 1938-1945, ascendiendo al 17,2% en el quinquenio siguiente. Estos grupos tenían en común una visión elitista de la política y estaban convencidos de la necesidad de preparar "minorías selectas", cuya misión clave en la sociedad española "moderna" debía ser el ejercicio de funciones antes encomendadas a la aristocracia. Se trató de una élite de gente joven, rondando en general la treintena, de procedencia predominantemente urbana.
III. Los intentos por imponer un modelo económico autárquico
Con frecuencia al hablar del período que comprende la historia de España desde la finalización de la guerra civil hasta fines de los '40, comienzos de los '50, se ha hecho referencia al término "autarquía" para definir la política económica adoptada por el régimen franquista. Parecería, sin embargo, más correcto referirse a los "intentos autárquicos" puesto que éstos se inscribieron en un contexto político determinado por el resultado de la guerra civil y por el comienzo de la segunda guerra mundial, influido por las experiencias fascista y nazi y porque el objetivo que pretendió alcanzarse sólo se logró de forma muy parcial. Veamos cómo definía el propio Franco la situación que le tocaba afrontar:
"... Jamás Gobierno alguno tuvo que enfrentarse con mayores y más graves problemas. La mayoría de los españoles ignoran cuál era la vida económica de la nación antes del Movimiento; a qué cifras monta el importe de la alimentación de nuestro pueblo. Una muestra tenéis en que con todo el oro de la nación, el cuantioso robado a los particulares y con crédito abierto en las principales naciones, los rojos no pudieron, durante sólo tres años, mitigar el hambre del pueblo que sojuzgaban."3
Sin embargo, si bien la adopción de una política económica con pretensiones autárquicas parecía algo necesario durante el transcurso de la guerra, cuando ésta terminó, la persistencia por parte del gobierno de mantener ese modelo, significó para España la imposibilidad de obtener otros beneficios. Una de las consecuencias derivada de esto fue la pérdida de la oportunidad para ingresar al Plan Marshall, que hubiese adelantado en varios años el despegue de la economía española y con ello, ahorrado numerosas privaciones a una gran parte de sus habitantes. Aunque es indiscutible el arbitrio personal de Franco a la hora de la toma de decisiones, no podemos omitir en esta exclusión del Plan Marshall, la referencia al posible papel en ella desempeñado por los sectores oligopólicos de la economía española, muy interesados en guardar las distancias respecto a la competencia que el capital extranjero podía suponer en el caso de que se alcanzase un mayor grado de integración internacional.
Lo cierto es que podemos afirmar que hasta 1950 los niveles de la renta española estuvieron siempre por debajo de los de la preguerra y no hubo intentos serios de abandonar las pretensiones autárquicas, aunque en 1946 se produjo un cambio de gobierno aparentemente orientado hacia una adecuación de la fachada del régimen que estuviese más en consonancia con los nuevos aires internacionales. Recién hacia 1951 otro cambio de gobierno será  el que introduzca nuevos elementos en la política económica, con la iniciación de una fase de fuerte crecimiento, pero que a su vez acompañada de desequilibrios tan profundos que terminaron agotando la vía nacionalista del capitalismo español que se había emprendido en 1939. En 1953 se firmaron los primeros acuerdos con una potencia extranjera, los Estados Unidos, que formalizaron definitivamente el nuevo rumbo de la política exterior del régimen.
IV. De la crisis al despegue económico
IV.1 El declive de la Falange y el ascenso de los tecnócratas:
Como ya explicamos, la crisis económica acarreada por el empeño en la continuación de la política autárquica, evidenció, especialmente a lo largo de 1956, la necesidad de urgentes intervenciones: el saneamiento interior, medidas de liberalización y un sistema realista de cambios con el exterior. En concomitancia con ello, en febrero de 1957 se produce un nuevo y profundo cambio de gobierno que implicará consecuencias en la orientación de la política económica. De dieciocho ministros, Franco cambió a doce; los más significativos fueron aquellos que tuvieron que ver con los cargos relacionados con los distintos aspectos de la cuestión económica: medidas con las que se dejaba paso a un grupo de especialistas en cuestiones económicas y administrativas, los tecnócratas del Opus Dei. Alberto Ullastres en la cartera de Comercio y Mariano Navarro Rubio en la de Hacienda, junto a Laureano López Rodó en la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia y luego al frente de la Comisaría del Plan de Desarrollo; bajo el patrocinio de Carrero Blanco, serán los principales representantes de ese Instituto secular. Otros miembros del Opus Dei ocuparon posiciones en otros ministerios, direcciones generales y subsecretarías con lo que quedaba asentada la prioridad que se le daría a las cuestiones económicas, con el fin de afrontar la crisis.
Tal vez uno de los aspectos que debemos destacar es que se impuso el criterio de Carrero Blanco, quien pensaba que, mejor que el predominio de un partido único como la Falange, era contar con una minoría reducida de gestores, bien preparados y católicos, ya que desde hacía tiempo le preocupaba la eficiencia en el funcionamiento del aparato burocrático. Por tanto, la aparición de los nuevos ministros del Opus Dei significaba una clase política nueva, un nuevo tipo de dirigente, no muy identificado con una familia precisa del régimen.
Analicemos lo que decía el propio Caudillo ante estas coyunturas, en febrero de 1957, según la narración de su pariente y secretario privado, en donde se evidencia una vez más la tensión entre las medidas que le imponen las circunstancias y sus íntimos deseos y convicciones:
"El gobierno está gastado y lo voy a cambiar, pero no estoy de acuerdo con que no se aprecie la labor realizada por el régimen, y sobre todo lo que éste ha hecho por el progreso de la industria (...)" 4
Un mes más adelante, el 9 de marzo, agregaba:
"(...) No me gusta que mis ministros se deban a ninguna disciplina de partido y solamente a sus ideales y a lo que ellos significan aún políticamente, pero sin que representen ni tengan que obedecer ninguna orden de partidos a los que yo no reconozco oficialmente. (...)
"Yo hubiera designado un ministerio homogéneo, de tipo falangista, por ejemplo, pero inmediatamente toda la rama monárquica se hubiese puesto enfrente y haría opinión y ambiente en contra. Por ello repartí las carteras entre los que tienen ideas afines a las de los sectores que han contribuido al Movimiento Nacional."5
En 1958 se promulgó la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, que establecía, dentro de la línea marcada por la Ley de Sucesión, como forma política del Estado la monarquía "tradicional, católica, social y representativa". La acepción de FET y de las JONS en tanto que partido fue sustituida por la de Movimiento, definido como "comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada". La Ley ratificaba, además, que la Falange era únicamente una parte integrante de ese Movimiento y que la línea que debían seguir los cauces para la participación política eran "la Familia, el Municipio y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes" (Rodríguez Jiménez, pp.320/321). Sin embargo, se patentizan en el articulado los postulados falangistas, reafirmando que "España es una unidad de destino en lo universal", "la unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible" y "la comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos" (Sabín Rodríguez, p.53). En definitiva la ley resultó tan genérica que podía ser aceptada por todos pero también motivó reticencias entre los falangistas más puros. Lo cierto es que la evolución institucional, económica y cultural del régimen dio lugar en el transcurso de los años siguientes a una mayor movilidad y agitación desde los grupos falangistas, que continuaron abogando por la "revolución pendiente".
IV.2 El Plan de Estabilización:
El 21 de julio de 1959 se promulgó el Decreto-Ley de nueva Ordenación Económica, más conocido como Plan de Estabilización, en el cual se plasmaban importantes medidas liberalizadoras, que tenían dos objetivos primordiales: por una parte, sentar las bases para un desarrollo económico equilibrado; por otra, iniciar una mayor integración con otras economías. Para lograr la estabilidad en los precios, debía conseguirse un equilibrio interno; a su vez la estabilidad en los precios era vital para lograr el equilibrio frente al exterior. Entre otras cosas, había que frenar el gasto público y privado y con ello, la expansión de la oferta monetaria. A esos fines se adoptaron dos clases de medidas: de índole fiscal y de carácter monetario.
En el terreno fiscal se limitó el gasto total del sector público -gastos de la Administración Central más gastos de los organismos autónomos no cubiertos con ingresos ordinarios de dichos organismos- a 80.000 millones de pesetas. A la vez subieron las tarifas de varios servicios públicos, elevándose en algunos casos hasta un 50 por 100. Las medidas de política monetaria pueden resumirse en las siguientes: prohibición de nuevas emisiones de fondos públicos para cortar con la inflación; limitación del crédito del sistema bancario al sector privado para frenar la expansión crediticia; mayor flexibilidad en los tipos de descuento e interés aplicados por el Banco de España; establecimiento de un sistema de depósitos sobre las importaciones privadas, con el fin de cortar con la importación especulativa. Finalmente se estableció también un nuevo tipo de cambio para la peseta, de acuerdo con el FMI, a razón de 0,0148112 gramos de oro fino por peseta, o en otros términos, 60 pesetas = 1 dólar. Con ello desaparecieron los cambios múltiples para importación y exportación, se frenó considerablemente el deseo de importar y, por razón inversa, se fomentó la exportación; las entradas oficiales de divisas por servicios y donaciones aumentaron rápidamente. Estas medidas fiscales y monetarias fueron indispensables para contener la demanda, estabilizar los precios y conseguir una disminución en las importaciones. Unido a ello el aporte de la ayuda exterior, fue posible cubrir el segundo objetivo del plan de estabilización: alcanzar el equilibrio externo.
