jueves, 23 de marzo de 2017

Otro saldo del Proceso: pagaron 200 millones en indemnizaciones

Daniel Santoro
26 de marzo de 2001
Los militares crearon la Conarepa para investigar enriquecimientos ilícitos Sin pruebas confiscaron bienes a Isabel Perón y a otras 80 personasLuego, la democracia debió reparar a los damnificados
Nacida con el objetivo de juzgar la conducta de ex funcionarios y empresarios vinculados al segundo gobierno peronista (1973—1976) por supuesto enriquecimiento ilícito, la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa) terminó originándole una pérdida al Estado de más de 200 millones de dólares.

La Conarepa fue creada por la dictadura en diciembre de 1977 para investigar, como si fuera un juzgado de instrucción, a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión.

Lo hizo en violación de la mayoría de las garantías individuales y funcionando en la órbita del Ministerio del Interior. Estaba dirigida por altos oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y asesorada por un cuerpo de 97 abogados y contadores, algunos de los cuales hoy trabajan paradójicamente en la Procuración General de la Nación, el organismo que reúne a los abogados defensores del Estado.

Funcionó en un edificio de seis pisos ubicado en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen hasta poco antes del retorno de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, cuando se nombró al abogado Norberto Germán Nigro como presidente de una comisión liquidadora y se la pasó a jurisdicción del Ministerio de Economía. Nigro asumió el cargo en forma ad honórem y pronto se encontró 2 mil expedientes y decenas de demandas judiciales abiertas por los damnificados contra el Estado.

Tan antijurídica fue la gestión de la Conarepa que, luego de ocho años de gestiones para su liquidación, no se puede terminar de hacerla desaparecer.

Sucede que el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel y otra decena de personas, que tuvieron sus bienes confiscados, "mantienen todavía abiertos juicios contra el Estado" para reclamar devoluciones de bienes o indemnizaciones, informaron a Clarín fuentes gubernamentales. La mayoría de las sentencias judiciales ordenan al Estado devolver los bienes "en las mismas condiciones que se encontraban" en el momento de su confiscación. Pero el Estado no tiene fondos para restaurarlos o algunos están ocupados por terceros.

La lista de los que aún no están satisfechos con la reparación de sus bienes ordenadas por jueces de instrucción también incluye a Norma Beatriz López Rega —hija del fallecido ex ministro de Acción Social sospechado de haber dirigido la Triple A—, descendientes del ex titular de la CGT Casildo Herreras y del empresario David Graiver, y Mario Rotundo, entre otros.

Hasta ahora la Conarepa perdió la mayoría de los juicios o llegó a acuerdos extrajudiciales con los perjudicados por su accionar porque, cuando confiscó los bienes durante la dictadura, prácticamente lo hizo sin pruebas con valor judicial que acreditaran que los bienes de los investigados hubieran sido comprados con fondos de origen ilegal.

Para colmo, pocos días antes de dejar el poder los militares dejaron sin efecto las actas institucionales del Proceso de Reorganización Nacional, lo que terminó de dejar sin sustento legal a la Conarepa en los Tribunales. Fue una decisión que nadie cuestiona desde el punto de vista político, pero correspondía al gobierno democrático avanzar en esa dirección y así por lo menos los militares mantenían el esquema jurídico que habían inventado para autolegitimarse.

Como consecuencia de estos juicios, en los últimos años la comisión liquidadora de la Conarepa, acatando fallos de la Justicia, reintegró unos 80 inmuebles a los "interdictos" como llaman los militares a Isabel, Miguel, Carlos Saúl Menem, Héctor Cámpora, José López Rega, y el ex ministro de Trabajo y actual gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, entre otros.

Entre las devoluciones que debió hacer el Estado durante la democracia figuran la famosa residencia de Puerta de Hierro de Madrid y la quinta de Gaspar Campos de Vicente López, que pertenecieron a Perón y luego pasaron fugazmente a manos de Isabel Perón.