jueves, 23 de marzo de 2017

Argentina, 24 de marzo de 1976: ¿Por qué el golpe?

Mario Hernández

El presente artículo fue publicado originalmente en Herramienta Nro. 5, Buenos Aires, Primavera-Verano 1997/8 y modificado en esta oportunidad con el agregado de notas.
Todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral.


Gramsci

Presentación


En los últimos años se han escrito en la Argentina una serie de trabajos que tienden a explicar la recuperación de la hegemonía por parte de la burguesía -entendiendo su pérdida en el sentido gramsciano de crisis de autoridad o crisis del Estado en su conjunto-, a partir de la política desarrollada por la dictadura militar instaurada en 1976. A modo de ejemplo daré cuenta de algunos de ellos:

1) Juan Villarreal (1984) señala que la crisis política posterior a 1955 se relaciona con las bases sociales del poder: una estructura social heterogénea en el campo de los sectores dominantes del capital y homogénea dentro de las clases subalternas con un peso mayoritario de los trabajadores industriales articulados políticamente en el peronismo.

Socialmente homogéneos y mayoritarios, los trabajadores en sus acciones de lucha frecuentemente desbordaron los límites que le imponía su conciencia peronista; fortalecidos por la heterogeneidad y contradicciones de los grupos dominantes comenzaron a presentarse a principios de los setenta como virtual amenaza al orden establecido.

Frente a este panorama se alzaba la incapacidad de los grupos dominantes de desarrollar un proyecto estabilizador que articulara sus distintos intereses.

Los sectores industriales impulsaron un desarrollo orientado al mercado interno apoyándose en el Estado y favoreciendo la redistribución de ingresos. Esta política posibilitó una armonización de intereses con el proletariado que se expresaba políticamente en el peronismo.

Sin embargo, los obreros en las fábricas entraban en conflicto con sus aliados en la política amenazando frecuentemente con el fantasma del poder obrero más allá de límites aceptables.

El gobierno militar que se inicia en 1976 resultó así un proceso general de respuesta autoritaria, disciplinaria y represiva a los avances de radicalización y lucha de los sectores populares en los años anteriores y en un sentido más estratégico produjo efectos de recomposición de las bases sociales de poder dejando como herencia fundamental la fragmentación popular.

2) Perry Anderson (1987) señala que las particulares características que asume el conflicto social en la Argentina y el cono sur de América Latina habría sido consecuencia del equilibrio de fuerzas entre la clase terrateniente tradicionalmente fuerte y la clase obrera fuerte también.

El enfrentamiento entre estas dos clases fundamentales fue decisivo para el advenimiento de las dictaduras militares desencadenado por lo que denomina “la inflexión populista”.

Este proceso abierto en la década del ‘40 planteaba dos problemas centrales: un mayor peso de las masas organizadas por el avance de la industrialización y, como consecuencia, mayores presiones distribucionistas que conducían a una inflación galopante. En cuanto las políticas de sustitución de importaciones agotaron su potencial previo, el resultado fue un nivel de desorden y tensión económica intolerable.

Al tiempo que se entraba en este atolladero económico se produce la radicalización política de los elementos más activos de la coalición populista como consecuencia del impacto de la revolución cubana, hacia lo que Anderson denomina un socialismo revolucionario incipiente. El resultado va a ser para la Argentina la aparición del ala montonera de la guerrilla.

Las intervenciones militares de la década del ‘60 y del ‘70 serían, desde su punto de vista, contrarrevoluciones preventivas para eliminar a esa izquierda que apuntaba a un socialismo.

3) Por último, Abal Medina (1995) destaca que desde 1955 hasta el gobierno de Onganía, la alta inestabilidad de los gobiernos, tanto civiles como militares, se explica por el continuo juego pendular de la gran burguesía industrial constituyendo una alianza económica con la coalición mercadointernista (trabajadores y burguesía local) durante la fase ascendente de la economía para luego conformar un frente político con la burguesía agraria durante los períodos recesivos.

Hacia 1966, con Krieger Vasena en el Ministerio de Economía, la gran burguesía industrial pretende constituirse en el sector hegemónico del capitalismo argentino, pero fracasa en el intento.

Recién con las transformaciones estructurales del capitalismo mundial reforzadas por el plan Martínez de Hoz (1976-81) se redefine la matriz de poder social, permitiendo a los grandes grupos económicos reconstruir una hegemonía capitalista por primera vez desde la crisis del ‘30.

No es mi intención analizar críticamente estos enfoques, sí destacar que tienen la característica común de profundizar el análisis acerca del significado del Proceso abierto por los militares en el ‘76 más allá de sus manifestaciones represivas y señalar su éxito al cerrar la crisis de hegemonía abierta en el ‘55 con la caída del peronismo y sentar las bases económicas y sociales para la dominación de nuevas fracciones del capital que por primera vez ocupan conjuntamente el centro del proceso de acumulación y sintetizan un proyecto orgánico común: los Grupos Económicos de capital nacional y las Empresas Transnacionales (Azpiasu, Basualdo, Khavisse, 1995).

Además superan otros análisis que tienden a explicar la crisis del gobierno peronista a partir de concepciones autoritarias dominantes en el interior del partido gobernante que modificaron las reglas de funcionamiento institucional (Itzcovitz), o bien, por el pretorianismo propio de la sociedad argentina (O’Donnell).
Por mi parte pretendo poner el acento en el rol jugado por el poder del trabajo en el período previo a la irrupción militar.


Del vandorismo a la crisis de los sindicatos peronistas


Derrotadas las grandes huelgas de 1959, la burguesía argentina había logrado doblegar al movimiento obrero que se expresaba a través de los delegados y las Comisiones Internas que controlaban en las fábricas el número de hombres por tarea, los ritmos, el control de calidad, los turnos, etc.

El debilitamiento de la organización de base de los trabajadores benefició a las conducciones sindicales en el control de sus afiliados. El vandorismo fue la expresión de esta nueva situación y mientras mantuvo su hegemonía fue capaz de desarrollar su propia estrategia política generando bases propias de poder y desafiando ocasionalmente la autoridad de Perón negociando directamente con los partidos políticos, los empresarios y los militares.

El vandorismo no planteaba un programa alternativo a las distintas fracciones burguesas que se enfrentaban entre sí por imponer sus distintos proyectos. En general estaba dispuesto a aceptar la eliminación en los convenios laborales de las cláusulas que hacían al control de las condiciones de trabajo a cambio de aumentos salariales y la administración de una extensa gama de servicios sociales. Durante el gobierno autoritario del general Onganía, que suspendió las negociaciones de los convenios, se ve privado de aplicar esta política.