Entretanto, se desarrolló una "guerra entre bastidores para vencer las dificultades que la inercia del régimen presentaba y, en particular, las reticencias del propio Franco y del almirante Carrero Blanco" (Biescas en Tuñón de Lara, pg. 63) ya que no existía unanimidad dentro del gobierno frente a la conveniencia del Plan de Estabilización y de la entrada de capital extranjero. En el siguiente párrafo, de abril de 1959, se pone de manifiesto claramente la tensión con que Franco enfrenta la necesidad de abandonar la autarquía y encarar un nuevo modelo:
"En los últimos discursos he querido llevar al ánimo de los españoles el enorme esfuerzo económico realizado por el régimen. Al iniciarse nuestra guerra, me di cuenta de que aunque la ganáramos iba a encontrar una Patria en ruinas, con su economía por los suelos, sin industrias, con todo destruido, y encima teniendo que pagar el coste de la contienda de los dos bandos en lucha. Por ello me dediqué con el mismo afán e interés a los asuntos económicos que a la dirección de la contienda. (...)
"Había que afrontar el duro panorama que se presentaría el día en que terminase la guerra. Traté este asunto con el consejo de ministros y se acordó elaborar un detallado plan económico para que los españoles no nos muriéramos de hambre (...)
"Este plan es el que sigue rigiendo en la actualidad, y gracias a una perseverancia tenaz en su ejecución pudimos elevar nuestra economía y seguir viviendo. Muchos españoles no se dan cuenta de este enorme esfuerzo. (...)"6
Su retórica, como siempre, se orienta a recalcar, aún veladamente como en el párrafo precedente, el carácter de "cruzada" de lo que en realidad fue un levantamiento militar dirigido contra un gobierno elegido democráticamente. También resulta difícil imaginar a un pueblo que se está muriendo de hambre y a la vez no se da cuenta de ello. Por otra parte, Franco se pinta a sí mismo casi como un experto economista, cosa que jamás fue -y que queda demostrado en nuestro trabajo-. Pero una vez más el Caudillo tuvo la última palabra a la hora de adoptar una decisión tan trascendental como era el cambio del rumbo económico; fue necesario utilizar el argumento de las consecuencias políticas que sobre el futuro del régimen podría tener un progresivo empeoramiento de la situación económica para vencer sus dudas de última hora:
"Yo no soy demasiado optimista, pues hay muchas dificultades que vencer. Este plan hubiera debido hacerse antes, pero los ministros de Hacienda que he tenido no han visto claro el asunto, eran unos técnicos que no querían mirar hacia el exterior.
"Después de nuestra guerra nos quedamos muy mal en todo cuanto se refiere a la economía. Estaba el país destrozado (...)
En fin, pocas naciones se habrán encontrado con tantas dificultades, teniendo además el mundo conjurado contra nosotros.
"Los ministros de Hacienda competentes teóricamente jamás miraron al exterior (...)
"Siempre digo a los ministros correspondientes: Si usted quiere cuarenta o cincuenta hombres buenos que se encarguen de reprimir este contrabando (...), yo se los puedo proporcionar [se refiere a jefes del Ejército retirados]. Pero no me hacen caso. Esta falta de divisas nos crea enormes dificultades."7
Estas particulares reflexiones las expresaba el Caudillo el 16 de Julio de 1959 ante las preguntas de su primo sobre el Plan de Estabilización. Quedan manifiestas sus dudas sobre las nuevas medidas, pero también parecerían las palabras ingenuas de un hombre casi por completo ajeno a los asuntos de gobierno, cuando ha quedado demostrado claramente, según creemos, que la mayoría de las decisiones, sobre todo aquellas que se referían a elección de ministros y cuestiones básicas relacionadas con el desenvolvimiento tanto de la vida política como de la política económica, pasaban exclusivamente bajo su cedazo personal.
El Plan de Estabilización, favorecido por la excepcional situación económica de los países con los que España tenía un mayor volumen de intercambio, tuvo efectos inmediatos y en muchos casos alentadores. En esto coincidieron tanto los estudios de los bancos y departamentos oficiales como las misiones de la OECE que examinaron la situación en los primeros meses de 1960 y que evaluaron como muy exitosa la primera fase de la ejecución del plan. En efecto, las medidas fiscales y monetarias eliminaron el exceso de demanda interna y los precios se mantuvieron estables. El propio Caudillo terminó convencido, al parecer, sobre las ventajas del nuevo rumbo económico:
"El plan de estabilización es una necesidad, y de no emprenderlo marchábamos a la bancarrota y al predominio de los especuladores que encarecían la vida y hacían, sin tener capital para ello, todo género de negocios. Hoy existen dificultades, no lo quiero negar, pero son menos de las que esperábamos. (...).
(...) Ahora estoy satisfecho del plan de estabilización..." 8
La otra cara de la moneda fueron los elevados costos sociales que aparejó el Plan, ya que la contención de la inflación provocó una disminución de la actividad económica y con ella una fuerte recesión que aceleró el proceso migratorio al exterior en busca de trabajo. La caída del PNB en 1959 fue del 4 % y del 0,5 % en 1960; si bien las cifras oficiales sobre desocupación apenas se alteraron, hubo un importante descenso -en muchos casos de hasta el cincuenta por ciento- en las remuneraciones salariales reales al desaparecer o disminuir -en alrededor de un 40 %- las horas extraordinarias y los pluses. Esto se observó especialmente en sectores como la minería del carbón, la metalurgia, la industria textil, la papelera y la construcción naval. En cambio, los beneficios de la banca privada superaron los de ejercicios anteriores, poniéndose de manifiesto cómo el poder adquirido por este sector lo dejaba al abrigo de las crisis que afectaban periódicamente a otros sectores.
Sin embargo, analizando sus efectos en el largo plazo, el logro más importante fue que se sentaron las bases para iniciar el fuerte crecimiento de la década de los sesenta y que se rompió definitivamente con los intentos autárquicos por los que tan alto precio tuvo que pagar el pueblo español; en cambio, las esperanzas de que el cambio económico se correspondiera con, al menos, una cierta liberalización política, se fueron desvaneciendo con el paso de los años y el afianzamiento del poder de los tecnócratas que, en torno a Carrero Blanco y López Rodó, dirigieron la política y la economía en los años siguientes.
IV.3 El Plan de Desarrollo:
Entre 1960 y 1973 se inicia un período de crecimiento sin precedentes en la economía española, superior a la de los países europeos más desarrollados, por lo cual muchos analistas económicos han manifestado que esa fue la etapa en que se produjo el primer ciclo industrial moderno en España. De los 22 países de la OCDE, sólo Japón supera la tasa de crecimiento español durante la década de los sesenta. El crecimiento fue especialmente intenso entre 1962 y 1966 y, después de notables oscilaciones, entre 1971 y 1973. Por otra parte, fue oportunamente utilizado por la prensa de Franco como nuevo elemento legitimador del régimen político y que permitía reivindicar el papel de los tecnócratas en la transformación española.
La crisis del alza de los productos petrolíferos que se desencadenó en 1973 para el mundo capitalista fue el punto final de este período en el que la renta per cápita en España se multiplicó por 3,15 en términos constantes. A la vez se produjeron importantes cambios socioeconómicos en el país: la población agraria activa bajó del 41,6 al 23,9 %, proceso que estuvo acompañado por fuertes movimientos migratorios internos. Esto también conllevó elevados costos sociales ya que muchos trabajadores debieron emigrar de España hacia otros países europeos en busca de mejores condiciones laborales.
Sin embargo, esa fuerza de trabajo, hasta entonces subempleada en la agricultura, pasó a ser ocupada por los sectores industriales y de servicios, constituyendo uno de los factores que explican el grado de crecimiento alcanzado. Otro pilar fue la disponibilidad de capitales durante el período, procedente tanto de la acumulación interna como de los aportes de inversiones extranjeras. Junto con los capitales, también se tuvo acceso a tecnología procedente del exterior, cuya utilización en la industria española permitió importantes innovaciones que explicaron los aumentos de productividad. Claro que este modelo tenía también su lado vulnerable: la modernización de la economía española se realizó en función de la posibilidad de importar materias primas y, sobre todo, bienes de capital necesarios para el reequipamiento industrial -cuya financiación dependía en buena medida de las inversiones extranjeras-; por tanto, la economía española se configuró de forma dependiente y sobre ella influían con intensidad los vaivenes de las problemáticas de los demás países capitalistas.
