viernes, 28 de abril de 2017

La deuda externa argentina

 Publicado en abril de 2009
Alejandro Olmos nació en Tucumán en 1924. A los 13 años tuvo su primer programa periodístico en LRA Radio Nacional. Frecuentó a Raúl Scalabrini Ortiz y José Luis Torres. Realizó una campaña oponiendose al tratado de Chapultepec. en 1946 denunció a la empresa que pretendía asociarse con el estado para crear SOMISA, por defraudar al estado, lo que lo llevó a iniciar una acción contra el Gral. Perón en la justicia Federal. Este hecho lo llevó a enfrentarse con Perón. En 1950 creo la Comisión Popular para la Repatriación de los restos de Rosas. Cooke, llevó adelante una mediación que lo llevó a mi padre a acercarse a Perón en 1955. El 13 de noviembre apareció el primer número de "Palabra Argentina", que se convirtió en el principal órgano de la resistencia, llegando a editar más de 150.000 ejemplares por semana. Organizó la marcha del silencio en homenaje a los fusilados. Estuvo preso en varias oportunidades por defender la causa peronista. Continuó con el periódico con diversas alternativas. En 1975, fue asesor de gabinete del Ministro del Interior Dr. Ares. y cesó el 24 de marzo de 1976 cuando el golpe militar. Fue asesor de la comisión de ilicitos del Senado en 1984, y asesor de la Comisión de Economía del senado hasta el triunfo de Menen. Fue integrante de la delegación argentina a la OIT en 1987. Inició el juicio de la deuda ante la justicia federal en agosto de 1982, presentando pruebas, e impulsando todas las medidas durante 18 años. Además denunció la entrega de YPF, de las privatizaciones de ENTEl y de Aerolíneas.
TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA - RÍO DE JANEIRO – BRASIL.

Durante el desarrollo del Tribunal, el caso emblemático de la Deuda Externa Argentina, fue presentado en forma muy clara por Alejandro Olmos. Hubo expositores invitados provenientes de Argentina, Rusia, Mozambique, Bélgica, Corea, Inglaterra, Jamaica, Perú y Honduras, además de los panelistas de Brasil. Asimismo, representantes del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), de la coordinación internacional de la Campaña de Jubileo 2000 y de la Agencia de Cooperación Británica Christian Aid, fortalecieron a través de sus presencias la perspectiva global que demanda la cancelación de las deudas de los países más empobrecidos por parte del sistema financiero internacional. Importantes ponencias, brillantes alegatos, fueron escuchados durante el desarrollo del Tribunal.
Al final de la nota se expone el Veredicto del Tribunal. Esperamos que este aporte sirva para esclarecer la problemática de la Deuda externa, moderna forma de esclavitud que hoy padecen nuestros pueblos.
"
Traigo a este Tribunal, instituido por los más representativos sectores del pueblo brasileño, el testimonio del "caso argentino" en el marco del sistema de endeudamiento externo que afecta a los países sojuzgados por la superestructura del poder financiero. El testimonio, que vengo a exponer al conocimiento de los hermanos del Brasil, tiene el valor relevante de conformar la causa judicial más importante que sustancian los tribunales argentinos. Nosotros tenemos, compañeros, el triste privilegio de haber llevado a cabo una investigación penal de la deuda externa. Deuda que configura la mayor estafa en la historia de los argentinos. He sido, Sres. Jueces, el denunciante -ante la justicia federal de mi país- de este escandaloso fraude. Y desde 1982, en pleno ejercicio del poder por la Junta Militar de la dictadura de entonces, vengo impulsando -hasta ahora- una investigación judicial que ha acumulado todas las pruebas de esa estafa. Traigo, pues, una visión que escapa a los números que manejan los tecnócratas de la economía, porque la deuda externa argentina es el resultado de una gigantesca maniobra de dominación mediante procedimientos previstos y reprimidos por la ley penal. Los peritos judiciales que llevaron a cabo una profunda investigación en los organismos del Estado dictaminaron que los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos. Y, obviamente, no puede ser legítima una deuda generada en formas delictivas de una planificación económica. Esta visión de la deuda no es caprichosa ni conjetural sino que surge de un voluminoso proceso judicial en el cual las pericias producidas constituyen una parte fundamental de la prueba y tales peritos, Sres. Jueces, no se hallan afectados por parcialidades ideológicas. Los mismos integraron una Comisión ad-hoc designada