miércoles, 19 de abril de 2017

Vencedores y vencidos: Surgimiento y éxito de la coalición golpista antiperonista dentro de las fuerzas armadas (1946-1955)*


 Benjamín García Holgado**

Postdata vol.21 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jun. 2016


Resumen
El objetivo de este trabajo es describir las causas y los mecanismos que explican el éxito que tuvo la coalición golpista que comenzó a formarse a finales de 1954 y terminó con el régimen peronista. Para ello, aplicamos la teoría sobre transiciones de regímenes políticos de Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán (2013) mediante process tracing (Beach y Pedersen 2013). La misma postula que la estabilidad de un régimen político depende de la cantidad de actores que se suman a una coalición que busca modificarlo como consecuencia del nivel de radicalización de sus preferencias sobre políticas públicas, de las preferencias normativas en contra del mismo y del impacto del contexto internacional. La radicalización de preferencias sobre políticas públicas y las preferencias normativas en contra del régimen político fueron las principales variables que explicaron el comportamiento de los principales opositores al régimen político dentro de las Fuerzas Armadas.


I. Enfoque teórico y diseño metodológico
En Argentina, a mediados de 1954, Juan Domingo Perón había consolidado un régimen político estable1(Zanatta 2013). Perón construyó una coalición muy sólida a favor de su régimen: nunca tuvo dificultades para derrotar electoralmente a los partidos opositores (Little 1971, Cantón 1973, García Sebastiani 2005), mantenía bajo control a los actores políticos que lo apoyaban (Little 1971, Mackinon 2002, Torre 2011), forjó una sólida alianza con el movimiento obrero (Doyon 2006, Schiavi 2013) y mantuvo bajos niveles de conflicto con empresarios y productores rurales (Belini 2014, Brennan y Rougier 2009, Barsky y Gelman 2001). Asimismo, evitó que el Congreso, el poder judicial y los gobernadores le impusieran límites y controles (Ciria 1983, Waldmann 1985, del Barco 1983, Halperin Donghi 2000) y neutralizó sin inconvenientes diferentes conspiraciones militares en 1951 y 1952 (Potash 1981, Rouquié 1986). Modificó su equipo económico para superar la crisis que se desarrolló entre 1949 y 1952 (Gerchunoff y Antúnez 2002, Rougier 2012), en un contexto internacional que dejó de ser adverso y estuvo marcado por una paulatina mejora de las relaciones con Estados Unidos (Rapoport y Spiguel 2009, Escudé 1996, 2007, González 1992).
Sin embargo, Perón no pudo evitar que una facción minoritaria dentro del Ejército se aliara con la Marina y terminara en septiembre de 1955 con el régimen político vigente. Nuestro objetivo es verificar cuáles fueron las causas y los mecanismos que explican la conformación de la coalición golpista que comenzó a formarse a finales de 1954 y terminó con el régimen en menos de un año. El resultado a explicar o variable dependiente de este trabajo consiste en el cambio de régimen político del 21 de septiembre de 1955. Realizaremos un theory-testing theory-buildingprocess tracing (Beach y Pedersen 2013), aplicando a nuestro caso la teoría sobre transiciones de regímenes políticos de Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán (2013).
Aunque existen numerosas investigaciones que estudian diversas dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas del primer peronismo, nuestra pregunta de investigación no ha sido ampliamente tratada por la bibliografía (Rein et al. 2009). En primer lugar, los trabajos de Gambini (2007a, 2007b), Luna (1984, 1985, 1986), Martínez (1988a, 1988b), Del Barco (1983), Halperín Donghi (2000), Waldmann (1985) y Zanatta (2009) constituyen historias generales que ofrecen un panorama sobre los principales hechos económicos, políticos, sociales e internacionales del período. Respecto de nuestra pregunta de investigación, se limitan a contextualizar las principales características que tuvo el proceso de formación de la coalición golpista. Sin embargo, no brindan detalles sobre el mismo y tampoco han contrastado hipótesis que permitan explicar la secuencia causal de esos eventos. En segundo lugar, la evolución del vínculo entre el gobierno y la Iglesia Católica, desde un período de cooperación y apoyo mutuo a uno de conflicto, ha sido hondamente investigada (Lubertino Beltrán 1987, De Hoyos 1970, Caimari 2002, 2010, Bianchi 2001, Bosca 1997, Stack 1976). A pesar de que estos trabajos realizan una detallada descripción de la confrontación entre ambos a partir de noviembre de 1954, los mismos no ofrecen una teoría específica que permita explicar el comportamiento de este actor y su impacto en la conformación de la coalición golpista dentro de las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, las investigaciones de Potash (1981, 2002), Rouquié (1986), Sahni (1991), Goldwert (1972), López (2009) y Godio (1985) permiten reconstruir, en términos generales, cómo fue evolucionando la relación entre el gobierno peronista y las Fuerzas Armadas. En particular, aportan evidencia valiosa sobre los principales actores opositores involucrados y las diferentes etapas del proceso de conformación y éxito de la coalición golpista. No obstante, no tienen un marco teórico con un desarrollo conceptual que les permita explicar las motivaciones de los militares opositores. Por su parte, los libros de Ruiz Moreno (1994a, 1994b) y Rubé (2012) son los únicos que se enfocan en reconstruir minuciosamente el accionar de los distintos grupos opositores dentro de las Fuerzas Armadas. Son excelentes investigaciones históricas que respaldan sus afirmaciones con numerosas fuentes primarias provenientes principalmente de memorias, testimonios y entrevistas. Para este artículo, han sido de enorme valor para extraer evidencia sobre las interpretaciones subjetivas de los militares opositores, en particular, las motivaciones que permiten explicar su accionar. Sin embargo, ambos trabajos carecen de una teoría que organice la narrativa histórica y permita señalar cuáles son las causas que explican por qué las diferentes secuencias de eventos se desarrollaron de una determinada manera. En conclusión, son trabajos de historia política que realizan una descripción densa y meticulosa de los eventos sin proponerse un análisis causal de los mismos.
La bibliografía secundaria sobre el período ha sido indispensable como guía para la búsqueda de diversas fuentes primarias, para extraer evidencia específica sobre las motivaciones de los actores y, por último, para delinear las principales características del mecanismo causal que proponemos. Sin embargo, existe un vacío explicativo ya que aún no se ha propuesto una explicación teórica que permita conceptualizar las causas que motivaron el comportamiento de los actores y proponga un mecanismo causal que explique la secuencia de eventos que produjo el quiebre del régimen. En este sentido, aunque hemos consultado numerosas fuentes primarias, nuestro objetivo no es descubrir nueva evidencia sobre el proceso que explica por qué y cómo se formó la coalición que derrocó al gobierno de Perón en 1955. En cambio, nos proponemos interpretar los hechos aplicando una teoría con un objetivo explícito de inferencia causal. Asimismo, proponemos un diseño metodológico que nos permita evaluar con rigurosidad los datos recolectados en función de la teoría propuesta. Por un lado, la evidencia respalda las predicciones de esta teoría, la cual da cuenta de las principales causas que explican el comportamiento de los opositores en las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los partidos políticos antiperonistas2.
La teoría de Mainwaring y Pérez Liñán presupone que el cambio de régimen es consecuencia directa del comportamiento de los actores más importantes del sistema político (Mainwaring y Pérez-Liñán 2013, Linz 1978a). Su estabilidad depende de que los actores decidan formar parte de una coalición a favor o en contra del mismo. Un régimen se quiebra cuando una cantidad suficiente de actores se movilizan en su contra y superan el poder de la coalición que lo sostiene (Mainwaring y Pérez Liñán 2013). Conceptualizamos a la coalición golpista como aquella compuesta por actores que tienen un rol activo, fundamental y directo en el golpe de Estado (García Holgado 2015). La teoría afirma que los actores forman parte de una coalición como consecuencia de tres variables independientes: (1) "nivel de radicalización de preferencias sobre políticas públicas", (2) "tipo de preferencias normativas respecto del régimen vigente", y (3) "tipo de influencia internacional sobre el régimen político" (Mainwaring y Pérez Liñán 2013)3.
La variable "nivel de radicalización de las preferencias sobre políticas públicas" se refiere a cuán diferentes y distantes son las preferencias de los actores respecto de varias políticas públicas ("polarización") y cuán impacientes e intransigentes son los actores para alcanzar sus metas ("intensidad"). Esta variable es dicotómica y adopta los valores alto (preferencias radicalizadas: muy polarizadas e intensas) y bajo (preferencias moderadas: ausencia de polarización y de intensidad) (García Holgado 2015). En segundo lugar, la variable "tipo de preferencias normativas respecto del régimen político existente" consiste en el valor normativo que los actores le asignan al régimen político existente (García Holgado 2015). Una preferencia normativa a favor significa que el actor considera al régimen intrínsecamente deseable, legítimo, independientemente de las políticas públicas y del contexto internacional. Una preferencia normativa neutral implica que el actor define su posición respecto del mismo exclusivamente por su nivel de radicalización de preferencias. Por último, una preferencia normativa en contra del régimen indica que el actor lo considera repudiable en sí mismo, independientemente de su nivel de radicalización de preferencias sobre diversas políticas públicas, ya que en su opinión las mismas se implementan bajo reglas ilegítimas de acceso y ejercicio del poder. Este actor no realiza consideraciones sobre los beneficios materiales que puede obtener del mismo ya que el funcionamiento del régimen político es intrínsecamente negativo y, por eso, desea cambiarlo. Por último, el "tipo de influencia internacional sobre la estabilidad del régimen político" consiste en el impacto que pueden tener los actores y contextos internacionales, en beneficio o perjuicio de las coaliciones a favor y en contra del régimen vigente (Mainwaring y Pérez Liñán 2013). No analizaremos el comportamiento de esta variable ya que la literatura coincide en que no tuvo un impacto en el proceso de cambio de régimen político en 1955 (Rapoport y Spiguel 2009, Escudé 1991, 1996, 2007, González 1992, Zanatta 2013).
Nuestra metodología es un estudio de caso ya que definimos un fenómeno temporal y espacialmente delimitado con el objetivo de realizar una inferencia explicativa (Gerring 2007, Levy 2008a). Aunque explicar un caso signifique comprender en profundidad un fenómeno que es una instancia particular de una clase general de eventos, esto no implica que el objetivo de todo estudio de caso sea aportar algún tipo de conocimiento sobre la población a la cual pertenece el caso (George y Bennett 2005, Goertz y Mahoney 2012, Blatter y Haverland 2012, Beach y Pedersen 2013, Levy 2008a, Waldner 2012). El criterio de selección del caso fue construido con el objetivo de conocer el funcionamiento de los mecanismos causales que explican cómo dos variables independientes contribuyen a explicar por qué y cómo los principales actores opositores al régimen dentro del Ejército y la Marina coordinaron sus acciones en diferentes coaliciones opositoras (García Holgado 2015).
