viernes, 31 de marzo de 2017

Alfonsin y los "Los Capitanes de la Industria"

Resultado de imagen para raul alfonsinHoracio Verbitsky
Del libro "Robo para la Corona" 

“En realidad, muchos no tenían que ver con la industria y eran empresas ligadas a otras actividades de la economía.
Por eso hay muchos trabajos que dicen que más que “capitanes de la industria”, eran “generales de la economía”.

(…)
El mismo día de abril de 1985 en que la Justicia comenzó las audiencias del proceso contra nueve ex Comandantes, quince capitanes de la industria, representativos del mundo occidental y cristiano, comieron con el Presidente en Olivos. Aseveraron que sólo dentro del sistema democrático concebían el desarrollo de sus empresas.

Luego reclamaron un cambio drástico, cuyo costo político sólo podía ser asumido por el Presidente. A cambio de desentenderse de los generales que habían realizado el trabajo sucio, lo convencieron de declarar la economía de guerra contra el salario, opuesta a la que había prometido en su campaña electoral.

Uno de ellos, Francisco Macri, regaló la procesadora de texto que la Cámara Federal empleó para el juicio a Videla, Massera  &  Cía, a través de la asesoría legal de su empresa Sideco Americana.
Los grandes empresarios también se horrorizaban por las revelaciones de los campos de concentración. ¿Cómo hubieran podido imaginar lo que había ocurrido mientras ellos estaban tan ocupados ganando plata? Descubrieron el discreto encanto de la democracia. Todo limpio, sin golpes, sin gritos. Lo bueno del terror es que su efecto perdura. Al cabo de aquella histórica comida en Olivos se formó una comisión de enlace de los capitanes con el gobierno integrada por Livio Kühl, Carlos Bulgheroni, Miguel Roig y Javier Gamboa. Otra de las ofertas que por entonces recibió Alfonsín fue un plan basado en las fórmulas econométricas que empleaba Bunge & Born, presentado por su presidente, Mario Hirsch.

A fines de 1988 el capítulo de la valorización financiera y la fuga de capitales estaba concluido. Vampirizado durante tres lustros hasta quedar anémico, el Estado Hood Robin no tenía más sangre para continuar la transfusión, había dejado de ser funcional. Su gasto fijo era muy alto. Condenado a la ineficiencia, ya no podía prestar ni servicios esenciales y no era posible extraer más recursos de la reducida masa salarial para seguir afrontando las continuas transferencias a los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca acreedora, los subsidios a la producción industrial, el sistema financiero, los programas de capitalización, las contrataciones dispendiosas y los sobreprecios a los proveedores. Había llegado el momento de cerrar la parábola, mediante la tupacamarización de sus despojos y del relanzamiento productivo basado en las colocaciones en el mercado externo de unos pocos productos primarios y commodities industriales.


La nueva etapa, de capitalización de deuda y privatizaciones, con despidos masivos de personal y orientación de los servicios sólo al sector de altos consumos, aumentando la tasa de ganancia, tendría un ritmo de vértigo. Las piezas del Estado ya estaban lo bastante flojas como para comenzar su desguace. Para eso era precisa la maduración de los cambios superestructurales iniciados en estos años, determinando más allá de toda duda cuál era el papel de los partidos políticos en esta nueva fase de crisis y reestructuración capitalista.


Estados Unidos y el gran capital interno exigían de los populismos en América Latina que hicieran viable la propuesta dominante y comprimieran el salario sin usar la espada. La tarea básica que reservaban a los partidos políticos y al sistema democrático consistía en ajustar todas las variables a la medida de sus necesidades. La propuesta proselitista del partido en el gobierno no consistía en la reconstrucción del Estado sino en liquidarlo, no transferir ya ingresos sino directamente el capital social a los sectores dominantes en la Argentina. El peronismo, en cambio, planteaba el salario como la variable central, la divisoria de aguas de un proyecto alternativo. Se oponía al remate del Estado y reclamaba atención para los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y las provincias.

Al suspender el apoyo que venía brindando al gobierno radical, tres meses antes de las elecciones presidenciales, el Banco Mundial adujo el incumplimiento en el control del déficit fiscal y de las reformas estructurales comprometidas. Reconoció la buena voluntad del gobierno radical para encarar ese programa y señaló que sus esfuerzos por privatizar empresas del Estado habían sido detenidos en el Congreso con mayoría peronista, que tampoco aprobó la reforma impositiva acordada por el Poder Ejecutivo con el Banco Mundial.

Al cuestionar las transferencias de fondos del poder central a las provincias que no habían ajustado su gasto público, mencionó críticamente una manifestación de los gobernadores peronistas sobre el Congreso en demanda de recursos adicionales.  También fustigó el atraso de las tarifas públicas respecto de la inflación y anunció que después de las elecciones el Banco apoyaría un esfuerzo para la reforma estructural, concentrándose en la reforma de las empresas públicas, si hubiera voluntad política y consenso.
Este pliego de condiciones, firmado por el responsable del Banco Mundial para América Latina Pietr Bottelier, no dejaba dudas de que el objetivo era doblegar de un solo golpe a las dos grandes fuerzas políticas populares, al comenzar una nueva etapa en la que no bastaba con un partido si el otro vetaba o simplemente demoraba sus proyectos (por ejemplo: la ley de atomización sindical que fue derrotada por el peronismo en el Senado, las trabas a privatizaciones y reformas impositivas y las transferencias de ingresos a las provincias señaladas en el memorándum del Banco Mundial).  Las voces en favor de una concordancia radical-peronista en respaldo del ajuste comenzaron junto con la escalada hiperinflacionaria del primer semestre de 1989, antes de las elecciones presidenciales.  Su principal vocero fue por entonces Rodolfo Terragno, que desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos había comenzado a ejecutar con alguna timidez, si se piensa en lo que vino luego, el programa de los acreedores.

El ominoso clima de angustia colectiva que generó la hiperinflación preparó las condiciones para las medidas que aliviarían aquella sensación y legalizarían las transferencias de ingresos, la destrucción de fracciones de capital y puestos de trabajo y el proceso de concentración, centralización e internacionalización con el acuerdo de los dos grandes partidos.

Se trataba de impartir una lección inolvidable al próximo presidente para escarmentarlo aun antes de que resultara electo.  El triunfador en las elecciones argentinas debía nacer con la pistola en la nuca.  Este era, a escala continental, el proceso de colonización de los viejos partidos populistas, la concesión más generosa que el gran capital concebía como alternativa a la barbarie de las dictaduras.