martes, 4 de julio de 2017

Cómo se gestan los golpes suaves en América Latina

Telesur
Publicado el 8 de marzo de 2016
Naciones como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil se encuentran en la mira desestabilizadora de la derecha opositora internacional.
La oposición venezolana es la hoja de ruta del decreto injerencista de Obama, según autoridades.
Primero que todo debe conocerse a qué se le denomina golpe de Estado blando o suave. Son técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido y, de esta manera, hacerse del poder político de una nación, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un grupo económico y político. 
Varios presidentes y expresidentes de Latinoamérica han sido víctimas de esta nueva modalidad de golpes de Estados, como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela, al igual que su antecesor, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
De acuerdo con Gene Sharp, la estrategia del golpe suave puede ejecutarse a través de cinco etapas jerarquizadas o realizadas de manera simultánea. Entre ellas, el incremento progresivo de los conflictos y la promoción del descontento, para generar factores de malestar, tales como el desabastecimiento, criminalidad, manipulación del dólar, paro patronal, denuncias de corrupción a través de medios de comunicación, sin sustentos reales.
¿Pero cómo ha sido la modalidad de golpe de Estado y golpe suave en Venezuela?
En el año 2003, el Instituto Albert Einstein tocó terreno en Venezuela por primera vez. Un viaje realizado por el coronel Robert Helvey y otro funcionario del instituto, Chris Miller, tomó lugar en abril 2003 durante 9 días en Venezuela. El objetivo de la consulta fue suministrar a miembros de la oposición venezolana la capacidad de desarrollar una estrategia basada en las técnicas de golpe suave para “restaurar la democracia” en Venezuela.
Luego, volvió el contacto entre la oposición venezolana y el AEI en marzo de 2005, cuando en la sede del instituto en Boston realizaron un taller de estrategia para estudiantes y jóvenes venezolanos. Este fue el momento cuando comenzaron su trabajo con los jóvenes venezolanos. Trajeron dos de los dirigentes de OTPOR desde Serbia, Slobodan Dinovic y Ivan Marovic para enseñar a los estudiantes venezolanos cómo debilitar y desorganizar al poder y cómo construir y manejar su movimiento.


En 2006, el movimiento estudiantil entrenado por Gene Sharp, el coronel Helvey y los jóvenes expertos de OTPOR, se estrenó con el Plan V durante el proceso de las elecciones presidenciales en diciembre 2006. Pero no tenían suficiente presencia en la calle y aún no habían perfeccionado las técnicas del golpe suave. Además, la situación electoral no les favorecía, pues la ventaja del presidente Chávez sobre el candidato de oposición Manuel Rosales era demasiado grande para poder declarar fraude con legitimidad.
No fue sino hasta abril de 2007, con la excusa de la no renovación del canal de televisión RCTV, que los jóvenes entrenados por el AEI y OTPOR lograron ejecutar la primera fase de su plan. Nació el movimiento estudiantil “manos blancas” con el joven dirigente Yon Goicochea (uno de los seleccionados estudiosos de las técnicas de Sharp) y dio su cara al país.
Su duro trabajo tuvo éxito en 2007 con la derrota, aunque por poco, de la reforma constitucional. Como era de esperar, muchos de los líderes estudiantiles, confesos apolíticos en su momento, se incorporaron en partidos políticos para asegurar futuros cargos, como Yon Goicochea en la directiva de Primero Justicia, o  luego fueron electos en cargos locales, como Stalin Gonzalez y Freddy Guevara, entre otros.
Cuando el presidente Chávez falleció en marzo de 2013 después de una brutal batalla contra el cáncer, la oposición vio una nueva oportunidad de retomar al poder. Elecciones presidenciales fueron celebradas el 14 de abril de 2013 en un ambiente extremadamente tenso y volátil. Nicolás Maduro, el sucesor escogido por Chávez, se postuló contra Henrique Capriles, quien en octubre de 2012 había perdido la elección presidencial contra Chávez por 11 puntos. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron mucho más estrechos con Maduro, quien ganó por un margen de poco menos de dos puntos. Capriles se negó a aceptar los resultados y llamó a sus partidarios a salir a las calles para protestar y "desatar toda su rabia". Durante los dos días después de las elecciones, 11 seguidores del gobierno fueron asesinados por los seguidores de Capriles. Fue un baño de sangre que no recibió atención en los medios internacionales; las víctimas no eran suficientemente importantes para alimentar sus matrices de opinión contra el gobierno.