Hemos utilizado process tracing para rastrear cómo las interacciones entre las entidades que realizaron determinadas actividades transmitieron la "fuerza causal" hacia el resultado (Beach y Pedersen 2013, George y Bennett 2005, Bennett y Checkel 2015). En particular, evaluamos evidencia proveniente de nuestro caso individual sobre procesos, secuencias y coyunturas de eventos, con el propósito de testear una teoría y desarrollar un mecanismo causal a lo largo del tiempo (Bennett y Checkel 2015). Este método nos permite conocer las percepciones de los actores, las motivaciones que los llevaron a actuar de una forma determinada y los resultados que produjeron sus comportamientos. Hemos aplicado un theory-testingprocess tracing ya que la búsqueda y análisis de evidencia sobre las causas que explican la conformación de las coaliciones opositoras se realiza a partir de un marco teórico (Beach y Pedersen 2013). Sin embargo, también utilizamos un theory-building process tracing ya que formulamos inductivamente el mecanismo causal para explicar cómo cada uno de los actores que apoyaron el golpe de Estado decidieron hacerlo (Beach y Pedersen 2013).
Entendemos por mecanismos causales una secuencia temporal de eventos, dividida en partes, que produce un resultado. Dentro de cada parte existen entidades (actores) que, como consecuencia de ciertas propiedades que poseen (recursos), llevan a cabo actividades (acciones) a través de las cuales transmiten fuerzas causales hacia el resultado (Beach y Pedersen 2013, Hedstrom y Ylikoski 2010). Dividiremos el mecanismo causal específico que corresponde a la conformación de las diversas coaliciones golpistas dentro de las Fuerzas Armadas en cuatro partes diferentes. En una primera etapa (1946-1949), las políticas públicas impulsadas desde el gobierno generaron en las Fuerzas Armadas tanto moderación de preferencias como ausencia de preferencias normativas en contra del régimen. Esto dificultó la conformación de una coalición opositora sólida. En la segunda etapa (1949-1952), surgieron tres conspiraciones golpistas como consecuencia de preferencias normativas en contra del régimen. Si bien fracasaron y no pudieron desestabilizar el régimen, demostraron que los militares refractarios al gobierno podían coordinar una acción conjunta. Entre 1951 y 1954, el gobierno aplicó exitosamente diferentes políticas de control dentro de las Fuerzas Armadas, que evitaron el surgimiento de nuevas conspiraciones. De todas formas, dado que no fue posible eliminar a todos los opositores dentro de la Marina y el Ejército, una nueva coalición golpista pudo empezar a conformarse a finales de 1954. Como consecuencia de la radicalización de preferencias respecto de las políticas públicas vinculadas con la Iglesia Católica y con la explotación petrolera, la Marina pudo sumar a la coalición golpista a miembros claves del Ejército. Este proceso de radicalización fue tan intenso que las diferentes coaliciones golpistas, luego del fracaso del golpe de Estado liderado por la Marina en junio de 1955, lograron coordinarse y unificarse para cambiar con éxito el régimen político en septiembre del mismo año.
Por último, la evidencia recolectada y analizada para explicar el funcionamiento del mecanismo causal es denominada por la literatura como causal-process observations (Collier, Brady y Seawright 2004, Goertz y Mahoney 2012, Mahoney 2012, Blatter y Haverland 2012). En nuestro caso, ellas consisten principalmente en "confesiones" que provienen de los protagonistas que formaron parte de las diferentes coaliciones opositoras al régimen político y, también, de actores que lo defendieron (Blatter y Haverland 2012). Esta evidencia fue extraída de fuentes primarias, como memorias, testimonios y entrevistas, y de minuciosos trabajos de historiadores sobre el período, y fue analizada siguiendo las recomendaciones de la literatura metodológica (Milligan 1979, Platt 1981, Lustick 1996, Beach y Pedersen 2013).
II. Análisis del caso (1946-1955)
II. 1. De la ausencia de coaliciones en contra del régimen político al surgimiento de las primeras oposiciones (1946-1949)
Entre 1946 y 1949, la ausencia de coaliciones golpistas se explica como consecuencia de diferentes estrategias implementadas por el gobierno. Las preferencias moderadas respecto de las Fuerzas Armadas se manifestaron en la designación de militares al frente de distintas áreas del Estado, en el otorgamiento de mayor cantidad de recursos para equipamiento y salarios, y en una política militar que permitía a actores opositores ascender en sus carreras profesionales (Potash 1981, 2002, Rouquié 1986, Goldwert 1972). Respecto de su financiamiento, las Fuerzas Armadas contaron con una parte muy importante del presupuesto nacional y tuvieron una autonomía considerable (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a, Rouquié 1986, Goldwert 1972). Asimismo, la coincidencia de preferencias sobre políticas públicas entre Perón y la Iglesia tuvo el efecto de incorporar a la mayoría del Ejército a la coalición a favor del nuevo régimen político (Zanatta 1999).
Su reequipamiento fue una política pública muy bien recibida y señalaba la coincidencia de preferencias de ambos actores (Gambini 2007a, Potash 1981, 2002, López 2009, Goldwert 1972). Por otro lado, la preservación de la autonomía de las Fuerzas Armadas y la sensación de bienestar profesional fueron políticas públicas que evitaron hasta 1949 el involucramiento de los militares en la "política civil" (Potash 1981). La política que el ministro Sosa Molina implementó para decidir los ascensos y retiros anuales, en la cual combinó criterios profesionales y políticos, fue exitosa en el proceso de moderación de preferencias que explica la ausencia de coaliciones golpistas entre 1946 y 1949 dentro del Ejército (Potash 1981, 2002, López 2009). Si bien numerosos cargos fueron ocupados por militares con una clara adhesión normativa al régimen, existieron diversos actores que también ascendieron a funciones muy relevantes sin estar de acuerdo con el gobierno (Potash 1981, Lonardi 1981). Sin embargo, Sosa Molina no consideraba positivo que los militares opositores al régimen expresaran públicamente sus preferencias (Potash 1981). De todas maneras, aunque algunos generales y coroneles fueron retirados basándose en criterios no profesionales, en general los oficiales opositores podían aspirar a acceder a cargos de jerarquía y relevancia estratégica siempre y cuando no manifestaran públicamente preferencias en contra del régimen (Potash 1981, 2002).
Esta política militar quería mantener al Ejército lo más autónomo posible de la intromisión política del gobierno y evitar que sus integrantes formularan no sólo preferencias contrarias al gobierno, sino manifestaciones políticas de cualquier tipo (Potash 1981). Buscaba que se abocara a tareas enteramente profesionales evitando su oposición al régimen político (Potash 1981). La acción de Sosa Molina para neutralizar conspiraciones fue eficaz ya que impidió que el pequeño sector contrario al régimen político lograra ampliarse (Ruiz Moreno 1994a). En resumidas cuentas, existía un bajo nivel de radicalización de preferencias con las Fuerzas Armadas (Rouquié 1986, Goldwert 1972, Potash 2002). Por otra parte, hasta la reforma constitucional de 1949, no existe evidencia de actores relevantes dentro del Ejército que manifestaran preferencias normativas en contra del régimen como consecuencia de su rechazo a lo que políticos de la Unión Cívica Radical percibieron como modificaciones autoritarias del régimen político (Potash 1981).
En cambio, la mayor cantidad de opositores se encontraban en la Marina (Ruiz Moreno 1994a, Castello 1994, Gambini 2007a). Si bien Jorge Perren (1997), actor clave en la sublevación de la flota naval en Puerto Belgrano en septiembre de 1955, considera que la mayoría de la Marina era antiperonista desde 1946, reconoce que siempre existieron algunos oficiales, como Guillermo D. Plater, que tenían "proyectos de depuración en función de la lealtad al nuevo régimen" (Sahni 1991, González Crespo 1993, Rubé 2012). Perren señala que la Armada "pagó el precio" por oponerse al ascenso del Gral. Perón dentro del régimen militar (1943-1946) y a su candidatura a presidente, sufriendo la inmediata reducción de los efectivos navales en Capital Federal, el retiro de excelentes profesionales opositores y la persecución de cadetes en la Escuela Naval (Perren 1997). Estas acciones gubernamentales generaron una reacción y, en consecuencia, desde 1948 se comenzaron a producir numerosas "reuniones antiperonistas" en la Base Naval de Puerto Belgrano (Perren 1997).
II. 2. Preferencias normativas en contra del régimen como causa de la primera coalición golpista (1949-1951)
Aunque la radicalización de preferencias de políticas públicas fue el principal motivo que impulsó la conformación de la coalición golpista que finalmente derrocaría a Perón, no puede ser considerada como la condición causal más relevante en este primer período (Potash 1981, 2002, Ruiz Moreno 1994a). Las preferencias normativas en contra del régimen peronista son la principal variable que explica las motivaciones de las coaliciones golpistas en el Ejército entre 1949 y 1952. Estas se originaron en la interpretación que hicieron estos actores del tipo de régimen vigente luego de la Convención Constituyente (Sánchez Zinny 1958). Si bien la mayoría de los militares obedecieron automáticamente lo establecido por la nueva Constitución, algunos consideraron que el texto significaba la consolidación de un régimen político autoritario, donde el presidente podría perpetuarse en el poder indefinidamente (Larroudé 1986). Se identificaba el juramento a la Constitución como un compromiso de lealtad hacia Perón y esta interpretación sobre el tipo de régimen afectó el comportamiento de numerosos oficiales. Como consecuencia de la reforma, un grupo de oficiales organizó la logia Sol de Mayo, y comenzaron a circular entre los militares numerosos panfletos y prensa clandestina partidaria antiperonista (Gambini 2007a). El impacto sobre las preferencias normativas impulsó el inicio de diferentes conspiraciones de actores como Aramburu, Lonardi, Suárez y Menéndez (Ruiz Moreno 1994a).
El general Benjamín Menéndez comenzó a conformar una coalición golpista como consecuencia de sus preferencias normativas: consideraba que la Constitución de 1853 había sido destruida mediante la Constitución de 1949, que no era republicana y permitía la creación de un "régimen totalitario". Así recordaba Menéndez las causas de su acción en 1951: "En vista de que la dictadura había reformado la Constitución de 1853 estableciendo la reelección y que en noviembre de 1951 se efectuarían las elecciones que asegurarían el triunfo fraudulento del tirano y su consecuente perpetuación en el poder, a principios de ese año aquellas conversaciones comenzaron a concretarse en forma más viable" (García y Rodríguez Molas 1989: 182). Respecto de las motivaciones, su hijo Rómulo Félix Menéndez afirma: "era totalmente una dictadura de masas, prácticamente. Entonces no había otra alternativa para interrumpir un gobierno que iba a ser vitalicio (...) una de las cosas que tal vez más golpeó fue la Constitución de 1949 (...) teniendo desde luego a la perpetuación en el poder" (Rubé 2012: 82). En conclusión, las preferencias normativas en contra del régimen político fueron la principal causa que impulsó el accionar de Menéndez: "El alzamiento se explica históricamente porque, desde 1944 hasta 1950, se habían suprimido todas las garantías y derechos puntualizados en la ley fundamental de la República y porque sólo por medio de la rebelión era factible poner término a una situación que violaba sus más claros preceptos" (Menéndez 2003: 71). Para Menéndez, la incorporación de representantes de los partidos políticos era fundamental para realizar la transición hacia un régimen "republicano y democrático", un "gobierno patriótico y decente basado en la Constitución de 1853" (Rubé 2012, Orona 1970, Gambini 2007a, Rouquié 1986, Olgo Ochoa 1988, Luna 1985, Menotti 1998). Reynaldo Pastor sostuvo que las preferencias normativas en contra del régimen fueron la principal causa que impulsó a esta coalición golpista: "únicamente existió la preocupación de establecer con toda claridad los propósitos esenciales del movimiento revolucionario, su orientación definidamente democrática y la garantía de que el país sería llevado de retorno, a la brevedad posible, al gobierno de la Constitución" (Menéndez 2003: 73).