por el Tribunal Federal y se constituyó con expertos propuestos por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas y el Consejo Profesional de Ciencias económicas. Los mismos actuaron en forma conjunta con los Peritos Contadores del Poder Judicial. Expertos y Peritos indagaron en el Banco Central de la República Argentina y en las empresas del Estado. Y entre ellas destaco –como caso ejemplar de una ignominia- a YPF, la petrolera nacional que figuraba entre las de mayor facturación en América Latina. La investigación pericial determinó que a YPF se le atribuía una deuda externa del orden de los 6.000 millones de dólares pero que a YPF no había ingresado un solo dólar (!). Las empresas del Estado eran utilizadas como "prestanombres" en los acuerdos de préstamo externo. Y las divisas que entraban en virtud de tales acuerdos eran retenidas por el Banco Central. La explicación dada al Tribunal, por los responsables del sistema fue que tales divisas se destinaban a la "apertura económica". Con dos palabras se pretendía justificar una forma del saqueo. Este supuesto endeudamiento de YPF -originado en el gobierno de la dictadura militar- fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su "privatización" a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF, Sres. Jueces, sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero. La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El General Luís Pagliere –que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar- declaró ante el Tribunal que YPF estaba obligada a producir "a pérdida" por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción. Me he referido, puntual y someramente, a YPF como un caso testigo del fraude instrumentado contra los intereses del Estado y del pueblo de mi país. Es tan sólo un ejemplo de cómo se destruye, desde adentro, una economía nacional conducida por funcionarios al servicio de intereses espúreos y en exclusivo beneficio de su propio lucro. En esta investigación judicial el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, primer Ministro de Economía del gobierno militar y protagonista autoral de la política económica iniciada en 1976, fue procesado por defraudación al Estado. Precisamente, por el endeudamiento externo que él iniciara al amparo de las armas que produjeron el mayor de los genocidios. Cuando Martínez de Hoz declara ante el Tribunal explica que, en la época en que él asumiera el Ministerio, el mundo afrontaba la amenaza de un "crack" internacional que podía producir la desestabilización de todo el sistema financiero. Esto como consecuencia del exceso de dólares generado como efecto del boom del petróleo. Los bancos se encontraban, entonces, con una enorme liquidez por los depósitos realizados por los países productores de petróleo. Esto determinó que, reunido el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos financieros, encontraran como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Fue así que de una deuda externa de 8.000 millones de dólares a principios de 1976, dicha cifra trepó a 43.500 millones en 1983. Al finalizar el gobierno militar. Por declaración judicial de los gerentes del Banco Central quedó establecido que en el Banco Central actuaba un ejecutivo del Fondo Monetario encargado de monitorear hasta qué punto podía aguantar la Argentina este forzado endeudamiento. Un ejecutivo "licenciado" por el Fondo y contratado por el Banco Central de la Argentina. Pero que trabajaba para el Fondo. Pues bien, esa deuda original de 8.000 millones que había alcanzado los 43.500 millones al terminar el gobierno militar reemplazado por el presidente constitucional Alfonsín, llegó al nivel de los 65.000 millones al asumir el actual Presidente Menem. Hoy el actual gobierno alude a un nivel de 115.000 millones de dólares, mientras el Banco Mundial señala, como deuda externa argentina, cifras que superan los 130.000 millones. Otros economistas de mi país sostienen que tal deuda se hallaría próxima a los 200.000 millones. Nos encontramos, pues, ante una situación en la cual las cifras de endeudamiento carecen de validez demostrable. Y esto es así porque no existen registros contables de la deuda externa. Esta afirmación puede sorprender, pero su fundamento reside en la información oficial del Ministerio de Economía al Tribunal Federal que tiene a su cargo la investigación de la deuda. Información que incluye, también, el reconocimiento de que se ignora los avales concedidos por el Estado. Este cuadro, de tremenda