jueves, 29 de junio de 2017

El día que robaron las manos de Perón

Guillermo dos Santos Coelho

Publicado el 29 de marzo de 2017 al cumplirse 30 años de la profanación de la tumba de Perón y el robo de sus manos.

“Si supiera quiénes son, ya los estaría acogotando”. Vicente Leonides Saadi lo masculló con tono de patrón de estancia mientras jugueteaba con una carta incendiaria que al principio había pasado desapercibida. El patriarca del clan que gobernó Catamarca durante décadas era entonces, en junio de 1987, el presidente del PJ. Y la carta le anunciaba un hecho macabro que impactó a todo el país en aquel año: la profanación de la tumba de Juan Domingo Perón y el robo de sus manos.

Si bien la fecha precisa del saqueo al féretro nunca pudo establecerse, fue el 29 de junio, hace hoy 30 años, el día en que personal del cementerio de la Chacarita descubrió algo raro en la bóveda de la familia Perón. Alertaron al responsable de su cuidado, el esposo de una sobrina del general, que abrió la bóveda y descubrió un boquete. Entonces avisó a la comisaría 29.

Cuando la novedad empezó a circular, Saadi volvió sobre la misteriosa carta. La había recibido con el remitente de un tal “Dr. Hermes Iai”, con dirección en La Pampa 2086. Adentro había un texto sucinto, escrito a máquina. Los profanadores de la tumba aseguraban tener en su poder el sable, la gorra militar y las dos manos de Perón. Reclamaban un rescate de 8 millones de dólares por una deuda que Perón mantenía con ellos desde 1972. Y adjuntaban una prueba.

Se trataba de la mitad de una carta manuscrita que María Estela Martínez de Perón había dejado junto a la tumba de su esposo. La otra mitad le llegó, con una nota idéntica, al entonces titular del PJ porteño, Carlos Grosso. Más tarde se supo que una tercera carta también le había sido enviada al jefe de la CGT, Saúl Ubaldini.

Los profanadores establecían en esos mensajes un mecanismo para que el peronismo diese su consentimiento para avanzar en la negociación: debían izar antes del 15 de julio dos banderas argentinas en las ventanas del primer piso de la sede del PJ nacional.

Cuando el hecho trascendió, la cúpula del peronismo habló del robo del sable y de la gorra, pero omitió el detalle macabro de las manos hasta que se confirmara. Pero el alcance de la afrenta circulaba entre susurros. La primera crónica de Clarín daba cuenta del tsunami que todavía no se veía en la superficie: “Se llevan adelante investigaciones para corroborar la gravedad del suceso, que podría superar las estimaciones iniciales”. Y las superó.

El caso cayó en manos del juez Jaime Far Suau, quien finalmente inspeccionó la bóveda a fondo en la tarde del 1 de julio, durante cinco horas. Y confirmó lo que a esa altura era un grito mudo: las dos manos de Perón habían sido cortadas y robadas. Los profanadores también se habían llevado el sable, pero no la gorra.

El presidente Alfonsín salió a tildar de “locos” a los que habían cometido el delito. El PJ orgánico se convulsionó. Los renovadores peronistas salieron a la caza del entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli.

El acta de la inspección de Far Suau fue muy detallista. El juez, sus secretarios y el comisario de la 29° bajaron por la escalera de mármol blanco que llegaba al primer subsuelo de la bóveda y quedaron frente al ataúd con los restos de Perón. Ahí notaron un orificio de cerca de 20 centímetros en la placa que lo cubría y con mucho esfuerzo retiraron la tapa del ataúd. El féretro se abría con un juego de doce llaves de triple combinación. Cuando cortaron la carcasa metálica a izquierda y derecha, a partir del orificio, lo primero que vieron fue una ausencia: la de la mano derecha del General.

Tres horas tardaron, apelando incluso a un soldador con mucho cuidado, en remover toda la carcasa.

El cuerpo no había sido movido en su totalidad y las dos manos habían sido serruchadas: la izquierda en la primera línea de huesos del carpo y la derecha al nivel del límite superior de la muñeca, en la extremidad distal del cúbito y radio. El acta dio cuenta incluso de la tensión en esa bóveda minúscula atestada de personas, porque se habían sumado el jefe de la Policía Federal, Juan Pirker, y el jefe de la Superintendencia del Interior: “Con el objeto de que este terrible suceso que consterna y entristece a los presentes, y por respeto a este hombre y a toda la especie humana, no se remueve ningún otro elemento”, reza el documento.