El crecimiento que se dio a lo largo del período 1960-1973 no estuvo acompañado por cambios profundos en la estructura económica de España.Durante esos años, la correlación entre la evolución de las importaciones y de la renta continuó siendo el punto débil -como lo había sido durante los años de la autarquía-; esto implicó la necesidad de cubrir el déficit de la balanza comercial, que en término medio fue de unas exportaciones del 50 % del valor de las importaciones, con el aporte de otros elementos compensadores, como los ingresos procedentes del turismo, los recursos de emigrantes y las inversiones extranjeras.
Durante los meses de marzo a junio de 1961, en plena reactivación, una misión del BIRF visitó el país invitada por el gobierno, para redactar un informe que fue entregado a las autoridades españolas en agosto de 1962 y al que Ramón Tamames califica de "Nuevo Testamento" de la economía española. Según el autor, este informe fue el punto de partida para una fuerte polémica entre defensores y adictos como escépticos o detractores, debido a la ausencia de recomendaciones sobre medidas de reforma agraria, excesiva benevolencia ante el sistema fiscal y la existencia de prácticas oligopólicas, la falta de referencia seria a la posible integración de España en el Mercado Común, la minimización del problema del desequilibrio regional, la ciega confianza en una economía de mercado; pero también contenía sugerencias de valor sobre la necesidad de una mayor racionalización en el funcionamiento de todo el sistema económico, afirmando que "España disponía de los recursos humanos y físicos para alcanzar y conservar una tasa elevada de crecimiento económico"9 pero que para ello resultaría precisa una adecuada consideración de los costos.
El análisis de la evolución de la distribución de la renta o la siempre demorada reforma fiscal, muestran que las estructuras económicas del país simplemente se adaptaban a un distinto grado de desarrollo capitalista, pero continuaban eludiendo aquellas transformaciones que podían suponer pérdida de privilegios para los sectores dominantes, lo que se traducía en una desproporción de la actividad económica, cada vez más compleja, y la falta de instrumentos de política económica que pudieran ser utilizados con éxito.
Tras la publicación del informe del Banco Mundial, se iniciaron los preparativos en las Cortes de la Ley de Publicación del Plan de Desarrollo, en diciembre de 1963, que tendría vigencia en el período 1964-1967. Previamente, en 1962, se creó el cargo de Comisario del Plan de Desarrollo, para el que se designó a Laureano López Rodó. El esquema de este Plan partió de una doble hipótesis de crecimiento: para la población activa se previó un ritmo del 1 % anual y para la productividad, del 5 % anual. De esas hipótesis resultó, aproximadamente, un ritmo de crecimiento del PNB del 6 % anual, superior al registrado entre los años 1954-1962 (4,5 % anual). El II Plan previó un crecimiento menor (5,6 %), por los efectos de la devaluación de la peseta en noviembre de 1967, y el III Plan (1972-1975) fijó un objetivo del 7 % que ni lejanamente pudo ser alcanzado.
Según la letra, el Plan de Desarrollo pretendía "la constante elevación del nivel de vida, una mejor distribución personal, funcional, sectorial y regional de la renta, dentro de las exigencias de la justicia social y de la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre, en su dimensión personal y familiar y del bien común de la nación"10. Estos objetivos se pretendían conseguir con una distribución equitativa de la renta, con el pleno empleo, con la integración de la economía española en la economía europea primero y en la mundial después, previa una flexibilización del sistema económico. En realidad el modelo mantuvo las graves desigualdades que ya existían en los años cincuenta.
Los objetivos específicos, que también ponían énfasis en el contenido social del Plan, pretendían conseguir, con una serie de medidas muy generales, la expansión de las exportaciones, el perfeccionamiento del sistema financiero, la modificación de las estructuras productivas.
El Plan también fijaba la acción del Estado en el desarrollo regional de las zonas de baja renta mediante el fomento de la industrialización, comprometiéndose a crear polos de promoción y desarrollo industrial, concediendo una serie de beneficios a las nuevas industrias. Al mismo tiempo comprometía la acción estatal para elevar la productividad del campo, promoviendo la capacitación de los actores, realizando reformas técnicas para la transformación e industrialización del sector agrario y ganadero e incentivando las inversiones crediticias en ese sector. Lamentablemente en este aspecto los resultados también fueron muy dispares.
Algunos de los factores que explican estos desequilibrios tuvieron que ver con la polarización del crecimiento industrial en torno al País Vasco y Cataluña, así como el grado de protección arancelaria en esos lugares. La actuación del sistema financiero que tendió a convertirse en un instrumento para la absorción de los ahorros de las regiones más pobres y canalizarlos hacia las más ricas, en las cuales los rendimientos de capital eran más elevados y seguros. La actuación del sector público que utilizó mecanismos de financiación que favorecieron la distribución de recursos en un sentido desequilibrador. La transferencia de capital humano a través de los flujos migratorios, que acarrearon el empobrecimiento demográfico de las áreas más deprimidas del país para encontrar ocupación en las zonas más desarrolladas. La exportación de materias primas y productos energéticos desde toda una serie de regiones, que impidió el aprovechamiento de la posibilidad de generar valor agregado en la elaboración de productos finales. Todos estos mecanismos de desequilibrio explican la creciente tendencia de la década hacia la concentración de la población, de la renta y de la riqueza en torno a determinadas regiones de España, en detrimento de otras.
V. El caso argentino
V.1 La impronta de las teorías del desarrollo en intentos democráticos:
Luego del derrocamiento de Perón en septiembre de 1955, mediante la acción de la autodenominada Revolución Libertadora, e instalado el Gobierno Provisional con el General Lonardi como cabeza ejecutiva del mismo, se retomó el debate sobre el desarrollo económico de la Argentina. El prestigioso economista Raúl Prebisch había sido invitado a colaborar como asesor con el nuevo gobierno por lo que elaboró y entregó en octubre, un informe en el que, mediante un diagnóstico sobre el estado de la economía argentina, hacía recomendaciones de medidas urgentes. El documento, conocido desde entonces popularmente como "Plan Prebisch" -pese a los repetidos esfuerzos del propio autor por aclarar que sólo se trataba de un planteo previo y que el plan vendría después- se convirtió en el eje de un encendido debate; comenzando con la frase "La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico"11 , hacía un balance sumamente negativo de la herencia económica recibida del peronismo, señalando varios sectores (como el de la energía o el sistema ferroviario) donde la situación era juzgada como apremiante y obligaba a tomar medidas sin demoras. Aconsejaba estimular la actividad agropecuaria, considerando que esto era esencial también para la industria, ya que una fuerte producción rural proveería a la actividad manufacturera local de las divisas necesarias para adquirir los equipos, las materias primas y los combustibles que su desarrollo requería y aún no podían generarse en el país.
Las críticas contra Prebisch y su informe se levantaron de inmediato, -tanto desde sectores nacionalistas, radicales de extracción "forjista" como peronistas- porque, aducían, las víctimas principales de las medidas aconsejadas por el informe, serían los trabajadores. En efecto, preconizaba soluciones de emergencia, como el reajuste en los tipos de cambios, que provocaría un alza en los precios internos y esto afectaría a artículos de consumo popular; para hacer frente a esa suba, proponía ajustes masivos de sueldos y salarios, con lo que se alentaría nuevamente la espiral de costos y precios y la inflación se llevaría el estímulo a la producción rural. Concluía con que era un precio necesario a pagar para lograr el reordenamiento económico.
En síntesis, tanto el informe Prebisch como su discusión pusieron sobre el tapete varios de los temas en torno a los cuales se alinearían las posiciones en la escena pública: las relaciones entre el país agrario y el país industrial, la función relativa del Estado y de la iniciativa privada en el desarrollo económico, el papel del capital extranjero en la economía nacional, el abastecimiento energético. Pero también se vio claramente la complicación que significaba la tarea de "desperonizar" la economía y, al mismo tiempo, asimilar a ese enorme sector de la población argentina que había puesto sus esperanzas en el líder derrocado, al que seguía siendo fiel. Ambas tareas estaban imbricadas pero a su vez comportaban una contraposición que presionaría no sólo sobre los gobiernos de la Revolución Libertadora, sino también sobre los que se originarían luego.
