lunes, 31 de julio de 2017

Documentos de la DIPBA Los archivos secretos sobre Rodolfo Ortega Peña: cómo lo espiaban


Pablo Waisberg

El abogado, historiador y diputado fue seguido de cerca durante los últimos años de su vida. Los informes de inteligencia, a los que accedió Infojus Noticias, muestran hasta dónde lo observaron los agentes de la Policía bonaerense y del Ejército.
A Rodolfo Ortega Peña lo pusieron en la mira en 1965. Así lo evaluaron los servicios de inteligencia locales cuando decidieron incluirlo en un informe secreto sobre el grupo CONDOR (Centros Organizados Nacionales de Orientación Revolucionaria). Se trataba de un armado político junto al historiador nacionalista José Hernández Arregui, para acelerar el retorno del Justicialismo al poder. Hasta ese momento, el Pelado no parecía haberles importado. No hay ningún informe sobre su temprana militancia en el Partido Comunista, ni sobre su acercamiento a la Resistencia Peronista, en 1960. Tampoco hay registros sobre su labor como abogado laboralista de la UOM de Augusto Vandor.

El grupo CONDOR, impulsado por Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, era el resultado de esas reuniones de intelectuales y militantes. Era el fruto de esa izquierda nacional que se sumaba a la Resistencia Peronista y buscaba allí el camino de la liberación nacional. Por eso, el primer documento de CONDOR subrayaba “la necesidad de constituir un centro ideológico activo, resuelto al desenmascaramiento implacable de todas las formas económicas y culturales del colonialismo” y destacaba el “papel hegemónico de la clase obrera” en esa batalla. Esa amplitud dejaba espacio a que sus integrantes ocuparan puestos de lucha en distintos partidos políticos. Eso permitió sumar desde Hernández Arregui hasta John William Cooke y el artista plástico Ricardo Carpani, entre otros.

Ese primer documento, fechado el 4 de junio de 1964, aniversario de la muerte de Felipe Varela, encendió la luz de alarma en el Servicio de Información de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA, que después se convertiría en dirección, con las siglas DIPBA). El organismo abrió un legajo sobre la fundación de CONDOR y definió el tema como “D s”, que correspondía a todo lo relacionado con “sabotaje”, “actividad subversiva” y “actividad panfletaria”.

Advirtieron allí que el grupo se proponía “ir aglutinando a las izquierdas peronistas que concluirán con el mito de la tercera posición” y señalaban la estrategia trazada de trabajar “dentro de los tres sectores base para la vida del país: Iglesia, Ejercito e Industria”.

Pero más allá de la preocupación que despertó entre los hombres de inteligencia, CONDOR no resistió las diferencias políticas y poco después se desintegró. El punto de ruptura fue la adhesión al movimiento peronista. Duhalde, Ortega Peña y otros plantearon que la izquierda debía identificarse con Perón y eso determinó el alejamiento de Hernández Arregui –simpatizante pero nunca orgánico del peronismo– y de otros integrantes del grupo, más ligados al trotskismo.

Sin embargo, el seguimiento sobre Ortega Peña se mantuvo. En la gruesa carpeta de informes de inteligencia que custodia la Comisión Provincial por la Memoria existen seguimientos en conferencias de prensa, como la que se dio en el Sindicato Unico de Publicidad para denunciar la represión de la dictadura de Agustín Lanusse. Allí apuntaron que hubo otros dos abogados en reemplazo de Ortega Peña que faltó por “motivos que se desconocen”.

Uno de esos informes se hizo en el verano de 1971, a pedido del intendente de San Carlos de Bolívar, quien se incomodó por la presencia de Ortega Peña. El abogado laboralista, que se había convertido en defensor de presos políticos y había tenido a su cargo al defensa de los detenidos por el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, solía veranear allí. La explicación no tenía nada que ver con la política ni la ideología: era el pueblo de la familia de su mujer, Marta Gomez Iza.

Durante una velada en casa de unos amigos de Bolívar, a Ortega Peña le preguntaron sobre el desarrollo de las causas Aramburu y el asalto al banco de La Calera. También sobre el robo de un camión blindado en Córdoba. En la reunión había amigos de los Gómez Isa y familiares de Marta, entre ellos su hermano Cacho.