Una larga lista de sospechosos

El gobierno radical les apuntó por la profanación a elementos dispersos de los grupos de tareas de la dictadura, que intentaban socavar la transición democrática. Habían pasado un par de meses del alzamiento carapintada de Semana Santa y el país vivía convulsionado por una ola de atentados con bombas. La Ley de Obediencia Debida tenía apenas cuatro semanas de vida.

El reclamo de los 8 millones de dólares “por una deuda de 1972” disparó sospechas hacia la izquierda revolucionaria.

La CGT manejaba otro dato, que luego fue desmentido por las pericias: que la profanación tenía más de diez años y había sido hecha por los propios militares. En las Fuerzas Armadas no lo descartaban, pero señalaban otro culpable: José López Rega y sus hábitos esotéricos.

Varios años después, un libro de David Cox y Damián Nabot sumó una hipótesis más, al vincular la profanación con Licio Gelli, el fascista italiano que lideraba la logia Propaganda Due y tenía lazos con Perón.

Un misterio irresuelto

El episodio golpeó por igual a peronistas y radicales. A los primeros, por la humillación en su máximo símbolo. A los segundos, porque ratificó que existía un submundo que el gobierno de la UCR estaba lejos de controlar.

Una semana después, el 6 de julio, unas 50 mil personas asistieron a una misa de desagravio en Belgrano y 9 de Julio. Fue la fórmula acordada entre la CGT, la conducción orgánica del partido y los renovadores para que no hubiera acto ni, sobre todo, oradores. Finalmente, Saúl Ubaldini se salió con la suya y cerró el encuentro con un breve y ensayado mensaje. “Alcemos nuestras manos al cielo, porque las manos de Perón están en las manos del pueblo”.

La investigación se quedó en fuegos de artificio. Primero hubo un procedimiento espectacular en Zárate, Campana y San Nicolás, con más de cien policías, lanchas y helicópteros. Pero nada. La búsqueda se trasladó luego a Pilar. Y nada. El 15 de julio se venció el plazo que habían impuesto los profanadores, que lo ampliaron a través de una carta enviada a la CGT. A los pocos días, el panorama de la causa ya era desalentador.

La investigación se diluyó mientras hechos laterales enturbiaban el clima. Por esos días de julio atacaron a balazos la tumba de Balbín en el cementerio de La Plata. Más adelante, el juez Far Suau denunció un intento de secuestro de su esposa.

A mediados de agosto, el polémico periodista y militante de ultraderecha Guillermo Patricio Kelly denunció a su vez una violación de su domicilio y responsabilizó a los profanadores de la tumba de Perón: según su teoría, querían dejarle las manos del General para luego implicarlo en el episodio. Un confuso tiroteo entre policías y desconocidos en el cementerio de la Chacarita levantó más sospechas en las semanas siguientes. También apareció una mano en un baldío de Ingeniero Maschwitz, pero no era de Perón.

A finales de ese mes, el caso pareció avanzar con la detención de seis personas. A principios de septiembre ya habían sido liberadas cinco y sólo permanecía detenido un ex agente de inteligencia, Juan Imbesi, que había presumido de conocer las identidades de los profanadores. A comienzos de octubre, Imbesi fue liberado. La investigación perdió el poco aire que tenía y quedó en animación suspendida.

Y después

El juez Far Suau murió en un accidente de tránsito que despertó muchas dudas apenas un año después, en 1988. La causa por el robo de las manos de Perón fue cerrada por su sucesor, Carlos Andina Allende, en 1990.

En 1994, apareció en la comisaría 29 un juego de llaves que abría el blindex del féretro. Se suponía que sólo existía una copia, en poder del escribano general de la Nación, por lo que el juez Alberto Baños reabrió la causa. En 2008, cuando el magistrado intentaba liberar a los agentes de inteligencia de la obligación de secreto, le robaron un portafolio con los cuerpos de la causa. Y las sombras terminaron de posarse sobre el cuerpo de Perón.

Para esa altura, el cadáver del fundador del peronismo había encontrado su destino actual, después de muchos vaivenes. Cuando falleció, el 1 de julio de 1974, sus restos fueron depositados junto a los de Eva en una cripta en la quinta de Olivos. Con el golpe del 76, la pareja política más determinante en la historia argentina fue separada. A él, lo llevaron a la bóveda familiar de la Chacarita. A ella, al panteón de los Duarte en Recoleta. El 17 de octubre de 2006 fue trasladado a la histórica quinta de San Vicente, ese "sitio solitario donde empieza la Pampa", como lo había descrito el propio Perón. Lo que se planeaba como fiesta terminó en una gresca descomunal entre facciones sindicales, con peleas, tiros y heridos. La violencia lo acompañó hasta en su último viaje.

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