gravedad, es reiteración de una situación anterior, cuando yo promoviera la investigación de los ilícitos del gobierno militar y, en especial de la deuda externa. En aquella oportunidad el juez interviniente reclamó al Banco Central un informe completo de la deuda incluyendo perfil de vencimientos y listado de acreedores y deudores. La respuesta fue insólita. El Banco Central no tenía registrada la deuda externa. Y sólo disponía de datos estadísticos sin validez contable. No quiero abundar en detalles, hechos y circunstancias que marcan a fuego el crimen de la deuda externa argentina. La exposición del cuadro completo de los procedimientos y efectos devastadores del endeudamiento externo insumiría un tiempo de atención de los señores jueces de este Tribunal que yo no puedo permitirme. Basta con señalar –como explicación de esta síntesis- que la investigación de la deuda argentina ha acumulado más de 30 cuerpos principales de expediente y más de 500 anexos. Estos últimos se guardan, por razones de seguridad, en el Gran Tesoro del Banco Central. En esta investigación debieron comparecer, a prestar declaración, todos los que integraron la conducción económica de mi país, desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta hoy. Lo hicieron, también, los directores del Banco Central y de las empresas públicas. Y a esas pruebas testimoniales se suman las documentales. Todo lo cual permite sostener la afirmación del gigantesco fraude al que me refería en los inicios de esta exposición. Fraude cuyo proceso de ejecución continúa. Como también continúa la investigación judicial sobre ese fraude. Yo le atribuyo a la investigación que vengo impulsando en mi país el valor de una contribución a la lucha continental contra la deuda. El "caso argentino" debe servir a los pueblos hermanos de América Latina para mostrar, en toda su crudeza, la aplicación de un método de dominación que ha consagrado una nueva forma de esclavitud del hombre y de los pueblos. La esclavitud al poder financiero de la usura y de la globalización como arma para impedir las reacciones nacionales de nuestros países. En cada acuerdo de endeudamiento externo de la Argentina se pactó, siempre, el sometimiento a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Fundamentalmente de Londres y Nueva York. Y para que esto fuera posible se llegó al extremo de modificar las leyes argentinas de procedimiento, en los días siguientes a la instauración de la dictadura. Sometimiento convalidado por los gobiernos constitucionales de Alfonsín y de Menem. Lo que demuestra, palmariamente, cual es el centro del poder en mi país. Y creo, con perdón de los hermanos brasileños y de todos los compatriotas de la Patria Grande de nuestra América, que todos nuestros pueblos han sido objeto del mismo sistema de dominación por vía de la deuda externa. Nosotros agradecemos profundamente la convocatoria papal al Jubileo del Año 2000. Pero le damos una significación que trasciende a las entrañas mismas de nuestros pueblos. El jubileo debe ser una reparación a los pueblos castigados por el saqueo y por la usura. Y así como en el caso argentino se le impone al país el pago de una deuda que el país no tiene, la mayoría de los países endeudados deben afrontar, con toda seguridad, la misma situación de afrontar el pago de un tributo al dominio imperial de la banca internacional. Juan Pablo II afirmaba a los obispos argentinos que la cancelación de la deuda era un acto de justicia, porque esa deuda ya había sido pagada. Esta es una declaración papal y de cuya fe pueden dar testimonio los obispos de mi país. Y esa deuda ha sido pagada, en efecto. Y en la investigación judicial argentina está probado. El jubileo convocado por el Papa debe ser oportunidad, además, para acreditar la ilegitimidad de una deuda cuya naturaleza exime de su pago a nuestros pueblos. No son nuestros pueblos los que deben rendir cuentas de una deuda impuesta por las transnacionales del nuevo imperialismo. Son los supuestos acreedores los que deben rendir cuenta a nuestros pueblos por los intereses cobrados con el hambre, la sangre y la vida de quienes nada debían, pero que, sin embargo, pagaban. Señores Jueces: Es éste un Tribunal que registrará la voluntad de justicia de los hermanos brasileños. También en nuestro país ha funcionado ý continuará haciéndolo- un Tribunal Autónomo del Pueblo que inició su actividad hace dos años. Estos juzgamientos, organizados por la decisión del pueblo, deben perseguir algo más que una sanción moral