Seguramente la conversación fue jugosa y plagada de definiciones del joven abogado, que gustaba de la provocación. Alguna frase trascendió esa reunión y la escuchó el intendente, quien pidió una investigación detallada porque era “una persona vinculada a grupos terroristas”. 

La tarea recayó en manos del oficial subinspector Hugo Antonio Candia. Detalló que Ortega Peña veraneaba junto a su familia en la Estancia El Aguaribay, que la familia de su esposa “goza de muy buen concepto y que sustenta la ideología radical” y que durante su estadía fueron “escasas las oportunidades en que se le ha visto con la familia en la Planta Urbana de la Ciudad de Bolívar”. Además, precisó que “todas las semanas viaja a la Capital Federal los días domingo, solo, regresando los días jueves e ignorándose los motivos”.

Otro de los legajos de la DIPBA reúne información sobre la Asociación Gremial de Abogados, que fue fundada a fines de 1971 para defender a los presos políticos de la dictadura de Lanusse. Entre los fundadores estaban Ortega Peña, Duhalde, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Carlos González Gartland y Mario Kestelboim. Llegó a tener unos 300 afiliados, cuyo promedio de edad oscilaba entre los 30 y los 35 años, y una proporción de muertos y desaparecidos que algunos fijan en el cincuenta por ciento.

Dentro de esa carpeta, con la categoría destinada a las “actividades subversivas”, existe un parte del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), de octubre de 1972. “El objetivo es agrupar a los profesionales del Derecho para la defensa de los intereses gremiales en función de una profunda identificación con los intereses del pueblo”, indicó el informe en uno de sus primeros párrafos y agregó otras metas: “combatir toda violación de los derechos humanos” y “exigir la derogación de toda legislación represiva”.

El parte de inteligencia concluye: “puede afirmarse que la Asociación Gremial de Abogados se ha convertido en el aparato infraestructural de las distintas organizaciones armadas clandestinas (ERP, FAR, FAL y Montoneros)”. En particular, señala a Ortega Peña entre los abogados que “se destacan abiertamente por sus actividades” en favor de esas organizaciones.

También hay un seguimiento durante los días previos y posteriores a los fusilamientos de Trelew, en agosto de 1972. Allí ubican a Ortega Peña intentando llegar a la Base Naval Almirante Zar antes del crimen y, luego, dando una conferencia de prensa en Buenos Aires sobre el asesinato de los militantes políticos.

Para marzo de 1973, después de haber impulsado la campaña del “luche y vuelve” para traer de regreso a Juan Perón, la Dirección General de Inteligencia volvió a ubicar a Ortega Peña en el tablero político. Habían registrado reuniones en el Sindicato de Empleados de Farmacia y la Federación Gráfica Bonaerense, que encabezaban Jorge Di Pascuale y Raimundo Ongaro, respectivamente. Ambos estaban vinculados el Peronismo de Base, que mantenía mucha cercanía con Ortega Peña.

Los encuentros fueron para analizar la situación de los presos políticos y qué ocurriría con ellos con la llegada del peronismo al gobierno. “Se trataría de publicitar de la mejor manera posible sobre la libertad de estos detenidos, con miras a crear un clima favorable para un posterior debate parlamentario”, detalló el informe en su segundo párrafo.

El documento –que lleva la firma del jefe de la Dirección General de Inteligencia, Alberto Valin- precisó que decidieron imprimir folletos con los testimonios sobre la Masacre de Trelew y la conferencia de prensa que dio Ortega Peña. Además, puntualizó: “Uno de los abogados que más insiste sobre este problema (la liberación de los presos políticos) es Rodolfo Ortega Peña y sería su intensión llevar el asunto hasta los estrados del próximo cuerpo legislativo. También estaría en el espíritu de algunos de ellos realizar una manifestación popular sobre la libertad de los presos políticos frente al Congreso de la Nación”.

A partir de allí, los informes se diluyen. Solo hay algunos recortes periodísticos. Algunos muestran las críticas al último tramo del gobierno de Perón: la reforma del Código Penal, el Pacto Social y el despliegue de la Triple A. No registran que, habiendo integrado la boleta electoral del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), llegó a su banca tras la renuncia de los ocho diputados de la JP Regionales. Tampoco mencionan los seguimientos de los últimos días, mucho menos la emboscada que la Triple A le hizo en Carlos Pellegrini y Arenales, donde lo mató de trece balazos.