El gobierno del general Onganía (1966-70) desarrolla una política económica favorable a los grandes capitales industriales y financieros en detrimento de la pequeña y mediana empresa y de algunas economías regionales, propietarios rurales y trabajadores.

Esta situación se combinó con el congelamiento del sistema político abriendo una profunda grieta entre la sociedad civil y el poder. Mientras duró el repliegue político y social contó con un importante margen de maniobra para imponer su plan, pero hacia mediados de 1969, en Córdoba, se combinaron el descontento gremial y las tensiones de la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.

La actividad sindical que había tenido por escenario los despachos oficiales y las gerencias de las empresas, desciende a las fábricas y se vuelca a las calles.

“En los dos cordobazos la clase obrera -arrastrando tras de sí a las capas populares- enfrenta directamente al brazo armado del estado. En el Chocón, en las tomas de las plantas mecánicas de Córdoba (1970-71), en las ocupaciones de los pueblos tucumanos “vaciados” por los cierres de ingenios, lo mismo que en Campomar, Del Carlo, La Bernalesa y tantas otras, la acción directa, una tradición de la clase obrera argentina amortajada por las direcciones reformistas en las alfombras de los ministerios vuelve a levantar vigorosamente la cabeza” (Natalia Duval).

Irrumpe un sindicalismo combativo a nivel de fábrica y en el interior del país que a partir de mediados del ‘72 se extiende al cordón industrial del Gran Buenos Aires -hasta ese momento más controlado por los aparatos sindicales- y no detiene su accionar hasta marzo del ‘76.

Los dirigentes de los sindicatos se vieron reiteradamente desbordados. La crisis de representación sindical, el surgimiento de nuevos delegados y el rol jugado por las asambleas de fábrica constituyen elementos claves para comprender la relevancia del poder del trabajo en el período.

¿Por qué Córdoba?

La conflictividad laboral y el cuestionamiento a las direcciones sindicales alcanzan su máxima intensidad en Córdoba, asiento de un fuerte y concentrado proletariado fabril en uno de los sectores más adelantados del capitalismo, la industria automotriz.

Pero hay otros elementos que explican esta situación. El pluralismo que dominaba las prácticas sindicales favorecido por el relativo aislamiento de los centros del poder sindical peronista y el carácter independiente del sindicalismo cordobés respecto del vandorismo. El rol del sindicato de Luz y Fuerza conducido por Agustín Tosco, líder del sector independiente de la seccional cordobesa de la CGT. Las nuevas empresas multinacionales instaladas en Córdoba que fomentan los convenios por empresa como el caso de la Fiat que altera la estructura sindical tradicional del movimiento obrero argentino al promover la formación de sindicatos por planta. Además, la política laboral seguida por el gobierno radical en el período 1964-66 buscando debilitar a los sindicatos peronistas estimuló la concertación de convenios por empresa y la formación de sindicatos en los nuevos sectores industriales dando mayor autonomía a los sindicatos locales y seccionales existentes.


La unidad obrero-estudiantil

Los sucesos de Córdoba fueron precedidos por una serie de levantamientos que tuvieron como protagonista central al movimiento estudiantil universitario que había sufrido un violento ataque de Onganía desde su subida al poder. Prácticamente, la Universidad fue el único sector que protestó desde el principio debido al duro golpe sufrido por el movimiento obrero por la derrota de la huelga de portuarios después de más de 30 días de conflicto y la actitud abiertamente colaboracionista de la dirigencia de la CGT con el gobierno militar. No por casualidad la primera víctima que se cobró la dictadura a dos meses del golpe fue el estudiante Santiago Pampillón durante una manifestación en la ciudad de Córdoba.

La gran expansión económica mundial a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial exigía muchos más administradores y técnicos. El lugar para formarlos eran las universidades o instituciones de enseñanza superior. El mejoramiento del nivel de ingresos hizo posible el acceso a los niveles superiores de educación a hijos de sectores medios, obreros y familias humildes. Era la mejor forma de conseguir ingresos más elevados y un nivel social más alto.

Esa multitud de jóvenes se encontró que las universidades no estaban ni física, ni organizativa, ni intelectualmente preparadas para recibirlos. El resentimiento hacia las autoridades universitarias se hizo extensivo a todo tipo de autoridad. Así los estudiantes se inclinaron hacia la izquierda.

No sólo eran políticamente radicales y explosivos sino de una eficacia única a la hora de dar expresión nacional e incluso internacional al descontento político y social como lo demostraron en EE.UU., México, Polonia, Checoeslovaquia y Yugoeslavia, estimulados por los sucesos de París de 1968, que luego precipitó una enorme oleada de luchas obreras en Francia e Italia en demanda de salarios más altos y de mejores condiciones laborales.

En nuestro país en la década del ‘50 el estudiantado universitario reflejó el repudio de la clase media y burguesa al régimen peronista y al movimiento obrero. Con el triunfo de la revolución cubana y el ingreso masivo de sectores medios y populares a la enseñanza superior, gira a la izquierda y se radicaliza. Al tratar el gobierno desarrollista y los monopolios extranjeros de orientar la enseñanza en su beneficio durante la etapa cientificista, los estudiantes chocan con el régimen más de conjunto. Influidos por el ascenso mundial y latinoamericano de fines de los ‘60, en forma mayoritaria se unen a la lucha del movimiento obrero.

En mayo del ‘69 se desarrolla en la ciudad de Corrientes una movilización contra el aumento del ticket en el comedor universitario que fue reprimida violentamente por la policía dando muerte al estudiante Cabral.

El 16 de mayo la CGT regional decreta el paro y se convoca a una manifestación -la de mayor envergadura en la historia de la ciudad-, a la que asisten más de 12.000 personas.

A partir de ese momento se suceden en el ámbito universitario de todo el país asambleas, actos relámpagos y discusiones públicas que llegan a su clímax en la Universidad de Rosario donde es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Bello.

El 21 de mayo estudiantes universitarios, secundarios y obreros marchan en homenaje a Bello y Cabral hasta el centro de la ciudad de Rosario y se traban en lucha abierta contra la policía que va a ser desbordada. El obrero y estudiante secundario de 15 años, Luis Norberto Blanco, muere a causa de la represión. El día 23 la CGT regional lanza un paro general.

También se producen enfrentamientos en La Plata y Tucumán donde el 27 de mayo los manifestantes ocupan la Plaza de la Independencia.

En todos estos acontecimientos -salvo en La Plata- se da un proceso de unidad obrero-estudiantil, donde el sector más dinámico lo constituye el estudiantado universitario.

La movilización estudiantil por sí misma difícilmente hubiera podido variar la situación si no hubiera entrado en escena el movimiento obrero.

