jueves, 23 de marzo de 2017

El magnicidio de Monseñor Romero: una beatificación sin justicia terrenal

Víctor Flores García
(25 de marzo de 2015)
La historia de los procesos judiciales fallidos sobre el magnicidio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, perpetrado hace 35 años, es narrada por Benjamín Cuéllar en entrevista con Sputnik Nóvosti.
Cuéllar durante 22 años dirigió el jesuita Instituto de DDHH de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la más importante casa de estudios de la Compañía de Jesús en Centroamérica, fundada por el filósofo vasco-salvadoreño Ignacio Ellacuría y sus cinco compañeros sacerdotes, quienes fueron asesinados por el Ejército en aquel campus en 1989.

La muerte del Arzobispo, mientras celebraba una misa, el 24 de marzo de 1980, fue calificada por el papa Francisco —de origen argentino y jesuita-, como un martirio por “odio a la fe”, abriendo el camino para convertirlo en un mártir elevado a los altares católicos.

Al atardecer de aquel día, en el altar de una capilla para cancerosos, Romero fue asesinado de un balazo al corazón disparado por un sicario que utilizó un fusil con mira telescópica, por orden de Roberto D’Abuisson, un líder venerado por la ultraderecha, que tiene su propia estatua en El Salvador.

Ahora se sabe que, durante 15 años, la beatificación padeció de una parálisis burocrática, por decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien a la muerte Juan Pablo II se convirtió en el papa Benedicto XVI.

Pero mientras el caso se congelaba en los archivos del Vaticano, por los prejuicios conservadores contra la teología latinoamericana de la liberación, tildada de marxista y hereje, la justicia entre los hombres seguía un curso terrenal aún más farragoso y oscuro.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU determinó que aquella fecha se conmemoraría cada año el Día Internacional del Derecho a la Verdad, de violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas; pero eso no se reflejó en el proceso contra los asesinos de Oscar Romero (El Salvador, 1917-1980).

¿Cómo actuaba Romero en el terreno de las instituciones de justicia del Estado?

Romero también creía en la justicia terrenal. Uno de los pasos más osados que dio fue apadrinar el Socorro Jurídico del Arzobispado (SJA) que dirigió mi hermano (Roberto Cuéllar, quien llegaría a ser director del Instituto Interamericano de DDHH), en los años de las desapariciones y masacres de civiles, para atender con abogados las denuncias de víctimas que se amontonaban en su despacho.

¿Cómo utilizaba el arzobispo esos expedientes de crímenes de lesa humanidad?

Él cerraba sus homilías con los hechos políticos y trágicos de cada semana, las graves violaciones ocurridas en todo el país. Un día de agosto de 1978, por ejemplo, al relatar en la Catedral de San Salvador un reporte sobre casi un centenar de personas desaparecidas por las fuerzas del orden público, con sus nombres y edades, sitios de detención y recursos jurídicos activados, Monseñor dijo: “Y soy testigo de la verdad de estos noventa y nueve casos. Y por eso tengo todo el derecho de preguntar: ¿Dónde están? Y en nombre de la angustia de este pueblo, decir: ¡Póngalos a la orden de un tribunal, si están vivos! Y si lamentablemente ya los mataron los agentes de seguridad, dedúzcanse responsabilidades y sanciónese, sea quien sea. ¡Si ha matado, tiene que pagar! Yo creo que la demanda es justa”. A Romero se le hará justicia en los altares, pero decenas de miles de graves violaciones de derechos humanos más siguen sin esclarecerse, incluido el magnicidio.

¿Cómo fue la actuación del juez responsable del caso?

El juez del caso fue Atilio Ramírez Amaya, el mismo que condujo la autopsia y abrió el expediente judicial con el número de referencia 134-80, fue obligado a renunciar y huir del país, luego de un atentado que sufrió tres días después del martirio. Además, un testigo presencial del magnicidio fue detenido y nunca más apareció.

¿Hubo alguna posibilidad de que el proceso judicial avanzara durante las dos décadas que gobernó el derechista partido republicano nacionalista ARENA, hasta 2009?