En este contexto comenzó la profundización de las ideas, las teorías, las propuestas que, sobre política económica, surgieron bajo el común denominador de economía del desarrollo o desarrollismo económico y que, si bien en sus inicios estuvieron asociadas al gobierno de Frondizi y al movimiento que orientó junto a Rogelio Frigerio, estas ideas del desarrollo fueron, en la Argentina como en otro países de América Latina, el común objetivo para múltiples análisis, argumentos y prescripciones dentro del pensamiento social y económico. Dicho de otro modo: "después de 1955 y durante los siguientes quince años, la problemática del desarrollo atrajo e inspiró a una amplia franja intelectual, tuvo más de una vez en funciones de gobierno a portavoces y expertos enrolados en algunas de sus tendencias, y sus temas hallaron adeptos entre los principales partidos políticos."12
Como ya señalamos, la asunción al gobierno nacional por parte de Arturo Frondizi en mayo de 1958, fue uno de los elementos de propagación inicial de estas teorías, pero lograron un grado de generalización y penetración mucho más abarcativo que un grupo ideológico o político particular; podemos afirmar que había un desarrollismo genérico que remitía a grupos intelectuales y políticos de variada extracción y que actuaban como focos propagadores. Estos focos estuvieron encabezados por la CEPAL13, confirmada como un centro de difusión intelectual por el grado de adhesión que concitaron algunos de sus esquemas conceptuales y tesis. Pero también lo fueron algunos procesos internacionales que reforzaron la atracción por los temas del desarrollo, como la Revolución Cubana que se presentó como un modelo alternativo para el mundo latinoamericano; como contrapartida surgió el programa de cooperación propuesto por Kennedy y conocido como Alianza para el progreso; también el catolicismo intentó no quedar fuera del debate, con las encíclicas de Juan XXIII, Mater et Magistra (1962) y Pacem in Terris (1963).
Otros elementos surgidos en la Argentina nos abonan sobre la importancia que adquirió el tema: en 1958 comienza a publicarse la revista Desarrollo Económico, que fue el principal vehículo de la literatura erudita económica sobre el desarrollo. Ese mismo año se crea en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura en Economía y comienza en 1961 la edición de su propia revista bajo la dirección de José Luis Romero. En 1962 la revista Criterio consagra una serie de artículos a la CEPAL, con lo que demuestra que el pensamiento católico trata de no quedar rezagado. Finalmente, la cuestión se instala también en el Ejército y, de la mano con la doctrina de la Seguridad Nacional, hará fructificar en muchos el proyecto de una modernización por la vía autoritaria. Este pensamiento será uno de los tópicos del discurso que el General Juan Carlos Onganía pronunciará en 1964 en West Point.
Los argumentos que compartían en general las tesis asociadas con la economía del desarrollo, más allá del objetivo de la industrialización y de las esperanzas puestas en ella como base de una economía nacional menos vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional y como eje de una sociedad plenamente moderna, sostenían la necesidad de que la Argentina abandonara el rango de país especializado en la producción de bienes primarios y de que ese cambio no sobrevendría por evolución económica espontánea; el Estado debía ser el agente por excelencia que diese impulso a una estructura industrial integrada, así como al crecimiento económico en general. Si bien había divergencias en cuanto al alcance, la naturaleza y los campos de intervención estatal, así como en cuanto al papel y los ámbitos que se reservaban para la iniciativa privada, el criterio convergente era que la economía argentina sólo podría consolidar su movimiento de desarrollo económico mediante la participación activa del poder público.
Hasta comienzos de los años sesenta el desarrollismo en la Argentina se identificó con una alternativa gradualista, reformista y asociada con la democracia representativa. Pero a partir de mediados de esa década cobró cada vez más fuerza la idea de la modernización a través de una vía autoritaria.
La alternativa democrática desarrollista que se intentó en primera instancia fue la conformada a través del binomio Frondizi - Frigerio, quienes sumaron también el vocablo integración con un doble sentido: político y económico. El término integración en sentido político hacía referencia a la unidad nacional, aludiendo a la necesidad de incorporar al peronismo a la vida política legal. En el sentido económico refería a la impostergable inserción de la Argentina en un mundo que marchaba hacia la integración, para lo que debía desarrollarse como Nación industrial. Frondizi asumió la presidencia el 1º de mayo de 1958, recibiendo los votos de una heterogénea mayoría que incluía a la Unión Cívica Radical Intransigente como a un amplio arco procedente de posiciones que iban desde el nacionalismo al Partido Comunista; pero el caudal decisivo de sufragantes provino del peronismo proscripto, cuyo apoyo fue el fruto de un acuerdo tramitado por Frigerio con Perón. Sin embargo, esta primera experiencia de la integración y el desarrollo fue malograda antes de cumplir su cuarto año: a fines de marzo de 1962 Frondizi fue derrocado luego del jaqueo incesante de las Fuerzas Armadas que lo acusaban alternativamente de servir al juego del comunismo o del peronismo. Se sumaba el contexto internacional en el que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Cuba de Castro fue el episodio latinoamericano de la Guerra Fría; el Pentágono presionaba a los ejércitos del continente para comprometerlos en la lucha contra la "subversión comunista". Los militares argentinos aceptaron pronto el desafío ya que el argumento internacional de la cuestión proporcionaba una justificación "legítima" a su lucha contra el "enemigo interno"; enemigo que, en dos modalidades, peronismo y comunismo, para ellos pronto se convirtió de una misma fuerza a combatir y destruir. Se convirtieron así en garantes del orden económico y social para lo que multiplicaron los organismos de seguridad e información con el objetivo de controlar las actividades políticas.
La asunción a la presidencia de José María Guido fue sólo un débil intento de camuflaje civil sobre una realidad nacional que estaba fuertemente condicionada por la tutela de las Fuerzas Armadas. Para empeorar la situación, el Ejército, que arrastraba discrepancias entre el "gorilismo" rabioso y los más moderados, profundizó su división entre "azules" y "colorados". Los primeros cuestionaban la ilegalidad e indisciplina fomentada por los altos mandos ultraliberales y la injerencia de la Marina en las cuestiones internas del ejército. Consideraban al peronismo como una fuerza nacional que no podía ignorarse, pese a los excesos del pasado, y lo veían como un posible bastión en contra de la subversión. Para los colorados, el peronismo era un movimiento sectario y violento que desataba el resentimiento de las masas obreras y socavaba los fundamentos de la jerarquía social. Los dos bandos protagonizaron enfrentamientos en septiembre de 1962 que finalizaron con el triunfo azul. Ese triunfo consolidó una tendencia más moderada que implementó una cierta legalidad orientada a celebrar elecciones entre marzo y junio de 1963. Se propició la organización de un Frente Nacional y Popular con la UCRI y la Democracia Cristiana, que incluyese sectores del peronismo pero dejando fuera al propio Perón. Este intento fracasó por disidencias entre los propios partidos, los sindicatos peronistas y las manifestaciones de rebeldía por parte de la Marina, encabezados por Isaac Rojas. Los militares azules renunciaron a la táctica integracionista y las elecciones de julio de 1963 se realizaron nuevamente con el peronismo proscripto que proporcionó un 19,72 % de votos en blanco. El triunfo fue para la Unión Cívica Radical del Pueblo, que obtuvo un magro 25,15 % y le siguió Unión Cívica Radical Intransigente con 16,40 % de los votos.
Con esas cifras es comprensible la debilidad con que se inició el gobierno de Arturo Illia, a lo que debe añadirse que si bien tenía mayoría en el Senado, no ocurría lo mismo en la cámara de Diputados. No resultará extraño, por tanto, que su presidencia fuera el blanco de cuantos proclamaban la necesidad de un cambio estructural imperativo. La administración del Dr. Illia se encontró bajo una serie compleja de fuegos cruzados: por un lado el peronismo, que enfrentaba al gobierno constantemente, recordándole que su llegada al poder era fruto de una elección con proscripciones; las asociaciones empresarias y la prensa liberal la atacaban sin piedad reprochándole su indulgencia frente a la acción sindical, su adhesión al intervencionismo estatal y su nacionalismo económico. Éste punto era uno de los elementos esenciales para la oposición que insistía en que la economía nacional estaba sumida en una crisis y que el gobierno no manifestaba vocación para el cambio. La opinión generalizada de que el estilo presidencial, demasiado lento, tolerante y gradualista se expresaba con vehemencia, en especial en algunos medios de prensa muy influyentes de la época, como la revista Primera Plana, en la que Mariano Grondona hacía escuchar su voz de esta manera:
"El gobierno del Dr. Frondizi padeció la tentación del activismo. El gobierno del Dr. Illia bordea el nihilismo. Y la Argentina herida de 1958 necesitaba cuidados y quietud, mientras la Argentina detenida de 1964 requiere inventiva y acicate."14
En síntesis, la percepción generalizada de una crisis, la anomalía del sistema político, el descreimiento respecto de los partidos, la débil legitimidad del gobierno surgido de las elecciones de 1963, el malestar de la derecha social, la cuestión peronista, la lectura e interpretación que de todo ello hacían muchos ideólogos, cristalizaron en un proyecto para poner fin al orden civil, conforme a las reglas establecidas desde septiembre de 1955. Nuevamente Mariano Grondona sintetizaba esas percepciones:
"Desde septiembre de 1955 el peronismo es nuestra Argelia: un problema sin resolver que se agrava con el tiempo y frustra y compromete los esfuerzos de la Nación en todos los terrenos"15.