La huelga de petroleros de Ensenada y la de Fabril Financiera en Capital Federal comienzan a revertir esta tendencia que se expresará claramente en el Cordobazo donde a diferencia de los sucesos anteriores, el movimiento obrero pasa a ocupar el centro de la escena.

El Cordobazo fue una explosión de repudio popular al régimen autoritario, una protesta política. Cerca de 30.000 personas combatieron el 29 de mayo de 1969 contra la policía y la gendarmería contando con el apoyo de toda la población. Por primera vez desde la Semana Trágica, la policía fue puesta en retirada por las fuerzas populares.

Meses después, en setiembre, los ferroviarios rosarinos se levantan contra las sanciones que pretenden aplicarse contra los huelguistas que cumplieron el paro general del 1° de julio. El gobierno moviliza militarmente a los huelguistas, sin poder evitar que entre el 16 y el 22 de setiembre se combata en las calles y las barricadas cubran Rosario.

El Cordobazo no alcanza para producir la caída inmediata de Onganía -se producirá un año después-; su debilidad consistió en la inexistencia de una dirección sindical y política que superara a la burocracia sindical peronista y generalizara la movilización al conjunto del país.

En el plano cordobés estimuló una de las experiencias más significativas en la historia del movimiento obrero argentino, el surgimiento del Sitrac-Sitram en el complejo de la empresa Fiat en Ferreyra.


Sitrac-Sitram

Estos sindicatos de empresa se habían mantenido al margen de la lucha del movimiento obrero cordobés. Constituían típicos sindicatos “amarillos”, correa de transmisión de las políticas laborales dictadas por la Gerencia de Personal de la Fiat.
El 15 de mayo de 1970, sus trabajadores ocupan la planta de Concord contra la conducción sindical y durante tres días mantienen como rehenes a funcionarios de la empresa, consiguen la renuncia del comité ejecutivo del Sitrac y acuerdan con la patronal y el Ministerio de Trabajo realizar elecciones en el término de un mes.

El éxito alentó una rebelión similar en Materfer, la planta de equipos ferroviarios de la Fiat.

Las plantas de Ferreyra, con más de 5.000 operarios, se convierten en el epicentro de la política obrera cordobesa.
En los meses siguientes los trabajadores desarrollan una rica experiencia de democracia sindical. Las asambleas generales abiertas dentro de las fábricas eran una verdadera institución y se realizaban para decidir todas las cuestiones de la base fabril. Todos sus dirigentes conservaban sus empleos en la planta y no había puestos gremiales pagos.

Apoyados por una creciente participación de las bases los nuevos líderes dirigieron gran parte de su atención al problema de la calidad del trabajo dadas las penosas condiciones laborales dentro de las plantas, y desafiando directamente la autoridad patronal se enfrentaron con los planes de racionalización orientados a intensificar la producción y cuestionaron las prerrogativas y la autoridad de la empresa en el proceso laboral, lo que suponía un desafío directo al control absoluto de la Fiat sobre la fábrica y todas las cuestiones relacionadas con la producción. En las negociaciones que sostuvieron con la Fiat un año después, el Sitrac y el Sitram pidieron la abolición del sistema de incentivos de la empresa y que el aumento de la producción debía originarse en la renovación tecnológica y no del mayor esfuerzo del trabajo humano.

No se limitaban sólo a una propuesta sindical. Evolucionaron hacia un programa político que sostenía la estatización del comercio exterior, el sistema bancario, financiero y de seguros. La expropiación de todos los monopolios industriales, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras. Expropiación de la tierra a la oligarquía terrateniente sin compensaciones. Planificación integral de la economía, abolición del secreto comercial y control obrero del sector empresario no expropiado. Construir un Frente de Liberación Social y Nacional bajo la dirección de los trabajadores e instaurar mediante la lucha popular y la movilización de masas un gobierno popular revolucionario para asegurar el cumplimiento del programa precedente, instaurar una Asamblea Unica del Pueblo y sostener una política internacional solidaria con los pueblos que luchan por su liberación como Vietnam.

En otros puntos del país se producen movilizaciones obreras significativas. En febrero, Onganía debe postergar su visita a la represa hidroeléctrica de El Chocón (Neuquén) ocupada durante cuatro meses. Para quebrarla interviene la Gendarmería. Se reclamaban salarios, condiciones de trabajo, alojamiento, respeto por parte de los encargados, reconocimiento de dirigentes elegidos democráticamente y rechazados tanto por la patronal como por la directiva de su sindicato.
Una de las victorias más importantes de la nueva vanguardia clasista fue la de Banco Nación con 6.000 trabajadores. También comienza un reanimamiento en textiles y metalúrgicos (Tamet).

En PASA, la más grande empresa petroquímica del país, eligen nuevos delegados. En el sindicato mecánico, delegados pertenecientes a la oposición pasan a controlar muchas de las principales firmas asentadas en el Gran Buenos Aires: Chrysler, Peugeot, Citroen, Mercedes Benz y FAE.

Según una solicitada publicada por Ika-Renault desde abril de 1969 a mayo de 1970 se perdieron en sus fábricas 1.100.000 horas de trabajo y 500 millones de pesos (moneda nacional) por medidas de fuerza con “objetivos extragremiales”; entre mayo y junio de 1970, se perdieron 900.000 horas y jornales por 400 millones.

Los días 12 y 13 de noviembre se desarrolla un paro nacional masivo con movilizaciones importantes en Córdoba, Rosario y Catamarca, y gran violencia en Salta y Tucumán.

En Catamarca la movilización continúa y el gobierno decreta la Zona de Emergencia a cargo del Ejército, a pesar de lo cual dos días después -el 19- la multitud intenta atacar la Casa de Gobierno provincial. El 25 y 26 se producen nuevas manifestaciones en Tucumán.

Según datos de la Fiat, en 1970 se dejan de trabajar en la fábrica Concord un total de 260.000 horas, con una merma de 2.300 automóviles respecto de 1969.

En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó 12 paros con manifestaciones callejeras, ocupaciones de plantas y toma de rehenes entre los gerentes. Dirá Carlos Nágera, secretario administrativo del Smata (Córdoba) en 1974: “Las huelgas de la época fueron todas violentas y hasta con rehenes, donde los compañeros colocaron tambores con nafta alrededor de los rehenes y electrificaban las plantas”.

El 12 de marzo (tercer paro activo del año), se producen choques en Ferreyra entre trabajadores de Concord y Materfer y la policía. Este conflicto, conocido como el Ferreyrazo, precedió el paro general del día 15. Ese día como parte del plan de lucha acordado con la CGT local, miles de trabajadores de la Fiat abandonan las plantas y marchan al centro de la ciudad para participar en un acto en la plaza Vélez Sársfield. El secretariado de la CGT no se hace presente y los sindicatos clasistas se hacen cargo de la dirección reeditando un nuevo Cordobazo que se conocerá con el nombre de Viborazo.