En la década de los años 80, en plena guerra civil, marcada por las ideologías de la Guerra Fría, ninguna. La labor de la Comisión de la Verdad, produjo un buen informe final, pero ante la negación de la justicia interna, fue ineficaz. Sus investigaciones en el caso fueron discutibles, nada confiables y marcadas por intereses políticos. La Policía Nacional no recolectó indicios materiales en la escena del crimen sino hasta el 2 de abril de 1980, a más de una semana del magnicidio.

¿Cómo comenzaron a aparecer involucrados los militares y la ultraderecha en el caso?

Doce militares fueron capturados el 7 de mayo de 1980 –incluido Roberto D'Aubbuisson, quien después sería el fundador y máximo líder de ARENA–, junto con doce civiles, acusados de complotar contra el Gobierno de la época, que era una junta cívico-militar que intentaba frenar un desenlace similar a la revolución sandinista de Nicaragua. Allí fueron encontrados documentos valiosos para descubrir la verdad judicial. Pero ninguno de esos documentos —que después arrojaron pistas-, fue entonces entregado al Juzgado Cuarto de lo Penal responsable del caso, hasta que dos años después se tuvo en el tribunal una copia, de la agenda incautada entonces con información inapreciable, ni siquiera era el original.

¿Cuál fue la línea de defensa de D’Abbuisson?

En marzo de 1984, en plena campaña presidencial, cuando ARENA debutó y perdió ante los demócrata-cristianos de Napoleón Duarte, Roberto D’Abuisson presentó una grabación de un supuesto comandante guerrillero de izquierda que confesaba ser cómplice del crimen. Pero se trataba de un delincuente común encarcelado entre 1979 y 1981, quien luego confesó que le ofrecieron cincuenta mil dólares si se  hacía cargo del magnicidio. D'Aubuisson y el Ejército utilizaban el ardid para culpar a la insurgencia y eludir la justicia.

¿Cómo terminó el proceso legal?

El proceso judicial, fue cerrado y abierto varias veces según los vaivenes políticos y electorales. Al final, el 31 de marzo de 1993, poco más de un año después de firmada la paz, un juez sobreseyó definitivamente al único acusado hasta entonces, el capitán de aviación Álvaro Rafael Saravia, acusado con base en los datos de la agenda de los doce conspiradores apresados en 1980, quienes no solo planeaban asesinatos de civiles con sus escuadrones de la muerte, porque D’Abuisson era un jefe de los servicios de inteligencia, sino en realidad planeaban un golpe de Estado.

¿Cómo se trató el caso de Monseñor Romero tras los Acuerdos de Paz firmados en México en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil?

En el marco de los Acuerdos de Paz del Castillo de Chapultepec surgió una Comisión de la Verdad, respaldada por el Gobierno y la insurgencia armada, contra la impunidad en casos que hubiesen “comprometido el respeto a los derechos humanos”. La operación “ejemplar” del sistema de justicia nacional debía aplicar la ley a sus responsables, sin importar el bando al que hubiesen pertenecido durante la guerra civil. Fue inútil en el caso de Romero.

¿Por qué fue liberado el capitán Saravia?

El juez argumentó que lo favorecía la amnistía aprobada días antes, en el marco del fin de la guerra, aprobada por el Poder Legislativo. El juez no resolvió sobre el mayor de inteligencia Roberto D'Aubbuisson, sostuvo que nunca fue imputado y que al morir (de cáncer  en la lengua) se extinguió su responsabilidad penal. Así se cerró la última pieza del expediente judicial en 1994, hace dos décadas.

¿Existe posibilidad de reabrir el caso?

Las conclusiones de la Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU de 1993 y un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2000 inculpan a D’Abuisson y pudieron servir para abrir un nuevo proceso, pero se no hizo nada.

¿Y cuál fue el destino del capitán Saravia?

Primero huyó a California, EEUU. Luego fue descubierto, por organismos humanitarios, y procesado allí ante un tribunal civil que lo encontró culpable en 2004 del magnicidio del obispo. Entonces escapó a Centroamérica, donde la pasó mal, oculto en las montañas de Honduras. Intentaba escribir un libro sobre su papel en la muerte del Arzobispo. Acompañé en un viaje a su escondite al periodista Carlos Dada, quien estaba interesado en escribir esa historia. Allí, en 2010, contó cómo mataron a Monseñor Romero y sus ligas con D’Abbuisson. Luego desapreció. Así se perdió la última pista de la conspiración.