a los responsables de la ignominia que acusamos. Yo no vengo a alentar rebeliones populares, pero sí a sostener la necesidad de la unidad de nuestros pueblos para resistir al despojo que nos imponen intereses sin patria y sin moral. En mi país estamos convocando a no pagar lo que no debemos y a señalar a quienes cargaron, sobre nuestras espaldas, el peso de una deuda fraudulenta. Yo, señores jueces, no soy un jurista. Y más que militante del derecho soy un militante de la justicia. Sobre el derecho pesan los intereses y la fuerza. La Justicia es un mandato de Dios y una virtud de la conciencia. Esa es nuestra fuerza frente a quienes, como en el drama de Shakespeare, se cobran en libras de carne los intereses de una deuda forzosa. Dejo expuesto, ante este Tribunal el caso argentino, que ofrezco como testimonio de una lucha por la liberación y la justicia. Si ello sirve a los hermanos pueblos de Latinoamérica para impugnar una deuda ilegítima como la argentina, la lucha llevada en nuestro país no habrá sido estéril. Cuando el Presidente Sarney se dirigía a la Nación anunciando la suspensión del pago de los intereses de la deuda, afirmaba que "la deuda que se cancela con la miseria, se paga con la democracia". Es ésta una advertencia que no podemos desoír quienes hemos vivido la tiranía de los usurpadores. La esperanza de una vida más digna y de la vigencia de una verdadera justicia descansa en la voluntad del pueblo resistiendo a la violencia de la injusticia. Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo levantamos una consigna: O se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda.

VEREDICTO El TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA se reunió los días 26 al 28 de abril de 1999, en el Teatro Joao Cayetano en Río de Janeiro, Brasil, con la presencia y participación de mil doscientas personas de distintas partes de Brasil y distintos países del mundo. Promovido por la CNBB - Conferencia Nacional de Obispos del Brasil y Cáritas, CONIC - Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, CESE - Coordinadora Ecuménica de Servicios, CMP - Central de Movimientos Populares , MST - Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, y el IAB - Instituto de los Abogados Brasileños, con el apoyo del CORECON/RJ, SENGE/RJ, INDECON/RJ, IERJ, Koinonía y PACS, el Tribunal tuvo como objetivos juzgar el caso brasileño de la deuda externa y reforzar la Campaña del Jubileo 2000 a favor de la cancelación de la deuda de los países de baja renta y más endeudados. Por ser el Brasil, igual que otros países de América Latina y el Caribe, uno de los dos países con economía de renta media y considerado emergente, y por ser uno de los países que tiene uno de los peores perfiles de distribución de renta del mundo, con un cuarto de su población -40 millones de personas- situadas bajo de la línea de pobreza, fue objetivo del Tribunal identificar la relación entre la deuda externa y esta situación de injusticia y miseria. Además de identificar los factores que originan, constituyen y agigantan la deuda externa, así como sus responsables, el Tribunal apuntó a definir políticas alternativas y estrategias para superar, en forma sustentable, la crisis del endeudamiento externo y sus consecuencias sociales y ambientales. Después de conocer el amplio y múltiple material documentado, oyendo exposiciones y testimonios de brasileños y de especialistas de otros países, en cuatro sesiones - sobre el sistema financiero internacional; sobre el endeudamiento brasileño; sobre casos ejemplares de endeudamiento de otros países; y sobre perspectivas de acción para enfrentar y superar la crisis del endeudamiento brasileño - el Tribunal Popular, constituido por representantes de diversos sectores de la sociedad brasileña, llegó al siguiente veredicto:
CONSIDERANDO: 
Que según los estudios y datos presentados en el Tribunal, la deuda de los países más pobres y más endeudados ya fue pagada y, en la actual forma contable, es impagable; 
Que la deuda brasileña, a partir de la última renegociación hace cinco años, aumentó de U$S 148 mil millones a fines de 1994 a U$S 235 mil millones en noviembre de 1998, y que en el período fueron pagados alrededor de U$S 126 mil millones a los acreedores externos, indicando una velocidad insustentable de endeudamiento, a tal punto que casi todos los nuevos contratos estarán destinados al servicio de la propia deuda, configurando un círculo vicioso de endeudamiento; 