El gobierno dispone la intervención del Sitrac-Sitram y detiene a sus dirigentes. Córdoba quedó sumergida en un clima de guerra: patrullas en las calles, comunicados militares, marchas bélicas, requisas, detenciones por centenares, allanamientos repetidos en los domicilios de los activistas y dirigentes sindicales.

El 18 la CGT cordobesa declara un nuevo paro general. El 23 de marzo el general Lanusse asume el gobierno, deja sin efecto la proscripción de los partidos políticos y promete la realización de elecciones convocando al Gran Acuerdo Nacional (GAN), comprometiendo a todos los sectores burgueses -incluido el peronismo- a aceptar las reglas del juego democrático, a través del tradicional juego parlamentario, y sin exponer la estabilidad del régimen.

El ascenso de masas y concretamente el segundo Cordobazo, es el factor determinante que obliga a los militares a plantearse la utilización de este recurso.

El Viborazo contiene significativas diferencias respecto de los levantamientos vividos casi dos años antes por su carácter predominantemente obrero, la presencia visible de la izquierda y los discursos anticapitalistas de los líderes obreros. El orador del Sitrac sostiene que para la clase trabajadora la única solución es una revolución que destruya la actual sociedad, basada en la explotación, y construya el socialismo, objetivo que sólo se logrará con las armas en la mano.

El 22 y 23 de mayo se reúnen en Córdoba, convocados por la CGT regional, 117 sindicatos en un congreso nacional de sindicatos combativos que acuerda un programa de oposición al gobierno, convocaba a la nacionalización de todos los grandes sectores de la economía, defendía la planificación central y la participación obrera en la administración de las empresas.

Paralelamente por primera vez la izquierda revolucionaria tiene peso gremial en Córdoba en Sitrac-Sitram, Smata, SEP (empleados públicos provinciales), municipales, calzado y otros gremios menores.


El clasismo

La rebelión de los obreros de Fiat se estaba transformando en un movimiento político disidente que alentaba otros movimientos antiburocráticos más allá de los límites cordobeses.

El clasismo convoca el 28 y 29 de agosto a una Reunión Nacional de Sindicatos Combativos, Agrupaciones Clasistas y Obreros Revolucionarios con el siguiente temario: a) situación del país desde la perspectiva del proletariado; b) situación del movimiento obrero; c) coordinación nacional de las luchas contra la explotación, la entrega al imperialismo y la acentuación de la represión; solidaridad para imprimir al movimiento sindical una línea clasista y recuperar para la clase obrera sus organizaciones.

Aunque dominado por el movimiento estudiantil y distintas organizaciones de ultraizquierda, permitió reunir grupos sindicales disidentes. Estaban presentes los sindicatos farmacéutico y gráfico, la CGT de Corrientes, la Comisión Interna de Textil Escalada, los trabajadores ferroviarios de Tafí Viejo, representantes de 14 comisiones internas bonaerenses encabezadas por el Banco Nación y dirigentes despedidos de Chrysler y Petroquímica. Los delegados de la Intersindical de San Lorenzo (cinturón industrial del Paraná) fueron detenidos y no pudieron participar.

Adopta una serie de importantes resoluciones, entre ellas, luchar por una dirección independiente para la clase obrera que destierre definitivamente a burócratas y reformistas. Denuncia al GAN, la Hora del Pueblo -acuerdo político del peronismo, el radicalismo y partidos políticos menores para presionar por elecciones- y al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) -liderado por el Partido Comunista-, como las falsas opciones en que la burguesía pretende encerrar la lucha de los trabajadores. Se pronuncia por la destrucción definitiva del capitalismo y por la construcción del socialismo. Reclama la libertad de todos los condenados y procesados por razones gremiales, estudiantiles y políticas; la derogación del estado de sitio, la pena de muerte y toda legislación represiva. Anulación de la Ley de alquileres y la de Asociaciones Profesionales. Levantamiento de las intervenciones a las organizaciones sindicales y estabilidad para los empleados públicos.

El 22 de setiembre una asamblea del sindicato petroquímico de San Lorenzo propicia que se avance en la redacción del programa para nuclear a la corriente sindical clasista, con el objeto de recuperar los sindicatos y la CGT nacional.

El 26 de octubre tropas de Gendarmería ocuparán las fábricas de Ferreyra y el Ministerio de Trabajo cancela la personería gremial del Sitrac-Sitram impidiendo la posibilidad de consolidación de este esbozo de dirección de alternativa que estaba formándose.


Pese al GAN la lucha continúa


En diciembre la Policía Federal ocupa los tribunales de Buenos Aires para terminar con ocho meses de protestas. Una huelga de portuarios termina con muertos y heridos por la represión. Médicos, dentistas y fruticultores del Valle del Río Negro paran también en diciembre.

El verano presencia la ocupación de la planta metalúrgica Del Carlo por falta de pago de varias quincenas.
En enero se producen movimientos de protesta de las Ligas Agrarias del Noreste. En Chaco, Tucumán y La Rioja se movilizan los empleados públicos.

El 29 de febrero y el 1° de marzo se realiza el último paro nacional del período. Una vez más la paralización es total. En adelante la CGT ajustará su política a la sintonía de Lanusse, Perón y el resto de la patronal de canalizar el proceso de luchas hacia la salida electoral.

A principios de abril se produce en Mendoza un levantamiento popular contra el aumento de tarifas eléctricas que provoca la intervención de tropas militares y la suspensión de la medida.

La movilización se extenderá a San Juan y durará del 4 al 8 de abril. Córdoba realiza un paro activo de apoyo el 7 de abril.

A esa altura había listas y delegados clasistas que dirigían conflictos y ganaban elecciones sindicales en las provincias azucareras del Noroeste, en el cinturón industrial del Paraná, en las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, San Nicolás y Zárate y en la UOM de Santa Fe y Córdoba, que seguiría siendo el centro del movimiento. En abril de 1972 la Lista Marrón, dominada por activistas marxistas y delegados de taller, triunfa en las elecciones del sindicato mecánico local que comprendía alrededor de 7.000 trabajadores de la fábrica Ika-Renault.

Meses después en General Roca (Río Negro) la población expulsó al intendente y llegó a gobernar la ciudad.
A fines de ese año, la mayoría de los 6.700 trabajadores de la planta siderúrgica Somisa de San Nicolás, a la que pertenecía José I. Rucci, secretario general de la CGT, votan retirarse del sindicato en repudio a su dirigencia conservadora.