Si éstas eran las respuestas que daban, al menos dentro de una élite, algunos sectores civiles, otras similares se proporcionaban desde las Fuerzas Armadas, como la que expresa el Comodoro (R) Juan José Güiraldes en una entrevista para la revista Confirmado, en agosto de 1965:
"Confirmado. -¿Se justifica el derrocamiento del gobierno en estos momentos? Güiraldes. -Sí. (…) Un derrocamiento al servicio de un gran propósito nacional, que es el poner el país en marcha a tono con la época en que vivimos. (…) [el] Ejército que conoce no sólo los problemas específicos y sus soluciones técnicas, sino también la política de cosas que es necesario acometer en la Argentina para sacar al país de su actual postramiento. (…) Éste no es el momento de preguntarle a la ciudadanía lo que hay que hacer, sino de decirle lo que tiene que hacer para no sucumbir.
Confirmado. -¿No es una actitud aristocrática?
Güiraldes. -Es la función de todo grupo enrolador, de toda élite. Desde que el hombre es hombre, son minorías las que han encarnado las apetencias de la comunidad que representan. Cuando lo hacen al servicio de sus propios intereses son oligarquías. Cuando lo hacen interpretando las apetencias de la comunidad, entonces son clase dirigente."16
V.2 Onganía, la Revolución Argentina y los tecnócratas locales:
El Ejército, reorganizado tras los enfrentamientos de 1962 y 1963 bajo la conducción del líder de la triunfante facción azul, general Juan Carlos Onganía, decidió llegada la hora de retornar, como actor principal, al escenario político. Una Junta Militar Revolucionaria constituida por los jefes de las tres armas destituyó al presidente Illia el 28 de junio de 1966, emitiendo en su proclama los que, según expresaban, eran objetivos imperiosos:
"En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de junio del año 1966, reunidos el comandante en jefe del Ejército, teniente general D. Pascual A. Pistarini, el comandante de Operaciones Navales, almirante D. Benigno I. Varela, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor D. Teodoro Álvarez, proceden a realizar un último y exhaustivo análisis de la situación general del país, como así también de las múltiples causas que han provocado la dramática y peligrosa emergencia que vive la República. Ese examen pone de manifiesto que la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas, de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuados a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y de la justicia. Todo ello ha creado condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance del peligro colectivista. Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la conclusión de que las fuerzas armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos intereses de la Nación, deben optar, de inmediato, las medidas conducentes a terminar con este estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales."17
Como se desprende del documento, dos peligros fundamentales acechaban a la nación argentina y los militares tenían la misión de conjurarlos: el caos democrático por una parte y el comunismo que en él fructificaba, por otra. Para lograrlo, la Junta, autodenominándose Revolución Argentina, disolvió el Congreso, dispuso la separación de los miembros de la Suprema Corte, la destitución de autoridades provinciales y municipales y nombró como presidente de la Nación al general Onganía.
En sus comienzos el régimen autoritario fue recibido con un consenso amplio, que involucraba variados sectores de la sociedad y no pocos partidos políticos, pero fundamentalmente se entusiasmaron tecnócratas provenientes de las dos fuerzas ideológicas principales -liberales y nacionalistas-, aunque el espectro era más variado que el que puede definir esta dicotomía. Había una coincidencia generalizada en rechazar el sistema de partidos vigente y en la necesidad de que el nuevo gobierno proscribiera la actividad política por un tiempo, sin plazo definido; en esa coyuntura, acordaban en que los partidos y las elecciones sólo podían ser factores de desorden que conspirarían contra las transformaciones que la revolución debía llevar a cabo, especialmente para el desarrollo económico. En concordancia con ello, el presidente Onganía dispuso la disolución de los partidos políticos y traspasó al Estado los bienes que poseían con el argumento de que la revolución y la nueva etapa que con ella se iniciaba eran irreversibles y daban inicio a una nueva era. Así lo expresaba en los Objetivos de la Revolución, en el Boletín Oficial:

"I- Objetivo general
Consolidar los valores espirituales y morales, elevar el nivel cultural, educacional, científico y técnico; eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual inspirada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana; como medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común, todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior. (…)
II. Objetivos particulares  
B. En el ámbito de la política interna
1) Promover un espíritu de concordia, de solidaridad y de tolerancia entre los argentinos; restaurar en el país el concepto de autoridad, el sentido del respeto a la ley y el imperio de una verdadera justicia en un régimen republicano en el que tenga plena vigencia el ejercicio de las obligaciones, derechos y libertades individuales. 2) Promover la consolidación de una cultura nacional inspirada esencialmente en las tradiciones del país, pero abierta a las expresiones universales propias de la civilización cristiana occidental de la que es integrante.  
C. En el ámbito de la política económica
1) Eliminar las causas profundas que han conducido al país a su estancamiento actual. 2) Establecer bases y condiciones que hagan factible una gran expansión económica y un auténtico y autosostenido desarrollo mediante la utilización plena, al más elevado nivel de rendimiento posible, de los recursos humanos y naturales con que cuenta el país. 3) Asegurar el acceso a la disponibilidad de mayores bienes y servicios de todos aquellos que estén dispuestos a realizar un sostenido esfuerzo para obtenerlos; con la finalidad última de procurar a los habitantes de la República la mayor libertad, prosperidad y seguridad compatibles con el orden, la disciplina social y las posibilidades reales del país."18
Estos objetivos se plasmarían según un esquema que transitaría por tres tiempos; el primero sería el "tiempo económico", en el que surgirían cambios estructurales, consagrados a sacar al país del desorden económico, librándolo de la ineficiencia, la inflación, el estatismo, como condiciones necesarias para el despegue a través del desarrollo industrial que permitiría la grandeza de la nación argentina. Un segundo tiempo, cuyo momento de ejecución quedaba nebuloso, sería el "tiempo social", destinado a la distribución de la riqueza acumulada en la primera etapa, eliminando los conflictos sociales y organizando la participación de la comunidad argentina en su conjunto. Finalmente, y como corolario de esas transformaciones, llegaría el "tiempo político", en un futuro aún más indeterminado y difuso, que abriría las puertas a una sociedad con capacidad para protagonizar un momento institucional diferente, en el que los viejos antagonismos se hubiesen superado.
En este esquema temporal se manifestaba la marcada tendencia a la planificación -propia de su tiempo- unida a la necesidad de controlar cualquier expresión de imprevisibilidad que pudiese surgir de la sociedad; lo que surgía era una suerte de culto a la modernización combinado con la preocupación por la amenaza ante lo imprevisto que ponían de manifiesto dos realidades que se retroalimentaban: la definición militar de la realidad y la definición tecnocrática de la misma. En concordancia con ello se estableció el "Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad Nacional" y la creación del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), que debía coordinar su actividad con el ya existente Consejo Nacional de Planeamiento (CONADE). Al frente del CONASE, Onganía designó al general Osiris Villegas, reputado como uno de los intelectuales del ejército y teórico de la guerra antirrevolucionaria; mientras se desempeñó como secretario del organismo, escribió un extenso trabajo, Políticas y Estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional, dos de los conceptos básicos del régimen iniciado en 1966, que el propio autor explica:
"Para la República, el desarrollo se convierte en la hora actual, en condición indispensable para la seguridad; porque el desarrollo proporciona los factores con que se actúa en la protección de los intereses vitales de la Nación. La armonía social, de la que depende el orden interno, está condicionada, entre otros elementos, a una justa distribución de la riqueza, sólo posible cuando existen las condiciones ambientales necesarias para crear dicha riqueza, lo cual es más fácil, si el país tiene desenvueltas sus aptitudes y capacidad para lograr sus decisiones fundamentales, contener los embates de otros países, cuando no de grupos privados internacionales -de intereses o de ideologías- que tienen posibilidades de poner a su servicio importantes factores internos y/o externos de poder.
El logro de estas irrenunciables exigencias de desarrollo y seguridad requiere, como condición necesaria, la existencia de una firme y compartida voluntad de cambio, para superar anacrónicas estructuras políticas, sociales y económicas que, oponiéndose a la realización de un país moderno y pujante, han conducido a su prolongado estancamiento. (…)
La República, para realizar sus objetivos de seguridad, frente a cualquier forma potencial de agresión, necesita desenvolver y canalizar fuerzas creadoras, que se conviertan en el prerrequisito de una respuesta adecuada a los desafíos crecientes de un mundo en transformación."19
Una vez neutralizados los partidos políticos sin grandes protestas ante la prohibición de su existencia y la confiscación de sus bienes, entraron en una suerte de reposo, alterado sólo de vez en cuando por esporádicas declaraciones de algunos dirigentes. Por breve tiempo fueron las universidades las que se situaron como focos de protestas y reclamos y concentraron la oposición al nuevo régimen. Sin embargo, ya estaban señaladas como núcleos de subversión e indisciplina; así lo ratifica Raúl L. Cardón, uno de los autores de La Revolución Argentina:
"La reforma educativa. La reforma del sistema educativo y la corrección de las fallas del aparato que lo sirven, constituye uno de los problemas más graves y urgentes de la Argentina. La restauración o implantación del sentido del orden, de la responsabilidad, del deber hacia la comunidad; la difusión de un sentimiento nacional sano y actuante, que se nutre no sólo de la veneración del pasado o del amor a la tierra, sino también de la confianza en la Nación y de la convicción de que ella tiene una papel en el mundo y en la historia, han de ser, en buena medida, obra de la educación.