Por otro lado, Eduardo Lonardi, general de división con mando de tropa, aceptó en marzo de 1951 liderar un movimiento contra el régimen existente por su rechazo a la reforma constitucional, su condena a la "corrupción administrativa" y considerar que era imposible que la oposición derrotara a Perón por medio de elecciones (Potash 1981, Lonardi 1981, Goldwert 1972, Ruiz Moreno 1994a, Lanusse 1988). Si bien había tenido una exitosa carrera profesional desde 1946, coincidía con numerosas políticas públicas del gobierno y nunca había tenido participación en actividades políticas, se sumó a la coalición golpista ya que consideraba que el presidente había violado la Constitución de 1853 y vulneraba "los principios de la nacionalidad" (Makin 1984, Ruiz Moreno 1994a, Lonardi 1980, Rubé 2012, Potash 1981, Lonardi 1980). Respecto de su relación con los partidos políticos4, recibió rápidamente adhesiones y colaboración de socialismo y del radicalismo (Potash 1981, Rubé 2012, Gambini 2007a).
Respecto de la situación dentro de la Marina, Jorge Perren (1997: 42) sostiene que jurar la nueva Constitución peronista fue un "trago amargo" por sus preferencias normativas contra el régimen vigente. Según Isaac Rojas y Carlos Rivero de Olazábal la Marina tenía preferencias normativas "absolutamente liberales" y consideraba que el régimen político desde 1949 fue totalmente "anti-liberal" (Sahni 1991: 51). Según Sánchez Sañudo, las modificaciones que experimentó el régimen político a partir de 1946 y, en particular, con la reforma constitucional, fueron centrales para que la Marina formara parte de una coalición opositora (Castello 1994, García y Rodríguez Molas 1989). Estos testimonios ponen en evidencia las preferencias normativas de la Marina en contra de un régimen que consideraban ilegítimo.
El cambio que experimentó la política militar en 1949 también fue un factor que fortaleció la conspiración que estallaría en 1951 (Sánchez Zinny 1958). En octubre de 1949, Perón designó al Gral. Lucero al frente del recientemente creado Ministerio de Ejército (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a). La nueva política militar tendría como objetivo la "peronización" del Ejército: eliminar la neutralidad y exigir adhesión normativa al régimen (Potash 2002, Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a, Rouquié 1986). Desde el Ejecutivo se buscó que los militares moderaran sus preferencias y demostraran un alto compromiso normativo con el régimen (Potash 1981). Para lograr la "peronización" se debían modificar los criterios que decidían los ascensos y retiros de los oficiales superiores. Los ministros militares podrían prolongar la permanencia de ciertos oficiales que debían pasar a retiro en función de cuáles eran sus preferencias normativas, un factor más relevante que las consideraciones de tipo profesional (Potash 2002). Aunque este proceso fue gradual, ya que en la lista de promociones de 1950 aún existían oficiales que no manifestaban su adhesión al régimen vigente y que pudieron ascender al grado de general de División (como Lonardi), los cargos más relevantes fueron ocupados por actores leales al régimen (Potash 1981). Por primera vez, generales con preferencias normativas explícitas a favor del régimen fueron designados como comandante en jefe del Ejército (Ángel Solari) y comandante del Interior (Laureano Anaya) (López 2009).
En consecuencia, durante 1950 oficiales retirados del Ejército comenzaron a conspirar para terminar con el régimen político, apoyados por miembros de los partidos radical, socialista, demócrata progresista y conservador (Potash 2002, 1981). Algunos oficiales en actividad también comenzaron a reunirse, especialmente en la Capital Federal, por sus preferencias normativas en contra de un régimen político que consideraban cada vez más "totalitario"(Rubé 2012, Potash 1981). De esta forma, se constituyeron tres grupos diferentes de conspiradores, cuyos respectivos líderes fueron Eduardo Lonardi, Benjamín Menéndez y José Francisco Suárez, que contaban con el apoyo de numerosos miembros de partidos políticos (Orona 1970, Sáenz Quesada 2010).
La capacidad de coordinar una acción conjunta entre Lonardi y Menéndez fue muy baja y finalmente Lonardi en agosto de 1951 decidió posponer su acción contra el régimen6 (Potash 1981, Guevara 1970). Menéndez encabezó una pequeña coalición golpista que intentó derrocar al gobierno peronista el 28 de septiembre de 1951. La misma incluía a actores del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y fue rápidamente derrotada. Nunca significó una amenaza real a la estabilidad del régimen político ya que solamente contaba con el apoyo de algunas unidades del Ejército y la Aeronáutica en las afueras de Capital Federal, y de la Base Aeronaval de Punta Indio7 (Sahni 1991, Orona 1970, Tussie y Federman 1972, Gambini 2007a, Olgo Ochoa 1988, Lanusse 1988).
En la "proclama revolucionaria" de Menéndez se revela que las principales motivaciones de su acción son sus preferencias normativas en contra del régimen, aunque también existían indicios de radicalización (Orona 1970, García y Rodríguez Molas 1989, Rouquié 1986, Menéndez 2003). Julio Alsogaray, miembro de la coalición golpista, señala que la principal causa que los llevó a actuar no fueron consideraciones respecto de políticas públicas, sino que "el clima sociopolítico se tornaba cada vez más asfixiante", haciendo referencia a lo que percibía como sucesivas modificaciones que experimentaron las reglas del ejercicio del poder del régimen político (violaciones de derechos, libertades y autonomía de la sociedad civil, separación y control mutuo de los poderes del Estado) (Olgo Ochoa 1988: 39). Respecto de las motivaciones de los políticos que formaban parte de esta coalición opositora, Reynaldo Pastor sostiene que decidieron sumarse al intento de cambio de régimen político como consecuencia de que el gobierno era "despótico": "no había otra alternativa para derribar al régimen de la dictadura, que recurrir a una revolución armada" (Olgo Ochoa 1988: 37).
II.3. Reacción gubernamental y dificultades para conformar una nueva coalición golpista (1951-1954)
Como consecuencia del intento fallido de cambio de régimen que lideró el general Menéndez, el gobierno reaccionó rápidamente: reemplazó a los ministros de Marina y Aeronáutica, decretó el "estado de guerra interno", investigó a cada una de las fuerzas, decidió el retiro de 200 oficiales y conformó una corte marcial para juzgar a los conspiradores (Luna 1985, Potash 1981, 2002, Ruiz Moreno 1994a, Lanusse 1988, Menéndez 2003). En el período comprendido entre 1951 y 1954 se puede apreciar el éxito parcial de estas medidas en la erradicación de todos los opositores dentro de las Fuerzas Armadas, fundamental para explicar cómo se pudo gestar la coalición golpista dentro de la Marina en 1954 y 1955, condición, a su vez, para el éxito del golpe de septiembre de 1955.
El almirante Aníbal Olivieri fue designado ministro de Marina ya que tenía preferencias sobre políticas públicas muy próximas a las del gobierno y se declaraba como un "firme defensor de la obra" del peronismo (Olivieri 1958). No obstante, su objetivo era preservar la autonomía de la Marina, mantenerla "al margen de la política", "unirla y darle confianza en sí misma (Olivieri 1958, García y Rodríguez Molas 1989). Por ello, debía dirigirla de forma independiente de los intentos de "peronización" de las Fuerzas Armadas ("conducirla por líneas exteriores al área focal de la política") y tener los recursos suficientes para mejorar su equipamiento (Olivieri 1958: 57). Olivieri tuvo numerosos enfrentamientos con el presidente por los intentos de "peronizar" la Marina que buscaba convertir a las Fuerzas Armadas en un "dócil instrumento político del poder". También rechazó la Ley Especial de las Fuerzas Armadas8, la transferencia de la Prefectura del Ministerio de Marina al Ministerio del Interior y los diversos intentos del gobierno de realizar una "limpieza" dentro de las Fuerzas Armadas para convertirlas en "instrumentos dóciles para sus fines", donde no existieran militares que no fuesen peronistas (Olivieri 1958: 38, 43). Olivieri rechazó "la propaganda oficial a favor del peronismo" y, en términos generales, su acción habilitó la coordinación entre actores que estaban en contra del régimen (Ruiz Moreno 1994a, Castello 1994). En este sentido, la posición unificada de la Marina en 1955 a favor de la coalición golpista fue consecuencia de las políticas adoptadas por Olivieri desde 1951, que permitieron proteger y hacer ascender a numerosos oficiales que formaron parte de las sublevaciones de junio y septiembre de 1955.
Si bien los servicios de inteligencia del gobierno aumentaron su vigilancia sobre la Marina (Olivieri 1958), Olivieri evitó que el personal de la Marina perdiese su autonomía y tuviera que manifestar preferencias normativas a favor del régimen: "jamás fueron exigidos, ni siquiera se les hizo una insinuación de adscribir sus fueros íntimos a imposiciones odiosas, además de poco inteligentes de parte de quienes creían que las consciencias podían someterse" (Olivieri 1958: 51). Si bien Perón presionaba periódicamente a sus ministros militares para que aseguraran un correcto "adoctrinamiento" de sus subordinados, Olivieri siempre le manifestó que la mayoría de la Marina no era peronista y que nunca perseguiría a aquellos miembros de la fuerza que no tuvieran preferencias normativas a favor del régimen (Olivieri 1958). A diferencia de lo sucedido dentro del Ejército desde 1949 (y en especial desde 1951), Olivieri compartía el extendido consenso dentro de la Marina sobre la necesidad de mantener una autonomía organizacional e ideológica absoluta respecto del gobierno peronista (Sahni 1991).
Siguiendo criterios semejantes a los de Sosa Molina (1946-1949), los retiros que decidió Olivieri (1958) tuvieron el objetivo de mantener cierto equilibrio: dio de baja tanto a oficiales superiores peronistas como a algunos contrarios al régimen implicados en las conspiraciones de 1951. El Tribunal Especial de la Marina salvó a "hombres que aun teniendo ideas opositoras, por sus condiciones profesionales, fuese conveniente conservar para bien de la institución" (Olivieri 1958: 46). Muchos de esos oficiales que permanecieron en la Marina luego de 1951, como consecuencia de que fueron "protegidos" por Olivieri frente al intento de "peronizarla", tuvieron destacados roles en la sublevación de septiembre de 1955 (Perren 1997, González Crespo 1993). En igual sentido, el hecho de que Olivieri haya conformado en 1953 un Alto Comando Naval con almirantes antiperonistas, posibilitó que esos actores cumplieran funciones de altísima relevancia dentro de la fuerza lo que, a su vez, les permitió desempeñar roles protagónicos en junio y septiembre de 1955 (Olivieri 1958). A diferencia de lo ocurrido en el Ejército luego de que Sosa Molina fuera reemplazado por Lucero, el gobierno no pudo interferir dentro de la organización de la Marina a través de la enseñanza de la doctrina peronista y de sanciones a los oficiales que tenían preferencias normativas en contra del régimen.