La izquierda frente a las elecciones

La influencia antiburocrática y del clasismo no se plasmó en las elecciones generales.

La derrota del Sitrac-Sitram impidió que el frente único obrero que intentaba desarrollarse, pudiera llevar al terreno electoral una opción clasista.

La posición de las organizaciones guerrilleras también contribuyó para que los trabajadores permanecieran bajo la influencia política de los líderes y partidos patronales.

A partir de 1969, al calor de las luchas obreras y populares, se iniciará el desarrollo de una fuerte guerrilla urbana que reflejaba a sectores importantes de la clase media -incluso alta- golpeados por la crisis económica y el régimen autoritario de Onganía. Los elementos obreros que adherían eran escasos.

Luis Mattini, miembro de la dirección del PRT-ERP, cuenta que muchos de sus militantes y combatientes vivían en San Nicolás, asiento de la concentración industrial más grande del país. Sin embargo, dirigían sus esfuerzos políticos sobre la Universidad de Rosario, las villas miserias y, sobre todo, el frigorífico Swift, a pesar de que la industria de la carne estaba en crisis y la situación de sus trabajadores era inestable.

La mayoría de los reclutas y simpatizantes de la guerrilla peronista Montoneros también procedían de sectores medios.
Frente al proceso electoral ambas organizaciones privilegiaron sus estrategias militaristas. Los Montoneros dirán, en setiembre del ’71, que la Hora del Pueblo era una treta de Perón, mientras el Movimiento se preparaba para emprender la guerra. En octubre, el PRT-ERP levantaría la consigna “ni golpe, ni elección: Guerra Revolucionaria”. Recién en enero del ’73, se inclinarán por la abstención electoral. Mientras, los Montoneros, a través de la Juventud Peronista, se constituyen en los protagonistas centrales de la campaña electoral en apoyo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, sostenida por Perón.

Los sectores combativos de la burocracia, representados por el legalismo cordobés, se sumaron a las listas del Frejuli. Atilio López, secretario general de la CGT cordobesa, fue candidato a vicegobernador de Córdoba, con el apoyo de Agustín Tosco.
La corriente maoísta Vanguardia Comunista, influyente en el Sitrac-Sitram, levantó la consigna “ni golpe, ni elección, revolución”, llamando a votar en blanco. La otra corriente maoísta de importancia, el PCR (actual PTP), cuyo principal dirigente obrero era René Salamanca, pasó del voto en blanco a votar la fórmula Perón-Perón en setiembre del ’73, para terminar apoyando al gobierno de Isabel y López Rega contra una supuesta conspiración soviética alentada por Videla y la futura junta militar.

El Partido Comunista participó de la Alianza Popular Revolucionaria junto al ex-frondicista Alende.

La única excepción la constituyó el Partido Socialista de los Trabajadores. Esta pequeña organización trotskista, influyente en el gremio bancario y en las plantas metalúrgicas y automotrices del Gran Buenos Aires, obtuvo la personería electoral y la puso al servicio de un “Gran Acuerdo Obrero y Socialista” sosteniendo que sería un crimen no levantar esa opción contra los candidatos patronales. Llamó públicamente a elegir candidatos obreros en asambleas de fábrica, tendiendo a unificar la vanguardia surgida en las luchas del período, como la única manera de no hacerle el juego a los partidos burgueses y reformistas representados en la Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de los Argentinos.

La orientación pro-burguesa de la guerrilla y el reformismo, y el sectarismo de la ultraizquierda frustraron este planteo.


El peronismo en el gobierno 


A principios de 1973, la escena política es dominada por el proceso electoral pero la agitación obrera no se detiene. El 25 de mayo asume el gobierno de Cámpora y pocos días después la central obrera, los empresarios (CGE) y el Gobierno con el posterior aval del Parlamento, firman el Pacto Social que congela las negociaciones salariales por 2 años.

Durante el breve mandato de Cámpora fueron numerosas las ocupaciones de ministerios y dependencias públicas. En los primeros 20 días del nuevo gobierno, trabajadores y activistas de base realizaron unas 176 ocupaciones fabriles. De junio a octubre, el panorama va a ser dominado por los conflictos centrados en las empresas privadas.

Se presenció una intensificación de la lucha de clases a nivel de fábrica en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. Los temas dominantes fueron las condiciones de seguridad e higiene del trabajo, salarios atrasados, reclasificación de tareas, contra el incremento de los ritmos de producción, por la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y frecuentemente desembocan en la elección de nuevos delegados.

En cuanto a los métodos se caracterizan por la ocupación de las plantas (Terrabusi, Molinos, Astarsa, Acindar) y el rol jugado por la asamblea de fábrica que actúa como la representación de los trabajadores encargada de formular las demandas y adoptar las medidas de fuerza hasta tanto se renueven las Comisiones Internas.

Juan C. Torre (1979) señala que: “En las disputas concernientes a las normas de trabajo fue común que los trabajadores decidieran poner en práctica por su cuenta sus propios criterios sobre las tareas en litigio, colocando a la gerencia ante un hecho consumado. El retiro de la colaboración y la insubordinación a los supervisores devinieron prácticas corrientes, mientras la producción se desenvolvía bajo la amenaza permanente de ser paralizada frente a cualquier incidente. El monto de la protesta no negociable que se había ido formando en las empresas convirtió a los compromisos en armisticios siempre precarios, prontos a quebrarse y a reabrir la vía nuevamente a una escalada de medidas de fuerza. La tendencia de los conflictos fue, así, a durar, realimentados por el contrapunto entre la intransigencia de los trabajadores y las respuestas autoritarias a las que apelaban los empresarios en defensa de sus prerrogativas”.

El 12 de octubre, Juan Domingo Perón, jura como nuevo Presidente y su primera medida es reafirmar el Pacto Social. En noviembre promueve la Reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales dotando a las conducciones sindicales de mecanismos coercitivos para detener la movilización antiburocrática. Según esta ley no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, ilegaliza los sindicatos de empresa, posibilita la intervención de las filiales, los sindicatos pueden poner fin al mandato de los delegados de fábrica y amplía el mandato de las jerarquías sindicales de 2 a 4 años.

Sin embargo, hacia fines de año los mineros de Aguilar y Sierra Grande, Gráficos, Tabacaleros y Transportes de Córdoba, concretan medidas de fuerza en procura de mejoras salariales. Ya a principios de 1974 se produce la ocupación de Molinos Río de la Plata, el paro de papeleros de la Matanza, la toma de textil Bossi y se extiende una larga lista de conflictos.
El Congreso legisla la Ley de Conciliación Obligatoria que ahora podría aplicarse a todo tipo de conflicto y se reglamenta la Ley de Prescindibilidad para los empleados de la Administración Nacional.