(…) En cuanto a la reestructuración y modernización de la enseñanza media, y la corrección de las fallas del régimen universitario, son ya muchas y autorizadas las voces que señalan su imperiosa necesidad."20
La modernización y reestructuración de las universidades se llevó adelante eliminando la autonomía de esas casas de estudio, primero y, frente a las protestas de profesores y estudiantes, literalmente "a los palos" después, como lo testimonian los hechos de avasallamiento de los centros de estudiantes, las numerosas cesantías de docentes y expulsiones de estudiantes, culminando con la denominada "noche de los bastones largos", en que el violento asalto a la UBA terminó con los golpes y arrestos a numerosos profesores u alumnos.
Sin embargo, varias entidades empresarias saludaron con beneplácito el nuevo orden, como por ejemplo la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), asociación ligada al pensamiento liberal que nucleaba a las corporaciones más poderosas del país -la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina-. Poco después del golpe, en una muestra industrial que se inauguró en Palermo hacían referencia a la "nueva esperanza" que se habría para el progreso argentino, proclamaban su fe en la "nueva hora nacional"21 y justificaban la destitución del gobierno de Illia.
A diferencia de estas organizaciones, la respuesta del sindicalismo al nuevo gobierno fue más inestable; desde un principio manifestaron beneplácito con el derrocamiento de los radicales y pareció que daban su beneplácito a la Revolución Argentina, pero luego tuvieron posiciones encontradas con la intervención y cierre de ingenios azucareros en Tucumán y con el reordenamiento del trabajo portuario, proclamando que se iniciaría un "plan de lucha"; el gobierno declaró subversiva la huelga general dispuesta para el 1º de mayo de 1967 e intervino varios sindicatos, entre ellos el de los metalúrgicos, de donde provenía el principal líder sindical, Augusto Vandor.
Si bien el gobierno reafirmó su lugar luego de estos primeros embates, uno de los principales funcionarios de Onganía, Roberto Roth, se refería así a los primeros meses y a los cambios que se produjeron:
"La gente había esperado más del Gobierno. Esto fue haciéndose notar cada vez más durante los últimos meses de 1966. Las críticas se centraban en Salimei y Martínez Paz, pero carcomían la base de poder del mismo Onganía. (…)
En los primeros días de diciembre (…) me confió su secreto: iba a cambiar de gabinete. (…)22
Los años de mayor estabilidad del régimen transcurrieron entre marzo de 1967 y marzo de 1969 en los que la vida política nacional quedó sometida a las iniciativas del régimen y a la actuación de sus diferentes líneas, tanto en las esferas de gobierno como en las Fuerzas Armadas. Los liberales aplaudieron y vivieron como un triunfo la llegada de Adalbert Krieger Vasena al Ministerio de Economía, por lo que apoyaron expresamente su plan de estabilización y desarrollo, aunque no respondiese estrictamente a la ortodoxia liberal.
"El cambio de ministros se hizo sobre el filo del año nuevo. Martínez Paz fue reemplazado por Guillermo A. Borda, el mejor jurista del país. Para la vacante de Salimei La Nación daba como candidatos a Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Roth. Estaba en ilustre compañía, pero en realidad había un solo candidato. Lo pedían la banca y el comercio, la industria y el campo, los libreempresistas y nacionalistas.
Adalbert Krieger Vasena fue el más capaz de los ministros que tuvo Onganía. El plan del Ministro se ajustaba a la doctrina económica clásica pero no se apartaba de los que habíamos ensayado varias veces sin éxito. Podría argumentarse en favor de él que contaría con un elemento que había faltado a los anteriores: un panorama sindical tranquilo; la ausencia de presiones políticas importantes."23
El otro grupo fuerte dentro del régimen, los nacionalistas, tenían sus propios enclaves en otras áreas de la administración y habían incorporado los conceptos de modernización e industrialismo a su clásico repertorio de críticas al individualismo liberal, y apología de la autoridad, el orden y la unidad. Proyectaban corregir las insuficiencias de la democracia representativa mediante la creación de nuevas instituciones como consejos que dieran representación a determinados grupos de interés y órganos de participación comunitarios, pero sin la intervención de partidos políticos. Fundamentalmente para este sector la España franquista parecía un modelo a imitar, ya que reunía los atributos de un sistema autoritario y una política económica orientada al desarrollo. Coincidían con los liberales en la oposición a todo apresuramiento que perturbase el "tiempo económico" y en que el reordenamiento debía estar encabezado por destacados tecnócratas. Así lo expresa Alberto Castells en la Revolución Argentina:
"El sistema político revolucionario se halla investido de legitimidad formal (…) Encarna la realidad moral y material de un proceso consumado y se proyecta dinámicamente en busca de su legitimidad material y real, en la sustantividad de un gobierno moderno, eficaz y tendido al porvenir, donde no habrá lugar para los mecanismos retardatarios del pasado. (…)
Politicólogos y juristas deben contribuir a estabilizar en una fórmula propia la actual estructura de poder y preparar para un futuro cercano el proceso institucional que contribuya a dar una postergada felicidad a nuestro pueblo. (…)
(…) Propiciar un nuevo mundo más cristiano y más humano es invitar a los argentinos al desarraigo del falso orgullo, de la ambición que apasiona, del apego a las realidades materiales, optando por aquellas vivencias y maneras de ser que elevando el espíritu nos protejan de los vicios que podrían sobrevenir."24
En abril de 1968 un discurso del ministro Borda en el que refrendaba la concepción y los objetivos nacionalistas del régimen, estuvo a punto de desencadenar una crisis por la oposición que generó en los sectores liberales; dentro del ejército la ofensiva liberal fue encabezada por el Comandante en Jefe del arma, general Julio Alsogaray. El presidente logró dominar la situación y unos meses después desplazó al oficial reemplazándolo por el general Alejandro A. Lanusse, probadamente antiperonista pero también del sector "azul" del ejército, lo que fue bienvenido por los liberales.
Hasta los primeros meses de 1969 el país parecía atravesar un período de tranquilidad, a la que contribuía no poco la división de la CGT en la que gravitaban dos bandos antagónicos; uno de ellos encabezado por el líder del sector opositor al gobierno, Raimundo Ongaro -llamado CGT Paseo Colón o CGT de los Argentinos-; el otro sector era la CGT Azopardo, cuyo dirigente máximo, Augusto Vandor, se oponía a un choque frontal. Esto parecía otorgarle al régimen un amplio margen para administrar la paz social, de tal forma que en marzo de 1969 Onganía anunció que el "tiempo social" estaba por comenzar.
Sin embargo, en dos meses, el descontento oculto contra el sistema autoritario, afloró con una magnitud impensada: en mayo de 1969 manifestaciones estudiantiles en Corrientes y en Rosario terminaron con el saldo de estudiantes muertos por la dura represión; el 29 de ese mes estalló en Córdoba la revuelta de obreros y estudiantes que luego se conocería como "Cordobazo" y en la que los enfrentamientos con la policía y el ejército arrojaron veinte muertos.
Estos hechos marcaron el comienzo del fin para el régimen de Onganía, quien -tal como había ocurrido con Illia- fue destituido en junio de 1970 por una junta conformada por los jefes de las tres armas que nombraron presidente al general Roberto M. Levingston.
Conclusiones:
El 1 de abril de 1939, con estas palabras "En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado"25, el General Francisco Franco Bahamonde anunciaba el fin de la guerra civil y con ello el comienzo de sus treinta y cinco años de dictadura. Desde el punto de vista político-ideológico, bajo la favorable coyuntura -al menos en ese momento- del ascenso hegemónico de las potencias del Eje, dos de las cuales habían sido sus aliadas en la contienda civil. Para enfrentar ese desafío se hizo eco de los postulados ideológicos de los fascismos, en una particular combinación, definida por el propio Caudillo como "nacional catolicismo". Los avatares de la vida política los resolvió a través del sometimiento y la represión de un pueblo encorsetado dentro de su férrea dictadura.