Sánchez Sañudo, acérrimo antiperonista y actor fundamental en septiembre de 1955, resume así la gestión de Olivieri: "Todos nuestros almirantes, y de ellos para abajo, mantuvieron a la Marina aparte del proceso y en esto también puede incluirse el 'Apache' García y a Olivieri. Dentro de la Marina todas esas instrucciones -por ejemplo, la obligación de poner para todas las colectas que hacía Eva- no se llevaron a cabo (...) En el caso de la Marina hay que reconocerles a nuestros almirantes, incluso a algunos de ellos que no tomaron ninguna decisión en el momento oportuno, que por lo menos a nosotros nos permitieron que fuéramos un núcleo homogéneo antiperonista y ese fue el espíritu con el que se llegó a 1955" (Castello 1994: 84-85). Es plausible suponer que si estos actores opositores, que permanecieron como consecuencia de la acción de Olivieri, hubieran sido retirados luego de 1951, y si sus reemplazos hubiesen esbozado preferencias normativas a favor del régimen, la participación de esta fuerza militar en la Revolución Libertadora habría sido diferente. Por ende, el derrocamiento del gobierno quizás no habría ocurrido.
Luego del levantamiento fallido de Menéndez, el gobierno logró evitar el surgimiento de una coalición golpista en el Ejército hasta noviembre de 1954 (Potash 2002). Los sucesos de abril de 1953 revelan un momento de gran radicalización de preferencias (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a), pero los opositores al régimen no pudieron siquiera coordinar la conformación de una coalición golpista (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a, Goldwert 1972, López 2009, Rouquié 1986). El único líder de las conspiraciones de 1951 que no había fracasado, Eduardo Lonardi, estuvo preso en 1952, por lo que no pudo coordinar acciones eficazmente con oficiales que estuviesen en contra del régimen y al mando de tropa (Rubé 2012). Sin embargo, Lonardi realizó un intento de conformar una coalición golpista desde la cárcel junto con otros oficiales, solicitándole a Aramburu que organizara un nuevo intento revolucionario, quien le contestó que esto era imposible por la política de control y vigilancia implementada por Lucero (Ruiz Moreno 1994a, Lonardi 1980, Rubé 2012).
El Ejército había experimentado numerosas purgas luego de 1951 y, por ende, no existía ningún actor que pudiera revelar sus preferencias en contra del régimen. Los traslados de los oficiales de lealtad dudosa a guarniciones del interior y los retiros explican la ausencia de coaliciones golpistas. De esta forma, el gobierno consolidó la posición de los altos mandos que tuviesen preferencias a favor del régimen vigente, neutralizando a los oficiales adversos que no tuviesen intenciones de protagonizar un levantamiento (Ruiz Moreno 1994a). El objetivo era mantener un férreo control en la Capital y sus alrededores, con losopositores al régimen distribuidos por el interior del país, y un sistema de espionaje muy desarrollado (Ruiz Moreno 1994a). En 1954 la "peronización"9 del Ejército logró que solamente aquellos oficiales que manifestaran sus preferencias a favor del régimen político pudieran ascender a los rangos más altos, lo que generó malestar en militares que tenían preferencias radicalizadas respecto de las políticas públicas y en contra del régimen político (Potash 1981).
En conclusión, entre 1952 y 1954 no existió ningún actor relevante dentro del Ejército que pudiera hacerse cargo de una coalición golpista. Los militares proclives al cambio de régimen sentían que "no contaban con los apoyos necesarios" (Ruiz Moreno 1994a: 60). Esta situación dentro del Ejército explica al menos parcialmente que la coalición golpista que terminaría con el régimen en septiembre de 1955 comenzara en la Marina y que la incorporación de miembros del Ejército a la misma fuera posterior (de Hoyos 1970). En cambio, muchos de los marinos que participaron del golpe de 1955 pudieron intentar organizar dos conspiraciones en 1953. Sin embargo, ante la ausencia de un líder, desistieron de llevarlas a cabo. Lonardi se negó a dirigirlos por considerar que no tenían ninguna posibilidad de éxito (Ruiz Moreno 1994a, Rodríguez Molas 1989). El contraalmirante Perren (1997), como jefe de Defensa de Puerto Belgrano, se ocupó de organizar conferencias de "educación política" y "desperonización", y de colaborar con todos los oficiales para que la Marina estuviese lista para un eventual alzamiento. Preparó técnica y tácticamente a los oficiales y suboficiales para su participación en una sublevación y para defender la Base (Perren 1997), esperando la orden de "quienes desde Buenos Aires manejaban los hilos de la conspiración"10 (1997: 57). Aunque la participación de la Armada en una coalición golpista para derrocar a Perón era condición necesaria para su éxito, no era suficiente11 (Ruiz Moreno 1994, Olivieri 1958). Aún faltaba ampliarla12, sumando a actores del Ejército y de la Fuerza Aérea: "la Marina no tenía la capacidad suficiente para derrocar al gobierno, si éste era apoyado por las otras dos Fuerzas Armadas y combatían con decisión. Pero, con alguna ayuda de fuerzas reducidas dentro del Ejército y la Aeronáutica, podía iniciar la lucha" (Perren 1997: 55).
En conclusión, el gobierno no pudo eliminar numerosos espacios de autonomía dentro de la Marina, donde los oficiales y suboficiales opositores al peronismo permanecieron en sus puestos sin que se tomasen medidas disciplinarias en su contra. Además, tuvo evidentes dificultades no solo en el adoctrinamiento de los miembros de la Marina, sino también en el control civil sobre esta fuerza. Evidencia de esto fue la enorme cantidad de marinos que formaron parte de las coaliciones golpistas de junio y septiembre de 1955, y que no sólo tuvieron una carrera ascendente en los años previos, sino que también pudieron establecer fluidas comunicaciones y reuniones entre Bahía Blanca y Buenos Aires. Al respecto, la gestión de Olivieri fue una condición necesaria para que esos espacios de autonomía se mantuvieran y para que la enorme mayoría de la fuerza estuviese cohesionada en 1955 en contra del régimen. En cambio, el Ejército se encontraba mucho más dividido y esto se debió, al menos en parte, a la acción de Lucero como ministro desde 1949. Sin embargo, la presencia en el Ejército de generales que serían fundamentales entre el 16 y el 21 de septiembre (Aramburu, Arandía, Bengoa, Lagos, Imaz, Uranga y Videla Balaguer) revela que Lucero tampoco pudo eliminar a todos los opositores en esa fuerza.
II.4. Radicalización de preferencias como causa de la consolidación de una coalición golpista (1954-1955)
Sectores importantes dentro del Ejército y la Marina decidieron conformar una nueva coalición como consecuencia de la radicalización de sus preferencias a partir de noviembre de 1954. Esto no significa que los actores no contaran con preferencias normativas en contra del régimen, sino que las mismas tuvieron un impacto menor que la radicalización de preferencias. Este proceso fue consecuencia de la modificación de las preferencias del gobierno respecto de la Iglesia Católica y las inversiones extranjeras petroleras (Potash 2002, Makin 1984, Puiggros 1959, Irazusta 1956, Spinelli 2005, Sánchez Zinny 1958, Bustos Fierro 1969).
El acuerdo con la Standard Oil Company de California, anunciado por Perón a comienzos de 1955, respecto de inversiones para la explotación de petróleo generó posturas adversas en las Fuerzas Armadas13 (Potash 1981, Luna 1986, Alende 1988, Llambí 1997, Cafiero 1961). El ministro Franklin Lucero indica el impacto negativo que tuvo en el proceso de radicalización de preferencias no sólo el conflicto con la Iglesia Católica, sino también el contrato con la Standard Oil de California (Lucero 1959). El diplomático Benito Llambí sostiene que "la cuestión petrolera se convirtió en uno de los elementos de agitación y propaganda con los que la conspiración preparó el campo para el golpe de Estado" (Llambí 1997: 269). El ministro de Asuntos Económicos, Alfredo Gómez Morales sabía que los oficiales estaban preocupados por los contratos, especialmente porque grupos antiperonistas les enviaban a sus casas panfletos que los criticaban duramente (Makin 1984, Ruiz Moreno 1994a, Goldwert 1972).
No obstante, la radicalización de las preferencias de políticas públicas entre el gobierno y la Iglesia Católica tuvo el impacto mayor sobre la conformación de una coalición golpista dentro de las Fuerzas Armadas14 (Rubé 2012, Makin 1984). Este conflicto fue el impulso que necesitaban diferentes actores para formar una coalición golpista que pasara rápidamente del "descontento hacia la conspiración"15 (de Hoyos 1970: 148). En este contexto, la "campaña de panfletos" modificó las preferencias de los militares16, aumentando las "inquietudes revolucionarias" cuando Perón decidió apoyar medidas contrarias a la Iglesia desde noviembre de 1954 (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a).
Numerosos testimonios coinciden en el efecto negativo que tuvo la radicalización de preferencias entre Perón y la Iglesia sobre la estabilidad del régimen político. Bonifacio del Carril (2005), colaborador del general Julio A. Lagos en la sublevación en Mendoza, menciona que este conflicto fue el error estratégico más grave de Perón ya que en 1954 "el gobierno había logrado frenar la inflación y estaba en serias tratativas con los grupos financieros norteamericanos más poderosos a fin de resolver el problema de la explotación del petróleo en la Argentina. Sus opositores políticos estaban prácticamente pulverizados" (del Carril 1959: 38-40). Por otro lado, Mario Amadeo, miembro de los Comandos Civiles en 1955 y figura relevante dentro del nacionalismo argentino, cree que el conflicto con la Iglesia fue "la causa inmediata del definitivo aniquilamiento" del régimen político ya que "hasta los más escépticos comprendieron que solo quedaba abierto el camino de la revolución" (Amadeo 1956: 35). Luis Ernesto Lonardi, hijo de Eduardo Lonardi, también coincide en que el conflicto le produjo enormes dificultades a Perón: "Por primera vez el gobierno enfrentó una oposición con las condiciones de coherencia y continuidad indispensables para constituir una real amenaza" (Lonardi 1958: 19-20). Su hermana, Marta Lonardi, considera que el conflicto con la Iglesia tuvo un efecto positivo sobre la coordinación entre diferentes grupos dentro de la coalición golpista: "Fue el principio del fin. La lucha por la libertad se elevó al tono heroico de cruzada, por encima de banderas políticas (.) la rebeldía agitaba los corazones ahora inflamados por el ataque a la fe católica. La resistencia aislada en cada rincón de la República fue uniéndose por los hilos invisibles del ideal supremo y nació una férrea voluntad de vencer o morir. No se trataba de una oposición constreñida a credos políticos, pues por torpeza del dictador había sido proyectada al plano en el que Dios es soberano, a la conciencia íntima de cada uno, allí precisamente donde no hay miedos invencibles" (Lonardi 1980: 44-45). Por su parte, Julio Irazusta, representante de un sector de intelectuales nacionalistas, también comparte esta visión: "desde que estalló el conflicto de Perón con la Iglesia di por sellada la suerte del tirano (.) el ataque antirreligioso estuvo mal programado. Para tener algún éxito, aunque fuese temporario, debió producirse después, y no antes de que la sociedad tradicional hubiese sido completamente destruida" (Irazusta 1956: 12-13).