Estas medidas legales e institucionales tienen por objetivo poner fin a la agitación obrera dotando a las autoridades políticas y sindicales de mecanismos de coerción legal, a pesar de lo cual, entre marzo y junio de 1974 se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista.

A diferencia de los anteriores, la causa principal fueron las demandas salariales. A medida que el cuestionamiento al congelamiento salarial del Pacto Social era más importante en el plano de las reivindicaciones obreras, tanto mayor la manifiesta incapacidad de las jerarquías sindicales y el peronismo para controlar a los sindicalistas disidentes y las movilizaciones de las bases.

En marzo de 1974 se desarrolla un importante conflicto en Acindar (Villa Constitución) por las condiciones de trabajo. La patronal despide a los delegados y los trabajadores toman las plantas siete días y exigen la normalización de la seccional local de la UOM. Sindicatos de todo el cinturón industrial del Paraná convocaron a huelgas de solidaridad. Las plantas de Sicheira, Empalme, Pavón, Arroyo Seco, Alvear y Lagos dispusieron medidas de fuerza y la mayoría de la ciudad de Villa Constitución paralizó sus actividades en apoyo de los obreros. Finalmente las elecciones darán el triunfo a la lista de activistas surgidos en el conflicto.

El 20 de mayo se desarrolla en Villa Constitución un Plenario Antiburocrático que reúne miles de delegados y activistas. Una vez más se plantea la posibilidad de dar al movimiento clasista y antiburocrático una coordinación centralizada. La oportunidad se frustrará por la negativa explícita de los líderes del plenario -Piccinini, Tosco y Ferrarese (PB)- con el apoyo del PRT-ERP y la JP-Montoneros. Cerca de 800 participantes, influenciados por el PST, defendieron la perspectiva de la coordinadora.

El 1° de mayo Perón rompe públicamente con los sectores radicalizados nucleados en la JP-Montoneros, inclinando la balanza al interior del movimiento peronista a favor de la CGT-62 Organizaciones y fortaleciendo el liderazgo burocrático.
La derecha peronista vio este hecho como una señal para intensificar sus ataques contra la izquierda y erradicarla de los sindicatos. Tres activistas del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados, se atacaron locales de la JP y se allanó la sede del Peronismo de Base.

En ese mismo mes se producen una serie de huelgas por aumentos de salario al margen de la conducción cegetista como consecuencia del incremento de precios y el desabastecimiento y en abierta rebeldía contra el Pacto Social. Varios gremios logran aumentos importantes.

Perón se ve obligado a actuar personalmente para frenar las demandas obreras en la que sería su última aparición pública el 12 de junio de 1974.

El Ministerio de Trabajo suspende la personería del sindicato fideero como consecuencia de importantes conflictos en la fábrica Mattarazzo de Villa Adelina y en la fábrica Bagley.

El 1° de Julio muere Perón y ese mismo mes se inicia un conflicto en docentes (Ctera) y en las plantas automotrices cordobesas. Los trabajadores ocupan las plantas de Bagley en Buenos Aires y de Molinos en el Chaco.

A fines del mes inician medidas los gráficos y nuevamente interviene el Ministerio de Trabajo y retira la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense (Ongaro) y al sindicato de periodistas de Buenos Aires (APBA), en agosto. Este último era conducido por dirigentes vinculados al PC, pero corría el riesgo de perder la conducción a manos de la Lista Naranja, hegemonizada por la izquierda peronista.

En setiembre las autoridades laborales disponen la prohibición de los sindicatos por empresa en virtud de la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales dictada el año anterior, al tiempo que propone su modificación “porque muchos delegados amparados en el fuero sindical están generando conflictos, practicando la demagogia y pidiendo más de lo que pueden obtener”.


La descomposición del gobierno de Isabel Perón


De agosto a octubre de 1974 el gobierno, a través de José López Rega y la Triple A, se lanza a poner remedio a la extensa e incesante movilización de base convirtiendo la violencia en el método privilegiado para enfrentar la oposición sindical. En total unos 200 activistas gremiales y partidarios fueron asesinados por la Triple A y los comandos civiles fascistas antes de setiembre. Sin embargo, esta violencia no puede considerarse una respuesta a la guerrilla. La gran mayoría de los ataques fueron dirigidos contra quienes intentaban desarrollar políticamente a la izquierda mediante el aprovechamiento de métodos legales o defendían los derechos democráticos existentes [1]. Paralelamente, el Parlamento puso en manos del Ministerio de Trabajo, a través de la Ley de Seguridad, facultades casi irrestrictas para la represión de las huelgas y combatir al sindicalismo clasista estipulando penas de prisión de uno a tres años para los líderes de las huelgas declaradas ilegales.

Luego de dos meses de conflicto en Ika-Renault, Salamanca es expulsado del sindicato y la Seccional Córdoba del Smata intervenida. Sin embargo, el movimiento de delegados seguía siendo fuerte en el lugar de producción y el 6 de noviembre, los trabajadores del Smata cordobés abandonaron sus tareas para exigir el retiro de las autoridades nacionales del sindicato y el retorno de los dirigentes locales.

A comienzos de octubre la policía ocupó los locales del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba y ordenó la captura de sus dirigentes.

En diciembre, el sindicato de los trabajadores azucareros de Tucumán (Fotia), también va a ser intervenido a raíz de una huelga.

Hacia fines de año el ambiente laboral estaba relativamente pacificado. Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975, las huelgas cayeron en el nivel más bajo del gobierno justicialista. El ausentismo, calculado en un 20 % de la fuerza laboral, se convirtió entonces en la expresión del descontento obrero [2].

El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del 1° de marzo para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo, pero los hechos van a demostrar que a pesar de la represión desatada sobre la oposición en 1974, la burocracia sindical no logró restablecer su hegemonía sobre las bases.

Ese mes se produce un nuevo movimiento en Villa Constitución por aumento de salarios y el control de los ritmos de producción, también en protesta por negarse a reconocer la victoria de la lista opositora electa a fines de 1974. Son encarcelados más de 40 activistas gremiales y el comité ejecutivo electo. Se produce entonces una protesta popular que terminó dos meses después cuando el gobierno liberó a algunos de los activistas encarcelados.

A mediados de mayo varios sindicatos decidieron una serie de paros. Los conflictos laborales comenzaron a agitar nuevamente las empresas después del impasse experimentado desde noviembre del año anterior.

El 31 renuncia el titular del Ministerio de Economía, Gómez Morales, y es reemplazado por Celestino Rodrigo quien procuró contener la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974 mediante un retraso salarial. El plan económico implementado resultó en un descalabro total. El costo de vida aumentó un 21% en junio y 35% en julio. El país fue escenario de una serie de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que paralizan el país cerca de un mes.