Desde el punto de vista económico, debió hacer frente a la realidad de una España destrozada, física y moralmente, por las crueldades de la guerra civil, con una estructura económica previa de subdesarrollo, basada casi únicamente en el agro como principal fuente productiva. La respuesta fue el modelo "autárquico" con el que Franco pretendió encarar en sus primeros años de dictadura los desafíos que le planteaba un mundo en plena expansión de desarrollo capitalista.
Hemos analizado cómo se modificó esa inicial coyuntura favorable al Caudillo con el desenvolvimiento de la segunda guerra mundial y la derrota del Eje y cómo, bajo la presión de una situación internacional hostil y de una situación interna de bancarrota y miseria, Franco debió dar un giro importante en el rumbo de la economía española.
Si la España de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta tenía, no pocos rasgos de subdesarrollo que la asemejaban a los países latinoamericanos e incluso estaba por detrás de ellos en varios índices de desarrollo económico y social, podemos afirmar que hacia fines de los sesenta y comienzos de los setenta, era ya un país europeo. En efecto, desde 1961 y hasta 1973, la economía española creció a una tasa superior a la de muchos países europeos más desarrollados, aunque semejante a la de otros países mediterráneos que, como España, estaban aprovechando las oportunidades ofrecidas por los mercados internacionales para reducir distancias respecto a los países más ricos.
El crecimiento económico se basó, por un lado, en la demanda productiva interna, que tenía un potencial de expansión extraordinario dado que había estado colapsada durante más de veinte años, y, por otro lado, en las favorables condiciones del contexto internacional. Considerando este último factor, para el crecimiento económico español fue esencial el aumento del poder adquisitivo de la población europea, que hizo posible que millones de personas pudieran viajar a España de vacaciones; por otro lado fue importante la gran cantidad de capital internacional acumulado, interesado en invertir en un mercado como el español, que había estado hundido durante veinticinco años; esas inversiones extranjeras iban acompañadas, además, de tecnología y nuevas formas de organización productiva. A turistas e inversiones, debemos añadir las remesas de divisas de los casi tres millones de emigrantes españoles, que salieron a otros países de Europa, huyendo de condiciones de vida miserables.
Si bien el contexto exterior dio impulso y velocidad al crecimiento económico, éste también estuvo vinculado a dos factores internos conectados entre sí. Por una parte, el cambio hacia una estructura productiva en la que el agro dejó de tener el peso fundamental y, en cambio, el rol hegemónico le correspondió a la industria y a la expansión del sector servicios. Por otra parte, la expansión del consumo y el aumento en los niveles de productividad, fueron los resultantes del aumento de la renta de gran parte de la población.
A la vez, el crecimiento de los sectores industrial y de servicios, en un contexto de gran desigualdad del nivel de desarrollo del territorio español, fue posible por -y a la vez incitó- un amplísimo movimiento migratorio interregional desde las áreas rurales a las urbanas. Todos los sectores económicos que impulsaron el crecimiento exigieron un importante flujo migratorio; la actividad industrial creció sobre todo en aquellas regiones que disponían de una previa plataforma industrial; claro que, como contrapartida, esto acentuó más aún los desequilibrios regionales ya existentes. La actividad turística, por su parte, proporcionó trabajo a miles de personas, pero, en general, lejos de las regiones agrarias. Además de la concentración regional de la población se produjo un importante proceso de urbanización.
Desde otra perspectiva, asociada al movimiento migratorio y al cambio productivo aparece la modificación de la estructura social: durante los años sesenta y setenta se produjo una reducción sustancial del volumen de obreros agrícolas, al igual que la disminución de los pequeños propietarios agrarios. En sentido inverso, los obreros industriales, en aumento hasta 1975, constituyeron la franja más amplia de la estructura profesional, a los que hay que añadir los trabajadores del sector terciario, que también aumentaron continuamente a lo largo de este período. En conjunto se puede hablar de la formación de una nueva clase obrera por los cambios, tanto cualitativos como cuantitativos, que experimentaron los sectores de los trabajadores. Paralelamente, se produjo también una mejora en la calificación profesional de la población española, tanto en lo que respecta al personal administrativo y comercial, como en el incremento de profesionales altamente calificados, que prácticamente se duplicaron entre 1964 y 1970. Estos cambios supusieron la consolidación de una sociedad capitalista industrializada, en la que la clase obrera era amplia y diversificada, al igual que las clases medias que experimentaron también una profunda transformación.
Todas estas modificaciones en la estructura social estuvieron estrechamente vinculadas a un incremento del poder adquisitivo de gran parte de la población, que se tradujo en la casi duplicación de la renta per cápita entre 1960 y 1970. Sin embargo, de este crecimiento la población se benefició en muy diversas intensidades: la remuneración neta de los asalariados creció menos que la renta nacional, de tal manera que los más beneficiados por el crecimiento fueron los propietarios de capital. Por otro lado, los trabajadores lograron aumentar su renta por la ampliación en el volumen de personas ocupadas, por el incremento de horas de trabajo, por la mayor calificación profesional y por el aumento en la conflictividad laboral. También se debe tener en cuenta que la generalización en la prolongación de la jornada laboral fue para todas las categorías.
En definitiva, durante las décadas de los sesenta y setenta, España vivió un proceso de transformación social muy importante; el desarrollo de nuevas actividades en la industria y los servicios, además de generar un importante crecimiento económico, determinó una nueva estructura socioprofesional, exigió mayores niveles de educación, todo lo cual influyó en la aparición de nuevas pautas de comportamiento social. También hay que considerar que la mejora en las condiciones materiales de existencia, en un contexto de urbanización creciente, afectó tanto las pautas de sociabilidad como las actitudes sociales.
Es necesario examinar también cómo se modificaron las actitudes sociales respecto al régimen franquista. En términos relativos las clases acomodadas fueron las que experimentaron una menor evolución. El crecimiento económico iniciado en los sesenta aseguró la continuidad, y en algunos casos el incremento, del apoyo de los sectores burgueses al régimen, porque éste aseguraba, además de "paz" y "orden", la conversión de España en una "potencia" industrial en la que los beneficios eran fáciles y cuantiosos. El poder económico continuó tan concentrado como en las décadas anteriores, pero esa oligarquía financiera no actuaba de forma abierta en los espacios públicos.
Por su parte las clases medias participaron del doble y, aparentemente, contradictorio fenómeno de los años sesenta de extensión de una cultura individualista a la vez que extensión del rechazo a la dictadura. No era contradictorio porque, por un lado, la aparición de la "sociedad de consumo" favoreció la pasividad política y la aceptación del régimen, pero, por otro, los mismos cambios económicos, sociales y culturales, que pusieron de relieve el inmovilismo de la dictadura, estimularon la aparición de situaciones conflictivas y, con ellas, el aumento de las actitudes políticas contrarias a la dictadura, tanto pasivas como activas.
La transformación que vivió España afectó intensamente a la cultura y las actitudes obreras, extendiéndose nuevos valores y formas de vida vinculados al mayor poder adquisitivo y a la sociedad de consumo publicitada por los medios de comunicación. Igualmente, el cambio generacional y las mejores condiciones de vida extendieron entre algunos sectores la aceptación de la dictadura; en otros, se extendió la actitud contestataria hacia un régimen que negaba derechos fundamentales, especialmente a los trabajadores.
Entre los nuevos conflictos que aparecieron cabe destacar los siguientes: el resurgimiento de los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña y el País Vasco; el paulatino crecimiento de los sindicatos clandestinos y de la conflictividad laboral, materializada en numerosas huelgas y actos de protesta; la contestación estudiantil en las Universidades; el distanciamiento respecto del régimen de crecientes sectores eclesiásticos, y el agotamiento ideológico del régimen, incapaz de dar forma al "desarrollo político". Este conjunto de situaciones permanentes de desacuerdo con las directrices políticas iban a afectar al régimen de forma cada vez más acuciante sin que el gobierno se decidiera a entrar en el análisis profundo de los problemas.
La dictadura, que hasta entonces no había tenido excesivas dificultades para controlar la oposición, en un intento por detener la contestación creciente hacia el régimen, se apoyó en la represión, lo que incrementó los rechazos, las protestas y las condenas internas e internacionales. De manera que los movimientos sociales en la segunda mitad del franquismo fueron, por un lado, el agente organizativo con el que obtener mejoras materiales y sociales, pero, por otro, el agente difusor de una cultura democrática que convertiría en protagonistas del cambio político a miles de personas de las que no pudieron prescindir aquellos que controlaban los resortes del poder.
Por tanto podemos afirmar que Franco, presionado por unas situaciones externa e interna sumamente desfavorables, supo -o se vio obligado a- movilizar su pragmatismo en busca de soluciones económico-financieras que, en términos generales, no eran de su agrado -y que probablemente no hubiera elegido bajo otras circunstancias- pero que le ayudaron a sortear el desafío coyuntural que se evidenció fuertemente desde los cincuenta. Pero nunca estuvo dispuesto a extender ese pragmatismo a la vida política para propiciar unas bocanadas de democracia que les permitiera a sus conciudadanos desenvolverse en un ámbito social más flexible, inclusivo y liberal; el futuro demostró luego que el pueblo español pudo prepararse para el liberalismo y la democracia.