El coronel Juan Francisco Guevara (1970), estrecho colaborador de Lonardi en 1955, afirma que cuando Perón se enfrentó a la Iglesia entró en una "confusión ideológica" ya que si bien "mantenía en alto las banderas nacionales y católicas, se alejaba de ellas en los hechos" (Guevara 1970: 59). Según Guevara, el conflicto con la Iglesia fue una condición necesaria para el incremento de la cantidad de actores que se sumaron a la coalición contra el régimen vigente: "cuando Perón se enfrentó abiertamente con la Iglesia Católica, selló su destino como gobernante. La oposición antiperonista encontró el motivo espiritual, místico, indispensable para enfrentar a tan poderoso adversario (...) la sacrílega quema de los templos [el 16 de junio de 1955] terminó por lanzar a la oposición a miles de indecisos, haciendo pedazos a la vez la lealtad de muchísimos buenos peronistas que obligados a optar, en la práctica, por Dios o por el gobierno, optaron por Dios" (Guevara 1970: 5960). Por otra parte, los civiles aumentaron su cooperación con la coalición golpista desde que estalló el conflicto con la Iglesia: "los partidos políticos antiperonistas, me refiero al Conservador, al Radical y al Socialista mantenían estrechos contactos y procuraban firmes acuerdos con los principales hombres que estaban encabezando la conspiración" (Guevara 1970: 71). La radicalización de preferencias entre la Iglesia y el gobierno fue tan aguda que produjo una coalición golpista de enorme heterogeneidad, dado que convivían un sector "nacional y católico" con otra facción que representaba al "viejo liberalismo" y a la masonería (Guevara 1970: 61).
Miembros de los partidos políticos opositores también sostienen que este proceso de radicalización de preferencias tuvo un impacto causal sobre la estabilidad del régimen político. El diputado unionista radical Miguel Ángel Zabala Ortiz indica que las "circunstancias favorables" para que surgiese la coalición que terminó con el régimen "se hizo posible cuando el peronismo empezó la campaña contra la Iglesia y con el plan entreguista de petróleo, sumada a sus constantes amenazas a la oposición y el control de los medios de difusión" (Makin 1984: 168). Félix Luna, miembro de la Juventud Radical, recuerda de la siguiente forma su reacción inmediata al discurso de Perón del 10 de noviembre de 1954: "esa tarde de primavera de 1954, escuchando la voz de Perón acusando a tal o cual obispo de 'contreras' o infiltrados, no dudé un instante en saber que el fin del régimen estaba próximo, que Perón caería pronto" (Luna 1996: 479). Alejandro Gómez considera que el conflicto con la Iglesia fue determinante para la caída del régimen político: "la intolerancia totalitaria de Perón -hoy diríamos fundamentalista- hizo que la Iglesia lo enfrentara, defendiendo el derecho a su fe y a su interpretación (...) Perón fue derrocado por un levantamiento militar inspirado por la Iglesia Católica" (Gómez 2001: 105-108). Luego de la quema de las iglesias en junio de 1955, Gómez fue "visitado" por tres oficiales de la Fuerza Aérea que le comunicaron que "el Arma estaba lista para salir en defensa del país" (Gómez 2001: 106). El presidente del partido desde 1954, Arturo Frondizi, sostuvo que el "aislamiento del gobierno", que finalmente llevó al fin del régimen político, fue consecuencia del "conflicto religioso" y de "otros episodios" como el rumor de la "formación de las milicias obreras" y de varios episodios que "erosionaron su relación con las Fuerzas Armadas" (Frondizi 1983: 21). El dirigente comunista Juan José Real afirma que el conflicto tuvo un efecto "unificador" sobre la coalición opositora: "sobrevino el conflicto con la Iglesia, que, además de exacerbar y cohesionar a la oposición, conmovió las filas de las fuerzas armadas, exaltó el celo religioso del nacionalismo 'neutral' y arrojó al viejo nacionalismo septembrino a la conspiración" (Real 1962: 1955).
Asimismo, muchos actores que formaban parte de la coalición a favor del régimen coinciden con las perspectivas antes señaladas. Políticos como Antonio Cafiero (1983, 2011, Makin 1984), Raúl Bustos Fierro (1969), Hipólito Paz (1999), Raúl Mende (2010), Benito Llambí (1997) y Oscar Albrieu17 señalan el efecto negativo que tuvo el proceso de radicalización de preferencias sobre la estabilidad del régimen político (de Hoyos 1970). Joaquín Díaz de Vivar sintetiza esta posición cuando afirma que "el régimen no hubiera sido abatido jamás si Perón no hubiera cometido la torpeza de dejarse involucrar en la pugna con la Iglesia"18. Asimismo, Ricardo Obregón Cano, quien formaba parte del gabinete del gobierno de Córdoba, también sostuvo que el éxito de la coalición golpista fue consecuencia de que el conflicto con la Iglesia afectó duramente a los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas y dejó a Perón sin sostén militar efectivo19. Los militares peronistas compartían esta interpretación20. Por ejemplo, el general José Humberto Sosa Molina, con claras preferencias normativas a favor del régimen vigente, sostuvo en una conversación con Perón durante el intento de golpe de Estado del 16 de junio de 1955 que "la acción antirreligiosa había producido mucha inquietud" y que "era sumamente inconveniente la campaña de insultos y denuestos que desarrollaban los diarios contra los sacerdotes"21 (Ruiz Moreno 1994a: 176, Olgo Ochoa 1988: 59). Por otra parte, el general Lucero sostiene que "los conspiradores aprovecharon el conflicto con la Iglesia, la quema de la bandera y el proyecto sobre el petróleo para crear al gobierno una verdadera crisis espiritual" (Lucero 1959: 123).
En particular, este proceso de radicalización tuvo un impacto sobre tres generales que nunca habían formado parte de una coalición golpista antes de 1954, fundamentales en el proceso de cambio de régimen político en 195522 (Sáenz Quesada 2010). En primer lugar, Dalmiro Videla Balaguer: "nadie lo consideraba adversario de Perón. Su profunda fe religiosa le llevó, no obstante, a pronunciarse contra el dictador cuando arreció la campaña de este contra la Iglesia" (del Carril 1959: 55). Su hijo, Patricio Videla Balaguer, sostiene que "el aprecio de mi padre por Perón duró hasta que Perón inició la persecución religiosa (.) A la noche del 16 de junio de 1955 se produjeron los incendios de las Iglesias. Fue un hito en la persecución religiosa. Para un católico y hombre de armas ya no había otra posibilidad que actuar en defensa de la fe" (Rubé 2012: 116-117, 146-147). Por su parte, el propio Videla Balaguer sostiene que él era un "gran peronista" hasta este conflicto (Ruiz Moreno 1994a). La decisión de abandonar su lealtad hacia Perón, con quien lo unía una gran amistad, se produjo finalmente luego de los bombardeos del 16 de junio y de la quema de las iglesias en Buenos Aires: "Yo quise visitar las iglesias incendiadas (...) Yo en todas me hincaba y le preguntaba a Dios si tenía derecho a producir más muertes que las que había visto el 16 de junio (.) si podía o no seguir en la revolución en que estaba empeñado" (Ruiz Moreno 1994a: 377).
Otro de esos generales fue Julio A. Lagos (Olgo Ochoa 1988). Hasta poco antes de julio de 1955, Lagos era considerado un férreo defensor del régimen, afiliado al partido peronista. Cuando a comienzos de 1955 Aramburu lo consultó sobre su participación en una coalición golpista, sólo recibió respuestas evasivas (Ruiz Moreno 1994a). De hecho, como sucedió con otros militares nacionalistas, solamente el conflicto del gobierno con la Iglesia lo hizo cambiar de coalición (Ruiz Moreno 1994a). Lagos solicitó su retiro como consecuencia directa de la radicalización de las preferencias del gobierno (Olgo Ochoa 1988) y, en particular, de su inacción frente a la quema de las iglesias en junio de 1955: "Yo a raíz de la quema de la bandera y de las Iglesias me presenté al ministro de Guerra, que era Lucero, para expresarle mi desagrado por ello y para preguntarle qué medidas se iban a tomar. La conversación resultó tensa y entonces le hice presente al Sr. Ministro que no me encontraba en condiciones de espíritu como para apoyar al gobierno"23. Lucero afirma que en esa reunión Lagos le manifestó su honda preocupación como consecuencia de la quema de la bandera y de las Iglesias: "no dejó entrever otra preocupación que la religiosa" (Lucero 1959: 130). El 27 de julio de 1955, reunido con Bonifacio del Carril y con el general Bengoa, habló con el coronel Eduardo Señorans, principal ayudante de Aramburu, y se sumó definitivamente a la coalición golpista (Ruiz Moreno 1994a).
Por último, Justo León Bengoa decidió sumarse a la coalición golpista en febrero de 1955 principalmente "por razones religiosas" (Ruiz Moreno 1994a, Amadeo 1956). Bengoa justificó su participación en la coalición golpista a partir de sus preferencias normativas en contra del régimen político y de la radicalización de políticas públicas contra la Iglesia: "el estado de guerra interno que subvertía las garantías de la Constitución Nacional, tornando en una falacia el sistema republicano de gobierno por la sumisión del Estado ante la voluntad del Poder Ejecutivo (.) la persecución declarada oficialmente contra la Iglesia Católica, significando el ataque a una de las instituciones públicas del país, y a las creencias íntimas de la mayoría de la población argentina" (Ruiz Moreno 1994a: 115-116).
La radicalización de preferencias del gobierno respecto de la Iglesia también tuvo impacto sobre el comportamiento de oficiales del Ejército de menor rango. Respecto de la sublevación en Córdoba, que tendría al general Lonardi como su principal líder en septiembre de 195524, el coronel Ramón Molina, actor fundamental en la misma, afirma que "cuando se produce el golpe contra la Iglesia un grupo de capitanes dijo que no podía ser así, se conectaron cuatro o cinco capitanes, tomaron contacto con la Fuerza Aérea y luego había que buscar un jefe, lo más acertado era Ossorio Arana" (Rubé 2012: 142). Sobre la situación en la guarnición Curuzú Cuatiá, desde la cual Aramburu intentó coordinar una sublevación25, el coronel Picciuolo sostiene que el "ambiente de hostilidad" comenzó a finales de 1954 "cuando se inició una campaña contra la Iglesia, casi diría más que campaña una persecución" (Rubé 2012: 156).
Por otra parte, esta radicalización también tuvo una influencia decisiva en las preferencias normativas y de políticas públicas del conjunto de la Mari-na26 y, en particular, de Aníbal Olivieri27 (Olivieri 1958). Cuando se lanzó la ofensiva contra la Iglesia, en noviembre de 1954 sostiene que Perón "usaba su poder omnímodo para destruir las bases morales de los hogares argentinos" y que estaba decidido a separar a la Iglesia del Estado (Olivieri 1958: 98-100). Por su parte, Perren (1997) afirma que el conflicto del gobierno con la Iglesia Católica contribuyó a que la Marina se sumara a la coalición golpista. Por ejemplo, el 15 de mayo, por orden del ministro Olivieri, el jefe del Servicio de Inteligencia de la Armada les transmitió a los oficiales de Información y Seguridad que la situación del país era caótica como secuencia de la acción del gobierno: "El ministro Olivieri, jaqueado entre su adhesión al gobierno y sus convicciones religiosas, que habían entrado en colisión, se decidió por estas últimas, y la recomendación de no concurrir a misa era solo una cortina de humo para no debilitar su posición, hasta que llegara el momento de cambiar de frente" (Perren 1997: 62). El almirante Teodoro Hartung declara que Olivieri se sumó a la coalición golpista desde el momento en el cual "Perón se enemistó con la Iglesia. Ferviente católico y además nacionalista, se había adherido al peronismo con todo fervor" (Rubé 2012: 109). En los meses previos al 16 de junio, Olivieri consideraba que el país se dirigía "hacia la guerra civil" y, en consecuencia, le propuso a Lucero un cambio de régimen ya que las Fuerzas Armadas tenían "razones constitucionales" para intervenir. Por su parte, Lucero le reconoció la "gravedad de la situación nacional" desde finales de 1954 (Olivieri 1958: 103-106).