La industria automotriz va a ser la más afectada por estos movimientos. Se impulsaron paros, toma de rehenes y la exigencia de renuncia de los dirigentes gremiales en Ford, General Motors y otras plantas de Buenos Aires.

A principios de julio, la CGT en un intento por recuperar el control de la situación, convocó a un paro de 48 horas, ratificando el estado de huelga y concentraciones producidas en los primeros días de julio en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Berisso, Ensenada, La Plata y Capital.

La huelga que paralizó al país y costó 800 millones de dólares en pérdidas de productividad, reveló que al gobierno y la burocracia sindical le resultarían cada vez más difícil mantener la disciplina laboral apelando a la lealtad a un gobierno peronista bajo un programa económico que afectaba los intereses obreros [3].

Desbordada por la movilización obrera que exigía la renuncia de Rodrigo y López Rega, la CGT abandonó a su principal aliado en la represión al activismo sindical. En pocos días la exigencia de ratificación de los aumentos salariales que había reunido una multitud en apoyo al gobierno peronista, se transformó por primera vez en una movilización política en su contra [4].


El remedio golpista

A pesar del triunfo que significó el alejamiento de los dos ministros cuestionados, los conflictos laborales no disminuyeron su intensidad ampliando su alcance a sectores de las clases medias. Los médicos de los hospitales y los empleados judiciales se sumaron a la protesta obrera.

En las fábricas y barrios empiezan a surgir “comisiones coordinadoras” para organizar la actividad entre obreros de distintas industrias en una zona determinada.

A principios de junio, activistas de la Fiat y del Smata de Córdoba habían constituido el más importante de estos comités de resistencia, La Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, especie de CGT paralela local que unía a los sindicatos disidentes y dirigió las huelgas en la segunda mitad de 1975 por mejoras salariales y para exigir la liberación de la cárcel de la directiva del Smata cordobés y la anulación de la orden de detención de su secretario general. Fue el año de mayor cantidad de paros en el complejo Ika-Renault entre 1966-76 y obligó a la empresa a ignorar a los interventores del sindicato y tratar directamente con los comités de fábrica.

Las referencias del gobierno a la “subversión industrial” y a la “guerrilla industrial” -término acuñado por el titular de la UCR, Ricardo Balbín- eran frecuentes, así como la prohibición de huelgas. Es significativo que la primera acción “antisubversiva” de importancia, en noviembre, cuando el Ejército tomó en sus manos el control total de la “antiinsurgencia”, se dirigiera contra los mineros de Sierra Grande que llevaban 44 días de ocupación por aumento de salarios y el derecho a elegir sus representantes sindicales [5].

Aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del ‘76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el complejo de Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del conurbano bonaerense.

En las primeras semanas de marzo una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por un nuevo ministro de Economía, Mondelli, comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reeditando la situación que dio origen al Rodrigazo [6].

Empresarios y militares deciden entonces atacar frontalmente al poder del trabajo que no pudo ser destruido en los conflictos industriales ni por el peronismo en el gobierno.

El 24 de marzo, con el concurso de los poderes represivos del Estado, se iniciaba una nueva etapa: la domesticación del poder del trabajo a sangre y fuego [7].


Conclusión

La etapa abierta por el Cordobazo como presencia del poder del trabajo que amenazaba las bases de dominación de la burguesía, no fue cerrada por el gobierno peronista instalado en el ‘73, ni siquiera durante el mandato de Juan Domingo Perón, pese a su indiscutible ascendiente sobre los trabajadores y sectores populares. Fue precisamente esa incapacidad del peronismo la que obligó a los militares a entrar en escena desarrollando paralelamente un plan estratégico en el terreno económico y social que perseguía el objetivo de replantear las bases de dominación de la burguesía superando lo que Juan Carlos Portantiero (1972) denominara “el empate histórico”.

Si bien en el período analizado (1969-76) hay momentos en que la burguesía coyunturalmente retoma la iniciativa política institucional, no tiene éxito en detener la crisis abierta por la movilización obrera y popular en las unidades productivas.
Mi trabajo intenta desarrollar esa situación. En este sentido seguimos a John Holloway cuando señala que, a nivel mundial, a fines de los ‘60 y principios del ‘70 el patrón de dominación y producción comenzó a sacudirse por la pérdida de autoridad dentro de las fábricas que es la base del desarrollo capitalista.

“Las luchas de finales de los ‘60 significaron que el capital no podía ya contar con el control directo sobre el poder del trabajo en la fábrica. La explotación del poder productivo del trabajo se enfrentó con bajas tasas de ganancia. La explotación del trabajo devino demasiado cara al mismo tiempo en que la capacidad del capital para imponer el trabajo necesario sobre el trabajo social fue severamente limitada. Además, el poder disruptivo del trabajo se hizo sentir a finales de los 60 en resistencia contra la intensificación del trabajo y el intento de reducir salarios (política de ingresos). En otras palabras, la clase trabajadora hizo claro que ya no aceptaría ser explotada más allá de ciertos límites” (Bonefeld/Holloway, 1992) [8].

Esta crisis sólo puede ser resuelta a través de la lucha, del restablecimiento de la autoridad, del derecho a dirigir, y de la búsqueda de nuevos patrones de dominación. La crisis era sobre todo una crisis en la relación de dominación: se habían roto los patrones establecidos de control sobre el trabajo. Era una crisis de dominación empresarial pero también de los sindicatos, porque la estructura sindical se basaba en el mantenimiento de cierto tipo de equilibrio entre el capital y el trabajo. La crisis fue un estallido de lucha abierta entre capital y trabajo. El capital no podía permitir que eso continuara: tenía que restablecer su derecho al mando, su derecho a determinar qué es posible y qué no lo es (La Rosa Roja de Nissan).
El rol central que ocupan los sindicalistas peronistas, particularmente el predominio que van a alcanzar la UOM y su líder Lorenzo Miguel en el gobierno a partir del Rodrigazo, es consecuencia directa del creciente poder de la movilización obrera y la apuesta para mantener la paz social y controlar al movimiento obrero a cambio de una mayor participación de los sindicatos en la administración del Estado.

Pero esta solución significaba para la patronal más concesiones económicas, al tiempo que no lograba reafirmar la autoridad de gerentes y empresarios en las plantas para establecer una nueva base de acumulación frente a la crisis económica y la pérdida de rentabilidad.