Que la decisión unilateral de los EE.UU. a fin de los años '70 de aumentar la tasa de intereses del nivel histórico de 4 a 6 por ciento a más del 20 por ciento en pocos meses, significó una traición de la buena fe de los contratos y, además de haber forzado a los países deudores a tomar empréstitos para pagar los intereses, ocasionó un pago extra que ocasionó la pérdida de U$S 106 mil millones para América Latina;
Que el hecho de que los acreedores imponen a los deudores una tasa de riesgo para prevenirse de una posible incapacidad de pagar le da a estos el derecho de declararse insolventes sin cargo; 
Que gobiernos identificados con grandes empresas y bancos endeudados con el exterior han realizado la estatización de la deuda externa privada, socializando costos y comprometiendo todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa;
Que empresas públicas estratégicas fueron utilizadas como instrumentos de sobre-endeudamiento, comprometiendo su salud financiera y capacidad de riesgo, sirviendo esto como pretexto para su posterior privatización; 
Que existe un vínculo explícito entre la deuda externa, el excesivo endeudamiento público interno, y la búsqueda de capital externo de corto plazo, sometiendo al país a una política de altísimas tasas de interés;
Que el gobierno, por concebir el sistema financiero como un absoluto y con un fin, sacrificó la parte del presupuesto dedicada a gastos de políticas sociales y de dinamización de la economía interna para mantener al día el pago de las deudas financieras, teniendo como resultado el abandono de la salud, de la educación, de las políticas de empleo, de vivienda popular, de demarcación y garantía de las tierras indígenas y de sus condiciones de sobrevivencia en tanto son pueblos, de valorización de los ancianos y de los niños, de realización de la reforma agraria, de conservación y recuperación del medio ambiente; 
Que las políticas económicas y de ajuste del FMI se han mostrado desastrosas para los países que se sometieron a ellas, y sirven para aumentar todavía más la deuda y los otros pasivos externos de esos países, constituyendo una moratoria sin fin de las deudas sociales y ambientales, de las cuales los acreedores son las criaturas, las mujeres y hombres trabajadores del campo y de la ciudad, los negros, los pueblos indígenas y la naturaleza; 
Que los Estados Unidos manipulan la ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial y la OTAN en función de sus estrategias de hegemonía y control de los pueblos de la tierra; 
Que el endeudamiento público brasileño siempre favoreció a los intereses y privilegios de las elites dominantes; 
Que este excesivo endeudamiento brasileño fue generado sobre todo en las últimas tres décadas, marcadas por los 21 años de dictadura, y por una transición hacia gobiernos civiles que completaron la subordinación cómplice de la política económica al capital financiero; 
Que este endeudamiento fue constituido por gobiernos dictatoriales, y por lo tanto ilegítimos y antipopulares, y que los acreedores de esos gobiernos además de haber sido cómplices, tenían conciencia de los riesgos que implicaba esos empréstitos;
Que la expansión de la deuda está relacionada con las elites brasileñas que, en toda la historia y actualmente, han sido complacientes con las instituciones financieras del exterior, tanto privadas y oficiales como también multilaterales;
Que la deuda externa constituye una violación permanente sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecido por la ONU el 16.12.66, que exige el reconocimiento del derecho de cada nación a la autodeterminación, al desarrollo económico así como también a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, y además que en ningún caso podrá un pueblo ser privados de sus propios medios de subsistencia; 
LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA DECIDEN, POR UNANIMIDAD: 