El conflicto se profundizó cuando los obispos decidieron realizar el Corpus Christi el sábado 11 de junio a pesar de no contar con la autorización del Ministerio del Interior (Bianchi 2001, Rabinovitz 1956, Gambini 2007b, Santos Martínez 1988b, Lafiandra 1955). Esa festividad religiosa evidenció el efecto de "unificación" que tuvo el proceso de radicalización entre la Iglesia y el gobierno sobre diferentes grupos de opositores: "todo el laicismo argentino, que había fulminado la enseñanza religiosa, que había señalado al de Perón como un gobierno de pura esencia clerical, se volvió en defensa de la Iglesia, no sólo bajo la consigna de la libertad de cultos, sino también de los demás derechos (.) era un frente antiperonista más vasto que el de 1945 y 1946. Los que entonces habían lamentado la ausencia de los conservadores en la Unión Democrática, podían estar satisfechos, allí estaban todos. Lo que no imaginaron nunca fue que en tan estupenda amalgama entrara también la Iglesia" (Real 1962: 157).
Una vez finalizada la misa del Corpus Christi, una gran cantidad de personas se dirigieron al Congreso de la Nación. El gobierno nacional denunció que los católicos habían quemado allí una bandera argentina28(de Hoyos 1970, Ruiz Moreno 1994a). Al día siguiente un grupo intentó quemar la Catedral y la Curia, pero ambos edificios fueron defendidos por numerosos militantes católicos, que luego quedaron detenidos en el penal de Villa Devoto (Bianchi 2001, de Hoyos 1970). El lunes 13, Perón declaró que el "gobierno se ha ganado el derecho de hacer justicia contra los malos jerarcas de la Iglesia y contra sus organizaciones" (Bianchi 2001: 308-309). Asimismo, decretó la exoneración de los cargos de los monseñores Tato y Novoa, y dispuso su expulsión del país. Luego de recibir a los religiosos e informarse de lo ocurrido, el Vaticano respondió con la excomulgación del presidente Perón29 (Bianchi 2001). Este era el contexto de los días previos al bombardeo del 16 de junio, que tuvo un impacto muy fuerte sobre la adhesión de los militares al régimen vigente (Luna 1986).
Según Olivieri, la situación era insostenible y sospechaba que el ministro Borlenghi ordenaría quemar las iglesias (Olivieri 1958). Esto lo decidió a implementar su plan, al día siguiente, instó a actuar a Lucero, quien le contestó que había que esperar (Olivieri 1958). Ante la indefinición de los ministros militares, decidió organizar una acción "independiente de la Marina" con el almirante Gargiulo (Olivieri 1958). Por su lado, algunos jóvenes oficiales navales (Francisco Manrique y Néstor Noriega, entre ellos) había estado preparando una coalición golpista desde el comienzo del conflicto que incluía tanto a políticos como a miembros del Ejército (Aramburu y Bengoa) (Sahni 1991, Ruiz Moreno 1994a, Luna 1986, Vicchi 1960, Cavallo 1956). Su objetivo era organizar un gobierno provisional con "representantes destacados" de las "fuerzas democráticas del país", como la UCR30, el Partido Demócrata y el Partido Socialista (Vicchi 1960).
El 16 de junio a media mañana, la Marina decidió bombardear la Plaza de Mayo, con la intención de matar a Perón y cambiar el régimen político31. El gobierno logró evitar que el intento de golpe de Estado tuviera éxito y, esa misma noche, diversos grupos peronistas reaccionaron quemando diferentes iglesias en Buenos Aires32 (de Hoyos 1970, Ruiz Moreno 1994a, Rabinovitz 1956, Ancarola 2005). A pesar de que Perón realizó cambios organizacionales para evitar cualquier participación de la Marina en un nuevo intento de golpe de Estado y procuró neutralizar el poder destructivo de la flota de la base Puerto Belgrano33 (Sahni 1991), no tuvo éxito como consecuencia de que "en la Armada no habían oficiales peronistas suficientes para cubrir los comandos y las jefaturas" (Perren 1997: 81). En este sentido, no fueron destituidos actores claves en los sucesos de septiembre de 1955 como Isaac Rojas, Jorge Palma y Arturo Rial (Perren 1997, González Crespo 1993). Luego del fracaso del golpe 16 de junio, la cohesión de la Marina contra el régimen político era tan grande que la mayoría de los oficiales de Puerto Belgrano que formaron parte de la conspiración no fueron identificados como enemigos del régimen como consecuencia de la cooperación de todo el personal que encubrió la evidencia incriminatoria34 (Perren 1997, Sahni 1991). La determinación en Puerto Belgrano de comenzar con una nueva conspiración, incluso si la Marina debía actuar en soledad, era total (Perren 1997)35.
Entre junio y septiembre de 1955, oficiales de Puerto Belgrano viajaron a Buenos Aires para tomar contacto con políticos radicales, miembros de la Marina (Rial, Palma, Rojas36, Sánchez Sañudo) y del Ejército (Perren 1997). Para el éxito de un golpe de Estado todavía faltaba la coordinación y el apoyo de sectores importantes del Ejército. El mismo 16 de junio por la tarde, luego del fracaso de la Marina, todos los generales del Ejército, incluidos aquellos que tendrían un lugar central en el cambio de régimen en septiembre (Aramburu, Arandía, Bengoa37, Lagos, Imaz, Uranga38 y Videla Balaguer) le expresaron a Perón su apoyo (Ruiz Moreno 1994a, Lucero 1959, García y Rodríguez Molas 1989, Perón 1982, de Hoyos 1970).
Con el objetivo de aumentar el tamaño de la coalición golpista en las Fuerzas Armadas, la campaña de panfletos organizada por la "feligresía católica" se focalizó en distribuir la mayor cantidad de publicaciones dentro del Ejército y denunciar al régimen como "autoritario" por atentar contra las libertades y derechos y, en consecuencia, promover el cambio de régimen político (Lafiandra 1955, de Hoyos 1970). El régimen vigente era comparado con una dictadura semejante a la de Hitler o a la de Mussolini, donde los derechos y las libertades no existían y los ciudadanos católicos eran ilegalmente arrestados: "la única salida a la situación era la expulsión de Perón (...) cientos de militares de alta graduación recibían uno o dos panfletos semanales" (Lafiandra 1955: 18-19).
Luego del fracaso del golpe de Estado de junio, Perón dispuso algunas medidas "pacificadoras" (Potash 1981). Levantó el estado de sitio, fueron liberados opositores presos y reemplazó a los miembros más cuestionados de su gobierno. En este contexto, en tres discursos (23 de junio, 5 y 14 de julio), llamó a la "pacificación nacional" y convocó a todos los políticos opositores al diálogo (Ruiz Moreno 1994a, Luna 1986). Esta "política de pacificación" del gobierno finalizó alrededor del 15 de agosto, cuando el presidente denunció que se estaba conformando una nueva coalición golpista (Potash 1981, Ruiz Moreno 1994a, Luna 1986). Pocos días después del radicalizado discurso de Perón el 31 de agosto de 1955, fundamental para acelerar el golpe de Estado (Matón 1984, Luna 1986, Potash 1981, del Carril 2005, Santos Martínez 1988b), dos panfletos titulados "Perón prepara un 17 de octubre rojo" y "El Plan Peronista se está cumpliendo" fueron extensamente distribuidos entre los "jefes de las Fuerzas Armadas" donde les advertían que "la primera parte del plan anunciado se ha cumplido" y que la segunda parte estaba en marcha (Lafiandra 1955). En ambos se instaba a que los militares "legalistas", que "engañados" seguían prestando apoyo al régimen vigente, evitaran la creación de un "Estado Popular Sindicalista de la Nueva Argentina".
Si bien las principales causas que dieron inicio a la conformación de la coalición golpista fueron el proceso de radicalización de preferencias con la Iglesia Católica y la firma de los contratos petroleros39, entre junio y septiembre de 1955 se suma una nueva motivación: el temor al "desorden público" y a la "guerra civil" producto de la "amenaza" de que el gobierno reemplazara a las Fuerzas Armadas con "milicias populares"40 (de Hoyos 1970). Frondizi (1983: 19) sostiene que no solamente el conflicto religioso "erosionó aún más la situación del gobierno", sino también "una desafortunada idea de crear milicias obreras ante cuyo lanzamiento el general Perón, inexplicablemente, no reaccionó con la agilidad que le era característica, enajenó, por último, a buena parte de los cuadros de las Fuerzas Armadas y neutralizó, incluso, a aquellos que seguían siendo leales". Por su parte, Olivieri señala que las Fuerzas Armadas "esperaban el turno de su substitución por las milicias obreras" (Olivieri 1958: 105).
Juan José Real comparte la hipótesis sobre el efecto causal que tuvieron los rumores sobre la posibilidad de que el gobierno conformase "milicias obreras": "al fin, en 1954/55 estalla el conflicto con la Iglesia y aparece la amenaza -siquiera fuera verbal, no por ello menos agresiva- de las milicias armadas. Era la culminación de la crisis del movimiento nacional. Y esta crisis ya no se superaba con buenas intenciones. Era un proceso a esta altura irreversible" (Real 1962: 159). Desde una posición a favor del régimen político, el diplomático Benito Llambí sostiene que el surgimiento del "proyecto de las milicias obreras" en el momento de mayor radicalización de preferencias tuvo un efecto negativo: "El conflicto con la Iglesia, en definitiva, facilitó que se pusiera en seria crisis ese frente [entre Fuerzas Armadas y trabajadores], provocando una fisura que ya no se volvería a sellar. En primer lugar, porque determinó también una división dentro de las Fuerzas Armadas, y dentro del propio Ejército. El quiebre de ese sistema privaba al general Perón del complejo equilibrio de fuerzas con que había sustentado su gobierno, y lo exponía de inmediato a la necesidad de inclinarse por uno u otro sector. Por ello la crisis se agravó rápidamente con el proyecto de las milicias obreras" (Llambí 1997: 263-265).
Sin embargo, además de la radicalización de preferencias del gobierno, también las preferencias normativas en contra del régimen fueron causas que impulsaron las distintas coaliciones golpistas desde noviembre de 195441 (Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora 1975, 1985). Respecto de la Marina, Olivieri menciona que la percepción de "corrupción" y "autoritarismo" del gobierno fue una condición necesaria para sumarse a la coalición golpista (Olivieri 1958: 55-56). Sobre este punto, Olivieri indica que "la anulación del Poder Legislativo y el Judicial", la "violación de los derechos y libertades de la oposición", "la Ley Electoral desnaturalizada en sus bases democráticas por artificios fraudulentos" y "la libertad individual totalmente suprimida" hicieron que la Marina tuviera una preferencia normativa en contra del régimen y radicalizara sus preferencias respecto de algunas políticas públicas como la económica (Olivieri 1958: 55-56, 104-105). Sostiene que se sintió forzado a plegarse al intento revolucionario del 16 de junio como consecuencia del comportamiento "corrupto" y "autoritario" del presidente (Olivieri 1958: 15, 31, 33). Su apoyo y lealtad al régimen siempre dependieron de que juzgara que el gobierno tenía "honradez y legalidad" (Olivieri 1958: 16).