Mientras 2013 avanzaba, la crisis económica en el país se intensificaba y la vieja estrategia de acaparamiento de productos para provocar escasez y pánico entre la población había regresado. Productos de consumo básico desaparecieron de los mercados - papel higiénico, aceite para cocinar, leche en polvo, harina de maíz - artículos necesarios para la vida cotidiana en Venezuela. La inflación empezó a subir y la especulación y aumento de precios se habían disparado. Aunque una parte de esta situación estaba relacionada con el control cambiario de divisas para evitar la fuga de capital, mucho tuvo que ver con el sabotaje. Una guerra económica total estaba en marcha contra el gobierno del presidente Maduro.


En enero 2014, cuando los venezolanos volvieron de sus vacaciones navideñas, las dificultades económicas continuaban. Maduro comenzaba a tomar medidas enérgicas contra empresas que violaban las leyes recién promulgadas para el control de precios y en contra de la especulación. Hacia finales de enero, anunciaron nuevas medidas para el acceso a divisas que muchos percibían como una devaluación de la moneda nacional, el bolívar. Los opositores usaron el momento para demandar la renuncia de Maduro. Para febrero, pequeños focos de protestas surgieron en diferentes partes del país, principalmente en los sectores de clase media y alta.


Durante la celebración del Día Nacional de la Juventud, el 12 de febrero, mientras miles de personas marcharon pacíficamente para conmemorar los logros históricos de la juventud en la independencia de la nación, otro grupo impulsó una agenda diferente. La juventud opositora, los "estudiantes", encabezaron una marcha agresiva pidiendo la renuncia de Maduro que terminó en un violento enfrentamiento con las autoridades después de que los manifestantes destruyeron fachadas de edificios, incluyendo la oficina del Fiscal General, y lanzaron objetos contra la policía y la guardia nacional y utilizaron bombas molotov para quemar bienes y bloquear tránsito. Los enfrentamientos causaron tres muertos y varios heridos.