Con respecto al caso Argentino, debemos señalar importantes diferencias que lo alejan de la evolución que transitó España. Por una parte, la Argentina de mediados de los '50 no emergió de una guerra civil; si bien el gobierno iniciado con la denominada Revolución Libertadora dio inicio a una dictadura autoritaria y represiva, no alcanzó los niveles de violencia y agresividad de la primera etapa del franquismo. El derrocamiento de Perón contribuyó de manera indirecta a generar una nueva dinámica: la redistribución regresiva del ingreso permitió un descenso de los costos, pero el centro de atención era la superación del déficit comercial por medio de la expansión de las exportaciones agropecuarias, con lo cual los problemas industriales pasaban a un segundo plano y se veían agravados por la evolución desfavorable de los precios relativos y por medidas específicas, como los cortes programados de energía eléctrica.
Con la llegada del desarrollismo, de la mano del denominado plan Prebisch, primero, y a fines de los '50 con el binomio Frondizi/Frigerio, se volvió a manifestar explícitamente un proyecto industrialista, que tenía como clave del desarrollo económico el avance hacia una nueva estructura industrial. El desarrollismo cuestionaba la dirección seguida por la evolución industrial en el pasado, que apuntaba a sustituir importaciones iniciando el proceso con los bienes de consumo y avanzando luego en la cadena productiva, a partir de la creación de una demanda interna de determinados bienes industriales. Según este esquema, el desarrollo debía comenzar por las industrias de base (acero, petroquímica, energía, metalmecánica, transportes), para evitar la dependencia de los insumos y las maquinarias importadas y sortear el intercambio desigual. Este punto era clave para el desarrollismo, porque sostenían que de esta manera podrían superar el bloqueo del proceso de acumulación de capital que padecía la Argentina por su estructura económica "deforme" e incompleta. Como no podía producirse un desarrollo industrial espontáneo debido a los costos iniciales, la necesidad de una etapa de aprendizaje y los intereses vinculados a la importación de esos bienes, se instrumentó un conjunto de herramientas, entre las que sobresalieron el establecimiento de altos aranceles aduaneros y la sanción de una ley de promoción industrial que apuntaban a la protección industrial local frente a la competencia de las importaciones y al estímulo de las exportaciones. Se apuntó también a estimular el ingreso de capitales extranjeros, argumentando que la acumulación interna era demasiado débil para sustentar un proceso de desarrollo.
Las nuevas condiciones resultaron un poderoso atractivo para los empresarios del exterior: entre 1959 y 1962 se autorizaron radicaciones por un valor de quinientos millones de dólares, que abarcaban casi todo el espectro industrial. A pesar de la magnitud de las inversiones, dichas empresas no generaron un impacto significativo sobre el volumen del empleo, ya que las nuevas plantas sólo incorporaron unas sesenta mil personas, algo más del 40 % del total de la industria. A partir de 1964, en concordancia con la política más reticente frente al capital extranjero de Ilia, el ingreso de inversiones disminuyó de manera notable, mientras las salidas en concepto de remisión de utilidades e intereses crecieron hasta superar cuantitativamente el flujo de inversiones. La expansión de las transnacionales marcó virtualmente el ritmo de la expansión industrial hasta los primeros años de la década del '60. Sin embargo, de a poco comenzó a estimular también a una parte del empresariado nacional, que aceptó el desafío de expandirse con nuevos proyectos de inversión. El nuevo impulso contribuyó a producir una transformación del sector, que se prolongó a lo largo de la década siguiente. Los cambios pudieron apreciarse en diversos indicadores, entre los que se destaca el crecimiento de la producción industrial dentro de la estructura del PBI, que se elevó de menos de 30 % en 1955 a casi un 34 % una década después.
Los primeros meses de la Revolución Argentina representaron un período orientado a actuar con fuerza en lo político, como ya señalamos, para allanar el camino a la implementación del programa económico. Para el gobierno de Onganía, los objetivos de alcanzar el "orden" que condujera al progreso económico y social debían ser aplicados de manera gradual. No se trataba pues, de instrumentar un plan político y económico de transición, sino de la articulación de una serie de objetivos de largo plazo que serían ejecutados por ese nuevo gobierno. Bajo esos lineamientos, como fase previa a la formulación e implementación de un programa económico, era necesario tomar una serie de medidas que "disciplinaran" el espectro político y social, para consolidar la alianza que demandaría la ejecución del plan económico. En síntesis, en la concepción del general Onganía y su entorno estaba presente la idea de que era preciso instalar un gobierno "fuerte" para que, bajo su mando, se pudiera completar el proceso de industrialización comandado por el capital extranjero. Como vimos, las desavenencias durante el ministerio de Salimei terminaron con un cambio de gabinete y un marcado estancamiento del PBI a fines del año 1966 -creció sólo un 0,7 % con respecto a 1965-, las inversiones extranjeras directas ascendieron a sólo 2,5 millones de dólares y la leve devaluación no logró mejorar la balanza de pagos.
La llegada al ministerio de economía de Krieger Vasena estuvo acompañada por una serie de medidas orientadas a implementar un plan de estabilización que pretendía realizar una redistribución de recursos destinada a evitar la transferencia de ingresos de un sector a otro; los resultados morigeraron las pujas entre el empresariado industrial y los terratenientes, pero tuvieron consecuencias negativas sobre los ingresos de los trabajadores. El plan implementado desde enero de 1967 incluyó una devaluación del 40 % del peso que apuntaba a la atracción de capital extranjero. A su vez desalentaba las importaciones y trataba de colocar a la gran industria nacional en una posición más competitiva, contemplando también la institución de incentivos fiscales para promover la inversión industrial y alentar la expansión de exportaciones no tradicionales.
Por último, se instrumentaron medidas fiscales y de racionalización en el sector público, con aumentos en las tarifas de servicios públicos, incrementos impositivos sobre las ventas y las propiedades y la reducción y/o redistribución del empleo público a la vez que se congelaban los salarios. Con estas medidas los principales beneficiados fueron el Estado y los capitales extranjeros. Si bien los movimientos redistributivos no fueron bruscos en promedio, la evidencia indica que se redujo el ingreso de los asalariados, a la vez que crecieron las ganancias empresariales. Y si en Washington se lo aclamó como uno de los más exitosos en su momento, el estallido del Cordobazo demostró que varios sectores de la sociedad argentina no opinaban lo mismo; un nuevo cambio en el ministerio de economía con la asunción de José María Dagnino Pastore, no significó un cambio de plan económico y como ya señalamos, al poco tiempo le siguió el derrocamiento de Onganía que, producido en un contexto de exacerbación del conflicto social y distributivo, marcó el fin de esta etapa.
Por último, como corolario del trabajo podemos reafirmar lo que enunciáramos en la Introducción: el franquismo constituyó un camino paradigmático para muchos sectores de la dirigencia argentina, especialmente entre la cúpula del ejército y algunas élites dirigenciales, procedentes de corrientes del liberalismo y del nacionalismo. Si bien existieron grandes diferencias, tanto de las estructuras previas, como de las coyunturas circunstanciales, muchos de los considerados "éxitos" del modelo español de los años '60, tuvieron acogida entre ésas élites y constituyeron un poderoso atractivo.

Notas:
1 Sabín Rodríguez, p.46
2 Tuñon de Lara, p.196
3 Franco, F. "Mensaje del Caudillo a los españoles". Discurso pronunciado por S.E. el Jefe del Estado la noche del 31 de diciembre de 1939. Año de la victoria. Congreso de los Diputados; en Sabín Rodríguez, pp. 157/158.
4 Franco Salgado-Araujo, p.198
5 Franco Salgado-Araujo, p.208
6 Franco Salgado-Araujo, p.262
7 Franco Salgado-Araujo, p.270
8 Franco Salgado-Araujo, pp.294/322
9 Tusell, 2005, p.165
10 Biescas en Tuñón de Lara, p. 99
11 Altamirano, 2001. p.51
12 Altamirano, 2001. p. 55.
13 CEPAL (Comisión Económica para América Latina)
14 Altamirano, p.77
15 Altamirano, p.79
16 Confirmado, 26 de agosto de 1965.
17Acta de la Revolución Argentina, sancionada el 28 de junio de 1966; Boletín Oficial, 8 de julio de 1966.
18 Boletín Oficial, 19 de julio de 1966.
19 Villegas. 1970. p. 109
20 Cardón, en Puigbó. 1966. pp. 27/29.
21 La Nación, 7 y 14 de julio de 1966.
22 Roth, 1981. p. 129/130
23 Íbidem, p. 131/134
24 Castells, en Puigbó. 1966. pp. 115/131.
25 Sabín Rodríguez, p.404

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