El contraalmirante Jorge Julio Palma sostuvo que "tenía el deber de acompañar algo para derrocar a la tiranía y reestablecer el sistema democrático (.) nos parecía que teníamos el deber de liberar al país, devolverle sus instituciones republicanas y restituir la constitución del 53, que es nuestra Constitución fundadora" (Pigna 2005: 17). El contraalmirante Guillermo Plater describe la reacción de la Marina frente al gobierno a partir de junio de 1955:
"Perón generalizó con improperios que no cuadraba [sic.] en boca de un presidente, inculpando a la Marina de los sucesos (...) Tuvo la virtud de terminar una obra que se había empeñado en realizar con signo negativo: unir a la Marina contra él. Lo logró mucho mejor que aquellos que la mimaban desde hace doce años atrás" (Plater 1956: 216). Por su parte, Eduardo Lonardi, en la Proclama Revolucionaria del 17 de septiembre, sostenía que Perón "ha aniquilado los derechos y garantías de la Constitución y sustituido el orden jurídico por su voluntad avasalladora y despótica (.) la preocupación por el honor y la libertad, vulnerados por la tiranía, halló ancho cauce en el corazón de la oficialidad (.) ninguna democracia es legítima si no existen los presupuestos esenciales: la libertad y garantía de los derechos personales" (Lonardi 1958: 96-100, Zabala 1955, García y Rodríguez Molas 1989, Whitaker 1956). En igual sentido, uno de los "jefes de la revolución del 16 de junio" sostuvo que uno de los principales objetivos era "recuperar la nacionalidad, las formas del decoro en la democracia y la libertad, sin negociados, sin robos, sin privilegios" (Cavallo 1956: 38).
Luego de haber dilucidado el surgimiento de la coalición golpista dentro del Ejército y la Marina42, debemos explicar el comportamiento de los militares que se encontraban en la coalición a favor del régimen vigente luego del comienzo de las operaciones militares el 16 de septiembre de 195543. El "renunciamiento" de Perón en la madrugada del 19 de septiembre, solicitando que el Ejército leal al régimen se hiciera cargo del gobierno y negociara una tregua, ofrece una oportunidad para conocer las preferencias de este sector (Gambini 2007b, Santos Martínez 1988b). A pedido de Perón, el ministro Lucero designó para la negociación una Junta Militar compuesta por generales que nunca habían formado parte de una coalición golpista, muchos de los cuales habían mostrado preferencias normativas a favor del régimen44 (Ruiz Moreno 1994b, García y Rodríguez Molas 1989, Potash 1981, Lonardi 1958, Rubé 2012, Lucero 1959).
A pesar de que Perón sostuvo que nunca había renunciado formalmente, los generales que formaban parte de la Junta Militar interpretaron de forma unánime que sí lo había hecho y que, por ende, estaban a cargo del gobierno, con total libertad de acción y autonomía (Ruiz Moreno 1994b, Perón 1973, Lonardi 1958, García y Rodríguez Molas 1989, González Crespo 1993, Goldwert 1972, Mende 2010, Ceres 1970, Gambini 2007b). Mediante esta decisión, la Junta de hecho destituyó a Perón como presidente antes de comenzar la negociación con el almirante Rojas, de esta forma, finalizó el régimen político vigente hasta ese momento (Ruiz Moreno 1994b, Santos Martínez 1988b)45. Los principales generales del Ejército no estaban dispuestos a mantener el régimen peronista a cualquier costo y, por lo tanto, no tenían preferencias normativas a favor del mismo46. Por ejemplo, el general Ángel J. Manni, miembro de la Junta, sostenía al respecto: "El Ejército no lucharía para sostener un gobierno en descrédito, no sería jamás sostén de una tiranía ni tampoco provocaría una guerra civil [...] Las tropas de la represión ya no tenían gobierno a quien defender, y la Junta Militar que lo había asumido por sí y ante sí, buscaba la conciliación" (Ruiz Moreno 1994b: 352).
Asimismo, existen numerosos testimonios que sugieren una conexión entre las acciones de los sublevados y la decisión de Perón de constituir la Junta Militar, dando inicio al proceso final de transición de régimen político. En particular, la amenaza de un bombardeo de la Marina47 el 19 de septiembre de los tanques de combustible del puerto de La Plata y los depósitos de petróleo de Dock Sud de Capital Federal fue esencial para que Perón tomara la decisión de constituir una Junta Militar que entablara negociaciones con los subleva-dos48 (Makin 1984, González Crespo 1993, Sáenz Quesada 2010, Gambini 2007b, Pigna 2005).
Perón sostuvo que todos sus generales insistían en continuar el combate, ya que tenían seguridad del éxito, y que la CGT le solicitaba armar a los sindicatos49: "muchos me aconsejaron abrir los arsenales y entregar las armas y municiones a los obreros que estaban ansiosos de empuñarlas, pero eso hubiera representado una masacre" (Perón 1958: 76). Perón decidió renunciar como consecuencia de la amenaza del almirante Rojas50: "Lo que más me preocupaba era la amenaza de bombardeo naval (.) En caso de bombardeo, dada la absoluta falta de defensa activa, se hubieran producido verdaderos estragos en la población civil. El espectro de los muertos del 16 de junio se erguía delante de los ojos de todos y era un toque de atención para no insistir en operaciones que hubieran ocasionado al país daños inestimables" (Perón 1973: 28). En diversos escritos, Perón explicita que la victoria de la coalición a favor del régimen político frente a los rebeldes del Ejército era inminente, el hecho de que la escuadra naval sublevada amenazara con bombardear Buenos Aires y la destilería de La Plata fue la única noticia que "incidió notablemente en mis próximos pasos" (Pavón Pereyra 1993: 274-280). En consecuencia, las amenazas de la Marina lo llevaron a formular su carta de "renunciamiento" y constituir una Junta de Generales: "me preocupaba la amenaza de bombardeo de la población civil (...) era de pensar lo que ocurriría en un bombardeo indiscriminado, sobre una ciudad abierta (.) me preocupaba también la destrucción de la destilería de petróleo Eva Perón (.) influenciaba también en mi espíritu la idea de una posible guerra civil de amplia destrucción y recordaba el panorama de una pobre España devastada que presencié en 1939" (Perón 1958: 76-77).
Cuatro testigos presenciales confirman la versión de Perón. Sus testimonios provienen de encuentros que tuvieron personalmente con él, en diferentes momentos entre el 19 y el 20 de septiembre. En primer lugar, el ministro Lucero afirma que la decisión de Perón fue impulsada por "consideraciones sobre la muerte de miles de inocentes y destrucción de valiosísimas hijas suyas, si se producía el anunciado bombardeo de la Marina" (Lucero 1959: 159160). En segundo lugar, el almirante Carlos Rivero de Olazábal, leal al régimen político y miembro de la Junta Miliar que conformó Lucero, sostiene que Perón le confesó, durante las primeras horas del 20 de septiembre en la residencia presidencial, que su renuncia tenía como objetivo "la pacificación del Pueblo Argentino" y "evitar los males de una guerra civil", y "agregó que su determinación había sido tomada en vista del ultimátum de los rebeldes de bombardear las destilerías de La Plata" (González Crespo 1993: 285-286). En tercer lugar, Jorge Antonio, amigo personal del presidente, confirma estas versiones ya que, en el momento de redacción de su carta de "renunciamiento" el 19 de septiembre, Perón le dijo: "Jorge Antonio, por el poder, solamente por sustentarlo, por retenerlo, no permitiré que se mate a un solo hombre. De ninguna manera partirá de mí la responsabilidad de una guerra civil, bombardeando Mar del Plata o cualquier otro objetivo. No quiero la destrucción del país" (Rodríguez Rubio s/f: 115-116), pensaba "en todo cuanto son capaces de destruir estos agentes del imperialismo. Bombardearán las ciudades, incendiarán las destilerías, volarán las represas. son capaces de todo" (Antonio 1966: 166). En cuarto lugar, Raúl Mende sostiene que en la tarde del 19 de septiembre Perón le expresó sus razones de la siguiente forma: "Debo irme. Es lo mejor que puedo hacer. Estos bárbaros amenazan bombardear la destilería de Eva Perón. Y lo harán. Y amenazan con el bombardeo de Buenos Aires. Y estoy seguro de que también lo harán. Odian al Pueblo. No les interesa la muerte de millares y millares de personas. Con tal de lograr el poder harán cualquier cosa... ¿Acaso no fueron estos los que bombardearon al Pueblo a mansalva el 16 de junio? No se van a detener ahora" (Mende 2010: 38-39).
Conclusión
El mecanismo causal específico, que explica el surgimiento de coaliciones golpistas dentro de las Fuerzas Armadas en el período 1946-1955, fue impulsado por las interpretaciones que realizaron diferentes militares de las acciones del gobierno. Por un lado, las preferencias normativas en contra del régimen político fueron la principal motivación para que, a partir de 1949, se formaran tres coaliciones golpistas dentro de las Fuerzas Armadas que indicaron las falencias del gobierno para evitar que sus detractores pudieran coordinar una acción conjunta. Los testimonios analizados dan cuenta del rechazo que generó en algunos sectores de las Fuerzas Armadas la reforma de la Constitución y la posibilidad de que el presidente fuera reelecto indefinidamente. Estas preferencias se originaron principalmente como reacción al comportamiento del gobierno desde la reforma constitucional en 1949. Por otra parte, consideraciones sobre la ilegitimidad del régimen político también estuvieron presentes como causas del accionar de las coaliciones que se conformarían a finales de 1954 a partir de la confrontación entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Por otro lado, la radicalización de preferencias sobre diferentes políticas públicas tuvo un rol fundamental recién a partir de finales de 1954 y se refirió a dos cuestiones muy específicas. En ese momento el gobierno decidió cambiar todas las políticas públicas que la Iglesia apoyaba desde 1946. La presencia de este factor causal fue condición necesaria del quiebre: generó la oposición de la Iglesia Católica y de numerosos grupos de laicos, y una reacción en sectores dentro del Ejército (Julio Lagos, Justo León Bengoa, Dalmiro Videla Balaguer) y la Marina (Aníbal Olivieri) que antes no se habían opuesto al régimen político. Por otra parte, el hecho de que el gobierno también impulsara la firma de concesiones para la explotación del petróleo en diferentes áreas del territorio a una compañía norteamericana tuvo un impacto negativo sobre la radicalización de preferencias dentro de ciertas facciones dentro de las Fuerzas Armadas.
La evidencia sugiere que diferentes acciones del gobierno desataron tanto la radicalización de preferencias como el surgimiento de preferencias normativas en contra del régimen vigente en actores importantes para el cambio de régimen de 1955. El framing fue fundamental ya que la reacción de los opositores fue consecuencia de la interpretación que hicieron de las acciones que estaba llevando a cabo el gobierno (Falleti y Lynch 2009). El mecanismo causal tuvo una dinámica "reactiva" en el sentido de que las Fuerzas Armadas reaccionaron frente al comportamiento del gobierno respecto de modificar el régimen político vigente (1949-1951) y radicalizar sus preferencias respecto de ciertas políticas públicas (1954-1955). Resulta elocuente la afirmación del contraalmirante peronista Guillermo Plater: "Perón se cegó y no se dio cuenta, ni se dieron cuenta sus allegados, que lo ocurrido el 16 de junio al bombardearse la Casa de gobierno no era motivado por un capricho sino que obedecía a la resultante de la conducta seguida por el gobierno, la otra, que colmó la medida, la provocó Perón con su discurso del miércoles 31 de agosto" (Plater 1956: 218).