El líder de la protesta violenta, Leopoldo López, pasó a la clandestinidad después de la confrontación cuando fue emitida una orden de arresto contra él debido a su rol en los eventos mortales y sus llamados públicos para derrocar al presidente. Días más tarde, después de un show que incluyó la transmisión de vídeos "desde la clandestinad", López convocó a otra marcha y aprovechó el evento para entregarse a las autoridades. Fue detenido para ser interrogado y enjuiciado, todos sus derechos garantizados por el Estado. Las violentas protestas continuaron durante el primer semestre del año y causaron más muertes, decenas de heridos y la destrucción de la propiedad pública.
En el año 2015, gracias al desgaste generado por la guerra económica, desaparición de productos, alza de los precios, entre otros, se realizaron elecciones parlamemtarias el 6 de diciembre.
Los candidatos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) proponen introducir cambios en la legislación e institucionalidad que representarían un sustancial retroceso en materia de derechos para el pueblo.
Su propuesta para desarrollar en la nueva Asamblea Nacional, denominada "oferta legislativa para el cambio", destaca principalmente la agenda empresarial.
Plan de la oposición venezolana
El plan de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) incluye como punto central suprimir el control estatal en la prestación de servicios públicos, que en la actualidad ocurren de forma subsidiada, para sustituirlos  por asociaciones estratégicas con empresas privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones, propuesta que no es más que la privatización de los servicios públicos.
En materia de vivienda, proponen una ley con el concepto de "hogares semillas" que traería de vuelta los planes habitacionales de los gobiernos de la Cuarta República, que consistían en levantar una estructura inacabada de lo que sería una casa, para que luego el beneficiario se endeudara con la banca privada y culminara la construcción.
En el mismo tema, otorgarían títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Actualmente, los títulos de propiedad de la GMVV se entregan de manera colectiva. El presidente la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, explicó en noviembre pasado que otorgar el título de propiedad de manera individual significa que las viviendas podrán capitalizarse y los beneficiarios las perderán al hipotecarlas a la banca.
Sobre pensiones, la oposición promete algo cumplido por el gobierno bolivariano: homologar las pensiones al salario mínimo e incluir a en el sistema de seguridad social aquellos trabajadores (choferes, campesinos, pescadores, amas de casa) que nunca pudieron cotizar o tienen incompleto el tope mínimo de las cotizaciones para gozar de la pensión.
Cabe anotar que el gobierno bolivariano, pese a la caída de los precios del petróleo, mantiene una inversión social que alcanza más del 60 por ciento del presupuesto nacional, un porcentaje que permite garantizar la salud, educación, alimentación y estabilidad laboral de la población.
Otro hecho significativo es la Promulgación de una Ley llamada por la MUD como Amnistía y Reconciliación para liberar a delincuentes políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes.
Por ejemplo, el caso de Leopoldo López sentenciado en septiembre de 2015 a 13 años de prisión por su responsabilidad en las protestas con fines golpistas que dejaron 43 personas fallecidas.
También por la comisión de los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha garantizado el abastecimiento de alimentos a través de la red Mercal, Pdval y Abasto Bicentenarios a precios subsidiados. Hasta marzo de 2015, más de 120 mil toneladas de alimentos se distribuyeron en todo el país. Al menos 20 millones de personas se han beneficiado.
Con este panorama, la mayoría circunstancial lograda en el Parlamento por la derecha venezolana, le permitirá, entre otras atribuciones:
-Someter a referendo aprobatorio los Proyectos de Ley que discuta la Asamblea Nacional.
-Llevar a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales.
-Admitir todo Proyecto de Ley Orgánica, salvo el que la Constitución califique como tal.
-Modificar leyes orgánicas.
-Escoger los titulares del Poder Ciudadano que sean propuestos a su consideración por parte del Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano.
-Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Brasil, a más de un año del gobierno de Dilma Rousseff
La presidenta de Brasil enfrentó durante 2015 al poder de los medios de comunicación, los partidos de derecha, un escándalo de corrupción y los intentos de juicio político que intentan destituirla.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó el 2 de diciembre de 2015 abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Pese a la campaña mediática que se lleva a cabo en su contra y la intolerancia que se vive actualmente en el país, la mandataria expresó que no cree en un Brasil fascista sino en un país donde vivan todos. Una acusación por irregularidad fiscal contra la presidenta Dilma Rousseff conjuga desde el Parlamento un golpe suave para poner fin al actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que, desde el mandato de Lula en 2003, ha sacado de la pobreza a más de 50 millones de brasileños.
Entre los objetivos primordiales de la oposición de acuerdo con diversos analistas, entre ellos Beto Almeida, se encuentra:
- Detener la democratización mediática.
- Involucrar en diferentes crímenes al Partido de los Trabajadores (PT).
- Desacreditar a Lula da Silva para contrarrestar su popularidad, y así frenar su posible candidatura a las presidenciales de 2018.
- A largo plazo: retornar a las políticas neoliberales de los Gobiernos de derecha y privatizar las empresas estatales como Petrobras.
El caso de corrupción de Petrobras estalló en 2014 y se resume en lavado de dinero y sobrefacturación de unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en proyectos y contratos de la estatal petrolera.
El objetivo de las denuncias es desestabilizar al PT que atraviesa por un momento de grandes retos, porque es el que debe asegurar la continuidad de sus proyectos sociales que han mejorado los niveles de vida de los brasileños con la formalización del empleo y la recuperación de empresas como Petrobras.
Con los medios de comunicación en contra el PT tendrá un impacto electoral, un impacto político al que se debe enfrentar y tener la capacidad para dar una explicación a la sociedad de cómo garantizar la transparencia y fiscalización del control estatal y las graves consecuencias que tendría Brasil si Petrobras cae en manos de la privatización.