La Deuda Externa brasileña, por haber sido constituida fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin consulta a la sociedad por haber favorecido casi exclusivamente las elites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir la soberanía nacional, es injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente. En términos substantivos ella ya fue pagada y persiste solamente como un mecanismo de sumisión y esclavitud de la sociedad al poder financiero de la usura y de la globalización del capital, y de transferencia de riquezas hacia los acreedores. Por eso, este Tribunal condena el proceso de endeudamiento brasileño, que implica en la subordinación a los intereses del capital financiero internacional y de los países ricos, apoyados por los organismos multilaterales, como inicuo e ilegítimo. Responsabiliza a las élites dominantes por endeudamiento excesivo y por abdicar de un proyecto propio de desarrollo para el Brasil. Responsabiliza a los gobiernos y políticos que apoyan y promueven el proyecto de inserción subordinada del Brasil a la economía globalizada. Responsabiliza a los economistas, juristas, artistas e intelectuales que les dan cobertura técnica e ideológica. Responsabiliza a la dictadura de los grandes medios de comunicación, que intentan legitimar la deuda y bloquean el debate sobre alternativas. Decide además comunicar a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, de la Unión, Estados y municipios, esta decisión, para que la legitimidad de la estructura y función social de este Tribunal. Asumiendo la esperanza presente en las luchas populares por alternativas de vida, de relaciones sociales y de organización de la economía y de la sociedad, el tribunal propone a todos los brasileños y brasileñas los siguientes compromisos y estrategias de acción: 
Por la unión de todos los pueblos a favor de la cancelación general e irrestricta de las deudas externas de los países de baja renta más endeudados, y devolución de las riquezas que les fueron robadas, sin imposición de otras condiciones salvo la de la aplicación de los recursos ahorrados en el rescate de las deudas sociales bajo el control de la propia sociedad y del pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Por la auditoría de la deuda pública externa y de todo el proceso de endeudamiento brasileño, con la participación activa de la sociedad civil, a fin de verificar contable y jurídicamente si todavía existe deuda a pagar, quien debe hacerlo, y de establecer normas democráticas de control sobre el endeudamiento.
Por una moratoria soberana, por la ruptura del Acuerdo con el FMI y por la redefinición de las deudas con base en los resultados de la auditoría, y en la afirmación de la soberanía nacional.
Por una política de desarrollo centrada en los derechos de la persona y de la sociedad, y apoyada principalmente en los recursos materiales y humano del país, superando la lógica y la práctica del endeudamiento irresponsable que impera actualmente. 
Por el firme control del cambio, que instrumente el gobierno para frenar la especulación y reestimular la inversión productiva, incluyendo mecanismos efectivos de control, fiscalización de toda forma de entrada y salida ilegal de monedas (nacional y extranjeras) y de mercaderías en general. 
Por volver a nacionalizar y democratizar a las empresas estratégicas.
Por la renegociación de las deudas de los estados y municipios, vinculando los recursos ahorrados al rescate de las deudas sociales y ambientales, y refundando el pacto federativo en una perspectiva democrática y participativa.
Por el refuerzo de las movilizaciones y campañas como el ATTAC, que exigen el establecimiento de mecanismos de regulación y de tasación de la circulación del capital especulativo internacional, apuntando a la creación de un fondo destinado al rescate de vida digna de los más empobrecidos.
Por la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe alrededor de políticas alternativas y estrategias comunes al Continente, para enfrentar juntos el círculo vicioso del endeudamiento y los otros factores de empobrecimiento y subordinación que aflijen todo el Continente.
Por la participación de la Campaña Jubileo 2000, del Consejo Mundial de Iglesias y de otras instituciones nacionales e internacionales, en una movilización que lleve a los Estados democráticos a proponer a la Asamblea General de la ONU una acción junto al la Corte Internacional de la Haya para juzgar los procesos que originaron e hipertrofiaron la deuda externa de los países empobrecidos y altamente endeudados y a sus responsables.
El presente Tribunal es el marco simbólico de una larga marcha. Convoca por eso a los brasileños y brasileñas a participar con esperanza sin temores que irán surgiendo de ellos, y continuarán de pie, en las calles y plazas, hasta que consigamos que el Brasil sea verdaderamente una patria para todos, y que todos tengan condiciones de vida digna y de plena realización de la ciudadanía. Es nuestra decisión. Publíquese y divúlguese.

Se autoriza la firma solamente a todas las mujeres y hombres de bien.

Río de Janeiro, Patíbulo de Tiradentes, 28 de abril de 1999

Fuente: El sitio peronista