En conclusión, si conceptualizáramos a nuestras causas como condiciones necesarias y no como "contribuyentes" (Mahoney 2015) y teniendo en cuenta que en los estudios de caso se utilizan razonamientos contrafácticos (Levy 2008b, Tetlock y Belkin 1996, Reiss 2012), podríamos afirmar que si el gobierno no hubiera comenzado el proceso de radicalización de preferencias en contra de la Iglesia, las coaliciones golpistas habrían quedado reducidas a algunos sectores dentro de la Marina, a minorías en el Ejército y a los partidos políticos opositores y difícilmente se habría producido el golpe de Estado51.
En igual sentido, si el gobierno no hubiese modificado tantos aspectos del régimen político, habría disminuido la probabilidad de que las preferencias en contra del mismo fuesen una causa necesaria para la oposición de facciones dentro de las Fuerzas Armadas desde 1949 (Del Barco 1983, Ciria 1983, Halperin Donghi 2000, Halperin Donghi 1995, Waldmann 1985, García Sebastiani 2005, Zanatta 2009, Torre 2002). En este sentido, la dinámica de este mecanismo causal no difiere de lo ocurrido en otros procesos de cambio de régimen político donde las acciones del gobierno generan una reacción y cambio de comportamiento en actores que finalmente apoyaron el quiebre del mismo (Linz 1978b, Valenzuela 1978, Sigmund 1977).

* Agradezco los comentarios de Catalina Smulovitz, Ricardo Martínez Mazzola, Ignacio López y a los evaluadores de la revista. 
 ** CONICET- IDAES/UNSAM, Argentina y UTDT, Argentina. 


Notas:

1 Un informe de la CIA de marzo de 1954 sostenía que "Perón hoy domina a la Agentina de forma más completa que nunca. Tiene el soporte político activo de la mayoría sustancial de la población, incluyendo la mano de obra rural y urbana, la numerosa burocracia y los industriales. También tiene control seguro de las fuerzas armadas, la policía, las principales organizaciones de trabajadores, el aparato del partido Peronista, el Congreso Nacional y los gobiernos provinciales. El decreto extensivo y los poderes policiales lo habilitan a interferir en cualquier aspecto de la vida nacional. Tiene, en efecto, un monopolio de todos los medios de información pública. No existe oposición efectiva a su régimen" (Bosoer 2005: 170-186).
Sobre la capacidad explicativa de esta teoría respecto del comportamiento de la Iglesia Católica y los partidos políticos opositores, ver García Holgado (2015).
Los indicadores de estas variables se encuentran en García Holgado (2015).
4 Primera Plana, N° 452, 2/9/1971. 94
En particular, rechazaban la posibilidad de que Perón fuera reelecto y que su esposa fuese vicepresidenta luego de las elecciones de noviembre de 1951.
Para conocer los detalles de la conspiración, ver Luna (1985), Primera Plana, 25/7/67, y Menéndez (2003).
Si bien participaron actores dentro de la Marina, no existió una coordinación con todos los sectores opositores dentro de la misma. En este sentido Perren afirma que, si bien existían rumores de que "se preparaba una revolución en la que participarían efectivos de aviación naval y fuerzas del Ejército", no se pudo sumar a la misma (1997: 44-45).
8 Olivieri nunca aplicó la Ley Especial de las Fuerzas Armadas ya que permitía juzgar discrecionalmente a cualquier militar sospechoso de conspirar contra el régimen político y era una forma de "legalizar excesos de poder": "se puede dar de baja, reincorporar al servicio activo, ascender o retirar a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas" (1958: 44).
9 Julio A. Lagos, a diferencia de Potash, sostiene que Lucero no tuvo una "política definida" para beneficiar sistemáticamente a los oficiales peronistas y perjudicar a los opositores. Reconoce que, aunque existieron intervenciones puntuales del Gobierno, las Juntas de Calificación mantuvieron relativa independencia (Entrevista a Julio Lagos, Archivo de Historia Oral, UniversidadTorcuato Di Tella).
10 Primera Plana, 13/5/69.
11 Olivieri (1958) considera que el intento de golpe del 16 de junio de 1955 fracasó por su baja participación: ningún miembro del Ejército, y 300 suboficiales (sobre un total de 20.000) y 200 jefes y oficiales de la Marina (de 30.000).
12 Guevara (1970) coincide respecto de la indispensabilidad del apoyo de un sector considerable del Ejército para el éxito de un golpe de Estado contra Perón.
Entrevistas a Joaquín Díaz de Vivar, Antonio Cafiero, Alfredo Gómez Morales, Oscar Albrieu, Delia de Parodi. Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella
Sobre las características y la dinámica de este conflicto se pueden consultar tanto en fuentes secundarias (Bianchi 2001, Bosca 1997, Caimari 2002, 2010, De Hoyos 1970, Di Stefano y Zanatta 2009, Frigerio 1990, Ghio 2007, Invereigh 1995, Kennedy 1958, Lida 2005, 2010, 2012, 2013, Lubertino Beltrán 1987, Makin 1984, Stack 1976) como primarias (Arnaudo 2005, Badanelli 1959, Flores 1955, García de Loydi 1956, Lafiandra1955, Luchía Puig 1959, Marsal 1955, Meinveille 1956, Seijo 2002).
Sobre una crónica de los hechos más relevantes en la conformación de esta coalición golpistas desde noviembre de 1954 ver Ruiz Moreno (1994a), Luna (1946), Gambini (2007b) y Zabala (1955).
Sobre este punto consultar Makin (1984), Lafiandra (1955) y Flores (1955). Entrevistas al Ing. Florencio José Arnaudo y al Dr. Julio E. Álvarez.
Entrevista a Oscar Albrieu, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella
Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
Ver Primera Plana, 17/6/69.
Existe evidencia de numerosos conflictos de preferencias que tuvieron militares que eran católicos y, al mismo tiempo, defensores del régimen peronista desde 1954 (Ruiz Moreno 1994a).
Ver Primera Plana, 16/6/70.
Oscar Abrieu señala que el golpe de 1955 estuvo encabezado por "oficiales nacionalistas católicos" como los generales Videla Balaguer, Lagos y Bengoa, que habían sido peronistas hasta que estalló el conflicto con la Iglesia. Entrevista a Oscar Abrieu, Achivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
Entrevista al Gral. Julio A. Lagos, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
Una detallada descripción de los hechos puede encontrarse en Primera Plana, 10 y 17 de junio, 1 y 7 de julio de 1969. En la edición del 7 de julio también se incluye la sublevación en Cuyo a cargo de Julio Lagos.
Sobre el fracaso de la sublevación de esta guarnición en septiembre de 1955, ver Primera Plana, 27 de mayo y 3 de junio de 1969, y Rolando Hume (1962).
Aunque nunca había existido una coincidencia de preferencias particularmente intensa entre ambos actores, la radicalización de las preferencias del gobierno respecto de la Iglesia le dio una ventana de oportunidad única a la Marina para conformar una coalición golpista (Sahni 1991).
Sobre este punto consultar la abundante evidencia contenida en su declaración ante el Honorable Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 19 de junio de 1955 (Olivieri 1958).
28 Los católicos laicos realizaron numerosos panfletos, de gran difusión dentro de las Fuerzas Armadas, donde denunciaban que el gobierno era el responsable de la quema de la bandera y de las iglesias (Lafiandra 1955). En particular, el número 7 de Verdad (julio de 1955) se enfocó en ambos temas (Lafiandra1955).
29 El Decreto de excomunión puede ser consultado en Lafiandra (1955).
30 Los contactos permanentes entre la Marina y los políticos opositores, especialmente radicales, como Ernesto Sanmartino, Miguel Ángel Zabala Ortíz y Moisés Lebensohn, existían desde 1951 (Simon 1997).
31 Respecto de los detalles de la conspiración y de la sublevación, consultar una excelente crónica de los hechos en Ruiz Moreno (1994a).
32 Ver el panfleto El llanto de las ruinas.. .La Historia, el Arte, y la Religión ultrajados en los templos de Buenos Aires. 16y 17 dejunio de 1955 (sin autor).
33 Primera Plana, 13/5/69.
34 Ibíd.
35 Perren (1997) relata detalladamente cómo, entre agosto y septiembre de 1955, luego de sucesivas reuniones en Buenos Aires con miembros del Ejército, se logró coordinar (con gran dificultad) una acción conjunta para el 16 de septiembre de 1955.
González Crespo (1993) sostiene que Rojas fue seleccionado como el nuevo líder de la coalición golpista dentro de la Marina a los pocos días del bombardeo de la Plaza de Mayo y de la quema de las iglesias en Buenos Aires.
A pesar de conspirar desde finales de 1954, ante el bombardeo de la Casa Rosada Bengoa se puso a disposición del general José Domingo Molina para defender el régimen vigente (Lucero 1959).
Rojas sostiene que el general Juan José Uranga "que era de tendencia peronista" apareció en la Escuela Naval y se ofreció para participar de la coalición opositora el 16 de septiembre de 1955 (González Crespo 1993). Ver Primera Plana, 20/5/69.
La radicalización de preferencias respecto de esta política pública fue muy grande en la campaña de panfletos iniciada a finales de 1954. Algunos de los más representativos, especialmente dirigidos a las Fuerzas Armadas, se encuentran en Lafiandra (1955).
40 Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
41 Sobre este punto, Joaquín Díaz de Vivar sostuvo que una de las motivaciones en contra del régimen se basaba en que los opositores consideraban que "Perón era un obstáculo para la expresión de la libre voluntad, etc., etc., de la libertad un poco en abstracto, que era un gobierno que sofocaba la vida libre de la República y que iba a camino de destruirla". Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
42 Sobre las operaciones militares de la coalición golpista entre el 16 y el 23 de septiembre, ver Ruiz Moreno (1994b), Gambini (2007b), Whitaker (1956), Vergara (1955), Lamas (1955) y Galíndez (1956).
43 Primera Plana, 15/7/69.
44 Entrevista a Oscar Albrieu, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
45 El mismo Perón reconoció que la Junta se rebeló contra su autoridad: "también los generales de la junta se habían revelado y con los otros pedían mi cabeza" (Perón 1973: 61-62). Ver también Perón (1958).
46 Primera Plana, 29/7/69.
47 Sobre el rol de la Marina como un actor fundamental para el éxito de la coalición golpista de septiembre de 1955, ver Sahni (1991) y la detallada crónica de Cavallo (1956).
48 Primera Plana, 15/7/69. Aramburu, Palma y Guevara coinciden en que fue esta decisión del presidente Perón la clave para explicar la victoria de la coalición golpista (de Hoyos 1970).
49 Raúl Mende (2010: 218) sostiene que ante esta solicitud Perón respondió que "sería decidir, mediante esa sola medida, lanzar al país a la guerra civil".
50 La primera expresión de sus motivaciones fue efectuada en el mismo mensaje de renuncia leído por el general Lucero el 19 de septiembre de 1955: "Ante la amenaza de los bombardeos a los bienes inestimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo firmemente que esta debe ser mi conducta" (Lucero 1959: 163-169).
Los intentos de formar una coalición en las Fuerzas Armadas con capacidad de desestabilizar el régimen entre 1952 y finales de 1954 fueron escasos, desarticulados y esporádicos, como consecuencia de las medidas de control y vigilancia que se implementaron desde el gobierno.

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Otras fuentes
Revista Primera Plana


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