Paralelamente se desarrollará otro fenómeno incipiente pero más preocupante para los sectores dominantes del capital.
La apertura política hacia el peronismo y su líder luego de 17 años de proscripción y su posterior presencia en el poder introdujo un quiebre entre las luchas de fábrica y las luchas contra la política del Estado que fue característico del período que va del Cordobazo hasta comienzos del ‘72. A partir de ese momento, los conflictos se desarticularon entre estos dos planos -sindical y político- bloqueando la unidad de la movilización obrera. Esta situación comienza a modificarse a partir del Rodrigazo.

La fuerza del clasismo que se haría notoria en el campo de las luchas sociales, nunca se tradujo en el campo político; los obreros que los seguían en las fábricas siguieron siendo mayoritariamente peronistas y en el ‘74 era un gobierno de este signo político el que llevaba adelante la represión, lo cual atenuó la defensa de los dirigentes sindicales combativos y de izquierda.

A partir de las movilizaciones de junio/julio del ‘75 esta situación cambió y aumentaron los conflictos fabriles en repudio a la violencia y la persecución política. El propio Rodrigazo que había comenzado como un gran movimiento reivindicativo por cuenta de las Comisiones Internas y los Cuerpos de Delegados fue superando los límites puramente gremiales y pasó a cuestionar abiertamente al gobierno peronista.

El golpe de Estado vino a poner remedio a esta situación de movilización ininterrumpida de los trabajadores a lo largo de siete años. Donde habían fracasado la Revolución Argentina, el Gran Acuerdo Nacional, el peronismo en su versión de izquierda (Cámpora), el Pacto Social, Perón, la derecha peronista con Isabel y López Rega y los sindicalistas en el gobierno, el golpe triunfó.

Pero el golpe no fue sólo eso. También fue dirigido a abortar la posibilidad de que el amplio y masivo movimiento que se expresaba en las fábricas y movilizaciones, y había desplazado del gobierno al ala más reaccionaria del peronismo, se orientara hacia una salida política independiente. De esta manera congeló la crisis del peronismo, abriendo el camino para su recuperación política en las décadas siguientes, y fundamentalmente liquidó físicamente y en la conciencia de los trabajadores y sectores populares la posibilidad histórica de que las masas peronistas confluyeron con una dirección auténticamente revolucionaria. 


Notas:

[1] Durante el discurso de la CGT de mediados de julio de 1974 (posterior a la muerte de Perón), el ministro metalúrgico, Otero, advirtió a sus adversarios: “Iremos a las fábricas a persuadir y si la persuasión no alcanza, a sacar a patadas a los mercenarios”.

[2] En febrero de 1975 se inicia el Operativo Independencia. El ejército no se limitó a combatir a la guerrilla. Produjo detenciones masivas de militantes políticos y trabajadores del gremio azucarero. “Desde el comienzo del operativo todo se centró en las ciudades de San Miguel y Concepción”, recordó tiempo después el general Acdel Vilas, a cargo del mismo.

[3] Con el telón de fondo de las huelgas que se desarrollaron entre junio y mediados de julio, los comandantes de las 3 armas se reunieron una decena de veces, cuando sólo lo habían hecho 4 veces desde el comienzo del año y ninguna durante 1974. Allí comienzan el diálogo con el Consejo Empresario Argentino (CEA) presidido por José Alfredo Martínez de Hoz. Videla lo recibe en el Edificio Libertador y el futuro ministro de Economía de la dictadura le expresa su preocupación por los conflictos laborales, “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad; es decir, el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas” (ante la Comisión de Diputados que investigó el affaire de la venta de la Italo) y delinea sus ideas económicas.

[4] Martínez de Hoz diría muchos años después que el Plan Rodrigo contenía los elementos del programa que él mismo aplicaría luego con mayor gradualismo y apoyo de los militares. Después del Rodrigazo la lucha de los trabajadores por mantener el poder adquisitivo de los salarios se convertía en el eje de la pelea interna por obtener mayores cuotas en el reparto de la renta. La productividad de las empresas había caído considerablemente. Cuando Isabel retoma el mando el 17 de octubre prometió que acentuaría “la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, socio y aliado de la subversión”.

[5] En la primavera de 1975, el general Emilio Jáuregui señala en la ciudad de Paraná que el enemigo no era sólo la guerrilla: “Sabemos cómo es esta guerra y la vamos a ganar en el terreno que ellos elijan; en los montes tucumanos, en las calles de nuestras ciudades, en las fábricas donde se pretende sabotear nuestra capacidad de producir y en la universidades donde se envenena a nuestra juventud con doctrinas foráneas”.

El 14 de diciembre Balbín llamó la atención desde Rosario contra la “guerrilla fabril”.

El 5 de enero de 1976 los 3 comandantes elevan a Isabel Perón un documento en el que le piden el “restablecimiento de la disciplina social” y “la definitiva eliminación de la subversión fabril”. Se habló de la “indisciplina social” que se exhibía en las huelgas y paros empresarios y de lo que llamaban con espanto “la guerrilla fabril”, que “amenazaba no sólo el aparato productivo, sino la seguridad de la Nación”.

Ese mismo día la CIA norteamericana cursaba un informe secreto: “Después de la rebelión de la Fuerza Aérea y la victoria sobre la guerrilla -diciembre de 1975-, la unidad y la coordinación militar han mejorado notablemente y Videla ha surgido como una fuerte figura política”.

[6] El 4 de febrero de 1976 asume Emilio Mondelli. Ese mismo día Isabel Perón le dice Herminio Iglesias que: “A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo suframos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones”.

El 16 de febrero la APEGE llevó adelante un paro empresarial que tuvo una gran repercusión. Reclamaba un plan similar al de Mondelli pero sostenido por un gobierno fuerte. La demanda era disciplinar a los trabajadores.

[7] Según Juan Carlos Marín el 80% de los muertos y heridos son militantes populares y obreros “no armados”.
La inserción ocupacional de los prisioneros desaparecidos mostraba que el 32,5% eran asalariados urbanos calificados y el 34,7% eran asalariados urbanos y rurales.

[8] La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en un estudio de 1998, consigna desde el 24.3.1976 hasta el fin de ese año, 89 conflictos gremiales. En los 3 primeros meses, 209 (muestra estimada del 25% del total). En el período 1976/80 un total de 678 conflictos. Entre el 11.3.1976 y el 24.3.1976 un total de 8.400 conflictos de acuerdo a los siguientes diarios:

1973 del 11.3 al 24.5: 4,3
1973 del 25.5 al 14.7: 5,2
1973 del 15.7 al 11.10 (Presidencia Lastiri): 5,5
Perón: 7,6
Isabel-López Rega: 7,7
Isabel: 9,4
Citado por Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema en Las luchas obreras 1973-6, Buenos Aires, Mayo 2000.


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Mario Hernández es sociólogo y periodista.