Lula fue quien dirigió la bonanza económica de Brasil desde 2003 hasta 2010, y todavía goza de bastante popularidad entre la población. El antiguo presidente ha sido un ferviente partidario de Dilma y su influencia fue decisiva en las pasadas elecciones presidenciales.
Un abogado también acusó a Da Silva de beneficiar a la compañía de construcción Odebrecht durante su mandato. El presidente ejecutivo de esta compañía se encuentra bajo investigación como parte del caso de fraude de Petrobras. No obstante, actualmente, el abogado que acusó a Lula está siendo investigado por no presentar pruebas convincentes que sustenten dicha acusación.
El objetivo parece ser intentar desgastar al máximo posible a la actual administración para que Lula da Silva llegue lo más condicionado a la próxima cita presidencial y, sin olvidar de que se trata del personaje mejor valorado de la política de Brasil, con un 80 por ciento apoyo a su gestión cuando dejó la presidencia en 2010.
¿Y qué ha sucedido en Bolivia?
En el año 2008 través de un supuesto descontento social liderado notoriamente por los sectores no indígenas, impulsaron una estrategia autonomista que llevó a convocar un referéndum revocatorio, el cual Evo Morales ganó con 67,43 por ciento. Ante el descontento de los opositores llamaron un paro cívico que generó bloqueos, toma de instalaciones, enfrentamientos. El 26 de agosto se dio a conocer que el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg se había reunido con líderes opositores.
El conflicto dejó 30 campesinos muertos, todos simpatizantes del Gobierno, y una centena de desaparecidos.
En el año 2016 y como propuesta hecha por el presidente Morales, se llevó a cabo un referendo para extender el mandato del jefe de Estado. El No resultó ganador con 51,31 por ciento de los votos, según el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y dejó sin efecto los deseos de buena parte de la población de postular al actual mandatario Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera a los comicios de 2019.
Aunque el apoyo a las políticas de Morales se mantiene en más de 50 por ciento, de acuerdo con las últimas encuestas, la avasallante treta de los medios de comunicación de oposición a favor de los intereses de políticos conversadores, no dio tregua al objetivo de movimientos sociales, clase obrera y comunidad indígena para consolidar la revolución cultural y democrática que levantaron junto a Evo en 2009 con la refundación de la patria.
¿Cómo se gestan los golpes suaves en Ecuador?
En septiembre del año 2010 lo que parecía una revuelta policial por un ajuste salarial, terminó por cercar el hospital donde Rafael Correa se encontraba, luego de que en medio de gases lacrimógenos, la vida del mandatario corriera peligro. Para poder rescatar a Correa, los simpatizantes se movilizaron frente al Palacio Presidencial así como en el Hospital de la Policía donde se encontraba retenido el presidente, para más tarde una incursión militar rescató a Correa luego de tiroteos entre el Ejército ecuatoriano y la Policía de Operaciones Especiales. Los conflictos provocaron ocho muertos y 274 lesionados.
A partir de las elecciones de las alcaldías en 2014, la pérdida de Quito en manos de Manuel Rodas, la tradicional opositora Guayaquil con Jaime Nebot y la conservadora Azuay con Paul Carrasco, llevó a una agudización de la conflictividad interna del país. Cerca de estas fechas fue cuando el presidente Rafael Correa denunció que se preparaba un golpe suave en su contra cuando apenas iniciaban las marchas de oposición.
La ley de herencias y plusvalías, destinada a aumentar el dinero pagado por el 2 por ciento más rico de la población, también fue una las propuesta del jefe de Estado para mantener en movimiento la economía, hacer sostenible la salud, educación y alimentación de los ecuatorianos (entre otros derechos), y saltar por arriba la trampa del endeudamiento con una reforma fiscal progresiva que afecte a los que más tienen, en vez de las medidas tradicionales que siempre han afectado a la población general con aumento de IVA a todos los productos. Asimismo, Ecuador dejó de recibir más de dos mil millones de dólares por la caída del barril de petróleo, uno de sus principales ingresos.
Con la presentación de la Ley de Herencias y Plusvalía, todas las agendas terminaron por confluir y escalar en agresividad mediática, política y callejera contra Correa, al punto de que, nuevamente, los actores políticos criollos buscan traicionar y llevar el "descontento" hacia una consigna unificadora: "Fuera Correa, fuera Correa".
Así que observamos claramente una sintonía, una táctica y una estrategia destinada directamente para movilizar el supuesto descontento, agudizar tensiones reales de agendas gremiales (laborales, indígenas, ambientales) y generar otras artificiales para encausarlas en una ofensiva directa hacia el consenso sobre la figura de Correa como líder político ecuatoriano, en un momento en el que su movimiento, Alianza País, intenta posicionar un posible sucesor para 2017.
Zelaya en Honduras
En junio de 2009, Manuel Zelaya había impulsado una consulta para saber si los ciudadanos de la nación centroamericana estaban de acuerdo o no con la colocación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre del mismo año, con la cual se permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente. La iniciativa fue rechazada por el Parlamento y Zelaya fue secuestrado y obligado a abandonar al país, para que Roberto Micheletti fuese el gobernador, hasta que en noviembre, celebradas las elecciones resultó vencedor Porfirio Lobo, legitimidad ampliamente cuestionada a escala internacional.
Con la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos en 2008, millones alrededor del mundo respiraron con tranquilidad, cayendo bajo la tramposa y seductiva campaña mediática que lo presentaba como un hombre de “cambio”. Pero para América Latina, esa imagen de un Obama sonriente, tendiendo su mano a todos, cambió rápidamente a un hombre que simplemente seguía impulsando las políticas imperiales contra los pueblos del mundo.
El golpe de Estado en Honduras fue la primera señal. Aunque muchos se resistían en aceptarlo, Washington estaba detrás de la salida forzada de Manuel Zelaya del poder. Las mismas agencias financieras – USAID, NED – el Pentágono con su estratégica base militar en Soto Cano, y los mismos actores del Departamento de Estado y la CIA, movieron sus piezas para ejecutar un cambio de régimen contra un gobierno inconveniente e incómodo para los intereses imperiales. La aplicación de la política “smart power” (poder inteligente) de Obama y su entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, engañó a muchos y logró su objetivo: ganar suficiente tiempo para consolidar el golpe y no permitir el regreso de Zelaya al poder.